Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - España (Ratificación : 1970)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas en la memoria del Gobierno. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones anteriores recibida el 11 de noviembre de 2015.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. En sus conclusiones de junio de 2015, la Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno que continúe el diálogo social constructivo, tomando plenamente en consideración las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales y su plena cooperación para formular y obtener el apoyo necesario para la ejecución de las políticas de empleo en relación con los objetivos expresados en el artículo 1 del Convenio. En consonancia con el Convenio, la Comisión de Aplicación de Normas también pidió al Gobierno que evalúe, junto con los interlocutores sociales, los resultados de la política de empleo, incluyendo, si fuera necesario, la elaboración de programas para la aplicación de la política del empleo y que se centre en garantizar el máximo consenso sobre los programas relacionados con la formación profesional, prosiguiendo el diálogo con los interlocutores sociales en relación con la formación de los jóvenes y los desempleados sobre la base de servicios públicos fuertes. El Gobierno destaca en su memoria la importancia del diálogo social el cual ha sido una constante durante un período especialmente intenso de reformas en el que se ha tratado siempre de buscar el acuerdo con los interlocutores sociales. El Gobierno describe las materias cubiertas por el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado el 29 de julio de 2014, entre el Gobierno, las CEOE y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y los sindicatos CCOO y UGT. El Gobierno lamenta que no se haya firmado un nuevo acuerdo tripartito en el ámbito de la formación pero destaca las propuestas y la labor de análisis conjunta realizada con los interlocutores sociales sobre la materia y señala los esfuerzos realizados para simplificar los modelos de contratos de trabajo. La CEOE indica que participó activamente en el proceso de negociación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2015 y en el diseño del Sistema de Garantía Juvenil. Las organizaciones empresariales siguen apostando por la flexibilidad en la contratación hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo de un nivel admisible. La CEOE agrega que, en relación con la mencionada estrategia, se había previsto la creación de una comisión interministerial y de un grupo de trabajo integrado por los interlocutores sociales. Sin embargo, si bien se constituyó la comisión interministerial con la participación de las Comunidades Autónomas, todavía no se habían convocado a los interlocutores sociales. La CCOO y la UGT observan que el diálogo tripartito se reanudó cuando ya se había alterado todo el sistema de relaciones laborales. El logro más destacado del acuerdo tripartito de julio de 2014 fue el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo que recoge parcialmente la reivindicación sindical de proteger mejor a los desempleados con mayores dificultades de inserción. Las confederaciones sindicales indican que tres programas — el Plan Anual de Política de Empleo 2015, la Estrategia Española para la Activación del Empleo y la Cartera Común de Servicios Públicos de Empleo — fueron presentados en un documento ya acordado con las Comunidades Autónomas y dando un plazo de diez días para remitir observaciones. El Gobierno no admitió ninguna de las observaciones formuladas. En cuanto a la participación de los interlocutores sociales en la evaluación del impacto de las medidas adoptadas sobre el empleo, las confederaciones sindicales señalan que el Gobierno desatiende las conclusiones de los órganos de control y optó por solicitar a la secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que efectúe una evaluación de la reforma laboral de 2012 sin involucrar a los interlocutores sociales. La Comisión se remite nuevamente al Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, en donde se ha subrayado que el diálogo social es esencial en circunstancias normales, y más aún en tiempos de crisis. Los instrumentos sobre el empleo requieren que los Estados Miembros promuevan y participen en consultas tripartitas genuinas (párrafo 794 del Estudio General de 2010). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique la manera en que los interlocutores sociales participaron en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo para seguir superando los efectos negativos de la crisis en el mercado del trabajo.

Tendencias del mercado del trabajo. Empleo juvenil. El Gobierno indica en su memoria que, en 2013, la cifra total de desempleados se redujo en 85 400 personas, un descenso anual del paro que no se había producido desde el segundo trimestre de 2007. Durante 2014, esta situación se mantuvo dado que se observó un aumento de la ocupación, aunque la tasa de paro alcanzó el 24,5 por ciento (25,4 por ciento, mujeres y 23,7 por ciento, hombres). En julio de 2014, el paro registrado había afectado a 4 419 860 personas (2 094 322 hombres y 2 325 538 mujeres). El Gobierno reconoce que la destrucción de empleo durante la crisis afectó especialmente a los jóvenes (la tasa de paro entre los jóvenes alcanzó el 53,1 por ciento en el segundo trimestre de 2014). El Gobierno puso en marcha, en febrero de 2013, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2015 y, en julio de 2014, el Sistema de Garantía Juvenil. Las confederaciones sindicales aprecian que hubo un incremento del empleo desde 2014; sin embargo, observan que España tiene la más alta tasa de paro juvenil de la Unión Europea, persiste un alto volumen de parados mayores de 55 años y el empleo generalmente es precario, estacional y mal remunerado. La recuperación del empleo se produce en sectores de marcado carácter estacional, como son el turismo y el comercio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que, con la participación de los interlocutores sociales, presente una evaluación de las medidas ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer la inserción duradera de jóvenes trabajadores en el mercado del trabajo, en particular de las categorías más desfavorecidas de jóvenes. Sírvase también incluir informaciones actualizadas sobre el impacto de las medidas tomadas para facilitar el regreso al mercado del trabajo de los desempleados de larga duración. La Comisión espera que, en consulta con los interlocutores sociales, la evaluación de las medidas del empleo permita conocer el empleo logrado por la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el Sistema de Garantía Juvenil, en particular para los jóvenes con baja calificación.

Políticas y programas de educación y formación profesional. El Gobierno indica en su memoria que los objetivos estratégicos de la reforma profesional para el empleo adoptada en julio de 2014 son la garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables; la contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas; y la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Los elementos clave de esta reforma se han regulado en el Real decreto-ley núm. 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El Gobierno destaca que este nuevo modelo de formación profesional se aprueba en un momento en que se consolida la tendencia de la recuperación económica (tras seis trimestres de crecimiento del PIB y con una estimación de crecimiento en torno al 3 por ciento anual desde 2015 hasta 2018), lo que debe favorecer que las buenas previsiones económicas se trasladan al mercado de trabajo en forma de empleabilidad para los trabajadores y la competitividad empresarial. La CEOE y la OIE indican que la reforma de la formación profesional fue adoptada sin el consenso de los interlocutores sociales cuya participación se circunscribe a la participación en la gobernanza del sistema, en la planificación estratégica y en el diseño de la formación. Los interlocutores sociales no participan en la gestión de los fondos ni en la impartición de la formación. La UGT propone que se incremente la formación profesional hacia los colectivos más desfavorecidos y en especial a los parados de larga duración de mayor edad. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre los resultados de las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo, en particular de los colectivos de trabajadores y de las regiones más afectadas por la crisis.

[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]