Interim Report - Report No 327, March 2002

Case No 1787 (Colombia) - Complaint date: 28-JUN-94 - Follow-up

1. 327. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2001 [véase 324.º informe, párrafos 257 a 289]. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió nuevos alegatos por comunicaciones de 25 de enero, 17 de febrero, 20, 26 y 27 de marzo, 4, 11, 18 de abril, 15, 22, 23 de mayo, 28 de junio, 15 y 24 de octubre, 15 de noviembre, 6 y 18 de diciembre de 2001 y 21 de enero y 6 de febrero de 2002. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) enviaron nuevos alegatos por comunicación de 13 de junio de 2001. La Federación Sindical Mundial (FSM) envió nuevos alegatos por comunicaciones de 28 y 29 de marzo, 6, 14 y 31 de julio, 16 de agosto, 29 y 31 de octubre, 2, 20 y 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 9 y 17 de enero de 2002. La Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA) envió nuevos alegatos por comunicaciones de 23 de febrero y 1.º de agosto de 2001. La Confederación Mundial del Trabajo (CMT) presentó una queja por comunicación de 9 de febrero de 2001. La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) presentó nuevos alegatos con fecha 9 de enero de 2002. El Gobierno envió sus observaciones con fecha 23 de noviembre de 2001.
2. 328. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 329. En su reunión de marzo de 2001, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que quedaron pendientes y que se refieren principalmente a actos de violencia contra sindicalistas y a distintos actos antisindicales incluidos actos de discriminación antisindical [véase 324.º informe, párrafo 289]:
   • a) el Comité deplora profundamente el recrudecimiento de la violencia, según los querellantes, en contra de dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados (más de 100 homicidios en el año 2000 y dos homicidios, cuatro tentativas de homicidio y una desaparición en lo que va del año 2001) y urge al Gobierno en los términos más enérgicos a que tome medidas para que de inmediato se inicien investigaciones sobre estos nuevos actos de violencia a efectos de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y castigar rápida y cabalmente a los culpables;
   • b) lamentando profundamente observar una vez más que en relación con la enorme mayoría de los casos en los que se han cometido homicidios, tentativas de homicidios o desapariciones de dirigentes sindicales o sindicalistas no se ha procesado ni condenado a los autores de los mismos, y que según se desprende de las últimas respuestas del Gobierno esta tendencia constatada en años anteriores sigue sin modificarse, el Comité urge al Gobierno a que realice esfuerzos vigorosos contra la gravísima e intolerable situación de impunidad y que le mantenga informado al respecto;
   • c) en cuanto al inicio de investigaciones globales a nivel institucional en relación con la participación de agentes públicos (en particular de agentes de fuerzas armadas) en la conformación de grupos de autodefensa o paramilitares y a los casos de pasividad, connivencia o colaboración de tales agentes por acción u omisión con esos grupos que desembocan en violaciones de los derechos humanos en general, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre toda nueva investigación que se realice y en particular sobre las sanciones que se impongan a los agentes del Estado que hayan participado de alguna manera en actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas e insiste en la necesidad de efectuar investigaciones globales sobre estas conductas de los agentes públicos. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que facilite explicaciones sobre el cuadro que ha enviado de funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos dado que la parte «implicados con auto de cargo» e «implicados con fallos» relativa a 1998 y 1999 no contiene cifras (contrariamente a lo que sucede respecto de 1997). Asimismo el Comité pide al Gobierno que le comunique los datos de agentes procesados por violaciones de los derechos humanos en el año 2000;
   • d) en cuanto a la adopción de medidas radicales y sistemáticas para el desmantelamiento de los grupos de autodefensa en todas las áreas donde actúan y para neutralizar y reprimir al conjunto de sus líderes, integrantes y financiadores, el Comité urge al Gobierno a que continúe esforzándose en su lucha contra estos grupos y pide que le mantenga informado sobre los resultados concretos que se obtengan e insiste en que en un futuro próximo se consigan resultados en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y en las sanciones a los responsables;
   • e) en cuanto a la convocatoria de un grupo de trabajo de representantes independientes aceptados por el Gobierno y las centrales sindicales para esclarecer las divergencias enormes en el número de dirigentes y trabajadores sindicalizados asesinados en los últimos diez años, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre los trabajos que la subcomisión continúe realizando y que le comunique la lista de los 842 asesinados;
   • f) en lo que respecta a los alegatos relativos a actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas (homicidios, agresiones físicas y detenciones) sobre los que el Gobierno ha anunciado que se están llevando a cabo investigaciones cuya lista se adjunta en anexo, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el desarrollo y el resultado de las investigaciones en curso. (A continuación se reproduce el anexo.)
     • Anexo
     • Alegatos sobre los cuales el Gobierno ha informado en distintas ocasiones que se han iniciado investigaciones
     • Homicidios
   • 1) Antonio Moreno Asprilla, 12-08-95; 2) Manuel Ballesta Alvarez, 13-08-95; 3) Francisco Mosquera C., 05-02-96; 4) Carlos Antonio Arroyo, 05-02-96; 5) Francisco Antonio Usuga, 23-02-96; 6) Pedro Luis Bermúdez J., 06-06-95; 7) Armando Humanes Petro, 23-05-96; 8) William Gustavo Jaimes T., 28-08-95; 9) Jaime Eliécer Ojeda, 23-05-94; 10) Alfonso Noguera Cano, 04-11-94; 11) Alvaro Hoyos Pabón, 12-12-95; 12) Néstor Eduardo Galindo, 03-07-97; 13) Erieleth Barón Daza, 03-05-97; 14) Jhon Freddy Arboleda A., 03-07-97; 15) William Alonso Suárez Gil, 03-07-97; 16) Eladio de Jesús Chaverra R., 03-07-97; 17) Luis Carlos Muñoz Z., 03-07-97; 18) Nazareno de Jesús Rivera G., 03-12-97; 19) Héctor de Jesús Gómez C., 22-03-97; 20) Gilberto Casas Arboleda, 11-02-97; 21) Norberto Casas Arboleda, 11-02-97; 22) Alcides de Jesús Palacios C., 11-02-97; 23) Argiro de Jesús Betancur, 11-02-97; 24) José Isidoro Leyton M., 22-03-97; 25) Eduardo Enrique Ramos M., 14-07-97; 26) Libardo Cuéllar Navia, 23-07-97; 27) Wenceslao Varela T., 19-07-97; 28) Abraham Figueroa Bolaños, 25-07-97; 29) Edgar Camacho Bolaños, 25-07-97; 30) Félix Antonio Avilés A., 01-12-97; 31) Juan Camacho Herrera, 25-04-97; 32) Luis Orlando Camacho G., 20-07-97; 33) Hernando Cuadros M., 1994; 34) Freddy Francisco Fuentes, 18-07-97; 35) Víctor Julio Garzón H., 07-03-97; 36) Isidro Segundo Gil Gil, 03-12-96; 37) José Silvio Gómez, 01-04-96; 38) Enoc Mendoza Riasco, 04-07-97; 39) Luis Orlando Quiceno López, 16-07-97; 40) Arnold Sánchez Maza, 13-07-97; 41) Camilo Eliécer Suárez Ariza, 21-07-97; 42) Mauricio Tapias Llerena, 21-07-97; 43) Atilio José Vásquez Suárez, 28-07-97; 44) Odulfo Zambrano López, 27-10-97; 45) Alvaro José Taborda A., 08-01-97; 46) Elkin Clavijo, 30-11-97; 47) Alfonso Niño, 30-11-97; 48) Luis Emilio Puerta Orrego, 22-11-97; 49) Fabio Humberto Burbano C., 12-01-98; 50) Osfanol Torres Cárdenas, 31-01-96; 51) Fernando Triana, 31-01-98; 52) Francisco Hurtado Cabezas, 12-02-98; 53) Misael Díaz Urzola, 26-05-98; 54) Sabas Domingo Socadagui, 06-03-97; 55) Jesús Arley Escobar P., 18-07-97; 56) José Raúl Giraldo H., 25-11-97; 57) Bernardo Orrego Orrego, 06-03-97; 58) Eduardo Umaña Mendoza, 18-04-98; 59) José Vicente Rincón, 07-01-98; 60) Jorge Boada Palencia, 18-04-98; 61) Jorge Duarte Chávez, 09-05-98; 62) Carlos Rodríguez M., 10-05-98; 63) Arcángel Rubio Ramírez, 08-01-98; 64) Orfa Lígia Mejía, 07-10-98; 65) Macario Herrera Villota, 25-10-98; 66) Víctor Eloy Mieles Ospino; 67) Rosa Ramírez, 22-07-99; 68) Oscar Artunduaga Núñez, 1998; 69) Jesús Orlando Arévalo, 14-01-99; 70) Moisés Canedo Estrada, 20-01-99; 71) Gladys Pulido Monroy, 18-12-98; 72) Oscar David Blandón; 73) Oswaldo Rojas Sánchez, 11-02-99; 74) Julio Alfonso Poveda, 17-02-99; 75) Pedro Alejandrino Melchor, 06-04-99; 76) Gildardo Tapasco, 06-04-99; 77) Manuel Salvador Avila, 22-04-99; 78) Esaú Moreno Martínez, 05-04-99; 79) Ernesto Emilio Fernández F., 20-11-95; 80) Libardo Antonio Acevedo, 07-07-96; 81) Magaly Peñaranda Arévalo, 27-07-97; 82) David Quintero Uribe, 07-08-97; 83) Aurelio de J. Arbeláez, 04-03-97; 84) José Guillermo Asprilla T., 23-07-97; 85) Carlos Arturo Moreno L., 07-07-95; 86) Luis Abel León Villa, 21-07-97; 87) Manuel Francisco Giraldo, 22-03-95; 88) Luis David Alvarado, 22-03-96; 89) Eduardo Enrique Ramos M., 14-07-97; 90) Marcos Pérez González, 10-10-98; 91) Jorge Luis Ortega G., 20-10-98; 92) Hortensia Alfaro Banderas, 24-10-98; 93) Jairo Cruz, 26-10-98; 94) Luis Peroza, 12-02-99; 95) Numael Vergel Ortiz, 12-02-99; 96) Gilberto Tovar Escudero, 15-02-99; 97) Albeiro de Jesús Arce V., 19-03-99; 98) Ricaurte Pérez Rengifo, 25-02-99; 99) Antonio Cerón Olarte; 100) Sr. César Herrera, fiscal de SINTRAINAGRO; 101) Sr. Jesús Orlando Crespo García; 102) Sr. Guillermo Molina Trujillo; 103) Sr. José Joaquín Ballestas García; 104) Sr. José Atanacio Fernández Quiñonez; 105) Sr. Hernando Stevenis Vanegas; 106) Sr. Julio César Jiménez; 108) Sr. Aldemar Roa Córdoba; 109) Sr. Jhon Jairo Duarte; 110) Sr. Próspero Lagares; 111) Sr. Edison Bueno; 112) Sr. Diómedes Playonero Ortiz; 113) Sr. Julio César Bethancurt; 114) Sr. Islem de Jesús Quintero; 115) Sr. César Wilson Cortes; 116) Sr. Rómulo Gamboa; 117) Sr. Oscar Darío Zapata; 118) Sr. James Pérez Chima; 119) Sr. Milton Cañas; 120) Sr. Humberto Guerrero Porras; 121) Sr. Jimmy Acevedo; 122) Sr. Aníbal Bemberte; 123) Sra. Carmen Demilia-Rivas; 124) Sr. Guillermo Adolfo Parra López; 125) Sr. Mauricio Vargas Pabón; 126) Sr. Danilo Mestre Montero; 127) Leominel Campo Nuñez; 128) Sr. Franklin Moreno Torres; 129) Sr. Darío de Jesús Agudelo Bolosquez; 130) Sra. Melva Muñoz López; 131) Sr. Justiniano García; 132) Sr. Iván Franco Hoyos; 133) Sra. Esneda Monsalve; 134) Sr. Juan Castulo Jiménez Gutiérrez; 135) Sr. Jesús Ramiro Zapata Hoyos; 136) Sr. Nelson Arturo Romero Romero.
     • Tentativas de homicidio
   • 1) Virgilio Ochoa, 16-10-98; 2) Eugeniano Sánchez, 16-10-98; 3) Benito Rueda Villamizar, 16-10-98; 4) Gilberto Carreño; 5) César Blanco Moreno, 28-08-95; 6) Fernando Morales, 1999; 7) Alberto Pardo, 1999; 8) Esaú Moreno, 1999.
     • Agresiones físicas
   • 1) Empresas Públicas -- Cartagena, 29-06-99; 2) César Castaño, 06.01. 97; 3) Luis Cruz, 06.01. 97; 4) Janeth Leguizamón - ANDAT, 06-01-97; 5) Mario Vergara; 6) Heberto López, N.P.; 7) Trabajadores TELECOM, 13-10-98; 8) Marcha a Plaza de Bolívar, 20-10-98.
     • Desapariciones
   • 1) Jairo Navarro, 06-06-95; 2) Rami Vaca, 27-10-97; 3) Misael Pinzón Granados, 07-12-97; 4) Justiniano Herrera Escobar, 30-01-99; 5) Rodrigo Rodríguez Sierra, 16-02-95; 6) Ramón Alberto Osorio Beltrán, 13-05-97.
     • Detenciones
   • 1) José Ignacio Reyes, 08-10-98; 2) Orlando Rivero, 16.10.98; 3) Sandra Parra, 16-10-98; 4) 201 personas durante el Paro Cívico Nacional, 31-08-99; 5) Horacio Quintero, 31-05-99; 6) Oswaldo Blanco Ayala, 31-05-99 (estos dos últimos sindicalistas fueron detenidos, amenazados de muerte y luego liberados).
     • -- deplorando que el Gobierno no haya comunicado sus observaciones en relación con un importante número de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados o que han sufrido un atentado contra su vida o que han sido desaparecidos, cuyos nombres figuran en anexo, el Comité urge al Gobierno a que sin demora comunique sus observaciones al respecto. (A continuación se reproduce el anexo.)
       • Anexo
       • Actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones
       • Homicidios
     • 1) Sra. Margarita María Pulgarín Trujillo, 3 de abril de 2000; 2) Alejandro Alvarez Igaza, 7 de abril de 2000; 3) Alberto Alvarez Macea, 8 de abril de 2000; 4) Sr. Germán Valderrama, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Caquetá, el 15 de enero de 2000; en Florencia-Caquetá; 5) Sra. Mareluis Esther Solano Romero, el 12 de febrero de 2000, en el departamento de César; 6) Sr. Luis Arcadio Ríos Muñoz, el 2 de abril de 2000, en el municipio de San Carlos (Antioquia); 7) Sr. Jesús María Cuella, afiliado a la Asociación de Institutores del Caquetá (AICA-FECODE) el 13 de abril de 2000, en la ciudad de Florencia (Caquetá); 8) Sr. Gerardo Raigoza, afiliado a SER-FECODE; el 19 de abril de 2000, en la ciudad de Pereira (Risaralda); 9) Sr. Omar Darío Rodríguez Zuleta, afiliado al Sindicato Nacional de la Industria de Alimentos SINALTRAINAL-seccional Bugalagrande, el 21 de mayo de 2000; 10) Sr. Abel María Sánchez Salazar, afiliado al Sindicato de Educadores del Caquetá, el 2 de junio de 2000, en la ciudad de Florencia; 11) Sr. Gildardo Uribe, dirigente de SINTRAOFAN-subdirectiva Vegachi, el 12 de junio de 2000, en el municipio de Vegzalú (Antioquia); 12) Sr. Edgar Marino Pereira Galvis, dirigente de la subdirectiva CUT-META, el 25 de junio de 2000, en la urbanización ciudadela COFREM; 13) Sr. Luis Rodrigo Restrepo Gómez, presidente de la subdirectiva de la Asociación de Institutos de Antioquia, el 2 de agosto de 2000, en el municipio de Ciudad Bolívar; 14) Sr. Carmen Emilio Sánchez Coronel, delegado oficial del Sindicato de Maestros del Norte de Santander; 15) Sr. Luis Rodrigo Restrepo Gómez, presidente de la subdirectiva del magisterio de Ciudad Bolívar, el 2 de agosto de 2000; 16) Sra. Arelis Castillo Colorado, el 28 de julio de 2000, en el municipio de Caucasia; 17) Sr. Fabio Santos Gaviria, 25 de febrero