Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - El Salvador (Ratificación : 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y apoyadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE). La Comisión toma nota también de las observaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), recibidas el 25 de septiembre de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Política Nacional de Empleo Decente 2017-2030 (PONED), la primera política pública de empleo aprobada en el país, en septiembre de 2017 con la asistencia técnica de la OIT y del Banco Mundial. El Gobierno indica que para la formulación de la política se llevó a cabo un amplio proceso de consulta entre junio de 2016 y julio de 2017, en el que participaron diversos sectores de la población, incluidos los interlocutores sociales, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, población originaria y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). La PONED tiene como objetivo general generar condiciones para ampliar las oportunidades de que mujeres y hombres, en igualdad de oportunidades, tengan un empleo decente, por medio de la integración de acciones interinstitucionales entre los sectores públicos y privados. La política establece como poblaciones prioritarias: los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los pueblos originarios y las personas con orientación sexual o identidad de género diversas. Además, estructura sus intervenciones en cinco ejes temáticos: empleo, empleabilidad, emprendimiento, transición de la economía informal a la economía formal e igualdad de oportunidades. En relación con las medidas contempladas para facilitar el tránsito a la formalidad de las unidades económicas y trabajadores que se encuentran en la economía informal, la Comisión observa que la PONED prevé, entre otras medidas, la elaboración de una estrategia nacional para el tránsito de la economía informal a la economía formal. El Gobierno informa de que el Sistema Nacional de Empleo (SisNE) será el principal espacio de coordinación institucional para la ejecución, seguimiento y evaluación de la PONED. A este respecto, el SisNE facilitará las condiciones y la información necesaria para su implementación a través de acciones, tales como el fomento de la investigación, análisis, generación de datos y la difusión de la información para la toma de decisiones, el seguimiento y la evaluación del impacto de las acciones implementadas en el marco de la política. Por otro lado, el Gobierno indica que el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 tiene como objetivo principal dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad para las familias, las empresas y el país, creando un modelo de crecimiento económico equitativo, inclusivo y generador de empleo digno. Por último, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la ANEP y la OIE sostienen que las organizaciones de empleadores más representativas no han tenido la oportunidad de participar de manera activa en la formulación de la política activa de empleo, ya que, si bien el plazo para someter los comentarios a la propuesta de política era el 24 de agosto de 2017, ésta no fue enviada a la ANEP hasta el 18 de agosto, es decir, con poco tiempo de antelación para que emitiera sus opiniones al respecto. Por su parte, la CTNS afirma que los trabajadores de la economía informal y los trabajadores rurales (en particular aquellos agrupados en la federación de trabajadores por cuenta propia o autónomos) no han sido incluidos en los procesos de consulta. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre la aplicación y el impacto de la PONED y del PQD 2014 2019 en la generación de empleo pleno, productivo y libremente elegido. Asimismo, solicita al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra la elaboración de la estrategia nacional para el tránsito de la economía informal a la economía formal, y que envíe una copia de la misma una vez ésta sea adoptada. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre la manera en que se garantiza que los interlocutores sociales, así como los representantes de todos los sectores de la población económicamente activa afectados — en particular representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — puedan participar activamente en el diseño, la implementación, la evaluación y la revisión de las políticas nacionales de empleo, como está previsto en el artículo 3 del Convenio.

