Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - España (Ratificación : 1970)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 11 y el 17 de agosto de 2017, respectivamente. La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), apoyada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), incluidas en la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones anteriores, incluidas en su memoria.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del mercado de trabajo y aplicación de la política activa del empleo. La Comisión toma nota de la adopción del Programa Nacional de Reforma (PNR) de 2017, en el marco del ciclo de coordinación de la política económica y presupuestaria conocido como el «Semestre Europeo». El Gobierno indica en el PNR que el impacto positivo de la reforma laboral y otras reformas estructurales han llevado a que España demuestre en los últimos años un fuerte ritmo de creación de empleo y de reducción de paro. El PNR persigue la consolidación de esa tendencia y pretende avanzar hacia un empleo más inclusivo y de mayor calidad a través de tres objetivos concretos: 1) hacer más efectivo el Sistema Nacional de Empleo (SNE); 2) incrementar la eficacia de las medidas de formación, y 3) mejorar la eficiencia de los planes de activación e integración en el empleo. En relación con las tendencias del mercado de trabajo, el Gobierno indica en su memoria que en 2016, en términos anuales, se consolidó la tendencia hacia la creación de empleo y la reducción del paro iniciada en el segundo semestre de 2014. El Gobierno añade que esta tendencia se ha mantenido a lo largo de 2017. En particular, según datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de 2017 se produjo una aceleración de la creación de empleo del 2,8 por ciento derivada del crecimiento del empleo temporal. La tasa de crecimiento del empleo indefinido mantuvo su tasa de crecimiento del 1,8 por ciento interanual, mientras que la tasa de crecimiento del empleo temporal se aceleró para llegar hasta el 7,7 por ciento anual. La tasa de empleo entre la población de 16 a 64 años es del 62,04 por ciento y la tasa de actividad del 75,06 por ciento. El Gobierno también indica que la tasa de paro descendió al 17,22 por ciento en 2016, 2,78 puntos porcentuales menos que el año anterior, siendo la caída del paro más intensa de la última década. No obstante, en sus observaciones, la UGT sostiene que el empleo creado se caracteriza por su precariedad y alta temporalidad, afectando al 25,8 por ciento de los asalariados. Al respecto, la Comisión toma nota de que, según la Recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa al PNR de 2017 de España, el país presenta uno de los porcentajes más elevados de empleo temporal de la Unión Europea (UE) y muchos de los contratos temporales son de muy corta duración. Asimismo, según la recomendación, los índices de transición de contratos temporales a contratos indefinidos son muy bajos en comparación con la media de la UE. En sus observaciones, la UGT también señala el problema de la parcialidad involuntaria, indicando que cerca de 1,7 millones de personas trabajan a tiempo parcial por no haber encontrado empleo a jornada completa. Por su parte, la CCOO observa que para poder desarrollar una buena política activa de empleo es necesario contar con un presupuesto adecuado, y expresa su preocupación que la dotación presupuestaria para las políticas activas de empleo ha caído de 2013 a 2017. La Comisión solicita al Gobierno que continúe comunicando información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para alcanzar los objetivos del Convenio, y en especial, sobre la manera en que éstas propiciaron que las personas beneficiadas obtuvieran empleo pleno, productivo y duradero. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo, particularmente sobre las tasas de población activa, empleo y desempleo, desglosadas por sexo y edad.

Empleo juvenil. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, según datos de la encuesta de población activa, la tasa de paro entre los jóvenes de entre 16 y 24 años, disminuyó del 48,3 por ciento en 2015 al 44,4 por ciento en 2016. Asimismo, en 2016, la tasa de jóvenes menores de 25 años sin ocupación y que no cursan estudios descendió 1,2 puntos porcentuales respecto a 2015. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en relación con las medidas ejecutadas en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013 2016 y del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con miras a favorecer y apoyar la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo. Al respecto, el Gobierno se refiere a la adopción del Real decreto-ley núm. 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que introdujo modificaciones significativas para favorecer el acceso y la inscripción de jóvenes en el mismo. Así por ejemplo, se prevé la inscripción automática en el sistema por la mera inscripción o renovación como demandante de empleo en un servicio público de empleo si se cumplen los requisitos, con efectos retroactivos a la fecha de tal inscripción o renovación. Además, en 2015 se amplió con carácter extraordinario la edad máxima de los beneficiarios hasta los 29 años mientras la tasa de paro entre los jóvenes de entre 25 y 29 años continúe siendo superior al 20 por ciento. El Gobierno añade que, como consecuencia de tales medidas, el número de usuarios inscritos en el sistema aumentó de 36 678 jóvenes en marzo de 2015 a 815 077 en agosto de 2017. No obstante, la UGT sostiene en sus observaciones que el número de jóvenes activos en el mercado de trabajo ha descendido debido al efecto desánimo y ha aumentado la emigración entre los mismos ante la falta de oportunidades y empleos de calidad. En su respuesta, el Gobierno afirma que la tasa de paro juvenil se ha reducido en 15 puntos en los últimos tres años y que la contratación indefinida de jóvenes se ha incrementado en un 30 por ciento respecto a 2011. Por otro lado, la UGT afirma que no ha sido consultada ni informada en relación con las medidas adoptadas en el marco del Plan de Garantía Juvenil. Ante ello, el Gobierno indica que, tras la aprobación del Real decreto-ley núm. 6/2016, las organizaciones de trabajadores forman parte de la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la que participaron el 13 de diciembre de 2016 y el 22 de junio de 2017 en el análisis y valoración de las actividades realizadas. El Gobierno añade que la información sobre las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Garantía Juvenil se encuentra recogida además en los informes anuales que se presentan ante el Comité de Empleo de la Comisión Europea. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione en su próxima memoria una evaluación, realizada en consulta con los interlocutores sociales, de las medidas del empleo que permita conocer los resultados concretos logrados por la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el Sistema de Garantía Juvenil, en particular para los jóvenes con baja calificación.

