Caso individual (CAS) - Discusión: 2001, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Colombia (Ratificación : 1976)

Un representante gubernamental, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, agradeció a la comunidad internacional su preocupación permanente por la situación en Colombia y por acompañar al proceso de paz que se vive en el país. Reiteró los esfuerzos que realiza el Gobierno por alcanzar la paz e indicó que pese a ello el conflicto se ha degradado enormemente. Resaltó que la política del Gobierno es la de apoyar el proceso de paz, negociar, dialogar y buscar acuerdos con las organizaciones guerrilleras existentes en el país, pero que de ninguna manera con los grupos paramilitares que son grandes enemigos de la paz. El Gobierno dirige contra los grupos paramilitares acciones judiciales y militares. En Colombia se realizan acciones para que el proyecto de paz no avance, y como ejemplo de ello citó el atentado que sufrió el dirigente sindical Dr. Wilson Borja. Dicho atentado fue condenado por el Gobierno y repudiado por la sociedad colombiana, tal como los otros hechos que atentan contra la paz, como lo son los asesinatos de sindicalistas, de dirigentes políticos, de empresarios, de comunicadores sociales y de sacerdotes, así como los secuestros, masacres y desapariciones. Indicó que durante el año 2001 han sido asesinados más de 40 sindicalistas, y que según el Gobierno el 95 por ciento de dichos asesinatos han sido cometidos por grupos paramilitares enemigos del sindicalismo. El Gobierno lleva a cabo un diálogo con la guerrilla y desarrolla acciones militares contra los paramilitares y combate las convivencias de funcionarios del Estado con estos grupos. Se han detenido a centenares de miembros de los grupos paramilitares y se han incautado sus bienes y armas. Asimismo, se ha constituido una comisión de notables que debe rendir un informe sobre la posible relación de los miembros de las fuerzas armadas con los grupos paramilitares; esta comisión presentará en tres meses iniciativas para desmantelar estos grupos. Indicó que el Gobierno ha tomado iniciativas para brindar protección a sindicalistas, para lo que existe actualmente un fondo de protección de 2.500.000 dólares de los Estados Unidos. Señaló que el apoyo de la OIT para que dicho fondo no se debilite ha sido de gran importancia y que se ha buscado apoyo de otros países para colaborar con la protección de los sindicalistas.

Manifestó que un elemento fundamental para disminuir el nivel de violencia es que la comunidad internacional colabore para lograr un acuerdo entre el Estado y la guerrilla de respeto a la población civil en el marco del derecho internacional humanitario y que la creación de un mejor ambiente para la defensa de los derechos humanos permitiría crear también un mejor ambiente para avanzar en el proceso de paz. Hace diez días el Gobierno firmó el primer acuerdo con la principal organización guerrillera del país (FARC) sobre canje humanitario, por el cual este grupo liberará a 100 soldados y policías, y el Gobierno pondrá en libertad a 15 guerrilleros por razones humanitarias y de salud. Este puede ser el inicio de nuevos acuerdos. También actualmente se busca concluir un acuerdo con el grupo insurgente ELN. Hizo especial hincapié en el hecho de que no existe una política de Estado contra el sindicalismo, pero indicó que no desconocía que existía una situación de violencia que había que desterrar con la ayuda de la comunidad internacional. La situación de violencia afecta también el ejercicio de los derechos sindicales consagrados en el Convenio núm. 87 y, sobre todo, la vida de los sindicalistas. Indicó que el Gobierno es consciente que este tema será tratado nuevamente en pocos días en el Consejo de Administración al examinarse el tercer informe del representante especial del Director General para la cooperación con Colombia, Dr. Alburquerque. Subrayó que el Gobierno está abierto a la colaboración de la comunidad internacional y que, como prueba de ello, desde hace cinco años está presente en el país el delegado especial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuyos informes recuerdan la necesidad de respetar los derechos humanos. Indicó que el Gobierno valora la presencia del Dr. Alburquerque y que cualquier organización sindical, empresarial o gobierno que quiera colaborar en el proceso de paz tiene las puertas del país abiertas. Reafirmó que es bienvenida toda cooperación de parte de la OIT y que si el Consejo de Administración decide extender el mandato del representante especial, dicha propuesta será apoyada; si se decide nombrar una comisión de encuesta, también están dispuestos a estudiar esa posibilidad, ya que el pueblo de Colombia está cansado de tantas muertes y si se continúa por el camino de la violencia el país irá por el camino de la autodestrucción. Subrayó que el Gobierno está dispuesto a discutir soluciones conjuntas en el marco de la OIT. Refiriéndose a la observación de la Comisión de Expertos, destacó que en la misma se valoran los avances introducidos a la legislación por medio de la ley núm. 584; llama la atención, sin embargo, que algunos otros puntos no hayan sido abordados. Concretamente, se refirió al derecho de huelga de las federaciones y confederaciones y señaló que, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, estas organizaciones pueden convocar huelgas y que desde el año pasado han convocado tres paros generales. Subrayó que el Gobierno actual respeta plenamente el derecho a la protesta social y que no se dictan desde el Ministerio de Trabajo medidas que puedan restringir este derecho. En cuanto a la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la Comisión de Concertación trató esta cuestión, pero no hubo acuerdo. Subrayó, sin embargo, que en la práctica se respeta el derecho de huelga en los servicios esenciales y, a este respecto, se refirió a la huelga que desde hace 30 días realizan los docentes y los trabajadores del sector de la salud. En Colombia no se niega ahora la personalidad jurídica o la inscripción gremial a las organizaciones de trabajadores. Reafirmó que su Gobierno estimula el diálogo social como bandera, no sólo para dirimir conflictos sino también para encauzar las denuncias de violaciones de los derechos sindicales, sin negar en ningún caso la autonomía de las partes que deseen presentar quejas. Reiteró que el Gobierno está abierto a todas las iniciativas y a toda cooperación y asistencia técnica por parte de la OIT. El orador insistió en que los representantes de los trabajadores y de los empleadores llegasen a acuerdos para mejorar la libertad sindical y los mecanismos de protección de la vida de los sindicalistas, al tiempo que logren resolver las cuestiones relativas a la negociación por rama de actividad, la reglamentación de la huelga en los servicios públicos o generales y el estatuto del trabajo. Indicó por último que la ayuda de la OIT contribuirá para que los derechos sindicales sean una realidad y para que Colombia pueda avanzar por el camino de la reconciliación.

Los miembros trabajadores recordaron que las violaciones muy graves de la libertad sindical en Colombia figuran permanentemente en el orden del día de la presente Comisión desde hace más de un decenio. Declararon que la OIT en su conjunto está profundamente preocupada por esas violaciones permanentes y reiteradas. El Consejo de Administración examinará próximamente las medidas a adoptar en oportunidad del informe del representante especial del Director General cuyo mandato llega pronto a su término. El pasado marzo, el Grupo de Trabajadores del Consejo de Administración expresó nuevamente su inquietud en un documento que resume sus observaciones sobre el segundo informe del representante especial del Director General ante la persistencia de las violaciones antisindicales y a la insuficiencia de concretización de los compromisos asumidos por el Gobierno. Además, ese documento se refiere a la impunidad permanente de los autores de delitos antisindicales, a la insuficiencia de las medidas de protección de los sindicalistas, al despido de sindicalistas por determinadas empresas y a otros actos contrarios al Convenio núm. 87.

En su observación de este año, los expertos confirman muchos de esos puntos. En primer lugar, la Comisión de Expertos, al tomar nota del informe de la misión de contactos directos que visitó el país en febrero del 2000, y del informe del Comité de Libertad Sindical sobre los distintos casos en instancia relativos a Colombia, expresó su profunda preocupación por el clima de violencia existente en el país y mencionaron las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, en las que se indica que "el número de asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y otros atentados violentos contra dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados en Colombia no tiene precedentes en la historia".

Los miembros trabajadores indicaron que durante los últimos días han tenido oportunidad de obtener informaciones detalladas de sus compañeros colombianos sobre las violaciones más recientes y suministran al respecto algunas cifras: desde 1996 fueron asesinados 1.557 sindicalistas, 60 han desaparecido, 72 fueron secuestrados y 1.670 fueron amenazados de muerte; en el 2000 fueron asesinados 136 sindicalistas, cifra que representa un aumento del 59 por ciento en relación con 1999. Desde principios del año 2000, entre el 1.o de enero y el 30 de mayo, 46 sindicalistas fueron asesinados. La Comisión de Expertos recordó que si bien la violencia es un fenómeno endémico, la condición de dirigentes sindicales es un elemento fundamental en sus asesinatos. Ocurre lo mismo con los secuestros de que son objeto en particular los interlocutores económicos y sociales.

En su observación, la Comisión de Expertos, refiriéndose al Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, considera que "las garantías proclamadas en los convenios internacionales del trabajo, y en especial las relativas a la libertad sindical, sólo podrán realizarse en la medida en que también se reconozcan y protejan efectivamente las libertades civiles y políticas consagradas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los restantes instrumentos internacionales sobre la materia". Los miembros trabajadores están sumamente preocupados por el deterioro de la situación y por la incapacidad del Gobierno para brindar una respuesta. Es conveniente que la OIT y la presente Comisión apoyen la búsqueda de nuevas soluciones a esta situación dramática en la que viven los sindicalistas colombianos.

El problema de la libertad sindical, que en sí es de extrema gravedad, no se limita al problema de los atentados a la integridad física de los sindicalistas. Para decirlo en palabras de uno de sus camaradas colombianos, "mientras nosotros lloramos a nuestros sindicalistas muertos, hay otros que se ocupan de hacer morir a los sindicatos". Asimismo, la Comisión de Expertos plantea en su observación, respecto del caso UNIMAR, que ciertas organizaciones patronales se niegan a entregar las cuotas sindicales que han retenido, despiden y retienen los salarios de los dirigentes sindicales, despiden a los trabajadores que asisten a las asambleas del sindicato y embargan los fondos del sindicato. Según las informaciones de que disponen, no se trata de un fenómeno aislado. Por consiguiente, los miembros trabajadores estiman que las prácticas destinadas a perjudicar directamente al sindicalismo y a hacer imposible la libertad sindical constituyen el segundo aspecto de ese caso.

El tercer aspecto es el de las reformas jurídicas. En su observación, los expertos tomaron nota con satisfacción de la adopción de la ley núm. 584, de 13 de junio de 2000. Los miembros trabajadores hacen suya esta apreciación, dado que la nueva ley responde efectivamente, sobre un número importante de puntos, a las observaciones que desde hace mucho tiempo viene formulando la Comisión de Expertos. Sin embargo, quedan temas sin resolver o puntos que siguen siendo incompatibles con el Convenio. Se trata entre otros, y los miembros trabajadores desean que figuren en las conclusiones, de las condiciones relativas a la nacionalidad y a las restricciones a la libertad de realizar actividades sindicales. Sin embargo, observan que el Gobierno se ha comprometido a resolverlos en un marco tripartito.

Señalaron que de atenerse únicamente a las disposiciones del Código de Trabajo, sin duda podrían encontrarse motivos de satisfacción. Lamentablemente, el otro aspecto de la realidad colombiana, demasiado doloroso y grave para no retener la atención prioritaria más absoluta de la Comisión, es el de la continua impunidad ante los asesinatos y otros actos de violencia perpetrados contra los sindicalistas y las prácticas antisindicales que obligan nuevamente a la presente Comisión a adoptar una actitud de firmeza frente al Gobierno, al que incumbe la responsabilidad de velar por la aplicación en la práctica del Convenio núm. 87 y, antes que nada, actuar para que se garanticen los derechos más elementales, como el derecho a la vida.

Los miembros trabajadores desean que la OIT (habida cuenta de los múltiples esfuerzos que ha realizado en el pasado) refuerce su posición en esta materia. Por ese motivo, espera que las conclusiones de la Comisión figuren en un párrafo especial. En aras de la eficacia y en relación con las tentativas infructuosas del pasado, los miembros trabajadores solicitan al Gobierno lo siguiente: a) que se garantice la libertad de acción y el derecho de oposición de las organizaciones sindicales; b) que se promueva un auténtico proceso de diálogo social con objeto de fomentar un clima de paz social y de respeto de los derechos de todos los individuos y, de ese modo, lograr un consenso sobre las medidas que han de adoptarse para poner el Código de Trabajo en plena conformidad con las disposiciones del Convenio; y c) garantizar una protección efectiva contra los actos de violencia, tanto en lo que respecta a las amenazas de muerte y los asesinatos de sindicalistas como al secuestro de los actores económicos y sociales. En efecto, es conveniente adoptar las medidas necesarias para poner término a la impunidad de los actores de tales crímenes. Por último, los miembros trabajadores desearon que la Comisión apoye en sus conclusiones la solicitud presentada ante el Consejo de Administración de enviar a Colombia una comisión de encuesta o hallar otro mecanismo adecuado con los mismos objetivos, es decir, asegurar un progreso tangible y concreto en la lucha contra la espiral infernal de violencia que azota ese país y especialmente a los sindicalistas.

Los miembros empleadores recordaron que el caso de Colombia es un caso extremamente grave que ha sido discutido por la Comisión de la Conferencia en varias ocasiones. En sus comentarios, la Comisión de Expertos ha declarado de forma muy apropiada que el contexto del país, es decir, el clima de violencia, constituye un serio obstáculo al ejercicio del derecho de libertad sindical. La Comisión de Expertos ha hecho notar con gran preocupación el clima de violencia que existe en el país. También se ha referido a las conclusiones del Comité de Libertad Sindical y al informe de la misión de contactos directos que visitó el país en febrero de 2000, así como a las alegaciones formuladas por varios sindicatos. El representante gubernamental ha reconocido abiertamente la actual situación que vive el país y agradecerá toda propuesta que se pueda hacer al respecto. Los miembros empleadores están de acuerdo en que encontrar soluciones para remediar la situación tiene una importancia básica, y por lo tanto agradecen que el representante gubernamental no haya mostrado la misma actitud que mostró en anteriores ocasiones en las que el caso fue discutido por la Comisión, cuando intentó negar la gravedad de la situación. Esto ya constituye un signo positivo. Asimismo, mostraron su acuerdo con la declaración hecha por el representante gubernamental respecto a que no son sólo los sindicatos los que sufren el clima de violencia, sino también los empleadores, los políticos y, finalmente, la sociedad en su totalidad. Añadieron que la situación no tiene precedentes ya que el Gobierno ha realizado acuerdos con las guerrillas y las fuerzas paramilitares indicando qué grupo tiene el poder en ciertas zonas del país.

No obstante, los miembros empleadores observaron que la Comisión de Expertos constató algunos progresos durante el año pasado con la adopción de la ley núm. 584 del 13 de junio de 2000. La ley derogó o enmendó muchas disposiciones que la Comisión de Expertos o la Comisión de la Conferencia habían estado comentando durante muchos años. Por lo tanto, la Comisión de Expertos ha citado a Colombia en la parte general de su informe como un caso de progreso en relación con la aplicación del Convenio. Las enmiendas se refieren a disposiciones tales como el requisito anterior de que, para registrar un sindicato, el inspector del trabajo debía certificar la inexistencia de otros sindicatos; el requisito de tener la nacionalidad colombiana para desempeñar una función ejecutiva en un sindicato; y la necesidad de tener la nacionalidad colombiana para ser miembro de una delegación que sometiese una lista de quejas a un empleador.

Refiriéndose al hecho de que la nueva ley no trata otras disposiciones legislativas que la Comisión de Expertos ha comentado, especialmente sobre el derecho a la huelga, los miembros empleadores recordaron su postura de que el derecho a la huelga no se deriva del Convenio y que por lo tanto no se necesita tomar ninguna acción legislativa sobre este punto. Haciendo notar la información de que el proyecto de legislación sobre el derecho a la huelga fue preparado durante la misión de contactos directos de febrero de 2000, señalaron que es el Gobierno el que tiene que decidir si va a adoptar alguna ley sobre el derecho a la huelga. En opinión de los miembros empleadores, la adopción de esta legislación no es indispensable para la aplicación del Convenio.

En conclusión, los miembros empleadores hicieron hincapié en que teniendo en cuenta la situación general en el país, es importante que se lleven a cabo consultas entre el Gobierno y los interlocutores sociales para que puedan trabajar para encontrar los posibles remedios para la situación.

El miembro trabajador de Colombia tomó atenta nota de lo expresado por el Ministro de Trabajo de Colombia. Manifestó que era evidente que no se ha producido un mayor deterioro de la situación para los trabajadores en su país, por cuanto el Ministro se ha puesto del lado del sector más vulnerable, o sea, los trabajadores. Señaló que hoy más que nunca se requiere darle en su debido momento el reconocimiento a hechos positivos, además porque en medio del clima de violencia que se vive en el país, los gestos y las conductas democráticas ayudan a la difícil tarea de la reconstrucción nacional. No obstante lo anterior, consideró su obligación plantear en el seno de esta Comisión algunos hechos que en su concepto pueden ayudar a comprender la situación en Colombia. Señaló que se encontraba presente en la Comisión el Sr. Wilson Borja, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, que milagrosamente se salvó de un atentado contra su vida el pasado 15 de diciembre del año 2000 en la ciudad de Bogotá. Este dirigente sindical encarna un ejemplo, o más bien un mal ejemplo, de cómo ciertos sectores de la extrema derecha dirimen las contradicciones políticas, sociales y laborales por la vía de la eliminación física y el abuso de la violencia. Subrayó que, durante los primeros cinco meses y medio del año 2001, 46 compañeros fueron asesinados sin que se vislumbre una salida de este tenebroso túnel en el que se hallan atrapados. Quiso ser sincero y equilibrado, manifestando que los trabajadores también se preocupan por la permanente y sostenida política que conduce no sólo a la eliminación física de los sindicalistas, sino también al exterminio de los sindicatos, los cuales vienen siendo objeto de toda clase de ataques tendientes a hacerlos desaparecer, anulando por esta vía todas las posibilidades de organización, contratación colectiva y ejercicio del derecho de huelga. Es muy importante que se tenga pleno conocimiento de que, en materia de libertad sindical, la situación es muy grave y los hechos hablan por sí mismos, a saber:

-- En 1997, por ejercer el derecho a la huelga, 23 trabajadores fueron despedidos de la empresa de Telecom, de Bogotá, entre ellos tres dirigentes presentes en la sala, sin que hasta la fecha haya sido posible el reintegro, a pesar de que el Ministro de Trabajo derogó la resolución de ilegalidad con la cual se pretendía justificar el despido y la negación del reintegro. Esperó que los representantes de las cortes de justicia presentes tomen nota y obren en consecuencia.

-- En los últimos dos años más de 120 dirigentes del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario, a nivel nacional y regional, han sido despedidos por ejercer el derecho a la protesta, en medio de la más absurda impunidad. La situación es tan crítica que este sindicato, que tuvo aproximadamente 7.000 miembros, hoy no llega a 1.000 efectivos. A esto se suma la aplicación de la ley núm. 617, miles de despidos en el sector público amén del cierre de empresas, como consecuencia del acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

-- La situación en materia de libertad sindical, de contratación colectiva y de huelga es tan grave que, en la actualidad, no son los trabajadores los que presentan pliegos de peticiones, sino que son los empleadores quienes los presentan a los sindicatos, configurándose una política absurda e inaceptable de contrapliegos patronales, que dieron origen a las huelgas de los trabajadores de Bavaria y de la Cruz Roja. Tiene conocimiento de que ayer el Congreso de la República, en una actitud considerable, aprobó por iniciativa del Gobierno un estatuto de seguridad que hará más crítica la situación.

-- En Bavaria se logró un acuerdo en la presente semana, mientras que en la Cruz Roja sigue sin solución el conflicto.

Agregó que en su país será prácticamente imposible alcanzar la paz si no se encuentran en forma urgente mecanismos que garanticen la vigencia plena del derecho a la vida, los derechos humanos, las libertades sindicales, el derecho a la negociación, la estabilidad en el empleo, entre otras cosas.

A manera de conclusión cuestionó al Gobierno sobre: a) las razones para que no se haya concertado el estatuto del trabajo que constituye un mandato constitucional; b) la razón por la cual no se define cuáles son los servicios públicos esenciales; c) por qué el sector empresarial del país se opone con tanta insistencia al desarrollo de la negociación colectiva por rama de actividad económica; d) cuál es el objetivo de promoción de los contrapliegos patronales. Consideró que desde una perspectiva positiva esta Comisión debe consignar sus conclusiones en un párrafo especial.

El miembro empleador de Colombia declaró que los empleadores colombianos condenan los actos violentos que afectan la convivencia ciudadana en su país y que menoscaban el desarrollo económico y la estabilidad de las instituciones democráticas que componen el Estado de derecho. En especial, deploró el atentado contra Wilson Borja, reconocido dirigente sindical, así como lamentó la muerte de sindicalistas y dirigentes sociales, víctimas del conflicto interno armado que lleva varias décadas y cuya solución se obtiene a través de una negociación política. Reconoció el esfuerzo que viene realizando el Gobierno en la búsqueda de avances en el proceso de paz que se lleva a cabo con las FARC y en el encuentro de soluciones a las diferencias con el ELN. La cooperación internacional en los últimos años ha sido un apoyo valioso para continuar por esa senda. Luego del intercambio humanitario de soldados y policías secuestrados por guerrilleros de las FARC, detenidos en las cárceles y en mal estado de salud, los empleadores creen necesario que se convenga en el respeto del derecho internacional humanitario para dejar de afectar a la población civil. El costo del conflicto interno es muy alto. En Colombia mueren por homicidio 27.000 personas al año, la mayoría jóvenes. Aproximadamente el 15 por ciento son víctimas del conflicto. El país invierte cerca del 2,5 por ciento del PIB anual en combatir la insurgencia y las autodefensas. El crecimiento económico sería del 2,5 por ciento anual superior al registrado históricamente de darse condiciones de seguridad similares a las de los países vecinos. Los empleadores encuentran en los indicadores económicos actuales signos de confianza: inflación de un dígito, tasa de cambio real alta, reducción sustancial de las tasas de interés, control del contrabando, aumento de las reservas internacionales, reducción del déficit fiscal y el crecimiento de las exportaciones. El crecimiento del PIB del año anterior fue del 2,8 por ciento, después de que había caído a menos 4 por ciento en 1999.

En cuanto al apoyo que viene dando la OIT al trabajo y concertación entre los empleadores, trabajadores y gobiernos, opinó que la tarea de acompañamiento que ha dado el equipo técnico multidisciplinario de la Oficina Regional no ha permitido abrir espacios de disensión en temas como el empleo, la seguridad social, la formación profesional, los aportes parafiscales asociados a la nómina laboral, las modificaciones a la legislación laboral y la definición de los servicios públicos esenciales. El proceso de conversaciones y conclusiones debe continuarse y los empleadores están interesados en seguir en el proceso bajo la presencia y seguimiento de la OIT. Asimismo, de los informes sobre la actividad que viene desarrollando el representante especial del Director General de la OIT en Colombia se desprende la necesidad de que el Gobierno y las demás instituciones del Estado ejecuten programas más eficientes para brindar protección a los sindicalistas amenazados, avanzar rápidamente en el esclarecimiento de responsabilidad por delitos contra trabajadores y empresarios, así como combatir con mayor intensidad todos los factores de violencia que atentan contra la democracia y las instituciones sociales del país. Manifestó su convicción de que una mayor presencia de funcionarios de la OIT en Colombia y un contacto permanente con los representantes de los diferentes sectores sociales contribuirá positivamente en el avance del proceso de paz. Por esto, encontró positivo un reforzamiento político y técnico de ese organismo. Los empleadores vieron con entusiasmo las mesas de diálogo tripartito regional que se han abierto en el país, así como la creación de la Comisión Especial para el tratamiento de la queja ante la OIT, de modo que se evite su tratamiento por fuera del país y se logren soluciones de consenso. A este respecto, consideró indispensable que el Gobierno nacional reglamente el mecanismo de información que garantice a la organización empleadora su debida defensa en el trámite de la queja.

En síntesis, el país está superando sus problemas estructurales en lo económico y se han dado avances en los indicadores sociales, pero se tiene el gran reto colectivo de superar el conflicto interno que destruye vidas y patrimonios, deteriora su crecimiento y afecta su democracia y su viabilidad ética. Manifestó que el compromiso de su generación es descifrar y resolver los elementos que los atan a un pasado violento y abrir las puertas a una sociedad pluralista, solidaria, incluyente y próspera.

Por último, quiso transmitir las palabras expresadas por el presidente de la Asociación de Empleadores de Colombia, la ANDI, al momento de la liberalización de su hija Juliana, quien fuera secuestrada por las FARC: "Tener a Juliana nuevamente en casa nos da esperanzas de que la paz es posible en el país si la sociedad se propone conseguirla uniéndose por encima de toda diferencia, rodeando al Gobierno y a las mesas de negociación. Seguiré, como siempre, al servicio de esa causa, que es la causa de Colombia".

El miembro trabajador de los Estados Unidos reafirmó que no cabe duda de que el núcleo del caso que se examina viene a representar el fracaso fundamental, violento y trágico del cumplimiento del Convenio por Colombia. Sin embargo, todos los gobiernos de la comunidad internacional, y en particular el suyo, deben asumir toda la responsabilidad de la realidad humana, literalmente una tragedia con derramamiento de sangre que son la base de los comentarios de la Comisión de Expertos. No obstante, esta responsabilidad colectiva internacional no excusa a Colombia. En efecto, obliga moralmente a la comunidad internacional representada en la Comisión de la Conferencia a prestar al caso la atención que merece. Todos estos gobiernos que fundaron el Plan Colombia, y en particular su propio Gobierno, deben reconocer y asumir la responsabilidad de las repercusiones del plan sobre la aplicación del Convenio. Además, instó a su Gobierno a tener en cuenta la situación real con respecto a los derechos laborales y humanos en Colombia en la formulación de la ley sobre preferencias comerciales andinas durante este año.

Si bien reconoce los puntos mencionados en el Informe de la Comisión de Expertos en relación a las reformas realizadas en el país de conformidad con la adopción de la ley núm. 584, insistió en que dichos cambios en sí mismos no llegan a la raíz de las gravísimas violaciones de libertad sindical cometidas en el país. Las mejoras realizadas en el Código Laboral se eclipsaron totalmente por los siguientes ejemplos de incumplimiento fundamental del Convenio. En primer término, la enmienda al artículo 486 en cuanto a la obligación de los dirigentes o representantes sindicalistas de elaborar actas y pruebas sigue siendo poco razonable y no se solucionó mediante la disposición según la cual ni un cargo superior ni una organización de la estructura sindical debería dar luz verde a las autoridades. En segundo lugar, la presente legislación constituye un gran obstáculo al establecimiento de la negociación colectiva por sectores, puesto que sigue exigiendo a los sindicatos lograr la mayoría absoluta en todas y cada una de las empresas de una industria para poder firmar un acuerdo sectorial. En tercer término, el país no dispone de la capacidad de inspección y ejecución para prevenir y remediar la discriminación sindical. Se cuenta únicamente con unos 270 inspectores de trabajo para cubrir a más de 300.000 empresas. Además, los inspectores de trabajo carecen de los medios y equipos básicos necesarios para cumplir con sus obligaciones y se les suele disuadir declarándoseles objetivos militares. En cuarto término, los pactos colectivos, o en otras palabras, los acuerdos entre trabajadores y empleadores no están sujetos a la negociación colectiva de los sindicatos y se suelen utilizar para dificultar la organización del trabajo. El Ministro de Trabajo se preocupa muy poco o nada de la supervisión de dichas prácticas con repercusiones gravísimas para la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98. Por último, hizo hincapié en que la cuestión central del incumplimiento continúa siendo un ataque a la integridad física de los sindicalistas colombianos. A este respecto, señaló que la alusión de la Comisión de Expertos a los resultados de la misión de contactos directos según la cual "en general, la condición de dirigente sindical constituye un factor fundamental en estos asesinatos" debería de una vez por todas desmentir la afirmación realizada por el Gobierno en el pasado de que el asesinato de sindicalistas no es sistemático sino el resultado de la violencia endémica del país. Las fuerzas paramilitares de Colombia han realizado últimamente el espeluznante anuncio de que los sindicalistas son el blanco simplemente por lo que hacer.

Observó que desde la decisión adoptada el año pasado por el Consejo de Administración por la que se abrió una Oficina de la OIT en Bogotá dirigida por el Representante Especial del Director General, no ha cesado la impunidad. Más de 136 sindicalistas fueron asesinados en 2000, y más de 46 en el primer semestre de este año. Los asesinos no están todavía en manos de la justicia.

Por consiguiente apeló a la humanidad y a la conciencia de los miembros de la Comisión, y especialmente a los miembros empleadores, en nombre de los derechos laborales y humanos más básicos, para que consideraran nada menos que citar el caso en un párrafo especial de su informe y recomendaran a la OIT para que haga todo lo que esté en su mano para resolver esta situación, lo que incluiría el nombramiento de una comisión de encuesta.

El miembro trabajador de Côte d'Ivoire declaró que se desprende claramente de la declaración del Ministro de Trabajo de Colombia que el Gobierno colombiano no tiene ninguna responsabilidad en los asesinatos, amenazas de muerte y secuestros de sindicalistas. Además, el Ministro de Trabajo invita incluso a la Oficina Internacional del Trabajo y a la comunidad internacional a ayudar a Colombia a salir de la espiral de violencia en la que se encuentra sumido el país. Tras haber escuchado al Ministro, el miembro trabajador se preguntó por qué la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical habían presentado tales observaciones y tal Informe si la conducta del Gobierno era irreprochable. Mencionó, sin embargo, que luego de las declaraciones, del miembro trabajador de Colombia comprendió la gravedad de la situación del país.

Los asesinatos se han convertido en una institución. No pasa un sólo mes sin que un sindicalista sea asesinado. El Gobierno es el garante de las libertades públicas e individuales, por lo que debe, por todos los medios, permitir que los sindicalistas realicen sus actividades libremente. Si bien es cierto que el Convenio núm. 87 prevé la libertad sindical, no es menos cierto que hay que estar vivo para poder disponer de la misma. El sindicalismo está hecho por y para los hombres y no para los muertos. El Gobierno debe, por lo tanto, proteger las libertades civiles y políticas, y recordó, en este sentido, que el Informe de la Comisión de Expertos es claro al respecto. Destacó que en cada Conferencia ve aumentar el número de sindicalistas asesinados, sin que el Gobierno pueda decir quién los asesina y las causas. Señaló que durante el mes de junio ya se habían registrado más de 40 muertos, y se preguntó cuántos cabría deplorar a finales del año. Indicó que es el momento de que la comunidad internacional se implique en mayor medida en la solución del problema colombiano para que cesen las matanzas en el país. Señaló su rotundo apoyo a las declaraciones del miembro trabajador colombiano.

El miembro trabajador de Argentina lamentó que nuevamente esta Comisión deba tratar la grave situación que atraviesan los trabajadores de Colombia. Observó con consternación y profundo dolor que la condición de dirigente era el fundamento para el asesinato. La vida y la libertad personal están permanentemente amenazadas en dicho país hermano. En efecto, en lo que va de año hubo 46 asesinatos. Además, dentro de este dramático escenario, el Gobierno implementa leyes laborales que se apartan de los convenios de la OIT y cercenan el ejercicio del derecho de huelga, y el pleno ejercicio de la libertad sindical. En efecto, la prohibición del derecho de huelga en una extensa lista de servicios que no son esenciales en sentido estricto sino que abarcan las más diversas actividades constituye sin duda una forma directa y clara de impedir el ejercicio de la huelga a los trabajadores involucrados, hecho que se agrava con la falta de formas alternativas de solución de conflictos colectivos y la imposición por parte del Ministerio de Trabajo del arbitraje como única salida para la solución de los conflictos de intereses.

Señaló, por otra parte, tal como se denunciara en esta Comisión, que los empresarios utilizan estas políticas laborales negativas del Gobierno para rechazar aún más las condiciones de trabajo, denunciando los convenios colectivos vigentes con el fin de obtener rebajas salariales y condiciones laborales más beneficiosas para sus intereses económicos. Subrayó que la gravedad de la situación en Colombia no permite más dilaciones. En efecto, la decisión de la Comisión debe ser enérgica y justa. No se puede permitir que situaciones como la denunciada sean una constante en Colombia. La vida, la salud y la libertad de los trabajadores constituye un alto precio que se impone a los pueblos.

El miembro trabajador del Reino Unido enumeró 47 razones por las que el caso de Colombia debería incluirse en un párrafo especial del informe de la Comisión. Los 47 asesinatos siguientes se cometieron este año:

-- 10 de enero de 2001, Edgar Orlando Marulanda Ríos (SINTRAOFAN), asesinado

-- 17 de enero de 2001, Miguel Antonio Medina Bohórquez (SINTRENAL), asesinado

-- 17 de enero de 2001, Tello Barragán Aldona (Vicepresidente del Sindicato de Loteros del Magdalena - SINDTRALOPE), asesinado

-- 18 de enero de 2001, Arturo Alarcón (ASOINCA, afiliado a FECODE), asesinado

-- 21 de enero de 2001, Jair Cubides (Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle - SINTRADEPARTAMENTO), asesinado

-- 24 de enero de 2001, José Luis Guette (Presidente de SINTRAINAGRO), asesinado

-- 26 de enero de 2001, Walter Dione Perea Díaz (ADIDA, afiliado a FECODE), asesinado

-- 26 de enero de 2001, Carlos Humberto Trujillo (ASONAL JUDICIAL, sección Buga), asesinado

-- 28 de enero de 2001, Elsa Clarena Guerrero (ASINORT, afiliada a FECODE), asesinada

-- 28 de enero de 2001, Carolina Santiago Navarro (ASINORT, afiliada a FECODE), asesinada

-- 8 de febrero de 2001, Alfonso Alejandro Naar Hernández (Asociación de Educadores del Arauca - ASEDAR, afiliado a FECODE), asesinado

-- 11 de febrero de 2001, Alfredo Flórez (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales - SINTRAPROACEITES), asesinado

-- 12 de febrero de 2001, Nilson Martínez Peña (Sindicato de Trabajadores de la Palma de Aceite y Oleaginosas - SINTRAPALMA), asesinado

-- 12 de febrero de 2001, Raúl Gil Ariza (Sindicato de Trabajadores de la Palma de Aceite y Oleaginosas - SINTRAPALMA), asesinado

-- 16 de febrero de 2001, Pablo Padilla (Vicepresidente de SINTRAPROACEITES, sección San Alberto), asesinado

-- 16 de febrero de 2001, Julio César Quintero (SINTRAISS, sección Barrancabermeja), asesinado

-- 20 de febrero de 2001, Cándido Méndez (Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera y Energética - SINTRAMIENERGETICA, sección Loma), asesinado

-- 22 de febrero de 2001, Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez (Vicepresidente de SINTRAELECOL, sección Norte de Santander), asesinado

-- 23 de febrero de 2001, Lisandro Vargas Zapata (ASPU, sección Atlantico), asesinado

-- 1.o de marzo de 2001, Víctor Carrillo (SINTRAELECOL, sección Málaga), asesinado

-- 3 de marzo de 2001, Darío Hoyos Franco, asesinado

-- 12 de marzo de 2001, Valmore Locarno (Presidente de SINTRAMIENERGETICA), asesinado

-- 12 de marzo de 2001, Víctor Hugo Orcasita (Vicepresidente de SINTRAMIENERGETICA), asesinado

-- 13 de marzo de 2001, Rodion Peláez Cortés (ADIDA), asesinado

-- 18 de marzo de 2001, Rafael Atencia Miranda (Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo - USO, sección Casabe), asesinado

-- 20 de marzo de 2001, Jaime Sánchez (SINTRAELECOL, sección Santander), asesinado