Artículo 2. Tendencias del empleo. Información sobre el mercado de trabajo. El Gobierno indica que, según información estadística del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), entre 2015 y 2016, el número de personas ocupadas en el país aumentó de 2 667 032 a 2 727 017. En el mismo período, la tasa de desempleo se mantuvo al 7 por ciento, y el subempleo aumentó ligeramente del 28,5 por ciento al 28,7 por ciento (30,9 por ciento entre las mujeres y 26,7 por ciento entre los hombres). La Comisión toma nota de que, según el documento de la PONED, en 2016 el 57,4 por ciento de las personas ocupadas en las zonas urbanas tenían un empleo informal, y que la tasa de informalidad para las mujeres (48,8 por ciento) es más alta que la tasa de informalidad para los hombres (37,5 por ciento). Por otro lado, la Comisión toma nota de que, según el señalado documento, en el marco del eje de empleo de la PONED, se prevé la mejora de la calidad y confiabilidad de la información de mercado laboral por medio del diseño y establecimiento de un sistema nacional de información del mercado laboral con miras a facilitar la toma de decisiones en materia de política para la generación de empleo decente y la mejora de empleabilidad. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo en el país, en particular sobre las tasas de población activa, empleo, desempleo y subempleo, desglosadas por sexo y edad y, de ser posible, por zona urbana y rural. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra el diseño y el establecimiento de un sistema nacional de información del mercado laboral.

Impacto de los acuerdos comerciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre la contribución a la creación de empleo duradero y de calidad de los sectores productivos orientados hacia la exportación. El Gobierno indica que no se cuenta con información sobre el empleo generado directamente por la actividad de exportación, si bien, proporciona información sobre el empleo generado de manera indirecta por aquellos sectores de los que proceden el mayor número de exportaciones que se realizan en el país. En este sentido, el Gobierno informa de que, en 2016, aproximadamente 175 525 personas trabajaron en el sector manufacturero (el 42 por ciento de las cuales trabajaban en el marco de un empleo formal), en el que se realizan el 96 por ciento de las exportaciones procedentes del país. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre la contribución a la creación de empleo duradero y de calidad de los sectores productivos orientados hacia la exportación, incluyendo información estadística desglosada por sexo y edad. La Comisión solicita además al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a facilitar la transición al trabajo formal en dichos sectores.

Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que, entre los objetivos de la PONED, se encuentra incrementar las competencias y cualificaciones de la fuerza de trabajo salvadoreña, a través de la educación formal y formación técnica-profesional, que permitan corresponder con las necesidades del aparato productivo nacional. En este marco, la PONED establece como resultados a alcanzar: i) el diseño y la adopción de un modelo de formación para trabajos que respondan a los desafíos de productividad del país; ii) el fortalecimiento de la articulación del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional (SETFP) con las necesidades del sector productivo, así como con las políticas económicas y educativas del país, y iii) la creación de mecanismos que promuevan la empleabilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad. Con la finalidad de alcanzar dichos resultados, la PONED prevé la implementación de una serie de acciones prioritarias, tales como el establecimiento de un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), generar y divulgar información sobre tendencias ocupacionales y demandas de competencias actuales y futuras del mercado laboral, y la implementación de programas de formación técnica. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la vinculación entre las políticas de educación, de formación profesional y de empleo, particularmente sobre los mecanismos establecidos para promover la empleabilidad de grupos en situación de vulnerabilidad.

Jóvenes. La Comisión observa que, según el documento de la PONED, en 2016, la tasa de participación en el mercado laboral de los jóvenes de entre 16 y 24 años era del 48,5 por ciento. La tasa de desempleo abierto era del 14,2 por ciento, tres veces superior a la tasa de desempleo de las personas de entre 25 y 29 años (5,1 por ciento). Según el citado documento, en 2016 el 26 por ciento de los jóvenes de entre 15 a 24 años ni estudiaban ni trabajaban. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la implementación del Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo» por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), que tiene como objetivo promover el acceso al mercado de trabajo o el autoempleo de jóvenes de entre 15 y 29 años en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de sus habilidades y competencias. El programa está dirigido a aquellos jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo regular, en condiciones de desempleo o subempleo, o se encuentren finalizando la educación media. El Gobierno indica que se da prioridad a la participación en el programa a personas con discapacidad, madres con hijos menores de 6 años y personas LGTBI. Asimismo, en el marco del programa se llevan a cabo medidas de apoyo al emprendimiento joven que se encuentra en la informalidad, tales como la dotación de créditos. A este respecto, la CNTS señala que a los jóvenes que participan en las acciones de emprendimiento ejecutadas por el INJUVE no se les aplica los estándares mínimos de derechos laborales. La Comisión toma nota también de que el Gobierno informa de que entre 2016 y el primer trimestre de 2017, participaron en el programa 4 220 jóvenes, el 58 por ciento de los cuales eran mujeres. De los participantes, el 1 por ciento tenía alguna discapacidad y un 0,5 por ciento pertenecía a la comunidad LGTBI. Por último, el Gobierno indica que se prevé la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado. A la luz de los comentarios de la CNTS, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre la manera en la que se garantizan los derechos laborales de los participantes en las acciones de emprendimiento ejecutadas por el INJUVE. Asimismo, observando el reducido número de personas con discapacidad y personas LGTBI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para fomentar su participación en dicho programa. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, así como sobre el impacto de las mismas. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información estadística actualizada sobre las tendencias del empleo juvenil, desagregada por edad y sexo. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, y que envíe una copia de la misma una vez ésta sea adoptada.