de 2000, Sindicato APUN; 18) Sr. Anival Zuluaga, 28 de febrero de 2000, Sindicato SINTRALANDERS; 19) Sr. Juan José Neira, 9 de marzo de 2000, Asociación de Profesores Manizalez; 20) Sr. Iván Franco, 19 de marzo de 2000, Sindicato SINTRAELECOL; 21) Sr. Alexander Mauricio Marín Salazar, 12 de abril de 2000, Sindicato ADEM; 22) Sr. José Antonio Yandu, 10 de abril de 2000, Asociación Ventero Ambulan; 23) Sr. Gonzalo Serna, 10 de abril de 2000, Asociación Ventero Ambulan; 24) Sr. Bayron de Jesús Velásquez Durango, 10 de abril de 2000, Asociación Ventero Ambulan; 25) Sra. Gloria Nubia Uran Lezcano, 2 de mayo de 2000, Sindicato ADIDA; 26) Sra. Carmen Emilia Rivas, 17 de mayo de 2000, Sindicato ANTHHOC; 27) Sr. Javier Carbono Maldonado, julio de 2000, Sindicato SINTRAELECOL; 28) Sr. Javier Suárez, 5 de enero de 2000, Sindicato NACC; 29) Sr. Jesús Antonio Posada Marín, 11 de mayo de 2000, Sindicato ADIDA; 30) Sr. Gustavo Enrique Gómez Gómez, 9 de mayo de 2000, Sindicato ADIDA; 31) Sr. Pedro Amado Manjarres, 29 de mayo de 2000, Sindicato ASODEGUUA; 32) Sr. José Arístides Velásquez Hernández, 12 de junio de 2000, SINTRAMUNICIPIO; 33) Sr. Jaime Enrique Barrera, 11 de junio de 2000, Sindicato AIDA; 34) Sr. Jorge Andrés Ríos Zapata, 5 de enero de 2000, Sindicato ADIDA; 35) Sr. Francisco Espadín Medina, 7 de septiembre de 2000, Sindicato SINTRANAGRO; 36) Sr. Miguel Algene Barreto Racine, 2 de agosto de 2000, Sindicato ADES; 37) Sr. Cruz Orlando Benítez Hernández, 7 de agosto de 2000, Sindicato ADIDA; 38) Sra. Francy Uran Molina, 27 de agosto de 2000, Sindicato ADIDA; 39) Sr. Aristarco Arzalluz Zúñiga, 30 de agosto de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO; 40) Sr. Alejandro Vélez Jaramillo, 30 de agosto de 2000, Sindicato ASONAL JUDICIAL; 41) Sr. Bernardo Olachica Rojas Gil, 2 de septiembre de 2000, Sindicato SES; 42) Sr. Vicente Romana, 5 de agosto de 2000, Sindicato ADIDA; 43) Sr. Lázaro Gil Alvarez, 29 de septiembre de 2000, sindicato ADIDA; 44) Sr. Argemiro Albor Torregroza, 5 de septiembre de 2000, Sindicato Campesino Galapa; 45) Sr. Efraín Becerra, 11 de septiembre de 2000, Sindicato SINTRAUNICOL; 46) Hugo Guarin Cortes, 11 de septiembre de 2000, Sindicato SINTRAUNICOL; 47) Luis Alfonso Páez Molina, 12 de agosto de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO; 48) Sergio Uribe Zuluaga, 25 de agosto de 2000, Sindicato ADIDA; 49) Sr. Bernardo Vergara Vergara, 9 de octubre de 2000, Sindicato ADIDA; 50) Sr. Candelario Zambrano, 15 de septiembre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO P.W.; 51) Sr. Jairo Herrera, 15 de septiembre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO P.W.; 52) Sr. Héctor Acuña, 16 de junio de 2000, Sindicato UNIMOTOR; 53) Sr. Julián de J. Durán, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS; 54) Sr. Eliecer Corredor, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS; 55) Sr. Miguel Angel Mercado, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS; 56) Sr. Diego Fernando Gómez, 13 de julio de 2000, Sindicato SINTRAISS; 57) Sra. Elizabeth Cañas, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS; 58) Sr. Alejandro Tarazona, 26 de septiembre de 2000, Sindicato SINTRAAD; 59) Sr. Víctor Alfonso Vélez Sánchez, 28 de marzo de 2000, Sindicato EDUMAG; 60) Sr. Alfredo Castro Haydar, 10 de mayo de 2000, Asociación Profesores Universidad Atlan; 61) Sr. Edgar Cifuentes, 4 de noviembre de 2000, Sindicato ADE; 62) Sr. Juan Bautista Banquet, 17 de octubre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO; 63) Sr. Edison Ariel, 17 de octubre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO; 64) Sr. Omar de Jesús Noguera, 26 de septiembre de 2000, Sindicato SINTRAEMCALI; 65) Sr. Jesús Orlando García, 2 de marzo de 2000, Sindicato Mun Bugala; 66) Sr. Víctor Alfonso Vélez Sánchez, enero de 2000, Sindicato Asociación Educ. Córdoba; 67) Sr. Darío de Jesús Borja, 1. º de abril de 2000, Sindicato ADIDA; 68) Sra. Esneda de las Mercedes Holguín, 27 de abril de 2000, Sindicato ADIDA; 69) Sr. Bacillides Quiroga, 2 de agosto de 2000, Sindicato SINTRAMUNICIPIO BUGA; 70) Sr. Rubén Darío Guerrero Cuentas, 20 de agosto de 2000, Sindicato SINTRADIAN; 71) Sr. Henry Ordóñez, 20 de agosto de 2000, Sindicato Asociación de Profesores Meta; 72) Sr. Leonardo Betancourt Méndez, 22 de agosto de 2000, Sindicato Asociación de Profesores Risaral; 73) Sr. Luis Mesa, 26 de agosto de 2000, Sindicato ASPU; 74) Sr. Hernando Cuartos Agudelo, 1. º de septiembre de 2000, Sindicato SINALTRAINAL; 75) Sra. Rosalba Calderón Chávez, 3 de octubre de 2000, Sindicato ANTHOC; 76) Sr. Reinaldo Acosta Celemín, 3 de octubre de 2000, Sindicato Asociación Servidores Públicos; 77) Sr. Aldona Tello Barragán, vicepresidente del Sindicato de Loteros del Magdalena, el 17 de enero de 2001 en la ciudad de Santa Marta; 78) Sr. Miguel Antonio Medina Bohórquez, el 17 de enero de 2001, organización SINTRENAL, en el área de Altagracia, en el departamento de Riseralde; 79) Sr. José Luis Guette, presidente de la seccional de Ciénaga de SINTRAINAGRO, el 13 de diciembre de 1999, en la provincia de Magdalena; 80) Sr. Juan Carlos Alvis Pinzón, pariente del secretario general adjunto de la CGTD, el 25 de julio de 2000, en Aipe; 81) Sr. Clovis Flórez, presidente de Agrocosta, el 15 de septiembre de 2000, en Montería, Córdoba.
       • Tentativas de homicidio
     • 1) Sr. Wilson Borja Díaz, presidente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), el 14 de diciembre de 2000 fue interceptado por sicarios que le dispararon con armas de fuego, resultando con graves lesiones. Actualmente se encuentra en estado delicado bajo supervisión médica; 2) Sr. Gustavo Alejandro Castro Londoño, dirigente del comité ejecutivo de la Región 1 de la CUT del Meta. Se atentó contra su vida el 15 de enero de 2001 en la ciudad de Villavicencio. Está hospitalizado; 3) Sr. Ricardo Navarro Bruges, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Santa Marta (SINTRAUNICOL), el 12 de enero de 2001; 4) Sr. Ezequiel Antonio Palma, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Yumbo, el 11 de enero de 2001; 5) Sr. César Andrés Ortiz, sindicalista de la CGTD, el 26 de diciembre de 2000.
       • Desaparecidos
     • 1) Sr. Alexander Cardona, directivo de la USO; 2) Sr. Ismael Ortega, tesorero de Sintraproaceites San Alberto (César); 3) Sr. Walter Arturo Velásquez Posada, de la Escuela Nueva Floresta, del municipio El Castillo, de la Coordinación Educativa El Ariari, departamento del Meta; 4) Sr. Gilberto Agudelo, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia «SINRAUNICOL»; 5) Sres. Nefatalí Romero Lombana, de Aguazúl (Casanare) y Luis Hernán Ramírez, docente de Chámeza (Casanare), afiliados a SIMAC-FECODE; 6) Sr. Roberto Cañarte M., afiliado a SINTRAMUNICIPIO BUGALAGRANDE, en la vereda el Paila Arriba (Valle); 7) Sr. Germán Medina Gaviria, afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 14 de enero de 2001 en el vecindario de El Porvenir, ciudad de Cali.
     • - en lo que respecta a los alegatos que habían quedado pendientes relativos a la invasión por parte de la policía antimotines de las instalaciones de la Central de Operaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá impidiendo el derecho de protesta de los trabajadores afiliados al sindicato de trabajadores de la empresa, en el marco de la cual se agredió al presidente del sindicato y se detuvo a 11 trabajadores, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de la investigación al respecto;
     • - en cuanto a los alegatos relativos a la agresión y detención de 67 personas que participan en la marcha del día internacional del trabajo por parte de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá el 1.º de mayo de 2000 en Medellín y a la posterior liberación de 24 de los detenidos tras firmar un documento de autoinculpamiento de actos de violencia, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que de inmediato se realice una investigación en relación con estos alegatos y en caso de que se constate que las autoridades policiales se han excedido en el ejercicio de sus funciones se tomen medidas para sancionar a los culpables de tales hechos. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado final de la investigación;
     • - el Comité pide al Gobierno que sin demora inicie investigaciones y que comunique sus resultados en relación con los siguientes alegatos: 1) la Central de Trabajadores de Colombia (CTC) alega que dirigentes sindicales y sindicalistas de la organización SINTRABRINKS han sido detenidos y torturados, habiéndose asesinado a un dirigente de dicha organización, Sr. Juanito Cabrera. Asimismo, la CTC alega actos de intimidación por parte de la empresa BRINKS de Colombia S.A. para que los trabajadores se desafilien del sindicato, así como el incumplimiento del convenio colectivo vigente, y 2) la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) alega la detención provisoria del vicepresidente nacional de la USO, Sr. Gabriel Alvis, así como el inicio de una investigación penal contra 11 dirigentes sindicales de esa organización sindical;
     • - en lo que respecta a los alegatos relativos a amenazas de muerte de dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité pide al Gobierno que tome medidas de protección a favor de la totalidad de los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados mencionados en los alegatos;
     • - en cuanto a la investigación administrativa sobre la posible violación de la convención colectiva en la empresa BRINKS, el Comité, observando que se ha constituido un tribunal de arbitramiento en relación con el conflicto existente en la empresa, pide al Gobierno que le comunique el laudo que se dicte al respecto;
     • - en lo que respecta a los procesos judiciales pendientes de sentencias referidos a los despedidos en la empresa Textilia Ltda., iniciados por los Sres. Germán Bulla y Darío Ramírez, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado final de estos procesos;
     • - en cuanto a la investigación en curso relativa al allanamiento de la sede de la subdirectiva CUT-Atlántico y la agresión a un sindicalista durante la misma, el allanamiento de la sede de FENSUAGRO y la vigilancia por personas armadas de su presidente, el Comité pide al Gobierno que de inmediato tome medidas para que se inicien investigaciones o concluyan las que se encuentran en curso, a efectos de esclarecer estos hechos, deslindar responsabilidades y castigar rápida y cabalmente a los culpables. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas a efectos de prevenir que estos hechos se reproduzcan en el futuro;
     • - el Comité pide al Gobierno que comunique sus observaciones en relación con los alegatos presentados recientemente por la organización querellante ASODEFENSA (comunicación de 23 de febrero de 2001).

B. Nuevos alegatos

1. 330. La Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA) (comunicaciones de 23 de febrero y 1.º de agosto de 2001), la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) (comunicación de 9 de febrero de 2001), la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (comunicaciones de 25 de enero, 17 de febrero, 20 de marzo, 26 de marzo, 27 de marzo, 4, 11 y 18 de abril, 15, 22 y 23 de mayo, 28 de junio, 15 y 24 de octubre, 15 de noviembre, 6 y 18 de diciembre de 2001 y 21 de enero y 6 de febrero de 2002), la Federación Sindical Mundial (FSM) (comunicaciones de 28 y 29 de marzo, 6, 14 y 31 de julio, 16 de agosto, 29 y 31 de octubre, 2 de noviembre, 20 y 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 y 9 y 17 de enero de 2002), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) (comunicación de 13 de junio de 2001) alegan los siguientes actos de violencia.
   • Asesinatos
2. 1) Luis Hernán Campano Guzmán, afiliado de AICA, filial de FECODE, en el municipio de Florencia, el 8 de junio de 2000, en el departamento del Caquetá por paramilitares;
3. 2) Javier Jonás Carbono Maldonado, secretario general de SINTRAELECOL, en Santa Marta, el 9 de junio de 2000;
4. 3) Candelaria Flórez, esposa de Alberto Ruiz Guerra afiliado a ADEMACOR filial de FECODE, el 17 de junio de 2000 por paramilitares;
5. 4) Robert Cañarte Montealegre, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Bugalagrande, en Bugalagrande, el 29 de junio de 2000 en el departamento del Valle del Cauca, por paramilitares;
6. 5) Rubén Darío Guerrero Cuentas, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en Ciénaga, el 19 de agosto de 2000;
7. 6) Moisés Sanjuán, afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Cajas de Compensación Familiar, en Cúcuta, el 29 de agosto de 2000 por paramilitares, se desempeñaba como dirigente sindical y representante de los trabajadores ante el Consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar (COMFANORTE);
8. 7) Omar Rodríguez, afiliado a SINALTRAINAL, el 31 de agosto de 2000;
9. 8) Gil Bernardo Rojas Olachica, afiliado al SES, el 2 de septiembre de 2000 en Barrancabermeja por paramilitares;
10. 9) Francisco Espadín Medina, afiliado a SINTRAINAGRO, el 7 de septiembre de 2000, en el municipio de Turbo;
11. 10) William Iguarán Cottes, afiliado a SINTRAUNICOL, el 11 de septiembre de 2000, en Montería por paramilitares;
12. 11) Miguel Angel Pérez, afiliado a SINTRASINTETICOS, el 11 de septiembre de 2000, en Medellín;
13. 12) Humberto Peña Riaño, afiliado de AICA filial de FECODE, el 28 de septiembre de 2000, en Norcacia por paramilitares;
14. 13) Melsy Mora Hincapié, afiliada de ADIDA-FECODE, el 23 de octubre de 2000, en el municipio de Copacabana por paramilitares;
15. 14) Alfredo Germán Delgado Ordóñez, afiliado a SIMANA filial de FECODE, el 13 de noviembre de 2000, en el departamento de Nariño por paramilitares presuntamente;
16. 15) Edgar Arturo Burgos Ibarra, afiliado a SIMANA filial de FECODE, el 13 de noviembre de 2000, en el departamento de Nariño por paramilitares presuntamente;
17. 16) Jairo Vicente Vallejo Champutics, afiliado a SIMANA filial de FECODE, el 13 de noviembre de 2000, en el departamento de Nariño;
18. 17) Carlos Cordero, afiliado de ANTHOC, el 6 de diciembre de 2000, en Peñas Blancas por paramilitares;
19. 18) Gabriela Galeano, dirigente de ANTHOC, el 9 de diciembre de 2000, en Cúcuta, por paramilitares;
20. 19) Hernán Betancourt, afiliado de SINTRAUNICOL, el 15 de diciembre de 2000, en Cali, por paramilitares;
21. 20) Ricardo Florez, miembro de SINTRAPALMA, el 8 de enero de 2001;
22. 21) Edgar Orlando Marulanda Ríos, dirigente de SINTRAFOAN, el 10 de enero de 2001, en el municipio de Segovia por paramilitares;
23. 22) Arturo Alarcón, afiliado de ASOINCA filial de FECODE, el 18 de enero de 2001, en el municipio de Piendamó, por paramilitares;
24. 23) Jair Cubides, afiliado de SINTRADEPARTAMENTO, el 21 de enero de 2001, en Cali, el asesinato coincidió con el cambio de junta directiva del sindicato y estando en trámite el reconocimiento de la junta directiva anterior por parte del Ministerio de Trabajo;
25. 24) Walter Dione Perea Díaz, delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia- ADIDA-FECODE, en el departamento de Antioquia, el 26 de enero de 2001 por paramilitares;
26. 25) Carlos Humberto Trujillo, afiliado de ASONAL JUDICIAL, el 26 de enero de 2001, en el municipio de Buga;
27. 26) Elsa Clarena Guerrero, afiliada de ASINORT, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña en un retén militar;
28. 27) Carolina Santiago Navarro, afiliada de ASINORT, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña;
29. 28) César Daniel Rivera Riveros, profesor de la Universidad del Atlántico, el 3 de febrero de 2001;
30. 29) Alfonso Alejandro Naar Hernández, afiliado de ASEDAR filial de FECODE, el 8 de febrero de 2001, en el municipio de Arauca;
31. 30) Alfredo Flórez, afiliado de SINTRAPROACEITES, el 11 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches, por paramilitares;
32. 31) Nilson Martínez Peña, afiliado de SINTRAPALMA, el 12 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches, por paramilitares;
33. 32) Raúl Gil, miembro de SINTRAPALMA, el 11 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches;
34. 33) Pablo Padilla, Vicepresidente de SINTRAPROACEITES- Seccional San Alberto, en el municipio de San Alberto, el 16 de febrero de 2001 por paramilitares;
35. 34) Julio Cesar Díaz Quintero, afiliado del SINTRAISS, en Barrancabermeja, el 16 de febrero de 2001 por paramilitares;
36. 35) Cándido Méndez, afiliado de SINTRAMIENERGETICA-Seccional La Loma, en el municipio de Chiriguaná, el 18 de febrero de 2001
37. 36) Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez, vicepresidente de SINTRAELECOL- Seccional Norte de Santander, en Concepción, el 22 de febrero de 2001 había sido secuestrado el día anterior por paramilitares y ya había recibido amenazas debido a que era un destacado líder al momento del crimen;
38. 37) Lisandro Vargas Zapata, dirigente sindical de la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), en Barranquilla, el 23 de febrero de 2001 por paramilitares;
39. 38) Victor Carrillo, directivo de SINTRAELECOL, en el municipio de Málaga, el 1 de marzo de 2001 en un retén de los paramilitares;
40. 39) Darío Hoyos Franco, dirigente del movimiento sindical y solidario con las luchas de los campesinos, el 3 de marzo de 2001, en el municipio de Fusagasugá;
41. 40) Valmore Locarno, presidente de SINTRAMINERGETICA, en la mina de carbón de la Loma de Potrerillo, el 12 de marzo de 2001 no contaba con protección a pesar de que el gobierno estaba informado de los riesgos que corrían tal como fuera consignado en el acta núm. 20 del 19 de diciembre de 2000 del Comité de Reglamentación y Evaluación de riesgos del Ministerio del Interior;
42. 41) Jaime Orcasitas, Vice-Presidente de SINTRAMINERGETICA, en la mina de carbón de la Loma de Potrerillo, el 12 de marzo de 2001 en las mismas circunstancias y condiciones que el dirigente sindical anterior;
43. 42) Rodion Peláez Cortés, dirigente de ADIDA, el 13 de marzo de 2001, en Cocorna;
44. 43) Rafael Atencia Miranda, sindicalista de la Unión Sindical Obrera (USO), en el municipio de Barrancabermeja, el 18 de marzo de 2001 por paramilitares y con signos evidentes de tortura;
45. 44) Jaime Sánchez, afiliado de SNTRAELECOL, el 20 de marzo de 2001, en el municipio de Sabana por paramilitares;
46. 45) Andrés Granados afiliado de SNTRAELECOL, el 20 de marzo de 2001, en el municipio de Sabana por paramilitares;
47. 46) Juan Rodrigo Suárez Mira, afiliado de ADIDA delegado al Congreso de la Federación Colombiana de Educadores, en Medellín, el 21 de marzo de 2001 por paramilitares;
48. 47) Alberto Pedroza Lozada, el 22 de marzo de 2001;
49. 48) Luis Pedraza, afiliado a la USO, en el municipio de Arauca, el 24 de marzo de 2001 por paramilitares;
50. 49) Ciro Arias, presidente de SINTRAINTABACO, en el municipio de Capitanejo, el 24 de marzo de 2001 por paramilitares;
51. 50) Robinson Badillo, dirigente del SINTRAEMSDES, en Barrancabermeja, el 26 de marzo de 2001 por paramilitares;
52. 51) Mario Ospina, afiliado de ADIDA-FECODE, en el municipio de Santa Barbara, el 27 de marzo de 2001;
53. 52) Jesús Antonio Ruano, afiliado de ASEINPEC, en el municipio de Palmira, el 27 de marzo de 2001;
54. 53) Ricardo Luis Orozco Serrano, vicepresidente de ANTHOC, en Barranquilla, el 2 de abril de 2001 su situación de riesgo había sido denunciada por la CUT al Gobierno de Colombia pero el Comité de Protección y Evaluación de Riesgo del Ministerio del Interior en el año 2000 había catalogado su situación como de bajo riesgo;
55. 54) Aldo Mejía Martínez, presidente de SINTRACUEMPONAL seccional Codazzi, en el municipio de Codazzi, el 4 de abril de 2001 por paramilitares;
56. 55) Saulo Guzmán Cruz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Aguachica, en el municipio de Aguachica, el 11 de abril de 2001 por paramilitares;
57. 56) Francisco Isaías Cifuentes, afiliado de ASIOINCA, filial de FECODE, en Popayan, el 26 de abril de 2001 por paramilitares, era desplazado del municipio de Cajibío debido a sus actividades como líder en la marcha campesina de 1999 en la región del macizo colombiano;
58. 57) Leyder María Fernández Cuellar, esposa del anterior, el 26 de abril de 2001;
59. 58) Frank Elías Pérez Martínez, afiliado de ADIDA-FECODE, entre los municipios de Santa Ana y Granada, el 27 de abril de 2001;
60. 59) Darío de Jesús Silva, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Sabaneta, el 2 de mayo de 2001;
61. 60) Juan Carlos Castro Zapata, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Copacabana, el 9 de mayo de 2001;
62. 61) Eugeniano Sánchez Díaz, presidente de SINTRACUEMPONAL, en el municipio de Codazzi el 10 de mayo de 2001;
63. 62) Julio Alberto Otero, afiliado a ASPU-CUT, en Santa Marta, el 14 de mayo de 2001 por paramilitares;
64. 63) Miguel Antonio Zapata, presidente de ASPU, seccional Caquetá, en Valledupar, el 16 de mayo de 2001 por paramilitares;
65. 64) Carlos Eliecer Prado, miembro de SINTRAEMCALI, en Cali, el 21 de mayo de 2001 por paramilitares;
66. 65) Henry Jiménez Rodríguez, afiliado de SINTRAEMCALI, en Cali, el 25 de mayo de 2001;
67. 66) Nelson Narváez, dirigente de SINTRAUNICOL, en Montería, el 29 de mayo de 2001, en el Departamento de Córdoba;
68. 67) Humberto Zárate Triana, afiliado de SINTRAOFICIALES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001 en el Departamento del Meta;
69. 68) Gonzalo Zárate Triana, dirigente de ASCODES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001, en el Departamento del Meta;
70. 69) Manuel Enrique Charris Ariza, afiliado de SINTRAMIENERGETICA, en el municipio de Soledad, el 11 de junio de 2001 en el Departamento del Atlántico;
71. 70) Edgar Thomas Angarita Mora, afiliado de ASEDAR y FECODE, en el departamento de ARAUCA, el 12 de junio de 2001 en el departamento de Arauca, luego de haber participado en un bloqueo a la Vía Fortul Sarabena como acto de protesta por el Proyecto de ley 012;
72. 71) Samuel Segundo Peña Sanguino, afiliado de SINTRAMINERGETICA, desapareció el 17 de junio en el departamento del Magdalena, y apareció muerto el 19 de junio de 2001, en el Departamento del Magdalena;
73. 72) Oscar Darío Soto Polo, presidente de SINALTRAINBEC y vicepresidente de COMFACOR, en Montería, el 21 de junio de 2001 en el Departamento de Córdoba, en el momento en que se lleva a cabo la discusión de un pliego de condiciones con la multinacional Coca-Cola, donde él participaba como negociador ante la interrupción de las conversaciones sobre las exigencias del sindicato respecto de la responsabilidad patronal en cuanto a las medidas de seguridad de los directivos sindicales para desarrollar su labor y garantizar la libre actividad sindical en la empresa;
74. 73) Germán Carvajal Ruiz, presidente de la subdirectiva del SUTEV, seccional Obando, FECODE-CUT, el 6 de julio de 2001, en el departamento del Valle del Cauca, Por su dedicación al movimiento sindical fue declarado objetivo militar en el departamento del Caquetá por lo que se vio obligado a gestionar su traslado al departamento del Valle del Cauca donde finalmente fue ejecutado;
75. 74) Isabel Pérez Guzmán, afiliada de SINTRAREGINAL, el 8 de julio de 2001 departamento del Sucre;
76. 75) Hugo Cabezas, afiliado al SIMANA-FECODE, el 9 de julio de 2001 en el departamento de Nariño;
77. 76) Jairo Domínguez, afiliado del SUTIMAC-CUT, fue secuestrado el 3 de julio y hallado el 10 de julio de 2001 en el Departamento de Antioquia;
78. 77) Miguel Ignacio Lora Méndez (o Ramírez), estaba investigando las redes locales de financiación de la Autodefensas Unidas de Colombia y estaba afiliado a ASONAL?CUT, el 11 de julio de 2001 en el departamento de Córdoba, su esposa resultó gravemente herida;
79. 78) James Urbano, directivo del Sindicato de Trabajadores del Valle, filial de la CGTD, el 12 de julio de 2001, en el departamento del Valle del Cauca;
80. 79) Saúl Alberto Colpas Castro, presidente de SINTRAGRICOLAS-FENSUAGRO, el 13 de julio de 2001, en el Departamento del Atlántico;
81. 80) Lucila Rincón, activista de ANTHOC-CUT, el 16 de julio de 2001 en el Departamento del Tolima, por los paramilitares junto con otros miembros de su familia en el momento en que buscaban a otro familiar retenido;
82. 81) Obdulia Martínez, afiliada de EDUCESAR-FECODE-CUT, el 22 de julio de 2001, en el Departamento del César;
83. 82) Silvia Rosa Alvarez Zapata, afiliada de ADIDA-FECODE, el 25 de julio de 2001,en el Departamento de Antioquia;
84. 83) Rubén Darío Orozco Grajales, afiliado de ADIDA-FECODE, el 24 de julio de 2001en el departamento de Buritica;
85. 84) María Helena Ortiz, fiscal especializada afiliada a ASONAL-CUT, el 28 de julio de 2001 en el departamento de Santander; su esposo, Néstor Rodríguez y su hijo resultaron gravemente heridos;
86. 85) María del Rosario Silva Ríos, afiliada de ASONAL-CUT, el 28 de Julio de 2001, en el departamento del Valle del Santander;
87. 86) Segundo Florentino Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores, oficiales y empleados públicos del Municipio de Dagua, el 13 de agosto de 2001 en el Departamento del Valle del Cauca, había sido objeto de múltiples amenazas y había solicitado de manera urgente el establecimiento de un mecanismo de seguridad para los dirigentes de la organización sindical, esquema que fue aprobado el 10 de julio de 2001 pero sujeto a presupuesto;
88. 87) Miryam de Jesús Ríos Martínez, afiliada a ADIDA, el 16 de agosto de 2001 en el departamento de Antioquia;
89. 88) Manuel Pájaro Peinado, tesorero del sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (SINDIBA), el 16 de agosto de 2001 en el departamento del Atlántico, había solicitado su inclusión en el Programa de Protección del Ministerio del Interior del cual no recibió respuesta. Su asesinato se produjo en momentos en que el sindicato realizaba una serie de protestas contra la aplicación de la ley 617 por parte de la administración distrital, la cual tiene por objeto el despido masivo de trabajadores;
90. 89) Doris Lozano Núñez, afiliada de SINTRAEMECOL, el 16 de agosto de 2001;
91. 90) Héctor Eduardo Cortés Arroyabe, afiliado a ADIDA-CUT, desapareció el 16 de agosto y apareció muerto el 18 de agosto de 2001 en el Departamento de Antioquia;
92. 91) Fernando Euclides Serna Velásquez, miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT nacional de Bogota, desapareció el 18 de agosto de 2001 y apareció asesinado el día siguiente en el Departamento de Cundinamarca, era miembro del Esquema de Seguridad Colectiva de la CUT;
93. 92) Evert Encizo, afiliado a la Asociación de Educadores del Meta(ADEM-CUT), el 22 de agosto de 2001en el Departamento del Meta, era docente y su trabajo estaba encaminado hacia los desplazados forzados;
94. 93) Yolanda Paternina Negrete, afiliada a ASONAL-CUT, el 29 de agosto de 2001, en el Departamento de Sucre, era juez especializada del Orden Público y tenía a su cargo numerosos procesos de alto riesgo;
95. 94) Miguel Chávez, afiliado de ANTHOC_CUT, el 30 de agosto de 2001 en el Departamento del Cauca;
96. 95) Manuel Ruiz, dirigente sindical de la CUT, el 26 de septiembre de 2001 en el departamento de Córdoba;
97. 96) Ana Ruby Orrego, afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle(SUTEV-CUT),el 3 de octubre de 2001en el departamento del Valle del Cauca;
98. 97) Gustavo Soler, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, el 6 de octubre de 2001en el departamento del César;
99. 98) Jorge Iván Rivera Manrique, afiliado al sindicato de Educadores de Risaralda (SER?CUT), el 10 de octubre de 2001en el Departamento de Risaralda;
100. 99) Cervando Lerma, afiliado y destacado activista de la USO-CUT, el 10 de octubre de 2001 en el Departamento de Santander;
101. 100) Ramón Antonio Jaramillo, fiscal del SINTRAEMSDES-CUT, el 10 de octubre de 2001 en el departamento del Valle del Cauca, en momentos en que los paramilitares efectuaban una masacre en la región;
102. 101) Jairo Valbuena, fiscal del SINTRAEMSDES-CUT, el 10 de octubre de 2001;
103. 102) Luis López y Luis Anaya, presidente y tesorero del Sindicato de Conductores y Trabajadores de Transporte San Silvestre (SINCOTRAINDER-CUT), el 16 de octubre de 2001,en el departamento de Santander;
104. 103) Arturo Escalante Moros, afiliado a la USO, desapareció el 27 de septiembre y apareció muerto el 19 de octubre de 2001;
105. 104) Luis José Mendoza Manjares, miembro de la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-CUT, el 22 de octubre de 2001, en el Departamento del César;
106. 105) Martín Contreras Quintero, fiscal y fundador de SINTRAELECOL-CUT, el 23 de octubre de 2001 en el Departamento de Sucre;
107. 106) Ana Rubiela Villada, afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV-CUT), desapareció el 27 de septiembre de 2001 en el Departamento del Valle del Cauca y apareció muerta el 26 de octubre de 2001;
108. 107) Sandro Antonio Ríos Rendón, afiliados del SINTRAEMSDES-CUT, el 30 de octubre de 2001;
109. 108) Carlos Arturo Pinto, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 1 de noviembre de 2001 en Cúcuta, departamento del Norte de Santander;
110. 108bis) Pedro Cordero, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño, el 9 de noviembre de 2001 en el Departamento de Nariño;
111. 109) Luis Alberto Delgado, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA?CUT), el 10 de noviembre de 2001. El Sr. Delgado había sido víctima de un atentado el día anterior en el municipio de Tuquerres, Departamento de Nariño;
112. 110) Edgar Sierra Parra, afiliado de ANTHOC-CUT, fue secuestrado el 3 de octubre de 2001 en la Municipalidad de Tame, departamento de Arauca y fue hallado muerto el 10 de noviembre de 2001 en la municipalidad de Rondón departamento de Arauca, con señales de tortura;
113. 111) Hoover de Jesús Galeano. Afiliado de la subdirectiva Pereira del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados (SINTRAEMSDES-CUT) delegado de los trabajadores y gran activista, el 11 de noviembre de 2001, en el Departamento de Risaralda;
114. 112) Tirso Reyes, afiliado al Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 2 de noviembre de 2001, en el Departamento de Bolivar;
115. 113) Emiro Enrique Pava de la Rosa, dirigente de la Sub directiva del Magdalena Medio de la USO, el 13 de noviembre de 2001, en el departamento de Antioquia;
116. 114) Diego de Jesús Botero Salazar, sindicalista del Valle del Cauca, fiscal de la subdirectiva de ese municipio, el 14 de noviembre de 2001, en el Valle del Cauca;
117. 115) Gonzalo Salazar, presidente del Sindicato Unico de Vigilantes de Colombia, SINUVICOL-CUT, el 24 de noviembre de 2001, en Cali;
118. 116) Jorge Eliécer González, presidente de la seccional Natagaima de ANTHOC, CUT, fue secuestrado y asesinado el 25 de noviembre de 2001 con graves signos de tortura, en el Departamento de Tolima;
119. 117) Javier Cote, tesorero de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 3 de diciembre de 2001, en el Departamento del Magdalena;
120. 118) Aury Sará Marrugo, presidente de la seccional de Cartagena de la Unión Sindical Obrera USO-CUT, apareció muerto en los primeros días de diciembre de 2001, había sido secuestrado el 30 de noviembre por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, en presencia de dos policías en la ciudad de Cartagena. El líder de las AUC lo había catalogado como miembro de la guerrilla y exigió la presencia del Alto Comisionado para la Paz para su liberación. El Sr. Sara Marrugo se destacó siempre por su liderazgo en la defensa de los derechos de los trabajadores;
121. 119) Enrique Arellano, escolta del anterior, apareció muerto los primeros días de diciembre de 2001;
122. 120) Magnolia Plazas Cárdenas, afiliada a ASONAL-CUT, el 5 de diciembre de 2001, en el Departamento de Caquera;
123. 121) Francisco Eladio Sierra Vazques, presidente de la Junta directiva de la Seccional Andes de Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Antioquia (SINTRAOFAN-CUT), los miembros de la junta directiva habían sido citados por las Autodefensas Unidas de Colombia en Farallones de Bolívar (Departamento de Antioquia). En dicha reunión, cada uno de los directivos fueron llamados por su nombre e indagados sobre la función en el sindicato y sus responsabilidades laborales, luego de lo cual se separó al Sr. Sierra Vasquez y se lo asesino. En la misma reunión, el comandante “Manuel”, miembro de esa organización paramilitar indagó y requirió a José David Taborda segundo vocal de la Junta Directiva Central. Todos los miembros de dicha junta son amenazados insistentemente;
124. 122) Edgar Herrán, presidente del Sindicato Nacional de Chóferes, SINDINALCH, Seccional Villavicencio, el 26 de diciembre de 2001.
125. 123) Carlos Alberto Bastidas Corral, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA-CUT) el 8 de enero de 2002;
126. 124) Luis Alfonso Jaramillo Palacios, delegado de la Seccional Medellín del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES-CUT), el 11 de enero de 2002, en Medellín, departamento de Antioquia, asesinado por su defensa de los trabajadores;
127. 125) Enoc Samboni, dirigente de la CUT, el 12 de enero de 2002, en el departamento del Cauca, por paramilitares quienes lo despojaron de papeles del sindicato. Enoc Samboni estaba vinculado al Programa de Protección del Ministerio del Interior y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos había solicitado medidas de protección;
128. 126) Sor María Ropero, antigua Presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias (SINDIMACO-CUT), el 16 de enero de 2002, en Cúcuta por grupos paramilitares. La Sra. Ropero se destacó por su ardua labor a favor de los derechos humanos de los trabajadores y de la niñez y había recibido varias amenazas de muerte.
     • Tentativas de homicidio
129. 1) Albeiro González García, presidente de ASODEFENSA, eje cafetero, fue enviado a zona de guerra sin ser militar, y se negó; luego fue víctima de un atentado el 24 de septiembre de 1998; actualmente se encuentra exiliado en Europa;
130. 2) Ricardo Herrera, dirigente de SINTRAEMCALI, fue víctima de un atentado en Cali, el 19 de septiembre de 2000;
131. 3) Héctor Fabio Monroy, afiliado de AICA-FECODE, fue víctima de un atentado con arma de fuego, el 23 de febrero de 2001;
132. 4) Maria Elisa Valdes Morales, presidenta del SINDESS, seccional Dagua-Valle del Cauca, el 26 de marzo de 2001;
133. 5) contra la junta directiva de SINTRAEMCALI, en las afueras de la ciudad de Cali, cuando se encontraban reunidos en una mesa de trabajo para efectuar propuestas frente al Plan de Recuperación de las Empresas de Cali, el 10 de junio de 2001;
134. 6) María Emma Gómez de Perdomo, afiliada de ANTHOC, fue víctima de un atentado en el cual fue herida por cuatro balazos, en la ciudad de Honda, el 13 de junio;
135. 7) Clemencia del Carmen Burgos, afiliada a ASONAL-CUT, estaba investigando las redes de financiación de las Autodefensas de Colombia, el 11 de julio de 2001;
136. 8) Jhon Jairo Ocampo Franco, dirigente sindical y docente, el 9 de agosto de 2001;
137. 9) Omar García Angulo, afiliado de SINTRAEMECOL, el 16 de agosto de 2001;
138. 10) Carlos Arturo Mejía Polanco, miembro de la subdirectiva seccional Yumbo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC-CUT), el 16 de noviembre de 2001.
139. 11) Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, miembro del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (-SINTRAEMCALI) el 3 de enero de 2002.
140. 12) Sigilfredo Grueso, activista del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI) el 10 de enero de 2002.
     • Secuestros y desaparecidos
141. 1) Germán Medina Gaviria, miembro del SINTRAEMCALI, el 14 de enero de 2001;
142. 2) Julio César Jaraba, afiliado del SINTRAISS, desapareció el 23 de febrero de 2001;
143. 3) Gerzain Hernández Giraldo, miembro de SINTRAELECOL, el 24 de febrero de 2001;
144. 4) Jaime Duque Castro, presidente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (SUTIMAC), seccional Santa Barbara, secuestrado el 24 de marzo de 2001;
145. 5) Paula Andrea Gómez Mora (hija de Edinson Gómez, afiliado a SINTRAEMCALI, quien ha sido amenazado en varias ocasiones), secuestrada el 18 de abril de 2001 y liberada el 20 de abril;
146. 6) Eumelia Aristizabal, afiliada a ADIDA, desaparecida el 19 de abril de 2001;
147. 7) Rosa Cecilia Lemus Abril, dirigente del FECODE, intento de secuestro frustrado el 14 de mayo de 2001;
148. 8) William Wallens Villafañe, afiliado de USO, desaparecido el 29 de mayo de 2001, en el departamento de Santander;
149. 9) Seis trabajadores de las empresas públicas de Medellín afiliados al SIMTRAEMDSDES, fueron secuestrados en el departamento de Antioquia, el 12 de junio de 2001;
150. 10) William Hernández, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César;
151. 11) Rodrigo Aparicio, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César;
152. 12) Eduardo Franco, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César;
153. 13) Jaime Sampayo, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César;
154. 14) Julio Cabrales, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el departamento de César;
155. 15) Cristóbal Uribe Beltrán, afiliado de ANTHOC-CUT, secuestrado el 27 de junio de 2001;
156. 16) Diego Quiguanas González, afiliado al SINTRAEMCALI, desaparecido el 29 de junio de 2000;
157. 17) Cristina Echeverri Pérez, afiliada a EDUCAL-CUT, el 1.º de julio de 2001, en inmediaciones de la ciudad de Manizales;
158. 18) Alfonso Mejía Urión, afiliado a ADUCESAR-FECODE-CUT, desaparecido el 4 de julio de 2001;
159. 19) Jairo Tovar Díaz, afiliado a ADES-FECODE-CUT, el 29 de julio de 2001, en las afueras del municipio de Galeras;
160. 20) Julio Enrique Carrascal Puentes, miembro del comité ejecutivo nacional de la CUT, secuestrado el 10 de agosto de 2001;
161. 21) Winsgton Jorge Tovar, afiliado a ASONAL-CUT, secuestrado en las inmediaciones del municipio de Dagua;
162. 22) Alvaro Alberto Agudel Usuga, afiliado a ASONAL-CUT, desaparecido el 20 de agosto de 2001;
163. 23) Jorge Feite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA), el 28 de agosto de 2001;
164. 24) Carmen Pungo y Ricaurte Jaunten Pungo, dirigente de la ANTHOC-CUT, el 2 de septiembre de 2001;
165. 25) Alvaro Laiton Cortés, presidente del sindicato de maestros de Boyacá, el 2 de septiembre de 2001 y fue liberado al poco tiempo del secuestro;
166. 26) Marco Tulio Agudero Rivera, ASONAL-CUT, en el municipio de Cocorna, el 5 de octubre de 2001;
167. 27) Iván Luis Beltrán, integrante del comité ejecutivo del FECODE-CUT, el 10 de octubre de 2001;
168. 28) Julio Ernesto Cevallos Guzmán, afiliado de ADIDA-CUT, el 15 de octubre de 2001;
169. 29) Carlina Ballesteros, miembro del Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 5 de noviembre de 2001;
170. 30) Jorge Enrique Posada, miembro de ASONAL, el 5 de noviembre de 2001;
171. 31) Jhon Jaimes Salas Cardona, delegado de ADIDA-CUT, el 26 de noviembre de 2001.
172. 32) Leonardo Avendaño activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES-CUT), el 5 de enero de 2002.
173. 33) Carlos Arturo Alarcón Vera, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA-CUT el 12 de enero de 2002.
