Interim Report - Report No 329, November 2002

Case No 1787 (Colombia) - Complaint date: 28-JUN-94 - Follow-up

1. 357. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de junio de 2002 [véase 328.º informe, párrafos 84 a 124]. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió nuevos alegatos por comunicaciones de fechas 26 de abril, 8 de mayo, 6 y 13 de junio, 4 y 10 de julio, 6 y 29 de agosto y 30 de septiembre de 2002, la Federación Sindical Mundial, por comunicaciones de fechas 17 de abril, 8 y 14 de mayo, 26 de junio, 1.º y 18 de julio, 7, 19 y 23 de agosto de 2002, el Sindicato por Rama de la Actividad Económica de los Servicios Públicos (SINTRAEMCALI) por comunicación de fecha 12 de junio de 2002.
2. 358. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 6 de junio, 18 de julio y 13 de septiembre de 2002.
3. 359. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 360. En su reunión de junio de 2002, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que quedaron pendientes y que se refieren principalmente a actos de violencia contra sindicalistas y actos de discriminación antisindical [véase 328.° informe, párrafo 124]:
   • a) el Comité expresa su profunda preocupación ante el agravamiento de la situación de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y subraya que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona;
   • b) el Comité pide al Gobierno que continúe enviando sus observaciones sobre los avances en las investigaciones ya iniciadas y que tome medidas para que sin demora se inicien las investigaciones correspondientes a los demás asesinatos, secuestros, desapariciones, atentados y amenazas mencionados en el anexo I, así como los mencionados en la sección «nuevos alegatos» del presente informe;
   • c) el Comité pide a los querellantes que formulen comentarios sobre las declaraciones del Gobierno sobre la no afiliación sindical de ciertas personas asesinadas y, en su caso, faciliten mayores informaciones;
   • d) el Comité pide una vez más y en los términos más enérgicos al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y para que se sancione a todos los responsables de los innumerables actos de violencia y para que se obtengan resultados comprobables en el desmantelamiento de grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios;
   • e) el Comité pide al Gobierno que informe sobre el programa de protección establecido para el año 2002 y expresa la firme esperanza que dicha protección se extenderá a todos aquellos trabajadores afiliados y dirigentes de sindicatos que se hallen amenazados en su seguridad personal, incluidos los afiliados a ASODEFENSA;
   • f) el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para realizar una evaluación no restrictiva del riesgo que corren los sindicalistas amenazados y para que se dispongan las medidas de protección adecuadas;
   • g) el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que se envíe una nueva lista consolidada elaborada por la Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas, correspondiente al período 1991-2002;
   • h) el Comité recuerda una vez más que sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones — por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. Dichas informaciones deberían referirse también a aquellas regiones en las que los hechos de violencia ocurren con mayor frecuencia, como en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y la Municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja. El Comité pide asimismo al Gobierno que envíe toda la información de que dispone y que permitiría luchar mejor contra la impunidad y examinar las causas de los actos de violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. El Comité recuerda una vez más al Gobierno su responsabilidad en la protección de los trabajadores contra los actos de violencia y por ende en una correcta evaluación tanto fáctica como analítica de cada uno de los crímenes cometidos. El Comité sugiere una vez más a los querellantes y al Gobierno que recurran a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación.

B. Nuevos alegatos

• Asesinatos
  1. 1) Luis Miguel Rubio Espinel, afiliado a la Asociación Sindical de Institutores del Norte de Santander, ASINORTH, el 15 de julio de 2001;
  2. 2) Carmenza Pungo, afiliada a ANTHOC, el 2 de septiembre de 2001, a orillas del río Piedra;
  3. 3) Sandra Liliana Quintero, afiliada a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la Salud de la Comunidad ANTHOC-CUT, el 16 de marzo de 2002, en el departamento de Cundinamarca;
  4. 4) Gustavo Oyuela Rodríguez, afiliado al Sindicato de Magisterio de Nariño SIMANA FECODE, el 19 de marzo de 2002, en el departamento de Nariño;
  5. 5) Efraín Urrea Marín, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, clínicas, consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad ANTHOC-CUT, el 21 de marzo de 2002, en el municipio de San Carlos;
  6. 6) María Nubia Castro, afiliada a ANTHOC-CUT, el 21 de marzo de 2002, en el municipio de San Carlos;
  7. 7) Eddy Socorro Leal Barrera, afiliado a la Asociación de Institutores del Norte de Santander, ASINORTH, el 31 de marzo de 2002, en el municipio de Salazar;
  8. 8) Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba, secuestrada el 4 de abril de 2002, en el municipio de Yondo;
  9. 9) Heliodoro Sierra, afiliado al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Quindío, SUTEQ, el 7 de abril de 2002, en el departamento del Quindío;
  10. 10) Freddy Armando Girón Burbano, activista de la Asociación de Institutores del Cauca (ASOINCA-CUT), el 7 de abril de 2002;
  11. 11) Diofanol Sierra Vargas, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINTRAINAL-CUT), el 8 de abril de 2002, en Barrancabermeja;
  12. 12) Jhon Jairo Durán, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL JUDICIAL-CUT, el 13 de abril de 2002, en el municipio de Nariño por guerrilleros;
  13. 13) Tito Libio Hernández Ordóñez, presidente de la Subdirectiva Pasto del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), el 16 de abril de 2002, en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño;
  14. 14) Javier de Jesús Restrepo afiliado a ASONAL JUDICIAL-CUT, el 16 de abril de 2002, en el municipio de Puerto Rico, departamento de Florencia;
  15. 15) Said Ballona Gutiérrez, afiliado a la Asociación Sindical de Institutores del Norte de Santander, ASINORT, el 18 de abril de 2002, en el municipio de Tarra, departamento del norte de Santander;
  16. 16) Jhon Fredy Marín, Presidente de la Seccional Curillo de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas y Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad, ANTHOC, el 18 de abril de 2002, en el municipio de Curillo, departamento de Arauca;
  17. 17) Agustín Colmenares, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002;
  18. 18) Alberto Martínez, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002;
  19. 19) Juan Sepúlveda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002;
  20. 20) Albeiro Ledesma; dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002;
  21. 21) José Hurtado, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002;
  22. 22) Enrique Suárez, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002;
  23. 23) Luis Enrique Guisa, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002;
  24. 24) Ricardo Eliécer Ruiz, presidente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Bello, el 3 de mayo de 2002;
  25. 25) Edilberto Arango Isaza, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la Salud de la Comunidad, ANTHOC-CUT, el 3 de mayo de 2002, en el departamento de Antioquia;
  26. 26) Froilán Hilario Peláez Zapata, miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, el 6 de mayo de 2002, en el departamento de Antioquia;
  27. 27) Jairo Ramos, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL-CUT), el 1.º de junio de 2001;
  28. 28) Adalberto Tukamoto Palomino, activista de SINTRAELECOL-CUT, el 1.º de junio de 2002, en el departamento del Meta;
  29. 29) Isaías Gómez Jaramillo, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA-CUT, el 1.º de junio de 2002, en el departamento del Meta;
  30. 30) Hernán de Jesús Ortiz, miembro de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y dirigente de la Federación de Educadores de Colombia (FECODE), el 4 de junio de 2002;
  31. 31) Eduardo Vasques Jiménez, afiliado a ADIDA-CUT, el 4 de junio de 2002, en el departamento de Magdalena;
  32. 32) Jhon Jairo Alvarez Cardona, miembro de la Junta Directiva Nacional de SINTRATEXTIL-CUT, el 5 de junio de 2002, en el municipio de Rionegro;
  33. 33) César Blanco, dirigente de la USO Seccional Bucaramanga, en junio de 2002, en la ciudad de Bucaramanga;
  34. 34) Carlos Julio Gómez, dirigente de la Asociación Municipal de la Junta de Acción Comunal de La Plata, el 12 de Junio, en el municipio de La Plata;
  35. 35) Luis Enrique Coiran, presidente de ANTHOC, subdirectiva Tame, el 19 de junio de 2002, en el municipio de Tame;
  36. 36) Helio Rodríguez Ruiz, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y Similares, HOCAR-CUT, el 20 de junio de 2002, en Barrancabermeja;
  37. 37) Manuel Antonio Fuertes Arévalo, ex vicepresidente de la Subdirectiva Tuquerres de SINTRAELECOL-CUT, el 29 de junio de 2002, en el departamento de Nariño;
  38. 38) José González Barros activista del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Sabanagrande (SINTRAOPUSA-CUT), el 2 de julio de 2002, en el municipio de Sabanagrande;
  39. 39) Roberto Rojas Pinzón, afiliado de ANTHOC-CUT, el 26 de julio de 2002, en el departamento de Arauca;
  40. 40) Wilfredo Camargo Aroca, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 31 de julio de 2002, en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander;
  41. 41) Rodrigo Gamboa Coy, presidente de la Subdirectiva del César del Sindicato de Trabajadores del Incora (SINTRADIN-CUT), el 31 de julio de 2002, en la ciudad de Valledupar en el departamento del César;
  42. 42) Felipe Santiago Mendoza, afiliado a la USO, el 15 de agosto de 2002, en el departamento de Santander;
  43. 43) Amparo Figueroa, afiliada a ANTHOC-CUT, el 15 de agosto de 2002, en el departamento del Cauca;
  44. 44) Francisco Méndez Díaz, afiliado a la Asociación de Educadores de Sucre ADES?FECODE-CUT, el 15 de agosto de 2002, en el departamento de Sucre;
  45. 45) Blanca Ludivia Hernández, vicepresidente del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SINDES), apareció muerta el 15 de agosto de 2002, luego de haber sido secuestrada la semana anterior en el departamento del Quindío.
• Actos de violencia
  1. 1) José Antonio González Luna, Director del departamento de Derechos Humanos de la CIOSL, el 1º de mayo de 2002, fue agredido brutalmente por fuerzas de seguridad;
  2. 2) Henry Alberto Mosquera, del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, en iguales circunstancias que el anterior;
  3. 3) Ricardo Valbuena, del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, en iguales circunstancias que el anterior.
• Secuestros y desapariciones
  1. 1) José Ernesto Ricaurte, afiliado a ANTHOC-CUT, desapareció el 26 de septiembre de 2001;
  2. 2) Jairo Domínguez, afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción SUTIMAC-CUT, el 3 de julio de 2002;
  3. 3) Arturo Escalante Moros afiliado a la Unión Sindical Obrera, USO, el 27 de septiembre de 2001;
  4. 4) Arturo Vázquez Galeano, activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados del departamento de Antioquia, el 5 de abril de 2002;
  5. 5) Miguel Angel Rendón Graciano, vicepresidente de la Subdirectiva Chocó del Sindicato de Empleados Públicos del Sena, el 6 de abril de 2002, en el departamento de Chocó;
  6. 6) intento de secuestro de la hija de William Mendoza, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL, frustrado gracias a la intervención de la policía;
  7. 7) Alberto Herrera, Pedro Barrios, Eleazar Becerra y Salvador Vasquez, afiliados a SINTRAELECOL-CUT, el 4 de julio de 2002, en el municipio de Fundación, departamento de Magdalena;
  8. 8) Jorge Amiro Genecco Martínez, afiliado a ANTHOC-CUT, el 9 de julio de 2002, en Bogotá, departamento de Cundinamarca;
  9. 9) Gonzalo Ramírez Triana, activista de la USO, el 30 de julio de 2002, en el departamento de Cundinamarca;
  10. 10) Alonso Pamplona, antiguo miembro del Comité de Reclamos de la UDO, fue secuestrado el 31 de julio de 2002 y liberado el 1.º de agosto de 2002, herido por cuatro impactos de bala, en el departamento de Santander;
  11. 11) El 20 de agosto de 2002 fueron secuestradas 27 personas en el departamento del Chocó, entre los que se encuentran varios jubilados y trabajadores del Sindicato del municipio de Cali; Flower Enrique Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cali (SINTRAMUNICIPIO), María del Carmen Rendón, Jair Rendón, Antonio Bejarano, Henry Salcedo, Diego Valencia, Carlos Salinas, Beatriz Orozco, Soledad Fals, Elécer Ortiz, Jaime Sánchez Ballén, Pedro Potosí, Oscar Ivan Hernández, Gerardo Machado, Néstor Naráez, Libaniel Arciniegas, todos afiliados al sindicato.
• Atentados
  1. 1) Hebert Cuadros, afiliado al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEV, el 16 de noviembre de 2001;
  2. 2) Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, coordinador del departamento de Derechos Humanos del Sindicato Nacional de Chóferes de Colombia (SINDINALCH-CGTD), el 3 de enero de 2002;
  3. 3) Sigilfredo Grueso, activista del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 10 de enero de 2002;
  4. 4) Gaspar Guzmán, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), el 16 de abril de 2002;
  5. 5) Rubén Castro Quintana, Presidente de la Subdirectiva Bolívar de SINTRAELECOL;
  6. 6) Carlos Hernán Sánchez Díaz, del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, fue objeto de un atentado, el 3 de mayo de 2002, en el municipio de Yumbo;
  7. 7) Antonio Zamanete, miembro del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, fue objeto de un atentado, el 3 de mayo de 2002, en el municipio de Yumbo;
  8. 8) la sede nacional del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), el 8 de julio de 2002, en la ciudad de Bogotá;
  9. 9) Omar Romero Díaz, afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción, SUTIMAC-CUT, el 13 de agosto de 2002, en la ciudad de Cali.
• Amenazas
  1. 1) Contra los dirigentes sindicales de Yumbo;
  2. 2) Hernando Hernández Pardo;
  3. 3) Domingo Tovar Arrieta, director del departamento de Organización y Defensor de Derechos Humanos de la CUT;
  4. 4) Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Institutores del Cauca, ASOINCA;
  5. 5) Patricia Pinzón, presidente de la Seccional Cauca de ANTHOC;
  6. 6) Mario de Jesús Castañeda, presidente de la Subdirectiva CUT-HUILA;
  7. 7) Oscar Sánchez, secretario general de la Subdirectiva CUT Cauca;
  8. 8) Hermes Ortiz, presidente de ANTHOC, municipal;
  9. 9) Francisco Bolaños, integrante del Comité de Huelga del Hospital San José;
  10. 10) Jorge Muñoz, directivo de la Junta de ANTHOC, departamental;
  11. 11) la sede de SINTRAEMCALI;
  12. 12) la sede de SINTRAHOINCOL;
  13. 13) la sede de SINTRAOFAN.
  361. 361 En su reciente comunicación de fecha 30 de septiembre de 2002, la CIOSL informa que el 16 de septiembre de 2002 las organizaciones campesinas del país con apoyo de las organizaciones sindicales, de derechos humanos y otros sectores organizados se movilizaron haciendo uso del derecho de manifestación pacífica consagrado en la Constitución. El paro fue estigmatizado por miembros del Gobierno que prohibieron las marchas obreras durante ese día debido a las sospechas de infiltraciones de la guerrilla. Estas declaraciones pusieron en peligro inminente las vidas de los dirigentes sociales y sindicales. A raíz de tales declaraciones la organización querellante señala que se han recibido una serie de amenazas de muerte de parte de los paramilitares. Por otro lado, el 7 de septiembre los paramilitares del comando conjunto de Calima declararon objetivo militar a los líderes de la movilización social de sur occidente colombiano y amenazaron a las comunidades que participaran en la jornada con ser declaradas objetivo militar. Añade la organización querellante que miembros de la policía y del ejército nacional atracaron de manera violenta y arrestaron a numerosas persona que participaban en la organización de los eventos del 16 de septiembre. De este modo entre el 12 y el 20 de septiembre fueron detenidos los siguientes dirigentes sindicales: Raúl Herrera, dirigente sindical de la región SUMAPAZ, Rubén Robles, Secretario general del Sindicato departamental de Agricultores de Sucre y dirigente de FENSUAGRO, Ana María Andera Ablanedo y Daniel Bustos Gutiérrez, delegados internacionales de la ONG española SOLDEPAZ PACHAKUTTI, Mauricio Rubiano, secretario de Derechos Humanos del Departamento de la Juventud de la CUT (que fue dejado en libertad luego de sufrir malos tratos), María Isabel Lenis, defensora Delegada Regional de la Seccional Valle del Cauca, Otoniel Ramírez, Presidente de la Subdirectiva CUT del Valle del Cauca, Berenice Celeita, Presidente de NOMADESC, organización de derechos humanos, Oscar Figueroa y Angel Tovar, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI).

C. Nueva respuesta del Gobierno

1. 362. En sus comunicaciones de fechas 6 de junio, 18 de julio y 13 de septiembre de 2002, el Gobierno comparte la afirmación según al cual «la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona», y subraya que no sólo la libertad sindical se ve afectada, sino el trabajo y la actividad productiva propiamente dicha. La difícil situación de violencia que padece la nación colombiana (persecución, homicidios, secuestros, desapariciones y desplazamientos perpetrados por grupos ilegales guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común organizada), jamás ha sido desconocida por el Gobierno como un hecho profundamente perturbador de las libertades fundamentales, y en modo alguno se trata de una situación particular contra los sindicalistas. En efecto, la degradación del conflicto armado en Colombia, tal como fuera expuesto anteriormente, afecta a todos los sectores y estratos de la sociedad colombiana: afecta por igual a empresarios y trabajadores, a líderes sociales y políticos, a laicos y religiosos, particulares y servidores públicos.
2. 363. Atendiendo a lo anterior, resulta forzoso concluir que en Colombia lo que existe es un grave conflicto de orden público, que afecta profundamente la convivencia ciudadana y la coexistencia pacifica, que en modo alguno es el resultado de la negligencia del Gobierno sino de una situación que lleva más de cuarenta años y que en virtud de los últimos acontecimientos (rompimiento del proceso de paz con la FARC y el ELN y mayor escalamiento del conflicto) en vez de mejorar, empeora.
3. 364. El Gobierno entiende que la mejor decisión del Estado frente a la situación de violencia proveniente del conflicto armado, es la paz. Consecuente con ello, decretó la zona de distensión o despeje para adelantar las conversaciones con los jefes guerrilleros de las FARC, constituyó su equipo de negociadores, solicitó el acompañamiento de la comunidad internacional, y adelantó paralelo a ello conversaciones tanto en Colombia como en el exterior, con el otro grupo guerrillero (ELN). A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, las conversaciones se rompieron tanto con las FARC como con el ELN en el primer semestre del año 2002.
4. 365. Por otro lado, en el estricto ámbito del derecho de asociación sindical el Gobierno señala que la promoción y respeto del sindicalismo como institución básica de la sociedad ha sido y es una pauta de su comportamiento. Con la ley núm. 584 del año 2000, se hizo una importante reforma de derecho laboral colectivo, adaptándolo a lo prescrito en los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154 de la OIT. Mediante las sentencias C-797/00, C?567/00, C-201/02 y T-568/99 de la Corte Constitucional Colombiana, se declaró la inexequibilidad de varias disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que autorizaban la intervención del Gobierno en asuntos internos de los sindicatos. Del mismo modo, el derecho a la protesta social también es objeto de protección: en los últimos dos años ninguna huelga ha sido declarada ilegal. Por su parte, el diálogo y la concertación social forman parte de la política de Gobierno que ha llevado a la firma de centenares de convenciones colectivas (200 en los últimos 12 meses) o en su defecto convocar tribunales de arbitramiento a solicitud de las organizaciones sindicales.
5. 366. La situación de violaciones a las libertades fundamentales de los sindicalistas ha ido de la mano con la degradación del conflicto armado, toda vez que, actores armados ilegales (grupos paramilitares y de guerrillas) son los principales responsables de tales crímenes. El Gobierno añade que al tiempo que ha llamado insistentemente a respetar la organización sindical como parte de la sociedad civil colombiana, ha fortalecido los programas de protección a cargo del Ministerio del Interior. La preocupación por la cantidad de líderes sindicales, miembros de ONG y periodistas en alto riesgo ha conducido a incrementar de manera significativa el presupuesto del Programa de Protección, que pasó de $3.440.802.000 en 1999 a $27.542.000.000 para el año 2002. Dicho fortalecimiento presupuestal del Programa ha permitido atender el aumento en la demanda de solicitudes, la cual se reflejó en el número de beneficiarios atendidos por el Programa, pasando en 1999 de 177 protegidos a 880 en el año 2000 y a 2.354 en el año 2001, es decir, que entre 1999 y 2001 el incremento fue de 1.229 por ciento y entre el año 2001 y el 2002 será de 6,2 por ciento con un aumento a 2.500 protegidos.
6. 367. La protección consiste en un paquete de medidas blandas y duras. Entre las medidas blandas están: ayuda humanitaria equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales hasta por seis meses; medios de comunicación como teléfonos celulares, satelitales; apoyo de mudanza; billetes aéreos nacionales e internacionales; apoyo para gastos de transporte terrestre y fluvial, y curso de autoprotección y seguridad. Entre las medidas duras de protección están: blindaje de sedes, vehículos, escoltas, medios de comunicación y armamento.
7. 368. Sobre la protección a líderes de la Unión Sindical Obrera, USO, el Ministerio del Interior, ECOPETROL y el DAS, suscribieron el 21 de marzo de 2002 un convenio interadministrativo con FONADE por un año y por un valor de 2.900 millones de pesos, el cual es susceptible de adición y prórroga. Dicho convenio comprende la implementación de quince (15) esquemas protectivos que se discriminan a continuación: para los miembros de la Junta Directiva Nacional un esquema colectivo y uno individual para los Sres. Hernando Hernández, Hernando Meneses, Gabriel Alvis y Jorge Gamboa; para Daniel Rico Serpa; para Julio Carrascal de la Subdirectiva de Bolívar; un (1) esquema colectivo para la Subdirectiva de Bogotá; tres (3) esquemas protectivos para las Subdirectivas con sede en Barrancabermeja; un sistema protectivo colectivo para USO?Puerto Salgar; un (1) esquema protectivo colectivo para Orito y un (1) esquema protectivo colectivo para Apiay. Todos estos esquemas de protección se están implementando actualmente.
8. 369. Por otro lado, el Gobierno señala en cuanto a la evaluación al Programa de Protección recomendada en el informe núm. 328 literal h), que el Ministerio del Interior, con la cooperación de la OIT y la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya viene realizando tal evaluación y una vez que se conozcan sus resultados se informará al Comité.
9. 370. En lo que respecta a la justicia el Gobierno colombiano reconoce la critica situación de impunidad frente a los crímenes contra dirigentes sindicales, pero advierte que dicha situación tampoco es una situación particular, sino más bien demostrativa de la fragilidad de la justicia colombiana. No obstante la Fiscalía General de la Nación viene adelantando múltiples esfuerzos para contrarrestar el accionar de las bandas de delincuencia organizada, lo que le ha originado graves problemas de seguridad y atentados contra la vida e integridad personal de fiscales y de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación. Por otra parte, el Estado colombiano recientemente ha dado un paso trascendental contra la impunidad de los crímenes cometidos contra la población civil por parte de los actores armados, y por supuesto contra los crímenes cometidos por los grupos paramilitares especialmente, al suscribir y ratificar el tratado que crea la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra.
10. 371. Del mismo modo el accionar de la Fuerza Pública Colombiana ha demostrado un mejoramiento en los golpes militares a los grupos ilegales de autodefensas, tal como lo demuestra el siguiente cuadro comparativo de resultados operacionales alcanzados durante los años 1999, 2000 y 2001, según informe suministrado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa:
11. 1999 2000 2001
    • Bajas 35 92 116
    • Capturas 286 312 992
    • Decomisos:
    • Armas 202 441 822
    • Munición 23.166 74.464 146.855
    • Equipos de comunicación 46 129 320
    • Vehículos 69 120 199
    • Embarcaciones 1 1 8
12. 372. El Gobierno envía a continuación un informe sobre los casos correspondientes a 2000, 2001 y 2002 sobre homicidios, secuestros, tentativas de homicidios y amenazas de sindicalistas pertenecientes al caso núm. 1787, con la actuación procesal vigente, en la investigación judicial respectiva:
    • Homicidios 2000-2002
13. 1) Arturo Alarcón. En el informe núm. 327, figura que el homicidio se produjo el 18 de enero del 2001, en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca y era afiliado de ASOINCA filial de FECODE. La ONG «Justicia y Paz» CINEP registra en la publicación «Noche y Niebla» correspondiente al primer trimestre del año 2001, respecto al homicidio de Arturo Alarcón Muñoz, lo siguiente: «ocho hombres armados que se movilizaban en cuatro motocicletas … asesinaron a tres personas … a Arturo quien era el profesor en … Mondomo …». Los hechos según dicha fuente ocurrieron en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Arturo Alarcón no figura en el documento «Listado de profesores asesinados. Año 2001», elaborado por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). La Fiscalía General de la Nación informó que «no se adelanta la investigación por estos hechos. La Subunidad hizo averiguaciones en la Fiscalía Seccional y Unidad Local del CTI de Piendamó, pero no se tiene información al respecto. Igualmente se requirió a la Registraduría, URI, con resultados negativos».
14. 2) Rafael Atencia Miranda. En el informe núm. 327 figura como sindicalista de la Unión Sindical Obrera (USO), cuyo homicidio se produjo el 18 de marzo de 2001, en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. En el «Cuadro de asesinatos, heridos y desaparecidos de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo» elaborado por la USO no aparece registrado el nombre del Sr. Rafael Atencia Miranda. Se encuentra bajo el radicado núm. 22675, en la Fiscalía General de la Nación. La investigación la adelanta la Fiscalía 9 Seccional Barrancabermeja y se encuentra actualmente en práctica de pruebas.
15. 3) Jairo Balvuena, homicidio ocurrido en el municipio de Buga, departamento de Valle, el 10 de octubre de 2001. Fiscal de la Seccional Buga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES). La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación se encuentra actualmente en práctica de pruebas en la Unidad de Derechos Humanos de Cali.
16. 4) Víctor Carrillo, figura en el informe núm. 327 como directivo de SINTRAELECOL, cuyo homicidio ocurrió en el municipio de Málaga, departamento de Santander, el 1.º de marzo del 2001 en un retén de los paramilitares. Su nombre no figura en la «Relación de asesinatos, persecuciones, desapariciones, detenciones, terrorismo psicológico y amenazas a los dirigentes y trabajadores del sector eléctrico afiliados a SINTRAELECOL», elaborado por la Junta Directiva Nacional de Sintraelecol. La Fiscalía General de la Nación informó que «la Subunidad Investigativa de Sindicalistas de Bucaramanga, ha oficiado a las respectivas registradurías, a fin de solicitar el registro de defunción de la víctima».
17. 5) Francisco Isaías Cifuentes, es registrado en el informe núm. 327, como afiliado de ASOINCA, filial de FECODE en Popayán. Su homicidio ocurrió el 26 de abril de 2001, en la ciudad de Popayán, departamento de Cauca. La ONG «Justicia y Paz» CINEP registra en la publicación «Noche y Niebla» correspondiente al segundo trimestre del año 2001, respecto al homicidio de Francisco Isaías Cifuentes, lo siguiente: «… era miembro de la Asociación de Institutores del Cauca, Asoinca, … Impulsó la creación de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS, Seccional Cauca …». En la «Lista de profesores asesinados. Año 2001» figura como «educador asesinado … en hechos sucedidos el día jueves en las horas de la noche» La Fiscalía General de la Nación informó «sin establecer hasta el momento los móviles determinantes de los hechos». La investigación la adelanta la Fiscalía 007 Especializada bajo el radicado núm. 32667.
18. 6) Saúl Alberto Colpas Castro, figura en el informe núm. 327 como presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del departamento del Atlántico (SINTRAGRICOLAS) y cuyo homicidio ocurrió en el departamento del Atlántico, el 13 de julio de 2001. Radicado bajo el núm. 103242. La Fiscalía General de la Nación informó que «en resolución de 10 de septiembre de 2001, se avoca conocimiento, decretándose la apertura de investigación previa y ordenado labores de inteligencia tendientes a la individualización de los autores del hecho».
19. 7) Julio César Díaz Quintero, es registrado en el informe núm. 327 como afiliado al Sindicato de Trabajadores del Instituto de los Seguros Sociales (SINTRAISS), cuyo homicidio ocurrió el 16 de febrero de 2001, en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. La investigación la adelanta la Fiscalía 6 Seccional de Barrancabermeja y se encuentra en práctica de pruebas. Radicado bajo el núm. 22276.
20. 8) Alfredo Florez, figura en el informe núm. 327 como afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Producción de Aceites y Derivados (SINTRAPROACEITES) indica que su homicidio ocurrió en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, el 11 de febrero de 2001. La Fiscalía General de la Nación informó que «la Subunidad Investigativa de Sindicalistas de Bucaramanga ha oficiado a las respectivas registradurías, a fin de solicitar el registro de defunción de la víctima».
21. 9) José Luis Guette Montero, homicidio ocurrido en la ciudad de Ciénaga, departamento de Magdalena, el 25 de enero de 2001. Presidente de la Seccional Magdalena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO). Según informe de la Policía Nacional «está detenido un supuesto paramilitar sindicado del asesinato de José Guette». Radicado bajo el núm. 21292. La Fiscalía General de la Nación informó que fue «vinculada una persona con medida de aseguramiento de detención preventiva. Se encuentra en recaudo de pruebas encaminadas al esclarecimiento del delito y de los autores o partícipes del hecho».
22. 10) Saulo Guzmán Cruz, es registrado en el informe núm. 327 como el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Aguachica y cuyo homicidio ocurrió el 11 de abril de 2001 en el municipio de Aguachica, departamento del César. La investigación la adelanta la Fiscalía 21 Seccional y se encuentra en práctica de pruebas. Radicado bajo el núm. 8422.
23. 11) Darío Hoyos Franco, homicidio ocurrido en el municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, el 3 de marzo de 2001. Miembro del Movimiento Sindical y Solidario con las Luchas Campesinas. Radicado bajo el núm. 10101. La Fiscalía General de la Nación informó que mediante resolución de 14 de marzo de 2001 se resuelve situación jurídica de los vinculados imponiéndoseles medida de aseguramiento de detención preventiva. Agrega en sus observaciones que «el occiso era representante para América Latina de la Federación Nacional de Mineros y miembro de SINTRAINAGRO de Urabá». Por su parte la Procuraduría General de la Nación informó que este homicidio está siendo investigado por la Agencia Especial núm. 5872 y fue constituida el 21 de mayo de 2001. Agente Especial: P.251 J.P.I.
24. 12) Cervando Lerma Guevara, figura en el informe núm. 327 como afiliado y destacado activista de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y señala que su homicidio ocurrió el 10 de octubre de 2001, en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. La investigación la adelanta la Fiscalía 008 Seccional de Barrancabermeja y se encuentra en práctica de pruebas bajo el radicado núm. 24701.
25. 13) Aury Sara Marruego, homicidio ocurrido en el Corregimiento de La Pava, departamento de Bolívar, el 5 de diciembre de 2001. Dirigente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). Radicado bajo el núm. 82425. La investigación se encuentra en práctica de pruebas, recepción de testimonios, etc. y la adelanta la Fiscalía Primera Especializada Delegada ante el Gaula.
26. 14) Nilson Martínez Peña, registrado en el informe núm. 327 como afiliado del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SINTRAPALMA) homicidio ocurrido el 12 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. SINTRAPALMA. La ONG «Justicia y Paz» CINEP registra en la publicación «Noche y Niebla» correspondiente al primer trimestre del año 2001, respecto al homicidio de Nilson Martínez, lo siguiente: «paramilitares ejecutaron a dos trabajadores de las empresas palmicultoras Monterrey y Bucarelia en el sitio Caño Murciélago. Raúl estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Palma Sintrapalma». Los trabajadores respondían a los nombres de Raúl Gil y Nilson Martínez, según el CINEP. La investigación la adelanta la Fiscalía 2 Seccional de Barrancabermeja y se encuentra en práctica de pruebas. Radicado bajo el núm. 22365.
27. 15) Aldo Mejía Martínez, figura en el informe núm. 327 como presidente de SINTRACUEMPONAL Seccional Codazzi, cuyo homicidio ocurrió en el municipio de Codazzi, departamento del César, el 3 de abril de 2001. La investigación se encuentra en práctica de pruebas en la Fiscalía 27 Seccional de Codazzi bajo el radicado núm. 281.
28. 16) Cándido Méndez, figura en el informe núm. 327 como afiliado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, Seccional La Loma, en el municipio de Chiriguaná, el 18 de febrero de 2001. Radicado bajo el núm. 6619. La investigación la adelanta la Fiscalía 22 Seccional Chiriguaná y se encuentra en práctica de pruebas.
29. 17) Doris Núñez Lozano, homicidio ocurrido el 16 de agosto de 2001, en el municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca. Doris pertenecía al Comité de Reclamos del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia SINTRAELECOL, Seccional Fusagasugá. La Fiscalía General de la Nación informó que mediante resolución de 18 de septiembre de 2001 se avocó conocimiento y se ordenaron algunas pruebas librándose misión de trabajo. Radicado bajo el núm. 54401.
30. 18) Pablo Antonio Padilla López, registrado en el informe núm. 327 como vicepresidente del Sindicato de la Producción de Aceites y Derivados (SINTRAPROACEITES) Seccional San Alberto, cuyo homicidio ocurrió en el municipio de San Alberto, departamento del César, el 16 de febrero de 2001, por paramilitares. Radicado bajo el núm. 134686. La investigación la adelanta la Fiscalía 4 Especializada y se encuentra en práctica de pruebas.
31. 19) Luis Alberto Pedraza Serrano, figura en el informe núm. 327 como afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) cuyo homicidio ocurrió el 24 de marzo de 2001, en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, por paramilitares. En el «Cuadro de asesinatos, heridos y desaparecidos de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo» elaborado por la USO, no figura el nombre del Sr. Luis Alberto Pedraza. La Fiscalía General de la Nación informa que queda «pendiente resolver situación jurídica de los vinculados. Una persona detenida y otra declarada persona ausente». Radicado bajo el núm. 1874.
32. 20) Samuel Segundo Peña Sanguino, registrado en el informe núm. 327 como afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (SINTRAMIENERGETICA) cuyo homicidio ocurrió, en el municipio de Soledad, departamento de Atlántico, el 11 de junio de 2001. Radicado bajo el núm. 23998. La investigación la adelanta la Fiscalía 4 Especializada y se encuentra en práctica de pruebas.
33. 21) Walter Dione Perea Díaz, homicidio ocurrido en el municipio de Copacabana, departamento de Antioquia, el 26 de enero de 2001. En la «Lista de profesores asesinados. Año 2001» figura como «… educador del Liceo San Luis Gonzaga, del municipio de Copacabana, departamento de Antioquia, asesinado el 26 de enero del 2001 en horas de la noche en su residencia». La Fiscalía General de la Nación informó que mediante resolución de 16 de julio de 2001 se ordena la práctica de algunas pruebas y diligencias judiciales. Radicado bajo el núm. 3436.
34. 22) Isabel Pérez Guzmán, figura en el informe núm. 327 como afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Registraduría del Estado Civil (SINTRAREGINAL), cuyo homicidio ocurrió el 8 de julio de 2001, en el departamento de Sucre. Radicado bajo el núm. 163301. La Fiscalía General de la Nación informó que se han recepcionado varios testimonios y se encuentran algunos retratos hablados de los posibles autores materiales.
35. 23) Jaime Sánchez, figura en el informe núm. 327 como afiliado de SINTRAELECOL, cuyo homicidio ocurrió el 20 de marzo de 2001 en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander. El nombre del Sr. Sánchez no figura en la «Relación de asesinatos, persecuciones, desapariciones, detenciones, terrorismo psicológico y amenazas a los dirigentes y trabajadores del sector eléctrico afiliados a SINTRAELECOL», elaborado por la Junta Directiva Nacional de Sintraelecol. La ONG «Justicia y Paz» CINEP registra en la publicación «Noche y Niebla» correspondiente al primer trimestre del año 2001, respecto al homicidio de Jaime Sánchez que: miembros de un grupo armado asesinaron de varios impactos de bala a dos trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander ESA, …». La investigación la adelanta la Fiscalía 8 Seccional de Barrancabermeja y se encuentra en práctica de pruebas. Radicado bajo el núm. 23082.
36. 24) Gustavo Soler, registrado en el informe núm. 327 como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (SINTRAMIENERGETICA) cuyo homicidio ocurrió el 6 de octubre de 2001, en la ciudad de Valledupar, departamento del César. La investigación se encuentra en práctica de pruebas y la adelanta el Fiscal 5 Especializado.
37. 25) Oscar Darío Soto Polo, figura en el informe núm. 327 como vicepresidente del Consejo Directivo de la Caja de Compensación de Córdoba (COMFACOL) cuyo homicidio ocurrió en la ciudad de Monteria, departamento de Córdoba, el 21 de junio de 2001. Radicado bajo el núm. 20421. La Fiscalía General de la Nación informó que se «recibió declaración de Luz Marina Lara Castro el 29 de junio de 2001».
38. 26) Juan Rodrigo Suárez Mira, homicidio ocurrido en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, el 21 de marzo de 2001. ADIDA. En la «Lista de profesores asesinados. Año 2001» elaborada por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) figura como: «… docente del Colegio Manrique del municipio de Medellín, asesinado el 21 de marzo de 2001 en la ciudad de Medellín». Radicado bajo el núm. 42.647. La investigación se encuentra en práctica de pruebas, se recepcionaron declaraciones y la adelanta el Fiscal 5.º Seccional de Bello.
39. 27) James Orlando Urbano Morales, en el informe núm. 327 figura como directivo del Sindicato de Trabajadores del Valle, filial de la CGTD, cuyo homicidio ocurrió en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca el 12 de julio de 2001. En documento enviado al despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de fecha 18 de septiembre de 2001, el Sr. James Urbano Morales figura como asesinado, sin afirmar su condición de afiliado o directivo de SINTRADEPARTAMENTO. Radicado bajo el núm. 88651. La investigación la adelanta la Fiscalía Seccional 103 de Jamundí y se encuentra en práctica de pruebas.
40. 28) Miguel Angel Vargas Zapata, homicidio ocurrido el 16 de mayo de 2001, en la ciudad de Valledupar, departamento de César. Presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, Seccional César, según documento suscrito por el Tesorero Nacional en la ciudad de Bogotá y fechado el 30 de mayo de 2001. La Fiscalía General de la Nación informó que al proceso fue «vinculada una persona, capturada y a disposición de la Fiscalía Primera Especializada». Radicado bajo el núm. 134565.
41. 29) Ana Rubiela Villada, figura en el informe núm. 327 como afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV-CUT), desapareció el 27 de septiembre de 2001 en el departamento del Valle del Cauca y apareció muerta el 26 de octubre de 2001. Radicado bajo el núm. 7-1801. La investigación se encuentra en práctica de pruebas en la Fiscalía Séptima Seccional de Sevilla.
42. 30) Huber Galeano, homicidio ocurrido el 11 de noviembre de 2001, en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. Activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, SINTRAEMSDES. Pereira. Radicado bajo el núm. 693688. La investigación la adelanta la Fiscalía 18 Seccional de Pereira.
43. 31) Libardo de Jesús Usme Salazar, su homicidio ocurrió en la ciudad de Villavicencio, departamento de Meta, el 6 de junio de 2001, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL) y trabajador de la Empresa Antioqueña de Energía (EADE). La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas, las cuales fueron determinadas mediante resolución de 30 de agosto de 2001. El proceso lo adelanta la Fiscalía Especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 457881.
44. 32) Gerardo de Jesús Raigoza Cardona, según el informe núm. 324, homicidio ocurrido en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. Según informa la Federación Colombiana de Educadores, «Gerardo de Jesús Raigoza Cardona, docente del Colegio Oficial Deogracias Cardona, de la ciudad de Pereira, en extrañas circunstancias apareció violentamente asesinado, en fecha no precisa de mediados de la semana anterior, pero reconocida su identidad hoy lunes 24 de abril del año 2000». La Fiscalía General de la Nación informó que se hizo «cierre de la investigación el 3 de enero de 2001. Revoca el cierre el 25 de enero de 2001. Mediante resolución núm. 157 de 6 de abril de 2001 se asigna a la Fiscalía 2 delegada ante el Tribunal Superior correspondiéndole el radicado núm. 60127».
45. 33) Edgar Mariño Pereira Galvis, según el informe núm. 324 homicidio ocurrido el 25 de junio de 2000, en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. De acuerdo a la información presentada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) «el compañero era trabajador del Hospital Puerto Lleras (Meta) y por continuas amenazas se había desplazado hacia Villavicencio». Radicado bajo el núm. 23729. De acuerdo a la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación «el homicidio no tuvo origen en su actividad sindical, sino al parecer por hurto».
46. 34) Arelis Castillo Colorado, según el informe núm. 324 su homicidio ocurrió en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, el 28 de julio de 2000. La Federación Colombiana de Educadores en su informe «Lista de profesores asesinados en el año 2000», fechada el 10 de agosto de 2001, respecto a los hechos precisa: «… docente de la Escuela Gabriel Mistral del Corregimiento de Cuturú, municipio de Caucasia, departamento de Antioquia, asesinada en ese municipio el 28 de julio de 2000». No precisa su condición de afiliada a FECODE. La investigación la adelanta la Subunidad Investigativa por competencia especial, bajo el radicado núm. 2859. Se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas.
47. 35) Jesús Antonio Posada Marín, según el informe núm. 324 homicidio ocurrido el 11 de mayo de 2000, en el municipio de San Francisco, departamento de Antioquia. En la «Lista de profesores asesinados en el año 2000», la Federación Colombiana de Educadores informa: «… maestro de la Escuela Rural Los Yerbales, del Corregimiento de Aquitania, San Francisco, asesinado en la autopista Medellín?Bogotá, el 11 de mayo del año 2000». No establece su condición de afiliado a FECODE. Radicado bajo el núm. 1441. La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación fue suspendida.
48. 36) Jaime Enrique Barrera, homicidio ocurrido en el municipio de Anzá, departamento de Antioquia, el 10 de junio de 2000. La Federación Colombiana de Educadores informa en su «Lista de profesores asesinados en el año 2000» que Jaime Enrique Barrera se desempeñaba como «… rector del Colegio Ascensión de Montoya de Porra, en el Corregimiento de Güita, del municipio de Anzá, departamento de Antioquia, licenciado en sociales de la Universidad de Antioquia. Era ex delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), asesinado el pasado 10 de junio de 2000». La investigación la adelanta la Fiscalía Especializada y se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas, bajo el radicado núm. 1966.
49. 37) Jorge Andrés Ríos Zapata, homicidio ocurrido el 5 de enero de 2000, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. En la «Lista de profesores asesinados en el año 2000» la Federación Colombiana de Educadores precisa lo siguiente respecto al Sr. Ríos Zapata «El educador laboraba en el Colegio Ciudadela Las Américas». Radicado bajo el núm. 319866. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas.
50. 38) Diego Fernando Gómez, homicidio ocurrido en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, el 13 de julio de 2000. Dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de los Seguros Sociales (SINTRAISS). La ONG «Justicia y Paz» CINEP, respecto al homicidio de Diego Fernando Gómez precisa «paramilitares de las AUC… conocidos como el Mecon y El Canoso, ejecutaron a un dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales y destacado líder deportivo de la ciudad». Radicado núm. 20030. La Fiscalía General de la Nación informó que «la investigación en curso se encuentra en recepción de pruebas. Asimismo una comisión de investigadores judiciales integrada por personal del CTI y la Unidad Investigativa SIJIN adelantan misión de trabajo tendiente a establecer los móviles, circunstancias y posibles autores de los homicidios de trabajadores de la Clínica Primero de Mayo del Seguro Social de Barrancabermeja ocurridos en los meses de julio y agosto del año 2000».
51. 39) Leonardo Betancourt Méndez, homicidio ocurrido el 22 de agosto de 2000, en el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. La ONG «Justicia y Paz» CINEP, respecto al asesinato de Leonardo Betancourt precisa: «hombres armados asesinaron de varios impactos de bala, ... barrio Buenos Aires al educador y coordinador académico del Instituto Docente Juan Manuel González... «El Sindicato de Educadores de Risaralda, ... rechazó el asesinato del educador y señalaron que los maestros siguen siendo víctimas de la violencia que hoy se ejerce en este país». Así mismo, en el documento suscrito por la Federación de Educadores de Colombia (FECODE) «Lista de profesores asesinados en el año 2000» no figura el nombre de Leonardo Betancourt Méndez. Radicado bajo el núm. 5297. La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación fue suspendida el 23 de marzo de 2001.
52. 40) Miguel Angel Pérez, homicidio ocurrido en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, el 11 de septiembre de 2000. SINTRASINTETICOS. La información sobre su condición sindical está siendo verificada por el Grupo Interno de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Fiscalía General de la Nación señaló que «la Subunidad de Sindicalistas de Medellín informa que los datos suministrados son insuficientes. Oficiará a la oficina de asignaciones de la Dirección Seccional de esa ciudad en aras de que se indique el paradero de la preliminar».
53. 41) Alfredo Germán Delgado Ordoñez, su homicidio ocurrió el 13 de noviembre de 2000, en el departamento de Nariño. FECODE. La ONG «Justicia y Paz» CINEP señala con respecto al homicidio de Alfredo Germán Delgado: «paramilitares del Bloque Libertadores del Sur de las AUC ejecutaron a tres docentes del Colegio Diego Luis Córdoba. La ejecución tuvo lugar a las nueve de la noche, en el sector del Palmar. Los profesores retornaban a su sitio de trabajo en un automotor luego del puente festivo, cuando fueron detenidos por los victimarios, quienes portaban una lista». En el documento suscrito por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) «Lista de profesores asesinados en el año 2000» sólo aparece registrado su nombre. Radicado bajo el núm. 27094. La Fiscalía General de la Nación informó que «se han practicado algunas pruebas sin que hasta la fecha se logre la identificación de los autores del homicidio».
54. 42) Jairo Vicente Vallejo Champutics, homicidio ocurrido en el municipio de Linares, departamento de Nariño, el 13 de noviembre de 2000. La ONG «Justicia y Paz» CINEP, al respecto del homicidio de Jairo Vicente Vallejo precisa: «paramilitares del Bloque Libertadores del Sur de las AUC ejecutaron a tres docentes del Colegio Diego Luis Córdoba. La ejecución tuvo lugar a las nueve de la noche, en el sector del Palmar. Los profesores retornaban a su sitio de trabajo en un automotor luego del puente festivo, cuando fueron detenidos por los victimarios, quienes portaban una lista». En la «Lista de profesores asesinados en el año 2000», documento suscrito por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), sólo se encuentra registrado el nombre de Jairo Vicente Vallejo. Radicado bajo el núm. 27094. La Fiscalía General de la Nación informó que «se han practicado algunas pruebas sin que hasta la fecha se logre la identificación de los autores del homicidio».
55. 43) Carlos Eliécer Prado, homicidio ocurrido el 21 de mayo de 2001, en la ciudad de Cali, departamento del Valle. La ONG «Justicia y Paz» CINEP, en su publicación trimestral «Noche y Niebla», correspondiente a abril-junio de 2001 registra lo siguiente: «hombres armados asesinaron a un miembro del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali (SINTRAEMCALI) de once impactos de bala a las 7 horas en la carrera 15 con calle 59». El Grupo Interno de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está adelantando la verificación de su condición sindical. La investigación la adelanta la Fiscalía 17 Unidad de Vida y se encuentra actualmente en etapa preliminar y práctica de pruebas, bajo el radicado núm. 424801.
56. 44) Sandro Antonio Ríos, homicidio ocurrido en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, el 30 de octubre de 2001. De acuerdo a la información suministrada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES), el Sr. Sandro Antonio Ríos era afiliado a esta organización sindical. Radicado bajo el núm. 68572. La Fiscalía General de la Nación informó que «la investigación la adelanta la Fiscalía 18 Seccional de Pereira. Fiscal Doctora Nancy Ramírez Pulgarín».
57. 45) Magnolia Plazas Cárdenas, homicidio ocurrido el 5 de diciembre de 2001, en el departamento de Caquetá. ASONAL JUDICIAL. El Grupo Interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está adelantando la verificación de la condición sindical de la Sra. Magnolia Plazas. La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación por este homicidio fue remitida a la Fiscalía Especializada de Florencia.
58. 46) Rafael Jaimes Torra, homicidio ocurrido en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, el 20 de marzo de 2002. Tesorero de la Unión Sindical Obrera (USO). Radicado bajo el núm. 1196. La investigación la adelanta la Dirección Nacional de Fiscalías quien mediante resolución de 23 de abril de 2002 ordenó la práctica de pruebas. Se conformó una comisión interinstitucional compuesta por CTI, DAS, SIJIN, para investigar el hecho. Igualmente el 14 de abril de 2002 se ordenó el desplazamiento de dos investigadores de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de recepcionar declaraciones que ya fueron adelantadas a empleados de la firma Marped Ltda., familiares de Jaimes, un vigilante y a vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, además de recaudar documentos y realizar un análisis comparado.
59. 47) Carmen Pungo de Sánchez, su homicidio ocurrió el 2 de septiembre de 2001, en el municipio de Tambo, departamento de Cauca. La Unidad de Apoyo de la Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario señaló que mediante resolución de 28 de enero de 2002 se avocó conocimiento y se ordenó práctica de pruebas: Declaraciones y se comisionó al CTI. Radicado bajo el núm. 464284. El grupo interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está adelantando la verificación de su afiliación sindical.
60. 48) Sr. Julián de J. Durán, enero de 2000, sindicato SINTRAISS. Figura como Elkin de Jesús Durán Sánchez. No se establece su condición de sindicalista. No figura en la «Relación de Asesinatos entre enero y diciembre de 2000» elaborada por la Central Unitaria de Trabajadores-CUT y presentada a la Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de los Trabajadores, cuya verificación fue adelantada por el Grupo Interno para los Derechos Humanos de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
61. 49) Sr. Eliécer Corredor, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS. No figura en la «Relación de Asesinatos entre enero y diciembre de 2000» elaborada por la Central Unitaria de Trabajadores-CUT y presentada a la Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de los Trabajadores, cuya verificación fue adelantada por el Grupo Interno para los Derechos Humanos de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
62. 50) Sr. Miguel Angel Mercado, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS. No figura en la «Relación de Asesinatos entre enero y diciembre de 2000» elaborada por la Central Unitaria de Trabajadores-CUT y presentada a la Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de los Trabajadores, cuya verificación fue adelantada por el Grupo Interno para los Derechos Humanos de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
    • Secuestros
63. 1) Jaime Duque Castro, secuestrado el 24 de marzo de 2001, en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Antioquia. Presidente de la Seccional Santa Bárbara del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (SUTIMAC). La Fiscalía General de la Nación informó que «el 24 de marzo de 2001 se inicia la investigación previa y el 7 de abril fue liberado». Radicado bajo el núm. 1590.
64. 2) Gilberto Agudelo Martínez, secuestrado el año 2000. Presidente del Sindicato de Trabajadores de las Universidades de Colombia (SINTRAUNICOL). La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas, bajo el radicado núm. 834.
65. 3) Gerzain Hernández Giraldo, secuestrado el 24 de febrero de 2001. En la «Relación de asesinatos, persecuciones, desapariciones, detenciones, terrorismo psicológico y amenazas a dirigentes y trabajadores del sector eléctrico afiliados a SINTRAELECOL», elaborado por la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, no figura el nombre del Sr. Gerzain Hernández Giraldo. La investigación la adelanta la Fiscalía 1 Especializada y se encuentra en práctica de pruebas. Radicado núm. 29208.
66. 4) William Hernández, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César. Trabajador de ECOPETROL. En el documento entregado por la Unión Sindical Obrera (USO) en el mes de junio de 2002 no aparece registrado el nombre de William Hernández como afiliado a dicha organización sindical. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas y la adelanta la Fiscalía 1 Especializada.
67. 5) Rodrigo Aparicio, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César. Trabajador de ECOPETROL. En el documento entregado por la Unión Sindical Obrera (USO) en el mes de junio de 2002 no aparece registrado el nombre de Rodrigo Aparicio como afiliado a dicha organización sindical. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas y la adelanta la Fiscalía 1 Especializada.
68. 6) Eduardo Franco, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César. Trabajador de ECOPETROL. En el documento entregado por la Unión Sindical Obrera (USO) el mes de junio de 2002 no aparece registrado el nombre de Eduardo Franco como afiliado a dicha organización sindical. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas y la adelanta la Fiscalía 1 Especializada.
69. 7) Jaime Sampayo, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César. Trabajador de ECOPETROL. En el documento entregado por la Unión Sindical Obrera (USO) en el mes de junio de 2002 no aparece registrado el nombre de Jaime Sampayo como afiliado a dicha organización sindical. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas y la adelanta la Fiscalía 1 Especializada.
70. 8) Julio Cabrales, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César. Trabajador de ECOPETROL. En el documento entregado por la Unión Sindical Obrera (USO) en el mes de junio de 2002 no aparece registrado el nombre de Julio Cabrales como afiliado a dicha organización sindical. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas y la adelanta la Fiscalía 1 Especializada.
71. 9) Diego Quiguanas González, desaparecido el 29 de junio de 2000. SINTRAEMCALI. Radicado bajo el núm. 415952. La investigación la adelanta la Fiscalía Especializada Gaula Urbano adscrita a la Unidad Especializada de Cali y se encuentra en práctica de pruebas.
72. 10) Leonardo Avedaño, su secuestro se produjo el 5 de enero de 2002, en la vía que conduce del municipio de Puerto Berrio al municipio de Yondó en el departamento de Antioquia. En la «Relación de amenazados, atentados y asesinados al interior de SINTRAEMSDES» de fecha 23 de mayo de 2002, no figura el nombre de Leonardo Avendaño. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas, bajo el radicado núm. 4628.
73. 11) Julio Ernesto Cevallos Guzmán, desapareció el 15 de octubre de 2001, en el municipio de San Rafael, departamento de Antioquia. ADIDA. Radicado bajo el núm. 3407. La investigación la adelanta la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y se encuentra en práctica de pruebas.
    • Tentativas de homicidio
74. 1) Gustavo Alejandro Castro Londoño, el atentado contra su vida ocurrió el 15 de enero de 2001, en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. CUT. Radicado bajo el núm. 37443. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas. El Grupo Interno de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está adelantando la verificación de su pertenencia al sindicato.
75. 2) Ricardo Navarro Bruges, atentado ocurrido el 12 de enero de 2001, en la ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena. SINTRAUNICOL. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas, bajo el radicado núm. 21102. El Grupo Interno de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está adelantando la verificación de su pertenencia al sindicato.
76. 3) Ezequiel Antonio Palma, atentado ocurrido en el municipio de Yumbo, departamento de Valle del Cauca, el 11 de enero de 2001. Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo. Radicado bajo el núm. 117364. La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas y que se libró misión de trabajo al CTI. El Grupo Interno de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está adelantando la verificación de su pertenencia al sindicato.
77. 4) María Elisa Valdés Morales. El atentado contra su vida ocurrió el 26 de marzo de 2001. SINDESS. La investigación la adelanta la Fiscalía Tercera y se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas, bajo el radicado núm. 394882.
78. 5) John Jairo Ocampo Franco, atentado ocurrido el 9 de agosto de 2001, en la ciudad de Armenia, departamento de Quindio. Afiliado al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación en el Quindio (SUTEQ). Radicado bajo el núm. 463476. La Unidad de Apoyo de la Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Cali informa que: avocó conocimiento el 18 de enero de 2002 y ordenó escuchar en diligencia de declaración a las personas que fueron testigos presenciales del hecho, así como la del profesor John Jairo Ocampo y otras pruebas. Mediante resolución de 8 de febrero de 2002, se ordenó recepcionar declaraciones y se comisionó al CTI para práctica de pruebas. El 17 de mayo de 2002 el despacho dispuso librar misión de trabajo con destino a la SIJIN y CTI de Armenia, para quienes bajo la supervisión de la Unidad de Apoyo del CTI de Cali adelantarán labores de inteligencia con el objeto de identificar e individualizar a los posibles autores del atentado del cual fue víctima el profesor Ocampo, también para confirmar o desvirtuar si el atentado fue producto de su actividad sindical o por el contrario de una actividad personal.
    • Amenazas
79. 1) Hernando Hernández Pardo, amenazas desde el 6 de julio de 2001, en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. Presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). La investigación la adelanta la Fiscalía Especializada de Barrancabermeja y se encuentra en práctica de pruebas. Radicado núm. 1805. El Sr. Hernando Hernández cuenta con un esquema duro de protección suministrado por ECOPETROL y el Programa de Protección del Ministerio del Interior le proporcionó dos teléfonos celulares y una radio, como medios de comunicación integrados a su protección.
80. 2) Alexander López Maya, amenazado desde el año 2000. Representante a la Cámara del Congreso de la República y ex presidente de SINTRAEMCALI. Radicado bajo el núm. 403605. La investigación se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas. Según la información proporcionada por el Ministerio del Interior, en cuanto a las medidas implementadas durante el año 2001 al Sr. Alexander López Maya, el Programa de Protección le suministró dos teléfonos celulares, un vehículo blindado y una radio, como parte del Esquema Duro de Protección con el que cuenta.
81. 3) Alirio Uribe Muñoz, amenazado en varias ocasiones durante los últimos cinco años. Presidente del Colectivo de Abogados. Radicado bajo el núm. 912. La Fiscalía General de la Nación informó que «se han tomado declaraciones de Henry Cubillos, Reynaldo Villalba Vargas, Luis Guillermo Pérez Casas y otros. El 13 de agosto de 2001 han sido allegados varios informes sobre las declaraciones de inspecciones realizadas». La sede de la ONG Colectivo de Abogados cuenta con blindaje proporcionado por el Programa de Protección a Dirigentes Sindicales y Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, implementado de acuerdo a las recomendaciones hechas por la institución que adelantó el estudio técnico de dicha sede.
