Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Brasil (Ratificación : 1969)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en noviembre de 2011, en respuesta a su observación de 2009. La memoria preparada por la Secretaría de Políticas Públicas de Empleo (SPPE) contiene indicaciones sucintas sobre el mercado del trabajo, una reseña de las actividades del Sistema Público de Empleo, Trabajo y Renta (SPETR) y de las actividades del Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER). La Comisión toma nota de la importante disminución del trabajo informal y del aumento en un 6,5 por ciento del número de trabajadores asalariados registrados en los grandes centros urbanos. Si bien la economía se desaceleró en 2011, se espera que el crecimiento económico vuelva a aumentar en 2012 (la tasa de crecimiento llegó a 7,5 por ciento en 2010, disminuyó al 2,9 por ciento en 2011y se anticipa un crecimiento del 3,5 por ciento en 2012). El Gobierno destaca que el dinamismo positivo de los indicadores macroeconómicos condujo a que disminuyera la tasa de desempleo del 7,5 por ciento en mayo de 2010 al 6,4 por ciento en mayo de 2011. Según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la OIT, en 2011 se crearon más de 2 millones de empleos. La Comisión observa que la tasa de desempleo femenino decreció del 8,8 por ciento en 2010 al 7,7 por ciento en 2011, y la tasa de desempleo juvenil se redujo del 16,7 por ciento en 2010 al 15 por ciento en 2011. La Comisión invita al Gobierno a comunicar en su próxima memoria informaciones sobre las políticas y los programas que se hayan adoptado para promover el pleno empleo. La Comisión desearía examinar una memoria que contenga indicaciones sobre la manera en que las políticas y los programas ejecutados se tradujeron en oportunidades de empleo productivo y duradero para los jóvenes y las mujeres, y la manera en que los interlocutores sociales han colaborado en su ejecución. Sírvase también facilitar información sobre los esfuerzos realizados para seguir incorporando al sector formal de la economía a los trabajadores que no están registrados. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya información actualizada sobre la situación y tendencias del mercado de trabajo, desglosada por Estado, sector, edad, género y aptitudes, especialmente respecto de los grupos socialmente vulnerables como los jóvenes, las mujeres demandantes de empleo, las minorías étnicas y las personas con discapacidades (artículo 1, 2), y artículo 2, a), del Convenio).

Apoyo a las micro y pequeñas empresas y a las cooperativas. La Comisión toma nota del empeño que pone el Gobierno en distribuir importantes recursos para democratizar el crédito productivo mediante el Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER). En 2010, se distribuyeron aproximadamente 8 036 millones de reales (equivalente a cerca de 4 450 000 dólares de los Estados Unidos) para actividades empresariales en 3 477 municipios. En febrero de 2011, se tomaron nuevas medidas para favorecer a las pequeñas empresas del sector formal y a los trabajadores autónomos. El Gobierno informa también sobre el impacto positivo en términos de generación de empleo de los créditos puestos a disposición de las micro y pequeñas empresas en el marco del PROGER urbano entre 2000 y junio de 2009. La Comisión invita al Gobierno a continuar transmitiendo indicaciones sobre las actividades del PROGER y su impacto para favorecer el empleo productivo. Sírvase también indicar si se elaboró un nuevo marco jurídico para las cooperativas destinado a favorecer la creación de empleo.

Contribución de los servicios de empleo. El Gobierno se refiere en su memoria al Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) y manifiesta que el Sistema Público de Empleo, Trabajo y Renta (SPETR) integra un conjunto de políticas públicas que buscan mayor efectividad para colocar trabajadores en actividades productivas mediante el empleo, el trabajo y la renta, con el objetivo de lograr la inclusión social. Según el Gobierno, el sistema público tuvo una evolución fragmentada y su consolidación constituye un importante desafío para el programa del Ministerio. La Comisión invita al Gobierno a exponer en su próxima memoria los progresos realizados para lograr que el servicio público del empleo contribuya plenamente al logro de los objetivos del Convenio.

Artículo 2, a). Compilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno recuerda que se mantienen dos registros principales sobre el funcionamiento del mercado del trabajo: el Registro General de Empleados y Desempleados (CAGED) y el Informe Anual de Informaciones Sociales (RAIS). Se realiza además una búsqueda mensual sobre empleo y desempleo (PED). La Comisión invita al Gobierno a que especifique en su próxima memoria la manera en que las informaciones recopiladas contribuyen a la adopción y revisión de las políticas y programas que se adoptaron para promover el pleno empleo.

Políticas educativas y de formación profesional. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de que el Programa de Cualificación Social y Profesional (QSP), entre 2003 y 2007, había permitido impartir formación profesional a 664.850 trabajadores para adquirir las condiciones necesarias para el empleo. En 2008, se ejecutaron 39 programas de formación para sectores económicos específicos. Además, dando una especial atención al sector de la construcción, el Gobierno promovió iniciativas de formación profesional y para la colocación de los beneficiarios del programa Bolsa Família. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre el impacto que han tenido el QSP y otras iniciativas adoptadas para dar a los trabajadores la oportunidad de recibir la formación necesaria que les permita encontrar empleos adecuados y utilizar su formación y calificaciones en dichos empleos. La Comisión también invita al Gobierno a que incluya indicaciones sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en el ámbito de las políticas educativas y de formación y sobre su relación con las oportunidades de empleo.