Caso individual (CAS) - Discusión: 2003, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Colombia (Ratificación : 1976)

Un representante gubernamental indicó que era la primera reunión de la Comisión a la que asistía y que pretendía establecer una comunicación franca y directa que permita identificar los problemas para poder darles solución. En cuanto al Convenio núm. 87, señaló que, de los 141 Estados que ratificaron el Convenio núm. 97 han sido incluidos en los informes de la Comisión de Expertos. En el caso de Colombia, la Comisión de Expertos realiza observaciones desde inicios de los años 90. En ese momento, se identificaron 20 discrepancias entre el Convenio y la legislación. Posteriormente, después de la aprobación de la ley núm. 50, las discordancias se redujeron a 13, hecho que fue reconocido por la Comisión de Expertos en 1994. Con la asistencia técnica de la OIT y gracias a la misión de contactos directos del año 2000 se sancionó, la ley núm. 584 del mismo año, que dio lugar una vez más al reconocimiento de los avances por parte de la Comisión de Expertos. Hoy en día, sólo quedan tres aspectos por solucionar. No obstante, añadió que el caso de Colombia ha estado presente en la agenda de la OIT por muchos años en razón de la violencia contra el movimiento sindical en Colombia. El representante gubernamental manifestó su voluntad de mostrar los resultados positivos del Gobierno. En efecto, mientras que en los primeros cinco meses del año 2002 se presentaron 86 asesinatos de sindicalistas, en el mismo período de este año esta cifra se redujo a 14, lo que indica una disminución del 84 por ciento. Subrayó la convicción del Gobierno sobre la necesidad de luchar de modo permanente contra la violencia, independientemente de su origen. A este fin, se está llevando a cabo el programa de seguridad democrática, paralelamente con el programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia, destinados ambos a la protección de las personas que se encuentran en situación de riesgo. El programa de seguridad democrática cuenta actualmente con mayores recursos, lo que ha permitido otorgar 1.357 medidas de seguridad. Esto, unido a una cooperación franca y directa con los sindicatos, ha contribuido al logro de los resultados mencionados. No obstante, señaló que la violencia en Colombia ha afectado a sacerdotes y obispos, alcaldes y gobernadores, ministros y ex ministros, niños y niñas, empresarios y trabajadores, sindicalizados o no. Manifestó su compromiso en la lucha por solucionar este complejo y difícil problema. A continuación, el representante gubernamental expresó su deseo de referirse a la solución del problema. Señaló que con este fin los miembros de la OIT plantearon dos alternativas: por un lado, el Programa de Cooperación y por el otro, la designación de una Comisión de Encuesta. En lo que respecta al Programa de Cooperación subrayó que el mismo debe ser apoyado, reforzado y mejorado. Estimó que el mismo puede ser considerado como la verdadera solución, y que apoyarlo y financiarlo contribuye a la solución del problema en Colombia. Hizo hincapié en la necesidad de modificar el discurso y el análisis sobre los problemas en aras de una colaboración real y efectiva.

En lo que respecta a la Comisión de Encuesta, consideró que, si la misma hubiese sido enviada a Colombia hace algunos años, el número de sindicalistas muertos no habría variado. La Comisión de Encuesta no aporta una solución real al problema. Por el contrario, estimó que la misma complica el análisis y desvía la atención del verdadero problema, y aleja y retrasa la solución. Subrayó que desde hace cinco años se discute regularmente cada cuatro meses este tema, impidiendo que los trabajadores, los empleadores y el Gobierno puedan ofrecer alternativas de solución. Expresó que mucho se habría avanzado si, en vez de discutir, se hubiera actuado. En efecto, estimó que discutir sobre la pobreza en Ginebra es diferente de vivirla y padecerla en el país. Se preguntó si algunas personas no preferirán quedarse en la discusión de la "problemática colombiana", en vez de comprometerse en su solución. Señaló que se debe reflexionar sobre el aporte real de la discusión en beneficio de los trabajadores y de los empleadores. La responsabilidad primera en la búsqueda de la solución pertenece, de todos modos, a los colombianos.

Hizo un llamamiento a los dirigentes sindicales de su país a cambiar el discurso y reconoció que ello requiere valentía y sacrificio político; implica pensar en el país y en los muertos pasados, esperando poder evitar, mediante el trabajo conjunto, los muertos futuros. Reiteró su convicción de que la solución real para Colombia reside en los programas de cooperación y no en la Comisión de Encuesta o de investigación y conciliación. Expresó la esperanza de que los discursos, los análisis y las recomendaciones se transformen en acciones y ayuda efectiva para Colombia. El país necesita más que nunca de sindicatos fuertes y democráticos que dejen de ser reivindicativos y pasen a ser participativos. Pidió a las ONG, a los gobiernos, a los organismos multilaterales, que den todo el apoyo necesario a los sindicatos para que los trabajadores, los empresarios y los gobiernos comprendan que en el nuevo mundo globalizado el cambio es una necesidad. Finalmente expresó su preocupación por el manejo de la información por parte de la Oficina.

Los miembros trabajadores indicaron que Colombia figura una vez más en la lista de casos examinados por la Comisión, debido a la situación de la libertad sindical y de la protección del derecho sindical en el país. Recordaron que la Comisión de Expertos ha señalado repetidamente las profundas divergencias que existen entre el Convenio núm. 87 y el derecho nacional: las federaciones y confederaciones siguen sin tener derecho a declarar la huelga, esta última sigue estando prohibida en servicios que no son esenciales en el sentido estricto del término, el Ministerio de Trabajo sigue atribuyéndose el derecho de imponer el recurso al arbitraje cuando estima que un conflicto se prolonga más allá de cierto período.

Desde un punto de vista más práctico, los miembros trabajadores recordaron su constante denuncia de los numerosos ataques contra las libertades sindicales, la disminución del número de sindicatos, la violencia que causa estragos, particularmente en el medio sindical, los diversos obstáculos al ejercicio del derecho legítimo a declarar la huelga y una cierta complicidad de los poderes públicos con las formaciones paramilitares contra los huelguistas, la impunidad total contra los autores de asesinatos y, por último, el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.

Los miembros trabajadores tomaron nota de las diferentes iniciativas anunciadas por el Gobierno en el plano institucional, pero consideraron que es al Ministerio de Trabajo de un país a quien corresponde, en primer lugar, hacer respetar los principios del Convenio núm. 87. Sin embargo, la fusión del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud en Colombia no parece propicia para tal política. Los miembros trabajadores declararon que, en su opinión, la persistencia del clima de violencia y, en especial, la impunidad total de los crímenes perpetrados contra sindicalistas son la expresión verdadera de una realidad dura y cruel, pero también de la posición del Gobierno en materia de protección de las libertades sindicales. Frente a una situación en la que las libertades son burladas de manera flagrante, los miembros trabajadores expresaron el deseo de que las conclusiones del caso figuren en un párrafo especial del informe y las Conclusiones de la Comisión debían recomendar al Consejo de Administración el nombramiento de una comisión de encuesta. Los miembros trabajadores estimaron que sólo una comisión de encuesta es susceptible de hacer evolucionar la situación para lograr una armonización de la legislación del trabajo con el Convenio y un verdadero reconocimiento de los principios de libertad sindical en la práctica.

Los miembros empleadores, recordando que el caso de Colombia había estado en el orden del día de la Comisión de la Conferencia desde hacía tiempo, advirtieron que la observación de la Comisión de Expertos contenía dos elementos principales: comentarios sobre disposiciones legales y comentarios sobre la violencia imperante en el país. Respecto de las disposiciones legales, los miembros empleadores observaron que el número de disposiciones nacionales criticadas por la Comisión de Expertos había disminuido considerablemente a través de los años. Por motivos bien conocidos, no apoyaban la opinión de la Comisión de Expertos sobre las disposiciones restantes relativas al derecho de huelga. El derecho de huelga, a su parecer, no está comprendido en el Convenio núm. 87. Los miembros creían que la mayoría de los países llamados ante la Comisión en virtud del Convenio, tenían problemas mucho más serios respecto de sus leyes laborales. La razón por la cual se había invitado a Colombia para una discusión en la Comisión de la Conferencia se relacionaba con la segunda parte de la observación de la Comisión de Expertos, que trata del problema de la continua y extendida violencia que se encuentra en el centro de la actual situación. El fenómeno de violencia y contraviolencia va más lejos que la cuestión de la libertad de asociación y de la legislación del trabajo. Subrayó que los secuestros, amenazas de muerte y asesinatos eran los crímenes más graves que desestabilizaban a la sociedad. Los miembros empleadores lamentaron profundamente cada una de las víctimas. Sin embargo, la situación actual no se debía a la existencia de algunas disposiciones legales. Se trata de algo mucho más complejo y no se debía confundir causas con efectos.

En 2002, la Comisión escuchó el compromiso sincero de combatir la violencia de parte del Ministro de Trabajo de Colombia, quien era sindicalista. La declaración formulada este año por el representante gubernamental también resulta sincera. Los miembros empleadores toman nota de las informaciones sobre la disminución de la cantidad de asesinatos, pero se debía lamentar cada una de las víctimas. Expresaron su esperanza de que pronto se pudieran ver los resultados de las medidas adoptadas para mejorar la situación en materia de seguridad. El Programa especial de cooperación técnica de la OIT para Colombia debía continuar e intensificarse. La Comisión de la Conferencia debía tener en cuenta el contexto político en el país, y que se debería fortalecer la posición del Gobierno, quien se había comprometido a combatir la violencia. Cualquier otra actitud podría ser utilizada por quienes cometen actos violentos. Se debería instar al Gobierno a reforzar sus esfuerzos, particularmente en lo que respecta a la impunidad.

Un miembro trabajador de Colombia declaró haber escuchado con atención y respeto las informaciones del representante gubernamental. Su intención no es debilitar al Gobierno, sino encontrar soluciones. Se remitió a las preocupaciones de la Comisión de Expertos que se reflejan en la observación y recordó que el Ministerio de Trabajo había desaparecido en Colombia como consecuencia de una reestructuración: la fusión del Ministerio de Trabajo con el de Salud había tenido graves repercusiones para las políticas de salud laboral y de seguridad social. Las políticas de ajuste estructural conducían a la liquidación del sindicalismo.

El orador indicó que el Gobierno negociaba con el sector financiero, conllevando privatizaciones en sectores claves de la economía tales como el del petróleo y el de las telecomunicaciones. Los sectores más pobres sufrían los efectos de las reformas laborales, del sistema de pensiones e impositivo. Aumentaban los despidos y la tasa de desempleo; en tales circunstancias, el Ministerio no debería facilitar las autorizaciones para despedir a los trabajadores.

El orador también expresó su preocupación por las declaraciones del Presidente de la República, el 4 de junio de 2003, sugiriendo que se podía recurrir a las disposiciones de los convenios internacionales del trabajo para proceder a su denuncia. Los empleadores colombianos debían adoptar una nueva cultura laboral, respetando las actividades sindicales. Al concluir, el orador indicó que el Gobierno debería considerar como un hecho positivo que se nombre una comisión de encuesta, dado que podría contribuir a resolver los problemas padecidos.

Otro miembro trabajador de Colombia expresó que persisten las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores. Indicó que continúan produciéndose amenazas, desplazamientos forzosos e intimidaciones a los dirigentes sindicales. Dichas violaciones impiden el pleno ejercicio de la libertad sindical. La disminución del número de asesinatos de sindicalistas no implica que exista ningún progreso. Denunció la muerte de 121 sindicalistas hasta junio de 2002 y la situación de impunidad generalizada que compromete al Estado. El orador también hizo referencia a las declaraciones del Presidente de Colombia, el 4 de junio de 2003, sobre la posibilidad de denunciar tratados y convenios internacionales. Ningún país puede desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores y mucho menos excusarse en un supuesto mandato popular para denunciar convenios. Al concluir, exigió al Gobierno una mayor voluntad política para terminar con la cultura antisindical y le requirió que asumiera claros compromisos de que no se derogarán los derechos fundamentales de los trabajadores. Solicitó que se nombrase una comisión de encuesta y que la Comisión de la Conferencia incluyese en su informe un párrafo especial sobre Colombia.

Otro miembro trabajador de Colombia expresó que coincidía con las intervenciones de los oradores anteriores, lo que demostraba la existencia de un pensamiento unitario del sindicalismo colombiano. El orador recomendó que la Comisión de la Conferencia: 1) inste al Gobierno a que se apliquen inmediatamente los convenios internacionales del trabajo ratificados de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y en particular los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154; 2) exija al Gobierno que ponga fin a la facultad del Poder Ejecutivo de declarar la legalidad de las huelgas, y que esta facultad quede en manos del poder judicial; 3) solicite al Gobierno de Colombia que no apruebe ni modifique la legislación, incluidas las reformas constitucionales que entren en contradicción con sus obligaciones internacionales, tanto en asuntos de derecho laboral como de derechos humanos; 4) pida al Gobierno que cumpla con las recomendaciones de los órganos de control de la OIT y en particular con las contenidas en el párrafo 506 del informe del Comité de Libertad Sindical presentado al Consejo de Administración con ocasión de la 286.a reunión (marzo de 2003); 5) exhorte al Gobierno de Colombia para que fortalezca el programa de protección de los sindicalistas y que para ello ponga en aplicación las recomendaciones del informe referido; y 6) requiera al Gobierno que fortalezca la Comisión Interinstitucional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores, dotándola de los recursos necesarios para que ponga en marcha el plan ya aprobado para 2003.

El orador indicó la necesidad de dar curso a la queja contra el Gobierno de Colombia y de nombrar una comisión de encuesta, como mecanismo idóneo para que la comunidad internacional contribuya a la solución de los graves problemas mencionados en la queja. Solicitó que el nombramiento procediera en la próxima reunión del Consejo de Administración. Expresó su apoyo a que la Comisión adoptara un párrafo especial sobre la falta de aplicación del Convenio núm. 87.

Por último, el orador se remitió a la audiencia que tuvo lugar el 4 de junio de 2003 ante la Corte Constitucional de Colombia, para definir la constitucionalidad de la ley que convoca un referéndum reformatorio de la Constitución. En dicha ocasión, el Presidente de la República expresó que los convenios no eran perpetuos, y que si, como resultado de un referéndum, el pueblo aprobara la legislación en contradicción con los convenios de la OIT, entonces consideraría que el pueblo le daba un mandato para denunciar el Convenio. Lo anterior resultaba, en opinión del orador, en que una posible incompatibilidad entre una norma de derecho interno y el derecho fundamental a la negociación colectiva, se resolvería mediante la denuncia del convenio internacional. Se preguntó entonces sobre el respeto que tiene el Gobierno por los principios y derechos fundamentales de la OIT.

La miembro trabajadora de Noruega hablando en nombre de los miembros trabajadores de los países nórdicos, subrayó que Colombia continúa siendo el país más peligroso del mundo para los trabajadores que desearan organizarse. Más del 90 por ciento de los sindicalistas asesinados anualmente en el mundo, han sido asesinados en Colombia, habiendo ocurrido 184 asesinatos sólo en 2002. Durante la primera mitad de 2003, el Gobierno, la policía y los militares han sido responsables del creciente número de violaciones de los derechos humanos cometidas contra activistas de los sindicatos, incluyendo la violencia contra las mujeres sindicalistas, la cual se ha incrementado en alrededor del 50 por ciento. En los últimos meses, los paramilitares han tomado como blanco a familias de sindicalistas, y Carlos Castaño, el líder de una organización paramilitar, anunció públicamente que se asesinaría a los hijos de los líderes del sindicato de trabajadores del petróleo (USO). La oradora se refirió también a dos intentos de secuestro de la hija del jefe de la oficina de derechos humanos de la organización nacional CUT.

La oradora declaró que el programa del Gobierno de protección de sindicalistas no funcionaba, debido a la falta de fondos, al excesivo tiempo gastado procesando pedidos de protección y a la escasez de inspectores del trabajo, sólo 271 para cubrir mas de 300.000 empresas en 1.097 municipalidades. El despido y la inclusión de sindicalistas en listas negras es habitual. Además, la legislación de Colombia viola el Convenio núm. 87 y favorece a los trabajadores no sindicalizados en detrimento de los trabajadores sindicalizados, permitiendo a los trabajadores no sindicalizados que concluyan "convenios colectivos" con los empleadores. Los derechos de los trabajadores eran amenazados por el referéndum propuesto sobre la legislación del trabajo, el cual podría eliminar el pago compensatorio por trabajo el domingo y feriados, acabar con la indemnización por despido, congelar los salarios del sector público y aumentar la flexibilidad de la mano de obra. La oradora urgió a la Comisión a incluir el caso de Colombia en un párrafo especial de su informe y a solicitar que el Consejo de Administración nombre una comisión de encuesta para enviar al país.

El miembro trabajador de los Estados Unidos declaró que este caso es el mayor desafío de la Comisión, dado que las violaciones del Convenio por parte de Colombia ponen en tela de juicio la autoridad de la OIT. Si la Comisión y el Consejo de Administración no actúan efectiva y resueltamente, la integridad institucional de la OIT se verá comprometida. En Colombia se asesina a más sindicalistas que en todos los otros países del mundo (184 durante el año 2002 y más de 1.900 desde 1981). Lamentó la afirmación del representante gubernamental de que la situación esté mejorando porque se comprueba una relativa disminución en el número de homicidios en los primeros tres meses de 2003. El relativo aumento de agresiones, amenazas de muerte, secuestros y detenciones injustificadas y los 32 asesinatos de este año no son ciertamente un éxito. El orador también rechazó el argumento de que el Gobierno puede eludir su responsabilidad en virtud del Convenio, puesto que las violaciones a los derechos humanos que sufren los sindicalistas son consecuencia de un clima general de violencia que afecta a todos los segmentos de la sociedad. Este argumento falla por muchas razones. En primer lugar, existe un elevado número de delitos cometidos contra sindicalistas y concentrados en sectores, así como vínculos directos con la negociación colectiva. En segundo lugar, el Gobierno es responsable de los asesinatos porque los grupos paramilitares operan con el abierto apoyo de las fuerzas armadas. En tercer lugar, el Gobierno es responsable directo por obra y omisión en lo relativo a la protección de los sindicalistas y la cuestión de la impunidad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró públicamente su inquietud por la tardanza en la financiación del Programa del Gobierno de Protección para los Defensores de los Derechos Humanos y de los Sindicalistas, lo cual tiene un impacto directo en la aplicación efectiva de medidas de seguridad. El orador también recordó que, según la Comisión de Expertos, aún no se ha condenado a los responsables de los asesinatos. El Fiscal General de Colombia es conocido por desbaratar juicios clave de derechos humanos.

Las conclusiones adoptadas por la Comisión de la Conferencia en el año 2002 establecen que, en el caso en que el Gobierno no aproveche plenamente el Programa Especial de Cooperación Técnica de la OIT, la Comisión se verá obligada a considerar medidas más contundentes. Según las tres centrales sindicales colombianas, el Programa Especial de Cooperación Técnica de la OIT nunca había sido plenamente aplicado y ni el Gobierno, ni los empresarios colombianos se habían mostrado verdaderamente comprometidos con dicho programa. En consecuencia, el orador se unió a los miembros trabajadores para solicitar que se incluyera este caso en un párrafo especial.

El miembro trabajador de Indonesia expresó su grave preocupación por la extrema violencia contra los sindicalistas en Colombia, así como la injerencia del Gobierno en los asuntos sindicales. Apoyó la propuesta de otros miembros trabajadores para promover la paz, la justicia social y el respeto del Convenio núm. 87 en Colombia.

El miembro trabajador de México recordó que delegados trabajadores a la 86.a reunión de la Conferencia (junio de 1998) habían presentado una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, invocando la violación por parte de Colombia de los Convenios núms. 87 y 98. La responsabilidad del Estado por la violación de dichos convenios se deriva de la acción de agentes gubernamentales y por no garantizar y proteger derechos fundamentales. El Gobierno atenta contra la libertad sindical al recurrir al señalamiento público - mediante los medios de comunicación - del movimiento sindical como responsable de las crisis económicas de las entidades públicas y privadas. Además, se convocan tribunales de arbitraje obligatorio para resolver conflictos colectivos planteados a empleadores responsables de servicios no esenciales. Por último, la autoridad administrativa tenía la potestad de calificar la legalidad de las huelgas, habiéndose recientemente declarado ilegal una huelga en el sector bananero.

El orador mencionó violaciones en relación con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, cuando hubo un intento de oponerse a la privatización: ocurrieron despidos masivos, amenazas a dirigentes en violación de los Convenios núms. 87, 98, 135 y 154. Vulnerando el convenio colectivo y el Convenio núm. 154, el Gobierno convocó un tribunal de arbitraje obligatorio. El Gobierno tiene la intención de reestructurar una empresa del sector petrolero para eliminar el derecho de asociación en desconocimiento de los Convenios núms. 87 y 98. Se ha impedido el acceso de dirigentes a las refinerías, al haberse militarizado las plantas industriales provocando un cierre patronal. El Sindicato de Trabajadores de Bavaria (SINALTRABAVARIA) indicó que se habían cancelado contratos a más de 40 dirigentes sindicales, lo que resulta en despidos unilaterales sin justa causa. El pacto colectivo que se impuso mediante la intimidación resultó un atentado contra la organización sindical, ya que en tres años pasó de 3.500 afiliados a tener 300 afiliados. El orador se sumó a quienes solicitan un párrafo especial para el caso y exhortó al Gobierno a que prevenga los ataques a la vida y a la integridad de los dirigentes sindicales y de los trabajadores.

El miembro trabajador de Côte d'Ivoire expresó su profunda preocupación al comprobar que no hay avances en cuanto al establecimiento de una comisión de investigación y conciliación. Mientras tanto, la legislación del trabajo sigue estando, en muchas cuestiones, en contradicción con el Convenio núm. 87, el número de sindicatos disminuye, los dirigentes sindicales son objeto de despidos programados y los militantes reciben amenazas de muerte. La OIT puede favorecer la creación de empleos decentes y contribuir a salvar vidas en Colombia. Frente a la violencia, a la flexibilización de la legislación social y a los atentados contra las libertades sindicales, lo menos que puede hacerse es apoyar la propuesta de una comisión de encuesta en Colombia.

El miembro trabajador del Reino Unido señaló que la TUC prestaba mucha atención a la grave situación de Colombia, que había establecido buenas relaciones con las confederaciones nacionales y que pronto lanzaría un programa que proporcione un alivio temporal a los sindicalistas colombianos en peligro de ser asesinados. La población trabajadora de Colombia desea una Colombia social, democrática y pacífica, pero todo aquel que proponga una alternativa está en peligro. Es cierto que los sindicalistas no son lo únicos que están en peligro. Igual que se asesina a periodistas por escribir verdades o a los fiscales cuando llevan a cabo investigaciones sobre asesinatos políticos, también se asesina a los dirigentes sindicales y afiliados por intentar defender los intereses de los trabajadores colombianos. Todas las víctimas tienen en común el hecho de que representan un modelo pacífico y social alternativo para el país, una sociedad basada en el diálogo y el progreso a través de una participación democrática.

El orador condenó que se le hubiera impedido a la OIT adoptar las medidas necesarias para ayudar a Colombia a acabar con la impunidad. A las 32 familias de los colegas asesinados este año no les ofrece ningún consuelo que el número de sindicalistas asesinados esté disminuyendo. Fundamentalmente debido a que los empleadores colombianos han impedido que el Grupo de los Empleadores alcance un consenso, el Consejo de Administración no ha decidido enviar una comisión de encuesta para realizar el trabajo que el Estado no ha logrado hacer. Ni siquiera se llegó a un acuerdo sobre un párrafo especial el año pasado ni sobre una comisión de investigación y conciliación, a pesar de haber sido asesinados 184 colegas sindicalistas. Según el orador, demasiadas empresas están implicadas en la violencia y represión y los gobiernos, que también violan gravemente los convenios fundamentales de la OIT, tienen miedo de ser los próximos. Además, algunos gobiernos creen las alegaciones de que Colombia es una democracia, un punto de vista que no comparte el orador. Para que Colombia sea una democracia en pleno funcionamiento necesita paz y para lograr la paz tiene que romper el ciclo de la impunidad. Como el Estado ha sido incapaz de probar que lo puede hacer sin ayuda, considera necesario nombrar una comisión de encuesta. Señaló que los que se benefician de la inactividad de la OIT son los que prefieren la represión y la violencia al diálogo. Señaló que son 15 familias las que controlan el capital colombiano. La OIT debería priorizar los intereses de los trabajadores, de las personas democráticas y defensores de la paz, de los pobres y desempleados, de los socialmente excluidos y los desplazados y anteponerlos a los intereses de las élites responsables del desastre que ya dura décadas.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos declaró que su Gobierno observa con profunda preocupación la violencia contra los sindicalistas en Colombia y que apoya los esfuerzos para hallar soluciones, incluido el Programa Especial de Cooperación Técnica de la OIT. Es urgente e importante proteger las vidas de los sindicalistas, promover el diálogo social, combatir la impunidad y poner la legislación laboral de Colombia y su aplicación de total conformidad con el Convenio. Su Gobierno considera que el Gobierno de Colombia está entregado a la tarea de restaurar el Estado de Derecho y asegurar a todos los miembros de la sociedad el ejercicio de sus derechos en condiciones que garanticen la seguridad personal. Existen indicios de que los esfuerzos para llevar a la práctica tal compromiso están dando frutos, pero es mucho lo que aún queda por hacer. Instó al Gobierno de Colombia a seguir cooperando con la OIT y a aplicar sin dilaciones las recomendaciones de la Comisión de Expertos.

La miembro gubernamental de México expresó que las informaciones proporcionadas por el Ministro de Colombia ponen de manifiesto no sólo una respuesta puntual a las recomendaciones de la Comisión de Expertos, sino también una actitud constructiva del Gobierno, quien cada cuatro meses y cada año informa sobre las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados para garantizar el ejercicio de los derechos sindicales, de conformidad con el Convenio. Si bien los resultados presentados podrían no ser todo lo deseable por los miembros de la Comisión, la oradora reconoció la tendencia positiva expuesta por el representante gubernamental de Colombia. Asimismo, la oradora señaló que es conocida la situación interna que vive Colombia, lo cual dificulta la aplicación de medidas que permitan el pleno goce de los derechos sindicales. Al tiempo que compartió la preocupación de los miembros trabajadores sobre las víctimas de la violencia, se sumó a la opinión del representante gubernamental, en el sentido de que la violencia no es privativa del mundo sindical, sino que afecta a todos los sectores de la sociedad colombiana. La oradora considera que el Programa Especial de Cooperación con Colombia constituye el instrumento idóneo para que la OIT, en el marco de su competencia, y en estrecha colaboración con el Gobierno y con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, encuentre una solución a los problemas que afectan al mundo laboral colombiano. La oradora concluyó afirmando que su delegación considera que una Comisión de Encuesta sería inoportuna en estos momentos, ya que está siendo aplicado el Programa Especial y comienza a dar resultados, gracias, tanto a la asignación de recursos financieros por parte de la OIT y otros donantes, como a la voluntad puesta de manifiesto por el Gobierno para llevarlo a la práctica.

La miembro gubernamental de Dinamarca hablando también en nombre de los representantes gubernamentales de Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, lamentó que el Gobierno no hubiese adoptado el proyecto de reforma de la legislación preparado por la misión de contactos directos en febrero de 2000. Esto pone en cuestión la capacidad y la voluntad de las autoridades colombianas de realizar progresos significativos para salvaguardar el derecho a la vida, a la seguridad física y a la libertad sindical de los líderes sindicales. Los países nórdicos continúan controlando de cerca la implementación del programa especial de colaboración con Colombia de la OIT y reconocen la importancia de la función que puede desempeñar la OIT. Lamentó que el Consejo de Administración tenga que ocuparse de nuevas y graves acusaciones de violencia, tal como se hace patente en el caso núm. 1787 del Comité de Libertad Sindical, mientras, al mismo tiempo, reconocen que el año pasado se lograron algunos progresos. Pero todavía catorce periodistas asesinados son catorce de más. La oradora condenó firmemente los continuos asesinatos y secuestros de funcionarios y miembros de sindicatos e instó al Gobierno a que tome todas las medidas posibles para cambiar la situación de impunidad de la que disfrutan los que cometen estas violaciones, siguiendo las recomendaciones del informe del Comité de Libertad Sindical de junio de 2002. La oradora refrendó la propuesta de mencionar el caso en un párrafo especial.

El miembro gubernamental de la República Dominicana manifestó su profundo pesar por los asesinatos de sindicalistas y de otros ciudadanos colombianos. Recordó que el caso se ha discutido en la Comisión reiteradas veces y que el Gobierno muestra un interés por finalizar con las violaciones del Convenio núm. 87, informando a la Comisión sobre los esfuerzos que realiza para solucionar la situación. Recalcó la importancia de que la OIT siga fortaleciendo el Programa Especial de Cooperación con Colombia, ya que lo considera una medida vital para solucionar la problemática colombiana.

El miembro gubernamental de Alemania tomó nota de la declaración hecha por el representante del Gobierno y afirmó que la situación respecto de la violencia cometida contra los miembros y dirigentes de los sindicatos seguía siendo muy grave. Entendía la razón por la cual los trabajadores percibían que era cínica la información sobre la disminución de los asesinatos. Sin embargo, también advertía que el representante gubernamental había lamentado sinceramente cada víctima. Respecto del problema de la impunidad, señaló que no había leyes que previeran que quienes cometieran crímenes contra sindicalistas no debían ser castigados. La impunidad es más bien un problema en la práctica, que tiene muchas causas, entre otras, la intimidación a los jueces. Notando que muchos oradores habían solicitado el nombramiento de una comisión de encuesta, el orador declaró que la cuestión no entraba dentro de la competencia de la Comisión de la Conferencia. En resumen, es de la opinión de que la Comisión debería tener en cuenta la actitud netamente diferente del representante gubernamental en relación con la representante gubernamental en el caso de Belarús tratado anteriormente y, por consiguiente, no adoptar una decisión idéntica.

El miembro gubernamental de Chile agradeció las informaciones proporcionadas por el representante gubernamental de Colombia, lamentando y compartiendo la preocupación, tal como había expresado el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), sobre la situación en Colombia. El orador indicó que el Programa Especial de Cooperación con Colombia es la mejor contribución que se pueda hacer para asegurar la aplicación del Convenio en Colombia.

El miembro gubernamental de Uruguay destacó la importancia que cabía asignar a las informaciones brindadas por el Ministro a la Comisión de la Conferencia. Teniendo en cuenta la complejidad de la situación, correspondía también tomar nota de los avances mencionados. En su opinión, la cooperación de la OIT tenía un papel fundamental para la búsqueda de soluciones reales a la difícil situación de Colombia.

La miembro gubernamental de Perú (Viceministra de Promoción del Empleo) manifestó su solidaridad con la sociedad y el Gobierno colombiano por la situación de violencia interna y las pérdidas de vidas de colombianos y colombianas de todos los sectores sociales. La oradora destacó la prioridad dada por el Gobierno de Colombia a la protección de los dirigentes sindicales, quien asignaba mayores recursos para su protección. Se debía reforzar el Programa Especial de Cooperación con Colombia de la OIT para impulsar una movilización de toda la sociedad en favor de la paz.

El miembro gubernamental de Italia declaró que la situación en Colombia es particularmente preocupante. No obstante, estimó que no sería oportuno nombrar una comisión de encuesta. En cambio, sería preferible el fortalecimiento del Programa de Cooperación Técnica con Colombia de la OIT. El orador solicitó precisiones sobre la legislación colombiana en materia de derecho de huelga en el sector público.

La miembro gubernamental del Canadá deploró la continua situación de gravedad en Colombia, al tiempo que reconocía que el Gobierno había logrado algunos progresos al disminuir la violencia durante el 2002. Instó al Gobierno a no utilizar medidas de emergencia como instrumento para amenazar y acosar sindicalistas, y a no utilizar acusaciones de actividades subversivas que deslegitimen las actividades sindicales y expongan a los sindicatos a ataques. El Gobierno debería establecer y fortalecer las instituciones pertinentes para acabar con la impunidad. No garantizar investigaciones completas e imparciales perpetúa la violencia. Además, la oradora instó al Gobierno a poner la legislación de conformidad con las normas internacionales del trabajo respecto de los derechos sindicales y a asegurar su plena aplicación. La oradora expresó el apoyo de su Gobierno al Programa Especial de Cooperación con Colombia de la OIT, puesto que el diálogo social y medidas legislativas apropiadas promueven la paz social, e instó al Gobierno de Colombia a cooperar plenamente con la OIT.

El representante gubernamental de Colombia declaró haber tomado atenta nota de todas las interesantes y enriquecedoras intervenciones que se habían formulado durante la discusión. Muchas de las intervenciones se entendían a la luz de las informaciones que cada una de las personas había estado en condiciones de obtener y analizar. En este sentido, el orador indicó que ciertas intervenciones habían mencionado la convocatoria obligatoria de tribunales de arbitraje obligatorio. El orador reconoce que efectivamente se había incrementado dicha convocatoria, pero el objetivo de las mismas es justamente el de disminuir la intervención directa de la administración en la solución de conflictos. Quienes se habían interesado en dicha convocatoria eran los sectores trabajadores: de 50 tribunales de arbitraje obligatorio convocados, 47 lo habían sido por solicitud expresa del sector trabajador; el Ministerio no había hecho sino aprobar dicha solicitud. El orador sugirió que se organice la información que los interlocutores sociales quisieran presentar a la OIT, de modo que encuentren soluciones constructivas a los problemas.

El representante gubernamental compartía plenamente la preocupación sobre la violencia en Colombia. Su Gobierno estaba muy preocupado en disminuir los actos de violencia contra de sindicalistas. Hacía falta poner en evidencia que el presupuesto destinado a la seguridad de los dirigentes sindicales es 15 veces mayor que lo que se acuerda a la seguridad de los jueces. Teniendo en cuenta el empeño puesto en las cuestiones de seguridad, se podía confiar en que persistirá la tendencia positiva que se había observado en el transcurso del último año.

El orador también recordó a la Comisión los asesinatos y la violencia contra dirigentes políticos que ocurrieron en Colombia: el padre del Presidente de la República había sido asesinado, el Vicepresidente había estado secuestrado, así como familiares de la Ministra de Educación y de la Ministra de Cultura. La lista de funcionarios, incluyendo magistrados que habían sido objeto de actos de violencia, era inmensa.

En cuanto a las observaciones de la Comisión de Expertos en relación con las reformas legislativas pendientes, el representante gubernamental destacó que, de 20 divergencias, se había pasado gradualmente a 13 y ahora quedan tres cuestiones legales en suspenso.

El representante gubernamental insistió en que su Gobierno se encuentra plenamente comprometido con la OIT y se habían puesto grandes expectativas en reforzar los programas de cooperación. El Gobierno podía agradecer al sector empleador y al sector trabajador, pese a las diferencias, en compartir la confianza en las potencialidades de Colombia, y hacía votos para que se aúnen esfuerzos, de modo que las próximas generaciones reciban un país mejor.

Los miembros trabajadores consideraron que su análisis había sido bastante claro y sus argumentos suficientemente desarrollados como para que fueran escuchados. Hicieron valer que, para que un diálogo social se instaure y continúe, se necesitan interlocutores de calidad. Se necesita, además, que los interlocutores se mantengan en vida. Los miembros trabajadores recuerdan que han denunciado repetidamente la no conformidad de la legislación del trabajo respecto del Convenio núm. 87, y lo que es más, esto se agrava con la adopción de una legislación particularmente retrógrada. En la práctica, se constata en Colombia un retroceso del sindicalismo, la persistencia de violaciones a las libertades sindicales y obstáculos a la negociación colectiva, la persistencia de una violencia que golpea más particularmente al medio sindical y una impunidad flagrante de los crímenes cometidos contra los trabajadores. Al tiempo que queda claro para los trabajadores que la decisión final no corresponde a la Comisión de la Conferencia, solicitan vehementemente que se discuta en el Consejo de Administración la propuesta de enviar una comisión de encuesta al país, y que se ponga en obra todo cuanto sea necesario para que esta propuesta sea aceptada. Ese medio, más que la cooperación técnica, es el único, en su opinión, susceptible de lograr una mejora de la situación. Para terminar, pidieron que las conclusiones del caso figuren en un párrafo especial del informe.

Los miembros empleadores declararon que eran necesarias mejoras en distintas áreas principalmente en lo que concierne a la violencia prevaleciente. La violencia es el centro del problema. No debía haber impunidad, lo que resulta un problema práctico y no legal que tiene numerosas causas. Los miembros empleadores no daban su apoyo a la inclusión de un párrafo especial en el informe de la Comisión de la Conferencia ni tampoco al nombramiento de una comisión de encuesta por parte del Consejo de Administración, y ello por no perturbar la posición del Gobierno en la resolución de los problemas de violencia.

Los miembros trabajadores destacaron dos puntos. En primer lugar, no consideraron oportuna la mención en las conclusiones de que se expresaron diversas opiniones sobre las medidas a recomendar al Consejo de Administración. Los miembros trabajadores consideran que la comisión de encuesta es el único medio que queda para poder poner fin al clima de violencia en el país. Además, a los miembros trabajadores les resulta incomprensible la reticencia de los miembros empleadores a condenar de manera suficientemente firme una situación tan destructiva, tanto para el sector sindical como para el sector empleador, sobre todo si se compara la gravedad de este caso con la de otros que dieron lugar a un párrafo especial. Expresaron con la mayor vehemencia que la OIT no puede utilizar parámetros distintos según quien sea el interlocutor.

Los miembros empleadores insistieron nuevamente en que no daban su apoyo ni a la propuesta de un párrafo especial, ni al establecimiento de una Comisión de encuesta por el Consejo de Administración. Los miembros empleadores se mostraron convencidos de que la cooperación técnica es el mejor instrumento para alcanzar los objetivos. Los miembros empleadores expresaron que lo anterior no constituía una sorpresa, dado que ya habían adoptado esa posición el año anterior. La situación no mejoraría con simples reformas legislativas: se trata de un problema mucho más grande y se debía apoyar la asistencia técnica de la OIT.

Luego de la adopción de las conclusiones sobre la aplicación del Convenio núm. 87 en Colombia, los miembros trabajadores quisieron hacer una declaración. Pidieron que ésta fuera transmitida al Director General y reproducida en las actas como explicación de su adhesión, en un espíritu de cooperación en el seno de esta reunión tripartita, a las conclusiones de la discusión sobre este caso.

Los miembros trabajadores siguen convencidos de que habría sido oportuno, a pesar de las declaraciones del representante gubernamental, que el Consejo de Administración pidiese a la Oficina el establecimiento de una Comisión de Encuesta en Colombia. No se trata de un acto de hostilidad hacia el Gobierno, sino más bien de la traducción de la profunda preocupación respecto a la impunidad, la violencia y los asesinatos de los que son víctimas los militantes y los dirigentes sindicales. Es lamentable que la politización del asunto conduzca a aceptar que la continua pérdida de vidas humanas, de vidas de sindicalistas, sólo sea cada año un punto del orden del día. Hay que dejar claro que para los miembros trabajadores es mucho más que eso.

Los miembros trabajadores lamentaron profundamente que las conclusiones adoptadas no se retomen en un párrafo especial. Parece que, en lo que respecta a estas conclusiones, existen dos criterios diferentes, lo que socava la autoridad moral de esta Comisión y del sistema de control. El hecho de que para algunos sea sólo un objetivo apenas desvelado sólo consigue agravar, en este caso, la incapacidad de discernimiento de esta Comisión. La falta continua de aplicación es debida a la falta de adopción de las medidas necesarias para garantizar el respeto de las libertades elementales, tales como el derecho a la vida, que son una condición sine qua non de la libertad sindical. Se trata de un problema continuo que cuesta cada año la vida a cientos de personas y afecta la vida profesional de miles de personas.

Los miembros trabajadores agradecieron el compromiso de todos, sindicalistas, pero también empleadores que se preocupan porque la producción de bienes y servicios sea respetuosa con los derechos sociales, funcionarios, políticos, los que continúan luchando contra la violencia, la impunidad, y por la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Declararon que consideran que un párrafo especial habría sido un estímulo justo, un acto de solidaridad hacia todos y todas los que en el terreno luchan cada día por un mundo mejor. Este mundo sigue siendo posible y sin duda habría que haberlo dicho y bien alto.

Los miembros empleadores tomaron nota de la declaración realizada por los miembros trabajadores. Dijeron que mantenían la declaración que realizaron el día anterior y consideraron que algunas de las propuestas concretas que se hicieron durante las discusiones del día anterior no son útiles para ayudar al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos para mejorar la situación. Se declararon convencidos de que los pasos propuestos por los empleadores son más apropiados en esta situación.

La Comisión tomó nota de las informaciones facilitadas por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación. La Comisión observó que los comentarios de la Comisión se referían, por una parte, a un número muy elevado de homicidios y actos de violencia contra sindicalistas y a la falta de condena de los autores, y por otra parte a ciertas restricciones legislativas al derecho de las organizaciones de trabajadores de ejercer libremente sus actividades. La Comisión tomó nota de que el Comité de Libertad Sindical había examinado quejas relativas a asesinatos y actos de violencia contra sindicalistas. La Comisión tomó nota con grave preocupación de la dramática situación de violencia.

La Comisión condenó una vez más con la mayor firmeza los asesinatos y secuestros de sindicalistas, así como los secuestros de trabajadores y de empleadores y recordó que las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercer libre y significativamente sus actividades en un clima exento de violencia. A este respecto, la Comisión pidió una vez más al Gobierno que refuerce las instituciones necesarias para poner término a la situación de impunidad que constituye un grave obstáculo al libre ejercicio de los derechos sindicales garantizado por el Convenio.

La Comisión instó al Gobierno a tomar con toda urgencia las medidas necesarias para que cese esta situación de inseguridad y que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ejercer plenamente los derechos que les reconoce el Convenio, restaurando el respeto de los derechos fundamentales y en particular el derecho a la vida y a la seguridad.

Tomando nota de que se había presentado en junio de 1998 una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT que se refiere en particular a la situación de violencia contra sindicalistas, la Comisión expresa la esperanza de que el Consejo de Administración tome todas las medidas adecuadas - sobre las cuales diversas opiniones se han expresado - que contribuyan a restablecer una situación que permita el pleno ejercicio de los derechos sindicales en un clima exento de violencia.

La Comisión dirigió un llamamiento urgente al Gobierno para que de inmediato tome las medidas necesarias a efectos de garantizar la plena aplicación del Convenio tanto en la legislación como en la práctica. La Comisión pidió al Gobierno que presente una memoria detallada (inclusive respondiendo de manera exhaustiva a los comentarios presentados por organizaciones sindicales) para que la Comisión de Expertos pueda examinar nuevamente la situación en su próxima reunión y expresó la esperanza de que podría constatar progresos tangibles en un futuro muy próximo.

Los miembros trabajadores destacaron dos puntos. En primer lugar, no consideraron oportuna la mención en las conclusiones de que se expresaron diversas opiniones sobre las medidas a recomendar al Consejo de Administración. Los miembros trabajadores consideran que la comisión de encuesta es el único medio que queda para poder poner fin al clima de violencia en el país. Además, a los miembros trabajadores les resulta incomprensible la reticencia de los miembros empleadores a condenar de manera suficientemente firme una situación tan destructiva, tanto para el sector sindical como para el sector empleador, sobre todo si se compara la gravedad de este caso con la de otros que dieron lugar a un párrafo especial. Expresaron con la mayor vehemencia que la OIT no puede utilizar parámetros distintos según quien sea el interlocutor.

Los miembros empleadores insistieron nuevamente en que no daban su apoyo ni a la propuesta de un párrafo especial, ni al establecimiento de una Comisión de encuesta por el Consejo de Administración. Los miembros empleadores se mostraron convencidos de que la cooperación técnica es el mejor instrumento para alcanzar los objetivos. Los miembros empleadores expresaron que lo anterior no constituía una sorpresa, dado que ya habían adoptado esa posición el año anterior. La situación no mejoraría con simples reformas legislativas: se trata de un problema mucho más grande y se debía apoyar la asistencia técnica de la OIT.

Luego de la adopción de las conclusiones sobre la aplicación del Convenio núm. 87 en Colombia, los miembros trabajadores quisieron hacer una declaración. Pidieron que ésta fuera transmitida al Director General y reproducida en las actas como explicación de su adhesión, en un espíritu de cooperación en el seno de esta reunión tripartita, a las conclusiones de la discusión sobre este caso.

Los miembros trabajadores siguen convencidos de que habría sido oportuno, a pesar de las declaraciones del representante gubernamental, que el Consejo de Administración pidiese a la Oficina el establecimiento de una Comisión de Encuesta en Colombia. No se trata de un acto de hostilidad hacia el Gobierno, sino más bien de la traducción de la profunda preocupación respecto a la impunidad, la violencia y los asesinatos de los que son víctimas los militantes y los dirigentes sindicales. Es lamentable que la politización del asunto conduzca a aceptar que la continua pérdida de vidas humanas, de vidas de sindicalistas, sólo sea cada año un punto del orden del día. Hay que dejar claro que para los miembros trabajadores es mucho más que eso.

Los miembros trabajadores lamentaron profundamente que las conclusiones adoptadas no se retomen en un párrafo especial. Parece que, en lo que respecta a estas conclusiones, existen dos criterios diferentes, lo que socava la autoridad moral de esta Comisión y del sistema de control. El hecho de que para algunos sea sólo un objetivo apenas desvelado sólo consigue agravar, en este caso, la incapacidad de discernimiento de esta Comisión. La falta continua de aplicación es debida a la falta de adopción de las medidas necesarias para garantizar el respeto de las libertades elementales, tales como el derecho a la vida, que son una condición sine qua non de la libertad sindical. Se trata de un problema continuo que cuesta cada año la vida a cientos de personas y afecta la vida profesional de miles de personas.

Los miembros trabajadores agradecieron el compromiso de todos, sindicalistas, pero también empleadores que se preocupan porque la producción de bienes y servicios sea respetuosa con los derechos sociales, funcionarios, políticos, los que continúan luchando contra la violencia, la impunidad, y por la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Declararon que consideran que un párrafo especial habría sido un estímulo justo, un acto de solidaridad hacia todos y todas los que en el terreno luchan cada día por un mundo mejor. Este mundo sigue siendo posible y sin duda habría que haberlo dicho y bien alto.

Los miembros empleadores tomaron nota de la declaración realizada por los miembros trabajadores. Dijeron que mantenían la declaración que realizaron el día anterior y consideraron que algunas de las propuestas concretas que se hicieron durante las discusiones del día anterior no son útiles para ayudar al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos para mejorar la situación. Se declararon convencidos de que los pasos propuestos por los empleadores son más apropiados en esta situación.