Mujeres. La Comisión observa que, según el documento de la PONED, en 2016 la tasa de participación de las mujeres continuaba representando cerca de la mitad de la de los hombres (47,3 por ciento y 80,1 por ciento, respectivamente) y el 30,9 por ciento de las mujeres empleadas se encontraban en una situación de subempleo frente a un 26,7 por ciento de los hombres ocupados. La Comisión toma nota también de que en sus observaciones finales de 3 de marzo de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación sobre la segregación de género en el trabajo, la reducida participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, la concentración de mujeres en el sector informal, y la brecha salarial entre mujeres y hombres (véase documento CEDAW/C/SLV/CO/8-9, párrafo 32, apartado a)). A este respecto, la Comisión toma nota de que, entre los objetivos específicos de la PONED, se encuentra la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de las barreras para el acceso al empleo y las prácticas discriminatorias. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas del mercado de trabajo adoptadas para aumentar la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y para combatir la segregación profesional vertical y horizontal, incluida información estadística actualizada, desglosada por ocupación, sector de actividad y categoría profesional.

Personas con discapacidad. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en el marco del convenio celebrado entre el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) y el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), se otorgan líneas de crédito a emprendedores con discapacidad con miras a brindarles el apoyo necesario a sus proyectos de negocio. Entre 2015 y junio de 2017, se proporcionó apoyo financiero a 25 personas con discapacidad. Igualmente, en el marco de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, se creó la Comisión de Inserción Laboral que coordina las acciones conjuntas realizadas entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y el CONAIPD. El Gobierno se refiere también a la celebración de la «Campaña de Registros de Personas con Discapacidad para Promover la Inserción Laboral». Por último, el Gobierno informa que entre junio de 2014 y octubre de 2016, 1 062 personas con discapacidad (750 hombres y 312 mujeres) fueron colocadas a través del SisNE. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en el mercado regular de trabajo. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información sobre el impacto de tales medidas, incluyendo información estadística sobre el número total de participantes, desglosada por edad, sexo, región y tipo de discapacidad.

Micro y pequeñas empresas (MYPE). En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las medidas adoptadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las MYPE. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a la ampliación del número de Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) hasta alcanzar 33 puntos de atención a nivel nacional y a la implementación del Registro MYPE, que permite el acceso a oportunidades de desarrollo empresarial y contribuye al procedimiento de formalización. En 2017, se creó la Encuesta MYPE con la finalidad de actualizar los datos sobre las MYPE y emprendimientos y de esta formar diseñar estrategias más adaptadas a la situación de las MYPE en el país. El Gobierno informa de que entre junio de 2014 y mayo de 2017, se crearon 11 561 empleos en el marco de las unidades económicas atendidas por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). La Comisión toma nota igualmente de que la CNTS sostiene que la ley especial de trabajadores por cuenta propia aún no ha sido aprobada. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas ejecutadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra la aprobación de la ley especial de trabajadores por cuenta propia y que envíe una copia de la misma una vez ésta sea adoptada.