-- 20 de marzo de 2001, Andrés Granados (SINTRAELECOL, sección Santander), asesinado

-- 21 de marzo de 2001, Juan Rodrigo Suárez Mira (ADIDA, afiliado a FECODE), asesinado

-- 24 de marzo de 2001, Luis Pedraza (USO, afiliado a Arauca), asesinado

-- 24 de marzo de 2001, Ciro Arias (Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Colombiana de Tabacos - SINTRAINTABACO), sección Capitanejo), asesinado

-- 26 de marzo de 2001, Robinson Badillo (Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia - SINTRAEMSDES, sección Barrancabermeja), asesinado

-- 27 de marzo de 2001, Mario Ospina (ADIDA, afiliado a FECODE), asesinado

-- 27 de marzo de 2001, Jesús Antonio Ruano (Asociación de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario - ASEINPEC), asesinado

-- 2 de abril de 2001, Ricardo Luis Orozco Serrano (Primer Vicepresidente de ANTHOC Nacional), asesinado

-- 4 de abril de 2001, Aldo Mejía Martínez (Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Acueducto, Alcantarillado y Obras Públicas - SINTRACUEMPONAL, sección Codazzi), asesinado

-- 11 de abril de 2001, Saulo Guzmán Cruz (Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Aguachica), asesinado

-- 26 de abril de 2001, Francisco Isaías Cifuentes (ASIOINCA, afiliado a FECODE), asesinado, y su mujer, L. María Fernández Cuéllar, asesinada. Su hijo de cinco años de edad resultó gravemente herido en el ataque.

-- 27 de abril de 2001, Frank Elías Pérez Martínez (ADIDA, afiliado a FECODE), asesinado

-- 2 de mayo de 2001, Darío de Jesús Silva (ADIDA, afiliado a FECODE), asesinado

-- 9 de mayo de 2001, Juan Carlos Castro Zapata (ADIDA, afiliado a FECODE), asesinado

-- 10 de mayo de 2001, Engeniano Sánchez Díaz (SINTRACUEMPONAL, sección Codazzi), asesinado

-- 14 de mayo de 2001, Julio Alberto Otero (ASPU, sección Caqueta), asesinado

-- 16 de mayo de 2001, Miguel Antonio Zapata (Presidente de ASPU, sección Caqueta), asesinado

-- 21 de mayo de 2001, Carlos Eliécer Prado (SINTRAEMCALI), asesinado

-- 25 de mayo de 2001, Henry Jiménez Rodríguez (SINTRAEMCALI), asesinado

-- 29 de mayo de 2001, Nelson Narváez (SINTRAUNICOL), asesinado

Añadió que se había abstenido de citar los nombres de los más de 50 compañeros asesinados entre la apertura de la última Conferencia y finales de 2000. No pudo tampoco presentar los nombres de todos los niños que perdieron a sus padres o madres o a ambos en estos ataques ni enumerar los nombres de los 69 profesores que recibieron amenazas de muerte durante este año. Por último, lamentó que el representante gubernamental no haya podido abordar la cuestión de la impunidad en nombre de la cual se han cometido estos asesinatos. No habrá Estado de derecho mientras siga existiendo dicha impunidad en el contexto de lo que parece ser una tentativa sistemática de eliminar a los dirigentes sindicalistas de Colombia, acentuada por un aumento en el número de ataques contra los afiliados de los sindicatos. No obstante, es de agradecer que el Sr. Wilson Borja pudiera acudir a la reunión de la Comisión, al igual que otros colegas colombianos que sobrevivieron a reiteradas tentativas de asesinato. Los nombres de los compañeros que ha citado constituyen el silencioso testimonio de una situación que se debe reflejar en un párrafo especial del informe de la Comisión.

El miembro trabajador de Francia observó que el clima de violencia existente en Colombia contra los dirigentes sindicales no tiene precedentes en la historia, según el Comité de Libertad Sindical. Declaró que el Gobierno y los empleadores, quienes hablan en favor de la paz, de las libertades públicas y de los derechos humanos -con justa razón - parecen, sin embargo, tener un doble discurso en lo que respecta a las organizaciones sindicales. En lo que atañe a los empleadores, muchos de ellos, en la práctica, obstaculizan por diferentes medios (como la confiscación o la retención de las cotizaciones sindicales) el libre ejercicio de las actividades sindicales. Del lado gubernamental, si bien es cierto que se han introducido mejoras al Código de Trabajo en cuanto a las disposiciones restrictivas y abusivas denunciadas por la Comisión desde hace años, es también verdad que, por ejemplo, la prohibición absoluta a las federaciones y confederaciones de declarar una huelga - a pesar de que el derecho de huelga es reconocido en ese país - y el hecho de que el derecho de huelga está mermado por limitaciones y excepciones exageradas, en particular, en los servicios públicos no esenciales, constituye una injerencia en el derecho de los trabajadores de organizar sus actividades y un obstáculo legal excesivo al derecho sindical. La huelga, recordó el orador, es el último medio del que disponen los trabajadores cuando los otros medios han sido agotados para promover sus reivindicaciones. Si bien es verdad que el ejercicio de este derecho puede estar sometido, eventualmente, a ciertas reglas, su prohibición, por el contrario, constituye un obstáculo fundamental a la libertad sindical, en virtud, claro está, del artículo 3 del Convenio núm. 87, pero también, del artículo 8 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El ejercicio del derecho de huelga es una de las actividades legítimas de las organizaciones sindicales que, al igual que las demás actividades sindicales, están dentro del ámbito de aplicación del Convenio.

Si el Grupo de los Empleadores decidió, por unanimidad, librarse a una escalada premeditada y a un desafío sistemático de la jurisprudencia continuamente seguida por los diferentes órganos de la OIT, más moderadamente desde 1998, esto no debe obligar a esta Comisión a admitir este viraje injustificado. Sin el derecho de huelga, la libertad sindical quedará mutilada y debilitada y los trabajadores quedarán privados de una defensa eficaz frente a los empleadores. Admitir esta propuesta revisionista de excluir el derecho de huelga del ámbito de aplicación de la libertad sindical contradice también las prácticas nacionales en materia de interpretación jurídica, las cuales consisten en interpretar los textos en el marco del respeto de los objetivos fundamentales que persiguen. Por otra parte, la práctica común de los Estados, si se hace referencia al criterio de interpretación (incluido en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados) a menudo citado por los miembros empleadores, no consiste en excluir el derecho de huelga del derecho sindical, salvo excepcionalmente, sino reconocerlo, reglamentándolo a veces de manera excesiva.

Recordó que el Convenio núm. 87 no existe tampoco en un desierto jurídico sino que es un componente del derecho internacional, en particular de los derechos del hombre. A este respecto, lamentó el hecho de que el miembro empleador de su país haya dado una interpretación mezquina de la libertad sindical y agradeció al representante gubernamental de Alemania por su análisis, de una perfecta honradez intelectual, el cual debería haber sido apoyado, al menos, por todos los otros países miembros de la Unión Europea. Subrayó que el Gobierno de Colombia tiene la obligación de promover la libertad sindical y, asimismo, de hacer todo cuanto esté a su alcance para proteger a los sindicalistas y militantes de los derechos humanos y, de modo más general, al conjunto de sus ciudadanos, de los abusos cometidos por las tropas paramilitares y los diferentes grupos armados cuyos asesinatos, torturas y secuestros obligaron a cientos de miles de personas a convertirse en refugiados en su propio país.

En conclusión, el orador se mostró esperanzado de que el Gobierno aceptará recibir a la comisión de encuesta, cuestión que el Consejo de Administración examina desde hace ya tres años, para ayudar al Gobierno a ponerse en consonancia con el Convenio. Manifestó su deseo de que el Gobierno solicite la asistencia técnica de la Oficina para ayudar a poner en práctica las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. Finalmente, quiso reafirmar el firme apoyo de las organizaciones sindicales francesas al pueblo y a los sindicalistas colombianos en su valiente y constante lucha por el respeto de las libertades y derechos fundamentales, tal como el derecho a la vida, en el marco de un Estado de derecho y por la vía de la paz y la reconciliación. La gravedad de este caso justifica a su modo de ver que el mismo sea incluido en un párrafo especial del informe de esta Comisión.

El miembro trabajador de México señaló que, según las declaraciones escuchadas, los trabajadores del mundo están hondamente preocupados por los asesinatos de los trabajadores colombianos. El clima de violencia existente en el país forma parte de una amplia campaña del movimiento de extrema derecha para silenciar a los dirigentes que levantan la voz contra el statu quo.

Añadió que los trabajadores condenan estos hechos al tiempo que recuerdan que en el año 2000 hubo un incremento del 63 por ciento de los asesinatos respecto a 1999, sin contar las amenazas de muerte y la desaparición de sindicalistas. Añadió que en el transcurso del año han sido asesinados 46 sindicalistas, lo que comprueba una vez más la total impunidad existente en el país. A pesar de la presión nacional e internacional, el Gobierno colombiano no ha hecho ningún esfuerzo real para remediar esta situación y garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de asociación sindical. Consideró importante recordar las permanentes violaciones a la libertad sindical, al derecho de negociación colectiva y al derecho de huelga, además de lo planteado por la Comisión de Expertos en su informe. Finalmente, señaló que la situación descrita justifica que el caso de Colombia figure en un párrafo especial, y que se envíe una comisión de encuesta o se adopte cualquier otra forma que pueda dar solución al problema de los trabajadores colombianos.

La miembro trabajador de Suecia señaló que la Comisión de Expertos describió muy claramente en su informe el clima de violencia en que vive Colombia y sobre todo los sindicalistas, los luchadores sociales y los defensores de los derechos humanos. Añadió que el Gobierno manifestó en múltiples sesiones de esta Comisión su compromiso de cumplir plenamente con las disposiciones del Convenio. Pero, en la realidad, la violencia es cada día más fuerte y la situación continúa empeorando rápidamente. En Colombia no hay libertad sindical. La alarmante cantidad de muertos, secuestros, amenazas de muerte y otros actos violentos contra los miembros y líderes sindicales ha llegado ya a un nivel que no tiene comparación en la historia del país. La Comisión de Expertos constató que el grupo más afectado por esta violencia es el de los líderes sindicales. Desde principios de año, 47 sindicalistas han perdido su vida como resultado de esta violencia brutal y casi incomprensible.

El Gobierno tiene tendencia a describirse como víctima. Sin embargo, las verdaderas víctimas son los más de 2.500 sindicalistas muertos entre 1987 y 2001. Instó al Gobierno a que asuma su responsabilidad y a que tome medidas para terminar con la impunidad. Hace falta una voluntad política, una determinación y una mayor comprensión hacia la contribución que la OIT está ofreciendo. Reconoció la prudencia del actual Ministro de Trabajo ante esta situación, al mismo tiempo que observó que otros ministros del Gabinete expresan fuertes críticas contra los sindicatos y su demanda por una reforma social, económica y política del país.

Señaló que la Comisión de Expertos sigue observando que el Gobierno tiene que reconocer y proteger los derechos civiles y políticos tal como están inscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio, especialmente aquellos relacionados con la libertad sindical. Finalizó expresando su firme deseo de que las conclusiones sobre el caso de Colombia se incluyan en un párrafo especial.

El miembro trabajador de Cuba señaló que la abundancia de información sobre esta trágica situación y las declaraciones de los miembros de la Comisión son tan elocuentes que no hace falta repetirlas. Sin embargo, sintió la necesidad de subrayar que se debe presionar al Gobierno por todas las vías posibles a fin de que adopte las decisiones que garanticen el cese de la impunidad prevaleciente en el país. El Gobierno tiene que garantizar dicho cese de la impunidad cualquiera sea la situación que exista en Colombia. Por su parte, los empleadores y sus organizaciones deben asumir una gran cuota de responsabilidad para garantizar la eliminación de las violaciones de los derechos sindicales. Por último, señaló, en nombre de la Central de los Trabajadores de Cuba, su expreso reconocimiento al movimiento sindical colombiano, que lucha en condiciones tan difíciles y con tanta dignidad que los honra.

El miembro trabajador del Uruguay reconoció la sinceridad del Ministro de Trabajo de Colombia en su declaración y señaló que conoce su sensibilidad por los temas tratados. Destacó las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos en lo que concierne a la prohibición de las federaciones y confederaciones de declarar la huelga, la prohibición de la huelga en los servicios esenciales y en una gama amplia de servicios no esenciales, la posibilidad de despedir a los dirigentes sindicales que hayan intervenido o participado en una huelga ilegal y la facultad del Ministro de Trabajo de recurrir al arbitraje cuando una huelga se prolongue más allá de un cierto período de tiempo, de acuerdo con el informe de la Comisión de Expertos.

Señaló que a pesar de que durante la misión de contactos directos realizada en febrero de 2000 se elaboraron anteproyectos de ley que modificaban las disposiciones legales anteriormente citadas, estas enmiendas no se habían producido. Afirmó que aunque el Ministro había informado de que nunca durante su ejercicio no se había hecho uso de estas disposiciones, éstas seguían vigentes en el ordenamiento jurídico de Colombia. Consideró que debería incluirse un párrafo especial que recogiera las conclusiones del debate surgido o que se tomara cualquier otra medida que pudiera contribuir a la resolución de la situación del conflicto. Señaló que el 12 de diciembre de 2000, 12 sicarios atentaron contra la vida del miembro trabajador Wilson Borja y contra sus dos escoltas. La investigación del caso permitió a los investigadores encontrar algunas pistas que han vinculado al proceso a personas tales como: militares activos y en retiro, así como policías activos y cinco paramilitares incluyendo al jefe de éstos en la ciudad de Bogotá. Estos elementos demuestran que subsisten las relaciones entre miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares, contradiciendo el argumento del Gobierno de que son casos aislados, con el cual se pretende esconder que asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales son planificados en cuarteles de la fuerza pública colombiana. Afirmó que desde el mes de septiembre el Ministro del Interior conocía la situación y a pesar de ello se le negó un refuerzo de protección al trabajador. Destacó que durante el año 2000 fueron asesinados 129 dirigentes sindicales y que en lo que va de año ya eran 46 los dirigentes sindicales asesinados. Señaló, además, que un dirigente sindical colombiano, Jorge Ortega, estuvo exiliado en Uruguay. Decidió retornar a su país y siendo, Vicepresidente de la CUT, fue asesinado y hasta el momento, nada se sabe acerca de la investigación. Por ello, es que en este proceso es imprescindible contar con la participación de todos y contribuir con sinceridad contra la impunidad.

Además advirtió que los acuerdos con el FMI contribuyen a restringir la actividad sindical. Señaló que el Plan Colombia tiende a ser más un plan de guerra que de paz. Hizo hincapié sobre el hecho de que los cambios deben realizarse por y para las personas. Es el deseo de que haya cambios para la paz, y paz para los cambios. Todos debemos participar. Concluye reiterando que desea que en los próximos días el Consejo de Administración decida una comisión de encuesta.

Otro miembro trabajador de Colombia señaló que efectivamente el Gobierno colombiano desarrolla actualmente una política de paz. Recordó que el movimiento sindical, a lo largo de la historia, se ha comprometido y ha respaldado estas políticas. Pero, simultáneamente, debe registrarse que el Gobierno colombiano, a la vez que impulsa procesos de paz con las guerrillas, permite y promueve políticas que borran con el codo lo que hacen con la mano. Observó que el 14 de junio de 2000 se aprobó en el Congreso de la República un proyecto de ley de seguridad nacional, avalado por el mismo Gobierno, el cual otorga a las fuerzas militares facultades de policía judicial permitiéndoles realizar detenciones, sin orden judicial previa, y revive las mal llamadas prácticas de "convivir", las cuales fueron declaradas inconstitucionales en años pasados, es decir, que da vía libre al paramilitarismo. Señaló que, una vez aprobada esta ley, regresan a tiempos que creían superados en los cuales, con pruebas construidas a su amaño por la inteligencia militar, se procesó y se encarceló arbitrariamente a numerosos sindicalistas y luchadores sociales. Además, durante esta semana, el jefe de los paramilitares en Colombia expresó que asesina sindicalistas porque ellos impiden el trabajo debido a sus múltiples protestas. Advirtió que esa afirmación se ha hecho realidad en muchos de los sindicalistas, incluyendo al mismo orador, con el agravante de que en su caso y en muchos otros estuvieron comprometidos miembros de las fuerzas militares activos y no activos, junto con los paramilitares.

Indicó que el Gobierno ha destinado recursos por 2 millones y medio de dólares de los Estados Unidos, pero no sólo para sindicalistas, pues en tal partida se incluye la protección a numerosos amenazados de organizaciones de derechos humanos y de sectores políticos no tradicionales. Afirmó que aunque los asesinatos en Colombia sean indiscriminados, eso no puede ser argumento para eludir la responsabilidad y la impunidad. Los asesinatos son graves, pero es mucho más grave cuando ni el Estado investiga ni mucho menos castiga. El Gobierno actúa como víctima de la guerra y no como parte de los responsables de la guerra. El índice de impunidad por violación a los derechos humanos es del 97 por ciento. A pesar de que en los últimos tiempos no han declarado ilegales los paros, advirtió que el cumplimiento de esta obligación constitucional e internacional no puede servir para minimizar hechos como el asesinato de 46 sindicalistas en este año, la solicitud de exilio al exterior de más de 500 y la existencia de un elevado número de trabajadores sindicalistas y luchadores sociales forzados a desplazarse internamente.

Por otra parte, señaló que no existe una verdadera protección a los sindicatos. Son numerosos los que han desaparecido por la acción de empleadores que consideran que la organización de los trabajadores amenaza sus intereses. Son frecuentes las declaraciones públicas de funcionarios estatales que responsabilizan a las organizaciones sindicales de crisis en las entidades oficiales, generando por esta vía una opinión pública adversa a la organización de los trabajadores. Se estigmatiza a los trabajadores por ejercer sus derechos y se pone en la picota pública a las organizaciones de trabajadores, a los afiliados a las mismas y a los dirigentes. Se preguntó cómo se pretende que los asesinos cesen su acción criminal, cuando algunos de los altos funcionarios, como el Ministro de Hacienda, estigmatizan y señalan al sindicalismo y a los trabajadores en general, a través de los medios, como responsables de la crisis que vive Colombia.

En los últimos dos años se viene presentando un fenómeno nuevo: en muchos casos en los cuales los jueces han ordenado reintegrar a su trabajo a sindicalistas ilegalmente despedidos, no se cumplen las sentencias correspondientes. Es, por ejemplo, el caso de la Caja Agraria y del Banco Agrario, entidades condenadas solidariamente por sentencias firmes a reintegrar un número de trabajadores amparados por fuero, sentencias que no se han cumplido. Igual situación se presenta con la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Añadió que a esta situación se le agrega una política económica que, para cumplir el acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional, se quiere imponer sin previa concertación y con ella se pretende generar el despido de un elevado número de trabajadores del Estado, sin garantizarles mecanismos de reinserción laboral, así como el recorte de garantías sociales, la reforma regresiva del régimen de pensiones, el recorte de transferencias para salud y educación. Se añadía la creación, mediante una reforma legal, de un régimen laboral de fronteras para facilitar la presencia de empresas maquiladoras. Muchos de los trabajadores que han sido despedidos de entidades oficiales son reemplazados por contratistas sin vínculo laboral, fuera del sistema de seguridad social y, por supuesto, sin posibilidad de sindicarse. Advirtió que a pesar de algunas reformas introducidas el año anterior, se mantiene la prohibición de la huelga en servicios públicos no esenciales, se sigue reprimiendo la protesta social con acciones de policía, se prohíbe a las federaciones y confederaciones declarar la huelga, sigue vigente la posibilidad de despedir a los sindicalistas y dirigentes sindicales que hayan participado en una huelga declarada ilegal, la asignación de competencia al Ministerio de Trabajo para calificar la ilegalidad de una huelga, la facultad del Ministro de Trabajo de convocar tribunales de arbitramento cuando la huelga se ha desarrollado por más de sesenta días, entre otras disposiciones legales que son contrarias a los convenios en los que Colombia es parte.

Todo esto, a juicio del movimiento sindical colombiano, amerita que las conclusiones de este debate se recojan en un párrafo especial y, además, que la Comisión de la Conferencia inste al Consejo de Administración a constituir una comisión de encuesta, en virtud de la queja que está a su conocimiento, o a buscar otros mecanismos que conduzcan a encontrar soluciones a la grave situación que en materia de libertad sindical vive su país.

La miembro gubernamental de Suecia, que hizo uso de la palabra en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea y de Noruega e Islandia, subrayó que la Unión Europea está profundamente preocupada por la grave situación persistente y por las amenazas contra los sindicalistas en Colombia, donde casi 50 sindicalistas fueron asesinados en el año 2001. Por consiguiente, continúa la alarmante evolución registrada el año anterior, cuando el número de sindicalistas asesinados se incrementó en un 100 por ciento en comparación con 1999. El Comité de Libertad Sindical ha observado que "el número de asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y otros atentados violentos contra dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados en Colombia no tiene precedentes en la historia" y que "en general su condición de dirigentes sindicales es un elemento fundamental de sus asesinatos".

Sin duda, en gran medida los grupos paramilitares son responsables de la violencia contra los sindicatos. Sin embargo, la Unión Europea también hizo hincapié en la responsabilidad que incumbe al Gobierno colombiano de proteger a sus ciudadanos de todo tipo de violencia y someter a la justicia a todos los que cometen violaciones contra los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. La Unión Europea insta al Gobierno de Colombia a adoptar medidas urgentes y eficaces para garantizar la protección jurídica y física de los afectados. Además, exhorta al Gobierno de Colombia a continuar sus esfuerzos para combatir efectivamente a los grupos paramilitares y adoptar medidas concretas para desmantelar esos grupos, mediante la detención, el procesamiento y la sanción de quienes participan en esas actividades. La Unión Europea también deplora enérgicamente la persistencia de la impunidad en Colombia, en particular, en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, un obstáculo fundamental para la observancia y aplicación de los derechos humanos en el país.

En la actualidad, la violencia ha alcanzado un nivel tal que las partes afectadas no deben escatimar esfuerzos para hacer disminuir la escalada de violencia. Instó al Gobierno de Colombia y a los interlocutores sociales a cooperar constructivamente para tratar de encontrar toda medida posible para solucionar el problema de la violencia de que son objeto los sindicalistas. Además, estima que la OIT debe y debería desempeñar un papel más dinámico y de apoyo, prestando asistencia al Gobierno de Colombia y a los interlocutores sociales en sus esfuerzos encaminados a elaborar mecanismos de protección, hallar soluciones y, al mismo tiempo, efectuar un seguimiento de la situación. Habida cuenta de que el caso de Colombia está inscrito en el orden del día de la reunión del Consejo de Administración que ha de celebrarse con posterioridad a la Conferencia, y que en esa ocasión se examinará el informe del representante especial del Director General para la cooperación con Colombia, la Unión Europea abordará los aspectos operativos del caso en ese contexto. Por último, subrayó que, a largo plazo, la única solución sostenible de la situación es la paz. Por consiguiente, la Unión Europea acoge con beneplácito y respalda toda medida positiva que se adopte en apoyo del proceso de paz.

El miembro empleador de Panamá declaró que la violencia cotidiana en Colombia, a todas luces sin razón, repugna e inquieta a todos, y es esta vergüenza humana lo que mueve las acciones para ponerle fin. Sus víctimas son, en su gran mayoría, gente de humilde extracción cuyas identidades no encuentran espacios en las planas de la prensa internacional. Pero la sangre derramada en el campo abierto, en las calles y avenidas, en hogares y recintos públicos clama justicia. Esta violencia tiene profunda raigambre en la historia colombiana. Las guerras civiles en este país han aflorado y esparcido sus semillas a lo largo y ancho de la nación durante más de siglo y medio. Mostró cierto escepticismo a que un párrafo especial en el informe de la Comisión de la Conferencia, una comisión de encuesta o la condena unánime de la Asamblea pudiera realmente poner un alto efectivo a la espiral de los delitos abominables. Considera que aún no contamos con una solución y que probablemente las paredes de la sala oirán impasibles nuevas versiones de la atrocidad humana en Colombia. Estimó que deben explorarse nuevas avenidas para despertar de esta pesadilla latinoamericana.

Propuso que se prestara asistencia a la reconstrucción de la institución de la justicia por ser la única que cimienta la confraternidad y la paz. Como medidas concretas destacó las de estrechar los lazos entre los interlocutores sociales y el diálogo conducente a la convivencia pacífica; reconocer y respetar las diferentes modalidades de la protesta social, sin perjuicio de terceros; promover el progreso en el proceso de paz, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y a la solución política al conflicto armado, y promover iniciativas en las áreas de legislación laboral, las negociaciones colectivas, la definición de los servicios públicos esenciales y el desarrollo de los recursos humanos. De esta forma se contribuirá a devolver la esperanza a los colombianos, a construir y a tener fe en un nuevo organismo de justicia que brinde un foro seguro y confiado donde disminuir sus conflictos. Añadió que la denuncia de una convención colectiva de trabajo no constituye una violación a la libertad sindical sino que es expresión de la voluntad de renegociar lo concluido por resultar inadecuado. Esto forma parte del derecho a negociar las condiciones de trabajo que los interlocutores consideran más apropiadas para el desarrollo de su colaboración.

La miembro gubernamental de México mostró profunda preocupación por el grado de violencia en Colombia que ha venido afectando la vida de numerosos sindicalistas y de otros sectores de la población, incluso de funcionarios de Estado, líderes religiosos y miembros del grupo empresarial. Constató que el Gobierno de Colombia ha venido realizando enormes esfuerzos para garantizar la seguridad de los trabajadores sindicalistas, a pesar de las dificultades que enfrenta para ello. Instó a la OIT a mantener y fortalecer su cooperación con el Gobierno colombiano a fin de que se puedan superar las situaciones de violencia que afectan al mundo del trabajo.

Otra miembro gubernamental de Colombia expresó que sentía una obligación de manifestarse en este foro, porque como colombiana lamentaba terriblemente la dolorosa situación en la que se encuentra su país. Señaló que nadie puede imaginar la situación que viven los colombianos y que no se es consciente de la gravedad de la situación. Observó que la vida e integridad física de las personas que luchan en defensa de los derechos humanos, sindicalistas, empresarios, jueces, y cualquier otra persona que interviene en el proceso de reconstrucción del país, y sus familiares, se ven constantemente amenazadas. Señaló que sólo aquellas personas que vivían diariamente en esta realidad podían calificar la situación como de verdadero "infierno". Quiso reiterar que no todas las personas en Colombia carecían de cualidades y características positivas y constructivas y que contaban con jóvenes esperanzados en la paz. Solicitó un apoyo eficiente y cierto para reconstruir su país.

El representante gubernamental de Colombia tomó nota con atención de las declaraciones de los trabajadores, de los empleadores y de los representantes gubernamentales. Señaló que en representación del Gobierno de Colombia se encontraban además de él mismo tres magistrados de las Altas Cortes de Colombia y seis miembros de la Comisión Séptima de la Cámara sobre temas laborales del Congreso de la República. Consideró que cada una de las declaraciones realizadas tiene por objeto la solución del conflicto colombiano así como el fin de la impunidad. Señaló que la Constitución nacional estableció la división de poderes y manifestó su esperanza de que la presencia de los jueces permitirá por lo tanto una reflexión más a fondo de las cuestiones planteadas.

Manifestó que no quería rebatir ninguna de las declaraciones realizadas. Invitó también a los trabajadores y empleadores a sentarse con el Gobierno para analizar cada una de las declaraciones y observaciones realizadas en el seno de la Comisión de la Conferencia. Señaló que cada uno de los sectores involucrados debe asumir el compromiso de solucionar el conflicto en la medida y el alcance de sus medios para que se fortalezca el diálogo social y la concertación. Reafirmó que seguirá actuando en el marco de la Constitución nacional y de los convenios de la OIT. Señaló, sin embargo, que hay cuestiones que dependen de otras instancias del Estado y de la voluntad política de establecer el diálogo entre los empleadores y los trabajadores. Consideró que los magistrados y parlamentarios colombianos deberían acudir también a la reunión antes mencionada.

El representante gubernamental manifestó estar dispuesto a aceptar todas las iniciativas de la Comisión que puedan ayudar a resolver los diversos problemas del país, incluida la violencia contra los sindicalistas así como la impunidad. Señaló que no forma parte de la política del Gobierno la persecución de los sindicalistas y de los que luchan por los derechos humanos. Pero eso no significa que el Estado niegue la posible participación de funcionarios públicos en hechos delictivos que están relacionados con actividades paramilitares, narcotráfico y corrupción. Tampoco negó que haya otros sectores involucrados en este tipo de actividades delictivas. De esta manea, se comprobó en la investigación del atentado del Sr. Wilson Borja que los responsables formaban parte de las fuerzas armadas. Señaló que los mismos fueron retirados de sus funciones. Agregó que era del interés del Presidente de la República que todas las personas involucradas en los hechos delictivos mencionados sean retiradas del servicio público y que también se apliquen medidas similares en todos los sectores de la sociedad colombiana. Reiteró la total disposición de su Gobierno a analizar las diversas iniciativas que permitan avanzar en el camino para poner fin a tanta violencia en el país.

Respecto de la ley del Congreso que fuera calificada como una ley que estimulará medidas represivas y que implicará un retorno a políticas de seguridad adoptadas en el pasado, señaló que la misma no provenía de una iniciativa gubernamental, sino que era de origen parlamentario y que dudaba de la constitucionalidad de la misma. Consideró que el camino de la paz no pasa por el camino militar ni por las opciones de guerra. El camino de la paz pasa por las opciones de paz. Expresó su esperanza en que la Corte Constitucional demuestre que dicha ley va contra los principios fundamentales de la Constitución Política Nacional.

Lamentó encontrarse en esta Comisión en su calidad de Ministro de Trabajo para analizar una cuestión tan dolorosa en la cual también muchos miembros del Gobierno son objeto de la violencia de los grupos paramilitares que consideran que el Presidente así como el Alto Comisionado para la Paz son aliados de la guerrilla debido a las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en la búsqueda permanente de la paz. Manifestó que hubiera preferido estar en esta Comisión tratando las mismas cuestiones que afectan a otros países desarrollados como los que están presentes en ella. Pero no elude su responsabilidad. Intenta buscar un camino, una solución para poner fin a esta situación. Cree que todos los sectores deben unirse para reconstruir el país. Recordó que en 1991 hubo un ejemplo de ello en la comisión constitucional. Allí todos los sectores dejaron de lado los conflictos que los oponían y obtuvieron una nueva Constitución para el país.

Pidió toda la colaboración y presencia de la OIT y de la comunidad internacional para lograr la paz, especialmente ayuda política. Recordó que ya en 1980, en calidad de sindicalista, había alertado sobre la persecución llevada a cabo en el país contra los trabajadores que defendían sus derechos. Consideró que muchas veces, por razones ideológicas, no se prestó atención a su advertencia. Esto llevó a que en la situación actual se corre el riesgo de asistir al derrumbamiento del Estado si no hay un acuerdo entre los sectores. Reiteró que todas las medidas son posibles para la institucionalización de la democracia, para que esta situación no se viva más en el futuro. Señaló que estos crímenes son una vergüenza para la humanidad y reiteró que los sindicalistas siempre han contado con su apoyo, y los empleadores con un ministro atento a la protección de los trabajadores.

Los miembros trabajadores, considerando que su declaración y la de los diferentes intervinientes ha sido clara en su propósito y haciendo frente a la trágica situación de Colombia, desearon que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia rinda homenaje a todos sus camaradas asesinados mediante la observancia de un minuto de silencio.

La Comisión observó un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de la violencia en Colombia.

Los miembros trabajadores agradecieron a la Comisión y solicitaron que las conclusiones del caso sean incluidas en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Los miembros empleadores notaron que las discusiones habían sido bastante emocionantes, lo cual se justifica por la gravedad de la situación en el país. Sin embargo, no se había dado prioridad a los temas relacionados con la legislación laboral, ya que las razones que justifican la situación existente en el país no se encuentran en la situación de la legislación nacional, sino en el clima de violencia, tal y como lo muestra el número de víctimas que lamenta el país. Concluyeron, por ello, que es escasa la contribución que puede aportar la OIT y que los problemas tienen que resolverlos los propios colombianos, especialmente porque no es competencia de la OIT intervenir en los mismos. Sin embargo, la Comisión debía expresar su profunda preocupación en sus conclusiones y se tenían que tener en cuenta las peticiones de los miembros trabajadores. A pesar de que la contribución de la Comisión y la OIT a la solución de la situación naturalmente es escasa, constituye, sin embargo un importante signo. En conclusión, apoyaron la propuesta de los miembros trabajadores tendiente a incluir las conclusiones de la Comisión sobre este caso en un párrafo especial.

La Comisión tomó nota de las informaciones orales comunicadas por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación. En sus anteriores conclusiones, la Comisión había observado con gran preocupación que las importantes y permanentes discrepancias entre la legislación y la práctica y las disposiciones del Convenio habían dado lugar a varias quejas ante el Comité de Libertad Sindical y a una queja presentada por cierto número de delegados trabajadores a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1998, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT en lo que respecta a la no observancia del Convenio núm. 87.

La Comisión observó que la Comisión de Expertos se había referido con profunda preocupación al clima de violencia existente en el país y al número de asesinatos, secuestros, amenazas de muerte y otros atentados violentos contra sindicalistas que no tenía precedentes en la historia. La Comisión condenó con firmeza los asesinatos y actos de violencia contra dirigentes sindicales, sindicalistas, así como el secuestro de empleadores, pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno para protegerlos. La Comisión tomó nota de las informaciones relativas al desarrollo del plan de paz y espera que se promoverán progresos en este proceso, en particular en lo que respecta al respeto del derecho internacional humanitario y a la búsqueda de soluciones políticas negociadas del conflicto interno. La Comisión, que había discutido este caso en numerosas ocasiones en el pasado, constató que la Comisión de Expertos había tomado nota de progresos significativos en la aplicación del Convenio en relación con la mayor parte de las disposiciones legislativas a las que se había referido la Comisión de Expertos. La Comisión constató también que el Gobierno se comprometió a promover iniciativas en relación con las otras disposiciones comentadas por la Comisión de Expertos. La Comisión consideró que el fortalecimiento del diálogo social entre los interlocutores sociales podrá ser el medio privilegiado para llevar a cabo esta actividad.

La Comisión tomó nota con preocupación de que continuaban presentándose a la OIT numerosas quejas relativas a actos de violencia y de discriminación contra sindicalistas. La Comisión recordó que el pleno respeto de las libertades civiles era esencial para la aplicación del Convenio. La Comisión subrayó que el clima de impunidad en el país constituye un serio peligro para el ejercicio de la libertad sindical. Urgió, asimismo, al Gobierno a que tomara nuevas medidas a fin de poner la legislación y la práctica en plena conformidad con el Convenio en una fecha cercana. Expresó la firme esperanza de que el Gobierno enviara una memoria detallada a la próxima reunión de la Comisión de Expertos que diera cuenta de mayores progresos en la legislación y en la práctica para garantizar la aplicación de este Convenio, y recordó que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en el marco de este proceso. La Comisión expresó la firme esperanza de estar en condiciones de tomar nota en su próxima reunión de progresos definitivos en la situación sindical del país. A este respecto, la Comisión tomó nota de que la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT está pendiente ante el Consejo de Administración. La Comisión expresó la esperanza de que el Consejo de Administración tomará en su próxima reunión las medias apropiadas, eficaces y necesarias para dar curso a dicha queja.

La Comisión decidió que sus conclusiones figurarán en un párrafo especial de su Informe.