Desempleados de larga duración. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere en su memoria a la implementación de diversas medidas con el objetivo de incrementar la tasa de empleo de los parados de larga duración, entre otras, la ampliación del período de implementación del Programa extraordinario de activación para el empleo hasta el 28 de abril de 2018 y del Programa de Recualificación para el Empleo (PREPARA) hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 18 por ciento. El Gobierno informa de la aprobación del Programa de acción conjunta para desempleados de larga duración, el 18 de abril de 2016, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que prevé la atención individualizada y el seguimiento cercano de las acciones desarrolladas con personas paradas de larga duración para ayudarles a obtener un empleo. El objetivo inicial del programa es atender a cerca de un millón de desempleados de larga duración en los primeros tres años, dando prioridad a aquéllos que tengan entre 30 y 54 años. La Comisión toma nota de que la UGT afirma que las aportaciones de las organizaciones de trabajadores no han sido tomadas en consideración en la elaboración del nuevo programa y que desconocen el impacto del mismo. Por su parte, el Gobierno señala la prórroga del Programa extraordinario de activación para el empleo y del PREPARA, así como la adopción del nuevo Programa de acción conjunta para desempleados de larga duración, indicando que ambos han sido objeto de diálogo y consenso con los interlocutores sociales. Por último, la UGT destaca que la extensión del paro de larga duración y muy larga duración se mantiene y que en el primer semestre de 2017, el 54,4 por ciento de los desempleados llevaba más de un año buscando empleo y el 40 por ciento más de dos años. La Comisión solicita al Gobierno que, con la participación de los interlocutores sociales, presente una evaluación de las medidas ejecutadas para facilitar el regreso al mercado del trabajo de los desempleados de larga duración y muy larga duración.

Políticas y programas de educación y formación profesional. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno proporciona información en su memoria sobre las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo, así como el resultado de las mismas. En este sentido, el Gobierno se refiere a la aprobación de la ley núm. 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Esta ley tiene entre sus objetivos estratégicos: la garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, particularmente de los más vulnerables; la contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas; la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos; y el fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo. El Gobierno indica que, en 2015, se desarrolló en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Estrategia Nacional de Cualificaciones, que pone de relieve los principales retos a los que se enfrenta España en materia de formación, tales como la tasa de abandono escolar temprano, el elevado número de demandantes de empleo sin cualificaciones básicas o los desajustes entre la demanda y la oferta de competencias. Asimismo, el Gobierno informa de la aplicación gradual de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), que tiene por objeto hacer frente a tales retos. El Gobierno añade que el índice de abandono escolar temprano ha disminuido, bajando en el primer trimestre de 2017 al 18,99 por ciento y que la proporción de jóvenes de entre 20 y 29 años con bajo nivel educativo es actualmente del 31,7 por ciento, la más baja de los últimos diez años. No obstante, la tasa de empleo de los recién graduados universitarios continúa siendo una de las más bajas de Europa debido a, entre otras razones, la débil conexión entre empresas y universidades que permita adaptar los grados universitarios a las demandas de las empresas. La Comisión toma nota de que la UGT destaca la ausencia de diálogo y negociación en el ámbito de la educación, en especial, en relación con la LOMCE, cuya implementación está paralizada. La UGT afirma además que persiste el desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones. Por su parte, la CEOE sostiene que la reforma del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se ha llevado a cabo con el desacuerdo de los interlocutores sociales y que el papel de los interlocutores sociales se ve limitado en el nuevo modelo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre las medidas adoptadas o previstas, en colaboración con los interlocutores sociales, para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3. Consulta con los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase la manera en que los interlocutores sociales han participado en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo para seguir superando los efectos negativos de la crisis en el mercado del trabajo. El Gobierno indica que las observaciones de las organizaciones de empleadores (la CEOE y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y de las organizaciones de trabajadores (la CCOO y la UGT) han sido tomadas en consideración en la elaboración del PNR de 2017. Además, el Gobierno indica que actualmente se está diseñando un nuevo marco para las políticas activas del mercado de trabajo, la Estrategia Española para la Activación del Empleo 2017-2020, que se basará en un amplio diálogo con las regiones, los interlocutores sociales y todas las partes interesadas. El Gobierno añade que los interlocutores sociales son regularmente informados y manifiestan su opinión en materia de empleo en el seno de los órganos consultivos tripartitos establecidos al efecto a nivel estatal, autonómico y local. Por su parte, la UGT y la CCOO sostienen que los interlocutores sociales no son consultados previamente a la adopción, implementación y evaluación de las políticas de empleo. La CCOO añade que, si bien se han abierto mesas de diálogo social en materia de empleo y la organización sindical participa en diferentes órganos en que se deciden las políticas, los interlocutores sociales tienen poco margen de influir en las mismas porque sus propuestas no son tomadas en consideración. Frente a ello, el Gobierno reitera que el diálogo social ha sido una actitud permanente durante un período intenso de reformas en el que ha tratado siempre de buscar el acuerdo con los interlocutores sociales. Por otro lado, la UGT destaca el incumplimiento de la normativa acerca de las convocatorias y periodicidad de las reuniones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y del Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal. Por su parte, la CEOE indica que los interlocutores sociales no pueden formular observaciones previamente a la elaboración del PNR y solicitan una participación más activa en la elaboración, aplicación y evaluación del mismo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre la manera en que los interlocutores sociales participan en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo.