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La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en las memorias transmitidas sobre la aplicación de varios convenios marítimos que el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) está siendo estudiado en el ámbito del Grupo Tripartito de Normas Internacionales. A fin de ofrecer una visión de conjunto de las cuestiones que tienen que abordarse en relación con la aplicación de los convenios marítimos, la Comisión considera apropiado examinar estas cuestiones en un único comentario que figura a continuación.

Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9)

Artículos 2 a 5 del Convenio. Agencias de colocación de la gente de mar. La Comisión había solicitado información sobre la ley y la práctica relativas al funcionamiento de las agencias de colocación de la gente de mar. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Registro de Personal de la Marina Mercante tiene a su cargo la colocación de la gente de mar de forma gratuita, conforme a lo establecido en el decreto núm. 463/968 de 23 de julio de 1968.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)

Artículo 14, párrafo 2 del Convenio. Certificado que califique la calidad del trabajo. La Comisión había solicitado al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que la gente de mar tenga derecho, en cualquier caso, a obtener del capitán un certificado separado que califique la calidad de su trabajo o que, por lo menos, indique si ha satisfecho totalmente las obligaciones de su contrato. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la disposición marítima núm. 16 de 25 de octubre de 1982 sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar que recuerda que según resulta del ordenamiento jurídico, los convenios internacionales ratificados se convierten en normas plenamente vigentes en el ámbito nacional y priman sobre los que pudieran contener menores beneficios o garantías en el derecho interno. La Comisión concluye que el artículo 14, párrafo 2 del Convenio según el cual «la gente de mar tendrá derecho, en cualquier caso, a obtener del capitán un certificado separado que califique la calidad de su trabajo o que, por lo menos, indique si ha satisfecho totalmente las obligaciones de su contrato», forma parte del derecho uruguayo por lo que no es necesaria la adopción de otras disposiciones nacionales que le den aplicación.

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108)

Artículos 2 a 4 del Convenio. Emisión de un documento de identidad de la gente de mar. En comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la disposición marítima núm. 38 de 14 de marzo de 1988 que regula la emisión de documentos de identidad de la gente de mar de conformidad con las exigencias del Convenio. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno indica que la autoridad marítima no otorga documentos de identidad a la gente de mar, la Comisión pide al Gobierno que le informe sobre toda medida que prevé adoptar para garantizar la emisión de documentos de identidad de conformidad con lo previsto en la disposición marítima núm. 38.
Artículo 5, párrafo 2. Readmisión en el territorio. La Comisión había pedido al Gobierno que especificara las disposiciones que garantizan que un marino portador de un documento de identidad de la gente de mar expedido por las autoridades uruguayas sea readmitido en el territorio del Uruguay durante un período de por lo menos un año a partir de la fecha de vencimiento del mismo. Observando que el Gobierno no suministra información sobre este punto, la Comisión pide al Gobierno que especifique cómo se da aplicación al párrafo 2 del artículo 5.
Artículo 6. Permiso de entrada de cualquier marino portador de un documento de gente de mar válido. La Comisión había pedido al Gobierno que indicara las disposiciones que garantizan el derecho de entrada de los marinos portadores de documentos de identidad de gente de mar válidos expedidos por otros países para fines de licencia temporal en tierra, embarco o reembarco o a efectos de tránsito. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los documentos que acreditan la calidad de tripulante son la libreta de tripulante, el pasaporte con la constancia de marino o documentación habilitante como persona apta para cumplir tareas a bordo. La Comisión observa sin embargo que el Gobierno no precisa si se garantiza el derecho de entrada a los marinos portadores de documentos de identidad de la gente de mar expedidos por otros países. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que indique las disposiciones legislativas, los reglamentos o instrucciones administrativas que garantizan el derecho de entrada de los marinos portadores de documentos de identidad expedidos por otros países para fines de licencia temporal en tierra, embarco o reembarco o a efectos de tránsito de conformidad con el artículo 6 del Convenio.
La Comisión recuerda que el Convenio ha sido revisado por el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185). La Comisión llama la atención del Gobierno sobre su observación general relativa a las enmiendas a los anexos del Convenio núm. 185 recientemente adoptadas.