82. 4) Hernando Montoya, recibió amenazas durante el año 2000. Dirigente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Cartago (SINTRAMUNICIPIO). La Fiscalía General de la Nación informó que «se llamó a ampliación de denuncia a Hernando Montoya. Se espera resultados de la comisión de trabajo al CTI de Cartago. Traslado a Cali Subunidad Investigativa Especial». Radicado bajo el núm. 2910. Se recepcionó declaración el 5 de abril de 2002. El Programa de Protección a Dirigentes Sindicales y Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior proporcionó el blindaje para la sede de SINTRAMUNICIPIO en Cartago, además de ayudas humanitarias, billetes aéreos nacionales y una radio para su comunicación.
83. 5) Julián Cote, recibió amenazas contra su vida el 20 de septiembre de 2001. Unión Sindical Obrera (USO). Radicado bajo el núm. 1950. La investigación la adelanta la Fiscalía Especializada de Barrancabermeja y se encuentra en práctica de pruebas. Como parte de la red de comunicación de los protegidos el Programa de Protección a Dirigentes Sindicales y Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se le otorgó al Sr. Julián Cote un teléfono celular.
84. 6) Fredys Rueda, recibió amenazas contra su vida el 20 de septiembre de 2001. Unión Sindical Obrera (USO). Radicado bajo el núm. 1950. La investigación la adelanta la Fiscalía Especializada de Barrancabermeja y se encuentra en práctica de pruebas.
85. 373. En lo que respecta al Listado de homicidios, secuestros, amenazas y tentativas de homicidios, correspondientes al año 2002, el Gobierno manifiesta, que el grupo interno de trabajo de derechos humanos del Ministerio de Trabajo viene adelantando la labor de verificación de los listados correspondientes. Adicionalmente, para el mes de agosto se convocará la subcomisión de unificación del listado de víctimas, tal como se plantea en el párrafo 124, literal g) del informe núm. 328, y una vez se concluya dicha verificación se remitirá el informe correspondiente.

D. Conclusiones del Comité

1. 374. Una vez más, y a pesar de que el Comité ya ha examinado el presente caso en 11 ocasiones [véanse 297.º, 304.º, 306.º, 309.º, 311.er, 314.º, 319.º, 322.º, 324.º, 327.º y 328.º informes], el Comité toma nota con profunda preocupación de las nuevas denuncias de asesinatos, atentados, secuestros y amenazas denunciadas por las organizaciones querellantes que muestran que la situación de violencia en Colombia sigue siendo de extrema gravedad. En efecto, desde el último examen del caso en junio de 2002 [véase 328.° informe] se han denunciado 45 asesinatos, 37 secuestros y 9 atentados.
2. 375. De manera general, el Comité toma nota de las observaciones del Gobierno en las que reitera el origen de la situación de violencia, informa sobre las medidas adoptadas para erradicarla y envía una lista de investigaciones sobre los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas perpetrados contra numerosos dirigentes sindicales. De manera más particular, el Comité toma nota de que el Gobierno reitera su afirmación de que la situación de violencia que acosa al país desde hace más de cuarenta años no está dirigida contra el movimiento sindical sino que afecta a todos los sectores de la población y que el Gobierno pone los medios a su alcance para investigar los hechos y sancionar a los responsables. El Comité toma nota de la información suministrada por el Gobierno en cuanto a los operativos militares desplegados contra grupos paramilitares. El Comité toma nota con interés del aumento de capturas de sospechosos (992 en 2002, aproximadamente 600 más que en 1999) y del decomiso de armas, municiones y medios de transporte. No obstante, de los hechos se deduce que las medidas adoptadas son insuficientes y no llegan a poner fin o a menguar la violencia desatada contra los dirigentes sindicales. En estas condiciones, el Comité urge una vez más al Gobierno a que realice todo lo que le incumbe para lograr resultados comprobables en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios.
   • Asesinatos tratados en anteriores exámenes del caso
3. 376. Una vez más el Comité toma nota de la lista de investigaciones llevadas a cabo por distintos organismos del Estado respecto de 48 asesinatos, 11 secuestros, 5 tentativas de homicidios y 5 amenazas. El Comité lamenta observar, sin embargo, al igual que en su examen anterior del caso, que de acuerdo a la información que consta en dichas listas los avances en las investigaciones son muy escasos, ya que en sólo uno de los casos informados se ha identificado a los posibles culpables y en otro se ha tomado declaración a un individuo. Por otra parte, el Comité lamenta asimismo que el número de investigaciones realizadas por el Gobierno y comunicadas a este Comité son considerablemente inferiores al número de actos de violencia pendientes denunciados por las organizaciones querellantes. El Comité se ve obligado a reiterar el principio según el cual «el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos» y que «la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última» [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 51 y 56]. En estas condiciones el Comité debe pedir al Gobierno que tome medidas de inmediato para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos alegados y que las mismas avancen de forma significativa con el fin de sancionar efectivamente a los responsables. El Comité urge al Gobierno a que continúe enviando sus observaciones sobre los avances en las investigaciones ya iniciadas (anexo II) y a que tome medidas para que sin demora se inicien las investigaciones correspondientes a los demás asesinatos, secuestros desapariciones, atentados y amenazas mencionados en el anexo I, así como los mencionados en la sección «nuevos alegatos» del presente informe.
4. 377. Nuevamente, el Comité observa que existen discrepancias entre las organizaciones querellantes y el Gobierno en cuanto a la calidad de dirigente sindical o sindicalistas de algunas de las víctimas (Sres. Arturo Alarcón, Rafael Atencia Miranda, Víctor Carrilo, Luis Alberto Pedraza Serrano, Jaime Sánchez, James Orlando Urbano Morales, Arelis Castillo Colorado, Jesús Antonio Posada Marín, Leonardo Betancourt Méndez, Gerzaín Hernández Giraldo, William Hernández, Rodrigo Aparicio, Eduardo Franco, Jaime Sampayo, Julio Cabrales, Leonardo Avendaño). El Comité lamenta observar además, que ni el Gobierno ni las organizaciones querellantes han enviado información alguna sobre la supuesta no afiliación de otras victimas enumeradas en su informe anterior (Sres. Mauricio Vargas Pabón, Leominel Campo Núñez, Melva Muñoz López, Juan José Neira, Justiniano García, José Atanasio Fernández Quiñónez, Margarita María Pulgarín Trujillo, Julio César Betancourt, Islem de Jesús Quintero, Alejandro Alvárez Isaza, James Antonio Pérez Chima, Jesús María Cuellar, Juan Cástulo Jieménez Gutiérrez, Aníbal Pemberty, Esneda de las Mercedes Monsalve Holguín, Gloria Nubia Urán Delgado, Luis Hernán Campano Guzmán, Miguel Angel Barreto Racine, Alejandro Vélez Jaramillo, Efraín Becerra, Alfredo Castro Haydar, Luis Mesa Almanza, Alexander Mauricio Marín Salazar) [véase 328.º informe, párrafo 115]. El Comité una vez más debe urgir tanto a las organizaciones querellantes como al Gobierno que sin demora envíen la información necesaria para esclarecer este aspecto y poder de este modo establecer con precisión el listado de las víctimas.
   • Nuevos asesinatos y actos de violencia
5. 378. El Comité observa una vez más con la más grave preocupación que se han denunciado 43 homicidios ocurridos en 2002 los que añadidos a los denunciados en el examen anterior del caso suman en total 83 asesinatos correspondientes a dicho año. El Comité reitera que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona [véase Recopilación, op. cit., párrafo 46]. El Comité pide al Gobierno que indique por qué el 23 de marzo de 2001 se suspendió en la Fiscalía General la investigación relativa al asesinato del sindicalista Leonardo Betancourt Méndez.
   • Impunidad
6. 379. El Comité toma nota de la lista de investigaciones a nivel nacional elaborada por la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, el Comité ha tomado nota ya de las cifras globales de capturas de paramilitares mencionadas por el Gobierno. No obstante, en el caso de las investigaciones, el Comité deplora profundamente una vez más que las mismas avancen escasamente y luego sean suspendidas por falta de pruebas. El Comité estima que el retraso en la administración de justicia y la suspensión de los procesos son corolarios de una situación profunda de impunidad que no ayuda ni a la credibilidad del Gobierno ni al mejoramiento de la situación. En este sentido, el Comité debe lamentar una vez más que a pesar de los diversos organismos creados, de las investigaciones llevadas a cabo por los mismos, y hasta en algunos casos de la detención de sospechosos, el Gobierno no ha informado hasta ahora de efectivas condenaciones a los responsables por el asesinato de sindicalistas. En estas condiciones, el Comité pide una vez más al Gobierno y con el mismo énfasis con que lo hiciera en su examen anterior del caso que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y para sancionar a todos los responsables de los innumerables actos de violencia.
   • Medidas de protección a sindicalistas
7. 380. El Comité toma nota de la información del Gobierno en lo que respecta al Programa de Protección de dirigentes sindicales amenazados y del incremento presupuestario del mismo en comparación con el programa previsto para el año 1999. El Comité toma nota asimismo del aumento en el número de sindicalistas protegidos. En efecto, el Programa tenía un presupuesto de $3.440.802.000 en 1999 y cubría a 177 sindicalistas. En el año 2002 dicho programa tiene un presupuesto previsto de $27.542.000.000 y cubre a 2.500 sindicalistas. El Comité toma nota con interés de la extensión del Programa de Protección y pide al Gobierno que continúe realizando una evaluación no restrictiva del riesgo que corren los sindicalistas amenazados de manera que la protección se haga extensiva a todos aquellos que se encuentran en situación de riesgo, con el fin de evitar los asesinatos y desapariciones y que continúe disponiendo de las medidas de protección adecuadas. El Comité pide al Gobierno que envíe toda la información al respecto. El Comité toma nota por último del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior ECOPETROL, el DAS y el FONADE que aunque con un alcance más limitado establece medidas de protección para los dirigentes de la Unión Sindical Obrera.
   • Discrepancias entre el Gobierno y las organizaciones querellantes sobre el número real de sindicalistas asesinados en los últimos años
8. 381. El Comité observa que el Gobierno no ha enviado aún el listado consolidado de víctimas correspondiente al período 1991-2000 elaborado por la Subcomisión de Unificación al que se refiriera en su último examen del caso. El Comité pide al Gobierno una vez más que envíe sin demora dicho listado.
   • Otras solicitudes del Comité
9. 382. El Comité recuerda una vez más [véanse 327.° informe, párrafo 344, g) y 328.° informe, párrafo 124, h)] que sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones, por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. Dichas informaciones deberían referirse también a aquellas regiones en las que los hechos de violencia ocurren con mayor frecuencia, como en los departamentos del Valle del Cauca, y Antioquia y la municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja. El Comité pide asimismo al Gobierno que envíe toda la información de que dispone y que permitiría luchar mejor contra la impunidad y examinar las causas de los actos de violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. El Comité recuerda una vez más al Gobierno su responsabilidad en la protección de los trabajadores contra los actos de violencia y por ende en una correcta evaluación tanto fáctica como analítica de cada uno de los crímenes cometidos. El Comité recuerda a los querellantes y al Gobierno que pueden recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación.
10. 383. Por último, el Comité toma nota de la comunicación de la CIOSL de fecha 30 de septiembre de 2002 en la que denuncia las recientes amenazas y detenciones de numerosos dirigentes sindicales por haber participado en la movilización y paro del 16 de septiembre. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Recomendación del Comité

1. 384. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) al tiempo que toma nota de que la violencia afecta a todos los sectores de la población, el Comité expresa una vez más, su profunda preocupación por la situación de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y reitera que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona;
   • b) el Comité urge una vez más al Gobierno a que realice todo lo que le incumbe para lograr resultados comprobables en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios;
   • c) el Comité debe pedir al Gobierno que tome medidas de inmediato para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos alegados y que las mismas avancen de forma significativa con el fin de sancionar efectivamente a los responsables y le urge a que continúe enviando sus observaciones sobre los avances en las investigaciones ya iniciadas (anexo II) y a que tome medidas para que sin demora se inicien las investigaciones correspondientes a los demás asesinatos, secuestros desapariciones, atentados y amenazas mencionados en el anexo I, así como los mencionados en la sección «nuevos alegatos» del presente informe. El Comité pide también al Gobierno que indique por qué el 23 de marzo de 2001 se suspendió en la Fiscalía General la investigación relativa al asesinato del sindicalista Leonardo Betancourt Méndez;
   • d) el Comité debe urgir una vez más tanto a las organizaciones querellantes como al Gobierno a que sin demora envíen la información necesaria para esclarecer las discrepancias existentes en cuanto a la calidad de dirigente sindical o sindicalista de algunas de las víctimas;
   • e) el Comité deplora que a pesar de las numerosas solicitudes del Comité el Gobierno no haya informado hasta ahora de efectivas condenaciones a los responsables de asesinatos de sindicalistas. El Comité pide una vez más al Gobierno y con el mismo énfasis con que lo hiciera en su examen anterior del caso que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y para sancionar a todos los responsables de los innumerables actos de violencia;
   • f) el Comité pide al Gobierno que continúe realizando una evaluación no restrictiva del riesgo que corren los sindicalistas amenazados de manera que la protección se haga extensiva a todos aquellos que se encuentran en situación de riesgo, con el fin de evitar los asesinatos y desapariciones y que continúe disponiendo de las medidas de protección adecuadas. El Comité pide al Gobierno que envíe toda la información al respecto;
   • g) el Comité pide una vez más al Gobierno que envíe el listado consolidado de víctimas correspondiente al período 1991-2000 elaborado por la Subcomisión de Unificación al que se refiriera en su último examen del caso;
   • h) el Comité recuerda una vez más al Gobierno [véanse 327.° informe, párrafo 344, g), y 328.° informe, párrafo 124, h)] que sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones, por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. El Comité recuerda a los querellantes y al Gobierno que pueden recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación;
   • i) en lo que respecta a los alegaos sobre amenazas y detenciones de numerosos dirigentes sindicales por haber participado en la movilización y paro del 16 de septiembre, el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto, y
   • j) el Comité recomienda al Consejo de Administración que considere la posibilidad de transmitir las cuestiones relativas a Colombia que están en instancia ante el Comité de Libertad Sindical a la Comisión de Investigación y Conciliación a fin de apoyar los esfuerzos presentes de la OIT por clarificar la presente situación y prestar ayuda al respecto, así como para considerar la evolución de estas cuestiones en cooperación con el Gobierno y con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Z. Anexo I

• Actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas alegados hasta la Reunión del Comité de marzo de 2002 sobre
• los que el Gobierno no ha comunicado sus alegatos o sobre
• los que el Gobierno no informa que se hayan iniciado investigaciones o procesos judiciales
• Asesinatos
  1. 1) Carmen Emilio Sánchez Coronel, delegado oficial del Sindicato de Maestros del Norte de Santander;
  2. 2) Aristarco Arzalluz Zúñiga, 30 de agosto de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO;
  3. 3) Víctor Alfonso Vélez Sánchez, 28 de marzo de 2000, Sindicato EDUMAG;
  4. 4) Edgar Cifuentes, 4 de noviembre de 2000, Sindicato ADE;
  5. 5) Juan Bautista Banquet, 17 de octubre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO;
  6. 6) Edison Ariel, 17 de octubre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO;
  7. 7) Darío de Jesús Borja, 1.º de abril de 2000, Sindicato ADIDA;
  8. 8) Henry Ordóñez, 20 de agosto de 2000, Sindicato Asociación de Profesores Meta;
  9. 9) Javier Jonás Carbono Maldonado, secretario general de SINTRAELECOL, en Santa Marta, el 9 de junio de 2000;
  10. 10) Candelaria Florez, esposa de Alberto Ruiz Guerra afiliado a ADEMACOR, filial de FECODE, el 17 de junio de 2000 por paramilitares;
  11. 11) Francisco Espadín Medina, afiliado a SINTRAINAGRO, el 7 de septiembre de 2000, en el municipio de Turbo;
  12. 12) William Iguarán Cottes, afiliado a SINTRAUNICOL, el 11 de septiembre de 2000, en Montería por paramilitares;
  13. 13) Carlos Cordero, afiliado de ANTHOC, el 6 de diciembre de 2000, en Peñas Blancas, por paramilitares;
  14. 14) Gabriela Galeano, dirigente de ANTHOC, el 9 de diciembre de 2000, en Cúcuta, por paramilitares;
  15. 15) Ricardo Florez, miembro de SINTRAPALMA, el 8 de enero de 2001;
  16. 16) Jair Cubides, afiliado de SINTRADEPARTAMENTO, el 21 de enero de 2001, en Cali, el asesinato coincidió con el cambio de junta directiva del sindicato y estando en trámite el reconocimiento de la junta directiva anterior por parte del Ministerio de Trabajo;
  17. 17) Carlos Humberto Trujillo, afiliado de ASONAL JUDICIAL, el 26 de enero de 2001, en el municipio de Buga;
  18. 18) Elsa Clarena Guerrero, afiliada de ASINORT, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña en un retén militar;
  19. 19) Carolina Santiago Navarro, afiliada de ASINORT, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña;
  20. 20) Alfonso Alejandro Naar Hernández, afiliado de ASEDAR, filial de FECODE, el 8 de febrero de 2001, en el municipio de Arauca;
  21. 21) Raúl Gil, miembro de SINTRAPALMA, el 11 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches;
  22. 22) Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez, vicepresidente de SINTRAELECOL – Seccional Norte de Santander, en Concepción, el 22 de febrero de 2001 había sido secuestrado el día anterior por paramilitares y ya había recibido amenazas debido a que era un destacado líder al momento del crimen;
  23. 23) Jaime Orcasitas, vicepresidente de SINTRAMINERGETICA, en la mina de carbón de la Loma de Potrerillo, el 12 de marzo de 2001 en las mismas circunstancias y condiciones que el dirigente sindical anterior;
  24. 24) Andrés Granados afiliado de SINTRAELECOL, el 20 de marzo de 2001, en el municipio de Sabana por paramilitares;
  25. 25) Alberto Pedroza Lozada, el 22 de marzo de 2001;
  26. 26) Robinson Badillo, dirigente del SINTRAEMSDES, en Barrancabermeja, el 26 de marzo de 2001 por paramilitares;
  27. 27) Mario Ospina, afiliado de ADIDA-FECODE, en el municipio de Santa Bárbara, el 27 de marzo de 2001;
  28. 28) Jesús Antonio Ruano, afiliado de ASEINPEC, en el municipio de Palmira, el 27 de marzo de 2001;
  29. 29) Leyder María Fernández Cuellar, esposa del anterior, el 26 de abril de 2001;
  30. 30) Frank Elías Pérez Martínez, afiliado de ADIDA-FECODE, entre los municipios de Santa Ana y Granada, el 27 de abril de 2001;
  31. 31) Darío de Jesús Silva, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Sabaneta, el 2 de mayo de 2001;
  32. 32) Juan Carlos Castro Zapata, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Copacabana, el 9 de mayo de 2001;
  33. 33) Eugeniano Sánchez Díaz, presidente de SINTRACUEMPONAL, en el municipio de Codazzi, el 10 de mayo de 2001;
  34. 34) Julio Alberto Otero, afiliado a ASPU-CUT, en Santa Marta, el 14 de mayo de 2001 por paramilitares;
  35. 35) Henry Jiménez Rodríguez, afiliado de SINTRAEMCALI, en Cali, el 25 de mayo de 2001;
  36. 36) Nelson Narváez, dirigente de SINTRAUNICOL, en Montería, el 29 de mayo de 2001, en el Departamento de Córdoba;
  37. 37) Humberto Zárate Triana, afiliado de SINTRAOFICIALES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001, en el Departamento del Meta;
  38. 38) Gonzalo Zárate Triana, dirigente de ASCODES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001, en el Departamento del Meta;
  39. 39) Manuel Enrique Charris Ariza, afiliado de SINTRAMIENERGETICA, en el municipio de Soledad, el 11 de junio de 2001, en el departamento del Atlántico;
  40. 40) Edgar Thomas Angarita Mora, afiliado de ASEDAR y FECODE, en el departamento de Arauca, el 12 de junio de 2001, en el departamento de Arauca, luego de haber participado en un bloqueo a la Vía Fortul Sarabena como acto de protesta por el proyecto de ley núm. 012;
  41. 41) Germán Carvajal Ruiz, presidente de la subdirectiva del SUTEV, Seccional Obando, FECODE-CUT, el 6 de julio de 2001, en el departamento del Valle del Cauca, Por su dedicación al movimiento sindical fue declarado objetivo militar en el departamento del Caquetá por lo que se vio obligado a gestionar su traslado al departamento del Valle del Cauca donde finalmente fue ejecutado;
  42. 42) Hugo Cabezas, afiliado al SIMANA-FECODE, el 9 de julio de 2001, en el departamento de Nariño;
  43. 43) Lucila Rincón, activista de ANTHOC-CUT, el 16 de julio de 2001, en el departamento del Tolima, por los paramilitares junto con otros miembros de su familia en el momento en que buscaban a otro familiar retenido;
  44. 44) Obdulia Martínez, afiliada de EDUCESAR-FECODE-CUT, el 22 de julio de 2001, en el departamento del César;
  45. 45) María Helena Ortiz, fiscal especializada afiliada a ASONAL-CUT, el 28 de julio de 2001, en el departamento de Santander; su esposo, Néstor Rodríguez y su hijo resultaron gravemente heridos;
  46. 46) Segundo Florentino Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores, Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Dagua, el 13 de agosto de 2001, en el departamento del Valle del Cauca, había sido objeto de múltiples amenazas y había solicitado de manera urgente el establecimiento de un mecanismo de seguridad para los dirigentes de la organización sindical, esquema que fue aprobado el 10 de julio de 2001 pero sujeto a presupuesto;
  47. 47) Miryam de Jesús Ríos Martínez, afiliada a ADIDA, el 16 de agosto de 2001, en el departamento de Antioquia;
  48. 48) Manuel Pájaro Peinado, tesorero del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (SINDIBA), el 16 de agosto de 2001, en el departamento del Atlántico, había solicitado su inclusión en el Programa de Protección del Ministerio del Interior del cual no recibió respuesta. Su asesinato se produjo en momentos en que el sindicato realizaba una serie de protestas contra la aplicación de la ley núm. 617 por parte de la administración distrital, la cual tiene por objeto el despido masivo de trabajadores;
  49. 49) Héctor Eduardo Cortés Arroyabe, afiliado a ADIDA-CUT, desapareció el 16 de agosto y apareció muerto el 18 de agosto de 2001 en el departamento de Antioquia;
  50. 50) Fernando Euclides Serna Velásquez, miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT nacional de Bogotá, desapareció el 18 de agosto de 2001 y apareció asesinado el día siguiente en el departamento de Cundinamarca, era miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT;
  51. 51) Evert Encizo, afiliado a la Asociación de Educadores del Meta (ADEM-CUT), el 22 de agosto de 2001, en el departamento del Meta, era docente y su trabajo estaba encaminado hacia los desplazados forzados;
  52. 52) Yolanda Paternina Negrete, afiliada a ASONAL-CUT, el 29 de agosto de 2001, en el departamento de Sucre, era juez especializada del orden público y tenía a su cargo numerosos procesos de alto riesgo;
  53. 53) Miguel Chávez, afiliado de ANTHOC-CUT, el 30 de agosto de 2001 en el departamento del Cauca;
  54. 54) Manuel Ruiz, dirigente sindical de la CUT, el 26 de septiembre de 2001, en el departamento de Córdoba;
  55. 55) Ana Ruby Orrego, afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUT EV-CUT), el 3 de octubre de 2001, en el departamento del Valle del Cauca;
  56. 56) Jorge Iván Rivera Manrique, afiliado al sindicato de Educadores de Risaralda (SER?CUT), el 10 de octubre de 2001, en el departamento de Risaralda;
  57. 57) Ramón Antonio Jaramillo, fiscal del SINTRAEMSDES-CUT, el 10 de octubre de 2001, en el departamento del Valle del Cauca, en momentos en que los paramilitares efectuaban una masacre en la región;
  58. 58) Luis López y Luis Anaya, presidente y tesorero del Sindicato de Conductores y Trabajadores de Transporte San Silvestre (SINCOTRAINDER-CUT), el 16 de octubre de 2001, en el departamento de Santander;
  59. 59) Arturo Escalante Moros, afiliado a la USO, desapareció el 27 de septiembre y apareció muerto el 19 de octubre de 2001;
  60. 60) Luis José Mendoza Manjares, miembro de la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-CUT, el 22 de octubre de 2001, en el departamento del César;
  61. 61) Martín Contreras Quintero, fiscal y fundador de SINTRAELECOL-CUT, el 23 de octubre de 2001, en el departamento de Sucre;
  62. 62) Carlos Arturo Pinto, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 1.º de noviembre de 2001, en Cúcuta, departamento del Norte de Santander;
  63. 63) Pedro Cordero, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño, el 9 de noviembre de 2001, en el departamento de Nariño;
  64. 64) Luis Alberto Delgado, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA?CUT), el 10 de noviembre de 2001. El Sr. Delgado había sido víctima de un atentado el día anterior en el municipio de Tuquerres, departamento de Nariño;
  65. 65) Edgar Sierra Parra, afiliado de ANTHOC-CUT, fue secuestrado el 3 de octubre de 2001 en la Municipalidad de Tame, departamento de Arauca y fue hallado muerto el 10 de noviembre de 2001 en la municipalidad de Rondón departamento de Arauca, con señales de tortura;
  66. 66) Tirso Reyes, afiliado al Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 2 de noviembre de 2001, en el departamento de Bolívar;
  67. 67) Emiro Enrique Pava de la Rosa, dirigente de la Subdirectiva del Magdalena Medio de la USO, el 13 de noviembre de 2001, en el departamento de Antioquia;
  68. 68) Diego de Jesús Botero Salazar, sindicalista del Valle del Cauca, fiscal de la subdirectiva de ese municipio, el 14 de noviembre de 2001, en el Valle del Cauca;
  69. 69) Gonzalo Salazar, presidente del Sindicato Unico de Vigilantes de Colombia, SINUVICOL?CUT, el 24 de noviembre de 2001, en Cali;
  70. 70) Jorge Eliécer González, presidente de la Seccional Natagaima de ANTHOC-CUT, fue secuestrado y asesinado el 25 de noviembre de 2001 con graves signos de tortura, en el departamento de Tolima;
  71. 71) Javier Cote, tesorero de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 3 de diciembre de 2001, en el departamento del Magdalena;
  72. 72) Enrique Arellano, escolta del anterior, apareció muerto los primeros días de diciembre de 2001;
  73. 73) Francisco Eladio Sierra Vásquez, presidente de la junta directiva de la Seccional Andes del Sindicato de Trabajadores Oficiales del municipio de Antioquia (SINTRAOFAN-CUT), los miembros de la junta directiva habían sido citados por las Autodefensas Unidas de Colombia en Farallones de Bolívar (departamento de Antioquia). En dicha reunión, cada uno de los directivos fue llamado por su nombre e indagados sobre la función en el sindicato y sus responsabilidades laborales, luego de lo cual se separó al Sr. Sierra Vásquez y se le asesinó. En la misma reunión, el comandante «Manuel», miembro de esa organización paramilitar indagó y requirió a José David Taborda segundo vocal de la Junta Directiva Central. Todos los miembros de dicha junta son amenazados insistentemente;
  74. 74) Edgar Herrán, presidente del Sindicato Nacional de Chóferes, SINDINALCH, Seccional Villavicencio, el 26 de diciembre de 2001;
  75. 75) Carlos Alberto Bastidas Corral, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA?CUT), el 8 de enero de 2002;
  76. 76) Luis Alfonso Jaramillo Palacios, delegado de la Seccional Medellín del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES-CUT), el 11 de enero de 2002, en Medellín, departamento de Antioquia, asesinado por su defensa de los trabajadores;
  77. 77) Enoc Samboni, dirigente de la CUT, el 12 de enero de 2002, en el departamento del Cauca, por paramilitares quienes lo despojaron de papeles del sindicato. Enoc Samboni estaba vinculado al Programa de Protección del Ministerio del Interior y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y había solicitado medidas de protección;
  78. 78) Sor María Ropero, antigua presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias (SINDIMACO?CUT), el 16 de enero de 2002, en Cúcuta por grupos paramilitares. La Sra. Ropero se destacó por su ardua labor a favor de los derechos humanos de los trabajadores y de la niñez y había recibido varias amenazas de muerte;
  79. 79) Jaime Ramírez, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia, SINTRAOFAN, el 2 de junio de 2001, en Antioquia por paramilitares;
  80. 80) Armando Buitrago Moreno, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de junio de 2001;
  81. 81) Julián Ricardo Muñoz, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de junio de 2001, en Bogotá;
  82. 82) Carlos Alberto Vidal Hernández, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 11 de junio de 2001, en Bogotá;
  83. 83) Edgar Thomas Angarita Mora, activista de la Asociación de Educadores del Arauca, ASEDAR, el 11 de junio de 2001, en Barrancones;
  84. 84) Fabio Eliécer Guio García, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 19 de junio de 2001, en Neiva, por las FARC;
  85. 85) Luz Marina Torres, Sindicato de Educadores de Risaralda, el 22 de junio de 2001, en Risaralda;
  86. 86) Cristóbal Uribe Beltrán, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y entidades dedicada a procurar la salud de la comunidad, ANTHOC, el 28 de Junio de 2001, en Tibu, por paramilitares;
  87. 87) Eduardo Edilio Alvarez Escudelo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 2 de julio de 2001, en Antioquia, por la guerrilla;
  88. 88) William Mario Upegui Tobón, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 9 de julio de 2001, en Antioquia;
  89. 89) Luciano Zapata Agudelo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 10 de julio de 2001;
  90. 90) Hernando Jesús Chica, activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, SINTRAEMSDES, el 13 de julio de 2001, por paramilitares;
  91. 91) Margort Pisso Rengifo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 17 de julio de 2001, en Popayán;
  92. 92) Ramón Chaverra Robledo, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia, SINTRAOFAN, el 19 de julio de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  93. 93) Fidel Seguro, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia, SINTRAOFAN, el 19 de julio de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  94. 94) Prasmacio Arroyo, activista del Sindicato de Educadores del Magdalena, SINTRASMAG, el 26 de julio de 2001, en Magdalena;
  95. 95) Hernando Arcila Ramírez, afiliado a la Asociación de Institutores del Guaviare, ADEG, el 1.º de agosto de 2001 en Guaviare;
  96. 96) Luz Amparo Torres Agudelo, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 2 de agosto de 2001, en Antioquia;
  97. 97) Efraín Toledo Guevara, afiliado a la Asociación de Institutores de Caquetá, AICA, el 5 de agosto de 2001, en Caquetá;
  98. 98) Nancy Tez, activista del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV, el 5 de agosto de 2001, en el Valle del Cauca, por paramilitares;
  99. 99) Jorge Antonio Alvarez Vélez, afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción, SUTIMAC, el 6 de agosto de 2001, en Antioquia;
  100. 100) Angela Andrade, activista del Sindicato de Trabajadores de los Hogares Infantiles de Colombia, el 6 de agosto de 2001, en Nariño, por paramilitares;
  101. 101) José Padilla Morales, afiliado a la Asociación de Educadores del César, el 8 de agosto de 2001, en Aguachica;
  102. 102) Luis Pérez Ríos, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 9 de agosto de 2001, en Quindío;
  103. 103) Hugo López Cáceres, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 14 de agosto de 2001, en Barranquilla;
  104. 104) Gloria Isabel García, afiliada al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, el 16 de agosto de 2001, en Risaralda;
  105. 105) Miryam de Jesús Ríos Martínez, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de agosto de 2001, en Antioquia;
  106. 106) César Bedoya Ortiz, activista de la Asociación de profesores Universitarios, ASPU, el 16 de agosto de 2001, en Bolívar;
  107. 107) César Arango Mejía, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 24 de agosto de 2001, en Risaralda;
  108. 108) Ricardo Monroy Marín, directivo del Sindicato de Trabajadores del Incora, SINTRADIN, el 25 de agosto de 2001, en Tolima;
  109. 109) Jorge Freite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico, ASOJUA, el 29 de agosto de 2001, en Barranquilla, por paramilitares;
  110. 110) Luis Ernesto Camelo, activista del Sindicato de Educadores de Santander, SES el 2 de septiembre de 2001, en Santander, por paramilitares;
  111. 111) Marcelina Saldarriaga, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 5 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  112. 112) Rafael Pineda, presidente de la Seccional Barbosa de la Unión de Empleados Bancarios UNEB, el 8 de septiembre de 2001, en Santander;
  113. 113) Juan Eudes Molina Fuentes afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 9 de septiembre de 2001, en Guajira;
  114. 114) Gilberto Arbeláez Sánchez, miembro de la subdirectiva de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 9 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  115. 115) Luis Alfonso Aguirre, activista de la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Mineros Energéticos, Metalmecánicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia, FUNTRAENERGETICA, el 10 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  116. 116) Juan Diego Londoño Restrepo, secretario del Sindicato de Trabajadores de Cerámicas Continental, el 11 de septiembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  117. 117) Hernando de Jesús Montoya Urrego, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 13 de septiembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  118. 118) Alga Rosa García Marín, afiliada a la ANTHOC, el 17 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  119. 119) Jacobo Rodríguez, afiliado a la asociación de Institutores del Caquetá, el 18 de septiembre de 2001, en Caquetá, por paramilitares;
  120. 120) Yolanda Cerón Delgado, afiliada al Sindicato del Magisterio del Nariño SIMANA, el 18 de septiembre de 2001, en Nariño, por paramilitares;
  121. 121) Juan David Corzo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 20 de septiembre de 2001, en Cúcuta, por paramilitares;
  122. 122) Bibiana María Gómez Bedoya, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 22 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  123. 123) Jenny Romero Rojas, ANTHOC, el 23 de septiembre de 2001, en Meta;
  124. 124) Antonio Mesa, afiliado al Sindicato de Trabajadores Universitarios, SINTRAUNICOL, el 25 de septiembre de 2001, en Barranquilla, por paramilitares;
  125. 125) Germán Elías Madrigal, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 28 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  126. 126) Plutarco Herrera Gómez, miembro de la Comisión de Reclamos del Sindicato Nacional de Manipuladores de Carga de las Terminales Marítimas Colombianas, el 30 de septiembre de 2001, en el Valle del Cauca, por paramilitares;
  127. 127) Servando Lerma, afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, el 10 de octubre de 2001, en Santander;
  128. 128) Luz Mila Rincón, ANTHOC, el 10 de octubre de 2001, en Tolima, por paramilitares;
  129. 129) Gustavo Castellón Fuentes, activista del Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación de Barrancabermeja, SINALTRACOFAN, el 20 de octubre de 2001, en Barrancabermeja, por paramilitares;
  130. 130) Jesús Agreda Zambrano, activista del Sindicato del Magisterio del Nariño, SIMANA, el 20 de octubre de 2001, por paramilitares;
  131. 131) Expedito Chacón, ANTHOC, el 24 de octubre de 2001, en Santander;
  132. 132) Milena Pereira Plata, ASINORTH, el 30 de octubre de 2001, en Santander, por las FARC;
  133. 133) Edith Manrique, activista de Educadores Unidos de Caldas, EDUCAL, el 6 de noviembre de 2001, en Caldas, por paramilitares;
  134. 134) Eriberto Sandoval, afiliado a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, el 11 de noviembre de 2001, en Ciénaga, por paramilitares;
  135. 135) Eliécer Orozco, FENSUAGRO, el 11 de noviembre de 2001, en Ciénaga, por paramilitares;
  136. 136) Jorge Julio Céspedes, activista de Educadores Unidos de Caldas, EDUCAL el 24 de noviembre de 2001, en Caldas, por paramilitares;
  137. 137) María Leida Montoya, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, el 30 de noviembre de 2001, en Antioquia;
  138. 138) Luis Alfonso Gaviria Meneses, activista del SINTRAEMSDES, el 30 de noviembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  139. 139) Luz Carmen Preciado, activista del Sindicato del Magisterio del Nariño, SIMANA, el 30 de noviembre de 2001, en Nariño, por las FARC;
  140. 140) Santiago González, SIMANA, el 30 de noviembre de 2001, en Nariño, por las FARC;
  141. 141) Herlinda Blando afiliada al Sindicato de Maestros y Docentes de Boyacá, el 1.º de diciembre de 2001, en Boyacá, por paramilitares;
  142. 142) Generoso Estrada Saldarriaga, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, SINTRELECOL, el 4 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  143. 143) Germán Darío Ortiz Restrepo, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 7 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  144. 144) Alberto Torres, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 12 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  145. 145) James Estrada, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 13 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  146. 146) José Raúl Orozco, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cerámicas Continental, el 14 de diciembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  147. 147) Jairo Antonio Chima, SINTRAEMSDES, el 22 de diciembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  148. 148) Eduardo Alfonso Suárez Díaz, delegado de la Unión Sindical Obrera, USO, el 23 de diciembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  149. 149) Iván Velasco Vélez, Sindicato de Trabajadores Universitarios, el 27 de diciembre de 2001, en el Valle del Cauca, por paramilitares;
  150. 150) Bertilda Pavón, afiliada a ANTHOC, el 2 de enero de 2002, en Valledupar, por paramilitares;
  151. 151) Carlos Arturo Alarcón, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 12 de enero de 2002, en Antioquia;
  152. 152) Rubén Arenas, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 16 de enero de 2002, en Antioquia;
  153. 153) Rubí Moreno, afiliado a ANTHOC, el 20 de enero de 2002, en César, por paramilitares;
  154. 154) Víctor Alberto Triana, Asociación de Empleados de ECOPETROL, ADECO, el 21 de enero de 2002, por paramilitares; Carlos Padilla, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Fray Luis de león, afiliado a la Central General de Trabajadores Democráticos y a UTRADEC, el 28 de enero de 2002, en el municipio de Plato Magdalena, luego de haber sido objeto de amenazas;
  155. 155) Carmen Elena García Rodríguez, secretaria de organización de la Junta Directiva Municipal del Sindicato de la Salud del César (SIDESC), asesinada a balazos cuando salía de su trabajo en el Hospital Eduardo Arredondo Daza de la Ciudad de Valledupar, el 29 de enero de 2002;
  156. 156) Walter Oñate, en las mismas circunstancias que la anterior;
  157. 157) Jairo Alonso Giraldo, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, el 1.º de febrero de 2002, en Antioquia;
  158. 158) Gloria Eudilia Riveros Rodríguez, profesora del Colegio Inocencio Chincá de la municipalidad de Tame en una acción de las FARC contra el puesto de policía del municipio de Tame, el 2 de febrero de 2002;
  159. 159) Oscar Jaime Delgado Valencia, profesor del Colegio Camilo Torres de Armenia, departamento del Quindío, asesinado a balazos el 4 de febrero de 2002;
  160. 160) Oswaldo Enrique Borja Martínez, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de febrero de 2002, en Sucre, por paramilitares;
  161. 161) Henry Mauricio Neira, afiliado a ANTHOC, el 7 de febrero de 2002, en Arauca;
  162. 162) Nohora Elsy López, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en hogares de Bienestar, el 7 de febrero de 2002, en Antioquia, por paramilitares;
  163. 163) Adolfo Flórez Rico, activista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, SINDICONS, el 7 de febrero de 2002, en Antioquia, por paramilitares;
  164. 164) Julio Galeano, líder comunal y ex empleado de EMCALI, asesinado a balazos el 11 de febrero de 2002; su esposa, también activista sindical salió ilesa del ataque;
  165. 165) Angela María Rodríguez Jaimes, afiliada al Sindicato de Educadores de Santander (SES?CUT), en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, asesinada a balazos el 12 de febrero de 2002;
  166. 166) Néstor Rincón Quinceno, Sindicato de Educadores de Riseralda, el 14 de febrero de 2002;
  167. 167) Alfredo González Páez, afiliado a la Asociación de Empleados del INPEC, ASEINPEC, el 15 de febrero de 2002, en Tolima, por paramilitares;
  168. 168) Oswaldo Meneses Jiménez, ASEINPEC, el 15 de febrero de 2002, en Tolima, por paramilitares;
  169. 169) Barqueley Ríos Mena, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de febrero de 2002, en Antioquia;
  170. 170) Juan Manuel Santos Rentería, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de febrero de 2002, en Antioquia;
  171. 171) Fernando Cabrales, presidente de la Federación Nacional de Transportadores de Carga, el 18 de febrero de 2002, en el Valle del Cauca, por paramilitares;
  172. 172) José Wilson Díaz, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, SINTRAELECOL, el 21 de febrero de 2002, en Huila, por las FARC;
  173. 173) Cecilia Gallego, secretaria de Asuntos Femeninos del Comité Ejecutivo de Acción Campesina Colombiana (ACC), en la municipalidad de la Macarena, el 25 de febrero de 2002;
  174. 174) Hugo Ospina Ríos, afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, el 26 de febrero de 2002, en Risaralda;
  175. 175) Marcos Antonio Beltrán, activista de SUTEV, el 1.º de marzo de 2002, en el Valle del Cauca;
  176. 176) Roberto Carballo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de marzo de 2002, en Bolívar;
  177. 177) Juan Montiel, miembro de la subdirectiva Ciénaga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), departamento del Magdalena, el 7 de marzo de 2002;
  178. 178) Emilio Villeras Durán, miembro de la subdirectiva Ciénaga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), departamento del Magdalena, el 7 de marzo de 2002;
  179. 179) Alirio Garzón Córdoba, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Registraduría del Estado Civil, SINTRAREGINAL, el 10 de marzo de 2002, en Huila;
  180. 180) Carlos Alberto Molano, SINTRAREGINAL, el 10 de marzo de 2001, en Huila;
  181. 181) Eduardo Chinchilla Padilla, activista del Sindicato de Industria de los Trabajadores de Empresas de Palmas Oleaginosas y Similares (SINTRAPALMA-CUT), el 11 de marzo de 2002;
  182. 182) Luis Omar Castillo, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), en la Planta de Generación Eléctrica de Río Bobo, en el departamento del Nariño, el 20 de marzo de 2002, por paramilitares;
  183. 183) Juan Bautista Cevallos, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), en la Planta de Generación Eléctrica de Río Bobo, en el departamento del Nariño, el 20 de marzo de 2002, por paramilitares;
  184. 184) Ernesto Alfonso Giraldo Martínez, fiscal delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDAS-CUT), fue baleado el 21 de marzo de 2002, quedando gravemente herido; el 22 de marzo, cuando era trasladado al Hospital San Vicente de Medellín fue sacado de la ambulancia y rematado por las FARC;
  185. 185) Alfredo Zapata Herrera, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción — Seccional Santa Bárbara (SUTIMAC-CUT), fue secuestrado el 2 de abril y apareció muerto el 3 de abril en Santa Bárbara; el Sindicato se encuentra amenazado por los paramilitares;
  186. 186) Oscar Alfonso Jurado, directivo del Sindicato de la Industria Química, Seccional Yumbo, departamento del Valle, el 8 de abril de 2002, por grupos de extrema derecha;
  187. 187) Hernán de Jesús Ortiz, miembro de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el 12 de abril de 2002, en Celda, por paramilitares, y
  188. 188) José Robeiro Pineda, ex directivo de SINTRAELECOL, el 12 de abril, en Celda, por paramilitares.
• Secuestros y desapariciones
  1. 1) Alexander Cardona, directivo de la USO;
  2. 2) Ismael Ortega, tesorero de Sintraproaceites San Alberto (César);
  3. 3) Walter Arturo Velásquez Posada, de la Escuela Nueva Floresta, del municipio El Castillo, de la Coordinación Educativa El Ariari, departamento del Meta;
  4. 4) Nefatalí Romero Lombana, de Aguazúl (Casanare) y Luis Hernán Ramírez, docente de Chámeza (Casanare), afiliados a SIMAC-FECODE;
  5. 5) Roberto Cañarte M., afiliado a SINTRAMUNICIPIO BUGALAGRANDE, en la vereda el Paila Arriba (Valle);
  6. 6) Germán Medina Gaviria, afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 14 de enero de 2001, en el vecindario de El Porvenir, ciudad de Cali;
  7. 7) Julio César Jaraba, afiliado del SINTRAISS, desapareció el 23 de febrero de 2001;
  8. 8) Paula Andrea Gómez Mora (hija de Edinson Gómez, afiliado a SINTRAEMCALI, quien ha sido amenazado en varias ocasiones), secuestrada el 18 de abril de 2001 y liberada el 20 de abril;
  9. 9) Eumelia Aristizabal, afiliada a ADIDA, desaparecida el 19 de abril de 2001;
  10. 10) Rosa Cecilia Lemus Abril, dirigente del FECODE, intento de secuestro frustrado el 14 de mayo de 2001;
  11. 11) seis trabajadores de las empresas públicas de Medellín afiliados al SIMTRAEMDSDES, fueron secuestrados en el departamento de Antioquia, el 12 de junio de 2001;
  12. 12) Cristina Echeverri Pérez, afiliada a EDUCAL-CUT, el 1.º de julio de 2001, en las inmediaciones de la ciudad de Manizales;
  13. 13) Alfonso Mejía Urión, afiliado a ADUCESAR-FECODE-CUT, desaparecido el 4 de julio de 2001;
  14. 14) Jairo Tovar Díaz, afiliado a ADES-FECODE-CUT, el 29 de julio de 2001, en las afueras del municipio de Galeras;
  15. 15) Julio Enrique Carrascal Puentes, miembro del comité ejecutivo nacional de la CUT, secuestrado el 10 de agosto de 2001;
  16. 16) Winsgton Jorge Tovar, afiliado a ASONAL-CUT, secuestrado en las inmediaciones del municipio de Dagua;
  17. 17) Alvaro Alberto Agudel Usuga, afiliado a ASONAL-CUT, desaparecido el 20 de agosto de 2001;
  18. 18) Jorge Feite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA), el 28 de agosto de 2001;
  19. 19) Ricaurte Jaunten Pungo, dirigente de la ANTHOC-CUT, el 2 de septiembre de 2001;
  20. 20) Alvaro Laiton Cortés, presidente del Sindicato de Maestros de Boyacá, el 2 de septiembre de 2001 y fue liberado al poco tiempo del secuestro;
  21. 21) Marco Tulio Agudero Rivera, ASONAL-CUT, en el municipio de Cocorna, el 5 de octubre de 2001;
  22. 22) Iván Luis Beltrán, integrante del comité ejecutivo del FECODE-CUT, el 10 de octubre de 2001;
  23. 23) Carlina Ballesteros, miembro del Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 5 de noviembre de 2001;
  24. 24) Jorge Enrique Posada, miembro de ASONAL, el 5 de noviembre de 2001;
  25. 25) Jhon Jaimes Salas Cardona, delegado de ADIDA-CUT, el 26 de noviembre de 2001;
  26. 26) Carlos Arturo Alarcón Vera, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA?CUT, el 12 de enero de 2002;
  27. 27) Gilberto Torres Martínez, secretario general de la subdirectiva única del oleoducto de la Unión Sindical Obrera (USO), en el municipio de Monterrey, por paramilitares, el 25 de febrero de 2002, fue liberado el 7 de abril de 2002;
  28. 28) Hugo Alberto Peña Camargo, presidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) detenido en el corregimiento de Caño Verde, departamento de Arauca sin orden judicial el 13 de marzo de 2002;
  29. 29) José Pérez, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), en la Quebrada La Nata, departamento de Casanare, el 25 de marzo de 2002, por paramilitares, y
  30. 30) Hernando Silva, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), en la Quebrada La Nata, departamento de Casanare, el 25 de marzo de 2002, por paramilitares.
• Tentativas de homicidio
  1. 1) Albeiro González García, presidente de ASODEFENSA, eje cafetero, fue enviado a zona de guerra sin ser militar, y se negó; luego fue víctima de un atentado el 24 de septiembre de 1998; actualmente se encuentra exiliado en Europa;
  2. 2) Ricardo Herrera, dirigente de SINTRAEMCALI, fue víctima de un atentado en Cali, el 19 de septiembre de 2000;
  3. 3) Wilson Borja Díaz, presidente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), el 14 de diciembre de 2000 fue interceptado por sicarios que le dispararon con armas de fuego, resultando con graves lesiones. Actualmente se encuentra en estado delicado bajo supervisión médica;
  4. 4) César Andrés Ortiz, sindicalista de la CGTD, el 26 de diciembre de 2000;
  5. 5) Héctor Fabio Monroy, afiliado de AICA-FECODE, fue víctima de un atentado con arma de fuego, el 23 de febrero de 2001;
  6. 6) contra la junta directiva de SINTRAEMCALI, en las afueras de la ciudad de Cali, cuando se encontraban reunidos en una mesa de trabajo para efectuar propuestas frente al Plan de Recuperación de las Empresas de Cali, el 10 de junio de 2001;
  7. 7) María Emma Gómez de Perdomo, afiliada de ANTHOC, fue víctima de un atentado en el cual fue herida por cuatro balazos, en la ciudad de Honda, el 13 de junio;
  8. 8) Clemencia del Carmen Burgos, afiliada a ASONAL-CUT, estaba investigando las redes de financiación de las Autodefensas de Colombia, el 11 de julio de 2001;
  9. 9) Omar García Angulo, afiliado de SINTRAEMECOL, el 16 de agosto de 2001;
  10. 10) Carlos Arturo Mejía Polanco, miembro de la subdirectiva Seccional Yumbo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC?CUT), el 16 de noviembre de 2001;
  11. 11) Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, miembro del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI) el 3 de enero de 2002;
  12. 12) Sigilfredo Grueso, activista del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI) el 10 de enero de 2002;
  13. 13) Albeiro Forero, dirigente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Cartago (SINTRAMUNICIPIO), el 13 de febrero de 2002 fue victima de un disparo por parte de un paramilitar. Ya ha sido víctima de atentados, y
  14. 14) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINTRAINAL), en el departamento del Valle del Cauca, el 14 de febrero de 2002 se efectuó un tiroteo contra las instalaciones.
• Amenazas de muerte
  1. 1) Juan de la Rosa Grimaldos, presidente del ASEINPEC;
  2. 2) María Clara Baquero Sarmiento, presidente de ASODEFENSA;
  3. 3) Giovanni Uyazán Sánchez;
  4. 4) Reinaldo Villegas Vargas, integrante del colectivo de abogados «José Alvear Restrepo»;
  5. 5) los siguientes dirigentes y afiliados de la USO: Carlos Oviedo, César Losa, Ismael Ríos, José Meneses, Julio Saldaña, Ladislao Rodríguez, Luis Linares, Rafael Ortiz, Ramiro Luna;
  6. 6) Rosario Vela, afiliada de SINTRADEPARTAMENTO;
  7. 7) numerosos dirigentes y afiliados de FECODE;
  8. 8) Jorge Nisperuza, presidente de la subdirectiva CUT-Córdoba;
  9. 9) Mario de Jesús Castañeda, presidente de la subdirectiva CUT-Huila;
  10. 10) Gerardo Rodrigo Genoy Guerrero, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de SINTRABANCOL;
  11. 11) Otoniel Ramírez, presidente de la subdirectiva CUT-Valle;
  12. 12) José Rodrigo Orozco, miembro de la junta directiva CUT-CAUCA;
  13. 13) contra los trabajadores del SINTRAHOINCOL, el 9 de julio de 2001;
  14. 14) Leonel Pastas, dirigente del Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el 14 de agosto de 2001;
  15. 15) Rusbel, dirigente del INCORA, el 14 de agosto de 2001;
  16. 16) Edgar Púa y José Meriño, tesorero y fiscal de la ANTHOC, el 16 de agosto de 2001;
  17. 17) Gustavo Villanueva, dirigente de ANTHOC, el 16 de agosto de 2001;
  18. 18) Jesús Tovar e Ildis Jarava, dirigentes de ANTHOC son seguidos por hombres fuertemente armados desde el 16 de agosto de 2001;
  19. 19) los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Oficiales de los municipios del departamento de Antioquia (SINTRAOFAN) son intimidados por paramilitares para que renuncien a la organización sindical;
  20. 20) Aquiles Portilla, dirigente de FECODE, víctima de seguimientos el 29 de agosto de 2001;
  21. 21) Edgar Mojico y Daniel Rico, presidente y secretario de prensa respectivamente de la Unión Sindical Obrera (USO), amenazados por las Autodefensas Unidas de Colombia;
  22. 22) Over Dorado Cardona, dirigente de ADIDA, el 19 de septiembre de 2001;
  23. 23) Orlando Herrán, Rogelio Pérez Gil, Edgar Alvarez Cañizales, Dalgy Barrera Gamez, Jorge Vázquez Nivia, Javier González, Humberto Castro, Cervulo Bautista Matoma afiliados a la CGTD recibieron amenazas y son víctimas de seguimientos;
  24. 24) Jaime Goyes, Jairo Roseño, Rosalba Oviedo, Pedro Layton, Ricardo Chávez, Diego Escandón, Luis Ortega, dirigentes sindicales del departamento de Nariño, fueron amenazados de muerte por las Autodefensas Unidas de Colombia, el 8 de octubre de 2001;
  25. 25) el 26 de octubre de 2001 fue amenazada de muerte toda la junta directiva de SINTRAVIDRICOL-CUT;
  26. 26) Jorge Eliécer Londoño, afiliado al SINTRAEMSDES-CUT, recibió amenazas de muerte el 2 de noviembre de 2001;
  27. 27) Carlos Alberto Florez Loaiza, miembro de la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES), el 5 de enero de 2002;
  28. 28) José Homer Moreno Valencia, miembro de SINTRAEMSDES-CUT el 10 de enero de 2002, y
  29. 29) Luis Hernández, presidente de SINTRAEMCALI.
• Persecuciones
  1. 1) Esperanza Valdés Amortegui, tesorera de ASODEFENSA, víctima de espionaje ilegal mediante la instalación de micrófonos en el lugar de trabajo;
  2. 2) Henry Armando Cuéllar Valbuena, perseguido y agredido físicamente;
  3. 3) Carlos González, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Valle, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001;
  4. 4) Freddy Ocoro, presidente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Bugala Grande, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001, y
  5. 5) Jesús Antonio González, director del departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la CUT, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001.
• Envío de civiles a zona de guerra
• En el Ministerio de Defensa, como mecanismo de persecución sindical se continúa obligando a los civiles a ir a áreas de guerra vestidos de militares, sin armas ni instrucción militar. Se han visto afectadas por estas circunstancias las siguientes personas:
  1. 1) Carlos Julio Rodríguez García, sindicalista de ASODEFENSA;
  2. 2) José Luis Torres Acosta, sindicalista de ASODEFENSA;
  3. 3) Edgardo Barraza Pertuz;
  4. 4) Carlos Rodríguez Hernández, y
  5. 5) Juan Posada Barba.
• Detenciones
  19. El 19 de octubre de 2001 fueron detenidos los siguientes dirigentes (activos y retirados) de la USO, Edgar Mojica, Luis Viana, Ramón Rangel, Jairo Calderón, Alonso Martínez y Fernando Acuña, ex presidente de FEDEPETROL.
• Anexo II
• Actos de violencia contra dirigentes sindicales
• o sindicalistas sobre los que el Gobierno
• ha comunicado sus observaciones
• Arturo Alarcón, Rafael Atencia Miranda, Jairo Balvuena, Víctor Carrillo, Francisco Isaías Cifuentes, Saúl Alberto Colpas Castro, Julio César Díaz Quintero, Alfredo Florez, José Luis Guette Montero, Saulo Guzmán Cruz, Darío Hoyos Franco, Cervando Lerma Guevara, Aury Sara Marrugo, Nilson Martínez Peña, Aldo Mejía Martínez, Cándido Méndez, Doris Núñez Lozano, Pablo Antonio Padilla López, Luis Alberto Pedraza Serrano, Samuel Segundo Peña Sanguino, Walter Dione Perea Díaz, Isabel Pérez Guzmán, Jaime Sánchez, Gustavo Soler, Oscar Darío Soto Polo, Juan Rodrigo Suárez Mira, James Orlando Urbano Morales, Miguel Angel Vargas Zapata, Ana Rubiela Villada, Huber Galeano, Libardo de Jesús Usme Salazar, Gerardo de Jesús Raigoza Cardona, Edgar Mariño Pereira Galvis, Arelis Castillo Colorado, Jesús Antonio Posada Marín, Jaime Enrique Barrera, Jorge Andrés Ríos Zapata, Diego Fernando Gómez, Leonardo Betancourt Méndez, Miguel Angel Pérez, Alfredo Germán Delgado Ordóñez, Jairo Vicente Vallejo Champutics, Carlos Eliecer Prado, Sandro Antonio Ríos, Magnolia Plazas Cárdenas, Rafael Jaimes Torra, Carmen Pungo de Sánchez, Jaime Duque Castro, Gilberto Agudelo Martínez, Gerzain Hernández Giraldo, William Hernández, Rodrigo Aparicio, Eduardo Franco, Jaime Sampayo, Julio Cabrales, Diego Quiguanas González, Leonardo Avendaño, Julio Ernesto Ceballos Guzmán, Gustavo Alejandro Castro Londoño, Ricardo Navarro Bruges, Ezequiel Antonio Palma, Maria Elisa Valdés Morales, John Jairo Ocampo Franco, Hernando Hernández Pardo, Alexander López Maya, Alirio Uribe Muñoz, Hernando Montoya, Julián Cote, Fredys Rueda, Julián de J. Durán, Eliécer Corredor, Miguel Angel Mercado.