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)

Artículo 2, párrafos 1 a 3, del Convenio. Estadísticas sobre los accidentes del trabajo. La Comisión había solicitado al Gobierno que transmitiera estadísticas recientes sobre los accidentes del trabajo en el sector marítimo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual no cuenta con estadísticas específicas para todos los tipos de accidentes. Recordando que según el Convenio, las estadísticas habrán de registrar el número, naturaleza, causas y efectos de los accidentes del trabajo, indicándose claramente en qué parte del buque y en qué lugar ocurre el accidente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para la compilación de estadísticas de conformidad con las exigencias del Convenio.
Artículo 3. Investigaciones. La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera informaciones sobre las investigaciones que se llevan a cabo sobre la evolución general en materia de accidentes del trabajo en el mar y sobre los riesgos particulares del trabajo marítimo que habrán puesto de relieve las estadísticas compiladas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Autoridad Marítima no investiga la evolución general en materia de accidentes de trabajo. Al tiempo que recuerda que según el Convenio deberán emprenderse investigaciones sobre las tendencias generales y los riesgos que revelen las estadísticas, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar aplicación al artículo 3 del Convenio.
Artículo 4, párrafo 3, apartado h). Prevención de los accidentes. Cargas peligrosas. La Comisión había solicitado al Gobierno que indicara si existen disposiciones específicas relativas a medidas para la prevención de accidentes propios del empleo marítimo que comprenden aspectos sobre las cargas peligrosas. La Comisión toma nota de las disposiciones marítimas núms. 51 de 16 de diciembre de 1996; 55 de 24 de junio de 1997; 85 de 12 de junio de 2002; 101 de 13 de junio de 2005; 102 de 5 de junio de 2005; 123 de 21 de agosto de 2009, y 153 de 12 de octubre de 2014 comunicadas por el Gobierno y observa que las mismas incluyen disposiciones específicas sobre la prevención de accidentes a bordo de buques que transportan cargas peligrosas. La Comisión observa asimismo que el decreto núm. 158/985 de 25 abril de 1985 aprueba el reglamento de operaciones y transporte de mercaderías peligrosas, el cual contiene disposiciones sobre medidas para la prevención de accidentes causados por cargas peligrosas. Por último, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el Código Marítimo Internacional de Mercaderías Peligrosas (IMDG) y el Código de Gestión de Seguridad (ISM) de la Organización Marítima Internacional han sido incorporados en el derecho positivo nacional.
Artículo 4, párrafo 3, apartado h). Prevención de los accidentes. Lastres. La Comisión había pedido al Gobierno que indicara las disposiciones que tratan de la prevención de accidentes relacionados con los lastres. La Comisión toma nota de las disposiciones marítimas comunicadas por el Gobierno y observa que la disposición marítima núm. 109 ALFA de 7 de noviembre de 2006, menciona la seguridad de las tripulaciones y personas involucradas en acciones de cambio del agua de lastre. Sin embargo, dicha disposición no incluye medidas para la prevención de los accidentes causados por los lastres. La Comisión solicita por lo tanto al Gobierno que indique si existen otras disposiciones que den aplicación al artículo 4, párrafo 3, apartado h), del Convenio.
Artículo 5. Obligación de la gente de mar de cumplir con las disposiciones relativas a la prevención de accidentes. La Comisión había señalado al Gobierno que el capítulo II de la disposición marítima núm. 17 de 11 de octubre de 1983 contiene recomendaciones sin carácter obligatorio para la mejora de la seguridad y la higiene a bordo de buques, mediante, entre otras recomendaciones, el uso de equipo de protección. La Comisión recuerda que según el Convenio, las disposiciones relativas a la prevención de accidentes deberán especificar claramente la obligación de cumplirlas por parte de los armadores, la gente de mar, y otras personas interesadas. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento obligatorio de las disposiciones adoptadas en materia de prevención de accidentes, y en particular las relativas al equipo de protección.
Artículo 8. Programas de prevención de los accidentes de trabajo. La Comisión había pedido al Gobierno que indicara si se había establecido en el sector marítimo una comisión sectorial para la formulación, puesta en práctica, y examen periódico de la política nacional en materia de salud y seguridad, de conformidad con lo estipulado en el decreto núm. 291/007 de 13 de agosto de 2007. Al tiempo que toma nota de la información suministrada por el Gobierno según la cual desde 2013 funciona una comisión sectorial encargada de realizar un proyecto de norma para la prevención de riesgos laborales en el sector portuario, la Comisión observa que dicha comisión no incluye representantes de las organizaciones de armadores y de gente de mar y no aborda el tema del trabajo del personal embarcado. Al tiempo que recuerda que según el Convenio, deberán crearse comisiones mixtas nacionales y locales o grupos especiales de trabajo encargados de la prevención de accidentes, en que estén representadas las organizaciones de armadores y las de gente de mar, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar aplicación en la práctica al artículo 8 del Convenio.
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