     • Amenazas de muerte
174. 1) Juan de la Rosa Grimaldos, presidente del ASEINPEC;
175. 2) María Clara Baquero Sarmiento, presidente de ASODEFENSA;
176. 3) Giovanni Uyazán Sánchez;
177. 4) Alirio Uribe Muñoz, integrante del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»;
178. 5) Reinaldo Villega Vargas, integrante del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»;
179. 6) los siguientes dirigentes y afiliados de la USO: Carlos Oviedo, César Losa, Ismael Ríos, José Meneses, Julio Saldaña, Ladislao Rodríguez, Luis Linares, Rafael Ortiz, Ramiro Luna;
180. 7) Rosario Vela, afiliada de SINTRADEPARTAMENTO;
181. 8) Numerosos dirigentes y afiliados de FECODE;
182. 9) Jorge Nisperuza, presidente de la subdirectiva CUT-Córdoba;
183. 10) Mario de Jesús Castañeda, presidente de la subdirectiva CUT-Huila;
184. 11) Gerardo Rodrigo Genoy Guerrero, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de SINTRABANCOL;
185. 12) Otoniel Ramírez, presidente de la subdirectiva CUT-Valle;
186. 13) José Rodrigo Orozco, miembro de la junta directiva CUT-CAUCA;
187. 14) contra los trabajadores del SINTRAHOINCOL, el 9 de julio de 2001;
188. 15) Leonel Pastas, dirigente del Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el 14 de agosto de 2001;
189. 16) Rusbel, dirigente del INCORA, el 14 de agosto de 2001;
190. 17) Edgar Púa y José Meriño, tesorero y fiscal de la ANTHOC, el 16 de agosto de 2001;
191. 18) Gustavo Villanueva, dirigente de ANTHOC, el 16 de agosto de 2001;
192. 19) Jesús Tovar e Ildis Jarava, dirigentes de ANTHOC son seguidos por hombres fuertemente armados desde el 16 de agosto de 2001;
193. 20) los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Oficiales de los Municipios del Departamento de Antioquia (SINTRAOFAN) son intimidados por paramilitares para que renuncien a la organización sindical;
194. 21) Aquiles Portilla, dirigente de FECODE, víctima de seguimientos el 29 de agosto de 2001;
195. 22) Edgar Mojico y Daniel Rico, presidente y secretario de prensa respectivamente de la Unión Sindical Obrera (USO), amenazados por las Autodefensas Unidas de Colombia;
196. 23) Hernando Montoya, dirigente de SINTRAMUNICIPIO, CARTAGO, recibió amenazas el 7 de septiembre por parte de una cooperativa de seguridad que se ha atribuido el asesinato de otros dirigentes;
197. 24) Over Dorado Cardona, dirigente de ADIDA, el 19 de septiembre de 2001;
198. 25) Julián Cote, Fredys Rueda y Rafael Jaime de la USO, recibieron amenazas el 20 de septiembre de 2001;
199. 26) Orlando Herrán, Rogelio Pérez Gil, Edgar Alvarez Cañizales, Dalgy Barrera Gamez, Jorge Vázquez Nivia, Javier González, Humberto Castro, Cervulo Bautista Matoma afiliados a la CGTD recibieron amenazas y son víctimas de seguimientos;
200. 27) Jaime Goyes, Jairo Roseño, Rosalba Oviedo, Pedro Layton, Ricardo Chávez, Diego Escandón, Luis Ortega, dirigentes sindicales del departamento de Nariño, fueron amenazados de muerte por las Autodefensas Unidas de Colombia, el 8 de octubre de 2001;
201. 28) el 26 de octubre de 2001 fue amenazada de muerte toda la junta directiva de SINTRAVIDRICOL-CUT;
202. 29) Jorge Eliécer Londoño, afiliado al SINTRAEMSDES-CUT, recibió amenazas de muerte el 2 de noviembre de 2001.
203. 30) Carlos Alberto Florez Loaiza, miembro de la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES), el 5 de enero de 2002.
204. 31) José Homer Moreno Valencia, miembro de SINTRAEMSDES-CUT el 10 de enero de 2002.
     • Persecuciones
205. 1) Esperanza Valdés Amórtegui, tesorera de ASODEFENSA, victima de espionaje ilegal mediante la instalación de micrófonos en el lugar de trabajo;
206. 2) Henry Armando Cuéllar Valbuena, perseguido y agredido físicamente;
207. 3) Carlos González, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Valle, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001;
208. 4) Freddy Ocoro, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Bugala Grande, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001;
209. 5) Jesús Antonio González, director del Departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la CUT, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001.
     • Envío de civiles a zona de guerra
     • En el Ministerio de Defensa, como mecanismo de persecución sindical se continúa obligando a los civiles a ir a las áreas de guerra vestidos de militares, sin armas ni instrucción militar. Se han visto afectadas por estas circunstancias las siguientes personas:
210. 1) Carlos Julio Rodríguez García, sindicalista de ASODEFENSA;
211. 2) José Luis Torres Acosta, sindicalista de ASODEFENSA;
212. 3) Edgardo Barraza Pertuz;
213. 4) Carlos Rodríguez Hernández;
214. 5) Juan Posada Barba.
     • Detenciones
215. El 19 de octubre de 2001 fueron detenidos los siguientes dirigentes (activos y retirados) de la USO, Edgar Mojica, Luis Viana, Ramón Rangel, Jairo Calderón, Alonso Martínez y Fernando Acuña, ex presidente de FEDEPETROL.
216. 331. La Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA) alega: a) frecuentes e injustificadas negativas a permitir a los empleados reunirse en los auditorios de los lugares de trabajo con el sindicato ASODEFENSA, aludiendo razones de seguridad; b) se impide que circulen los boletines, periódicos, folletos y otros escritos de contenido sindical; c) se impide fijar en las carteleras de los sitios de trabajo los documentos informativos provenientes del sindicato; d) se prohíbe hablar entre compañeros de trabajo sobre temas sindicales durante la jornada laboral; e) los permisos para desarrollar la actividad sindical son concedidos unas veces y denegados injustificadamente otras; f) negativa a dar protección a la sede sindical y desprotección de las familias de los dirigentes sindicales amenazados.
217. 332. Asimismo, la organización querellante objeta el decreto ley núm. 1792 de 14 de septiembre de 2000 por las razones siguientes: 1) se limita y constriñe el libre ejercicio del derecho de asociación sindical a que se refiere el artículo 39 de la Constitución Política al eliminar la ley núm. 200 de 1995 relativa en particular al derecho de asociación sindical; y 2) el artículo 8, 3) generaliza la prohibición del derecho de huelga en todos los servicios que prestan las múltiples dependencias del Ministerio de Defensa Nacional.
218. 333. Finalmente, la organización querellante alega: 1) el despido de (Delfirio Peñaloza Ruiz, Fernando Matiz Olaya, Alberto González García, Luis Abel Manrique, José Joaquín Moreno Durán, Jorge Eliécer Núñez Rodríguez, entre otros), traslado y presiones a trabajadores del Club Militar, del Comando Unificado del Sur y de la policía por haberse afiliado a ASODEFENSA; 2) el desconocimiento del fuero sindical de la Sra. Graciela Martínez - suplente en la junta directiva nacional - y de Cenelly Arias Ortiz - tesorera subdirectiva seccional Medellín -- y 3) la demora por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la resolución de las quejas sobre obstrucción a la actividad sindical.

C. Respuesta del Gobierno

1. 334. Por comunicación de 23 de noviembre de 2001, el Gobierno informa que acudiendo directamente a las fuentes primarias, organizaciones sindicales de base fundamentalmente, fue posible obtener pronunciamientos escritos, lo que les permitió contar con soportes, elaborados directamente por los dirigentes de la organizaciones afectadas, lo cual permitió elaborar un cuadro analítico que contiene una lista de los asesinatos entre enero y diciembre de 2000, la ciudad en la que fueron cometidos, la organización sindical a la que pertenecían y el cargo que desempeñaban en ella, la fecha del asesinato, el presunto responsable y quién efectuó la denuncia. En algunos casos el cuadro informa el juzgado en que está radicada la correspondiente sentencia penal. Dicho cuadro es el resultado de seis meses de labor del Grupo interno de trabajo para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2. 335. La subcomisión de unificación del listado de víctimas, conformada de manera temporal, por orientación del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Angelino Garzón, con representantes de algunas de las entidades integrantes de la Comisión interinstitucional para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos de los trabajadores, presentó en su momento, el consolidado de la información de diez años (1991-2000), con la anotación de provisionalidad para la información correspondiente al año 2000.
3. 336. El Gobierno manifiesta ser consciente de la gravedad de la situación y querer actuar con diligencia haciendo uso de los instrumentos que tiene a mano. Agrega que la continuidad de este trabajo, es condición para que no se pierda el esfuerzo hecho y lograr la aproximación al objetivo de diseñar una estrategia de lucha contra la impunidad. La impunidad genera violencia. Mediante la unificación de esfuerzos, aportando en nuestro caso la información sistematizada y un «manual de denuncia de violaciones de derechos humanos», junto a la conformación de una «red interinstitucional», son elementos indispensables en el diseño de tal estrategia. Estas iniciativas pueden ser desarrolladas en breve tiempo y para hacerlas realidad se requieren recursos y voluntad política. La Comisión deberá entonces hacer sugerencias y explorar posibilidades en estas materias.

D. Conclusiones del Comité

1. 337. El Comité toma nota de la información del Gobierno transmitida en una sola comunicación sustantiva de fecha 23 de noviembre de 2001 sobre la elaboración por parte del Grupo interno de trabajo para los derechos humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un cuadro analítico que contiene una lista detallada de los asesinatos cometidos entre enero y diciembre de 2000, en la que se consignan la fecha y el lugar en que se cometieron los mismos, el presunto autor y en muy pocos casos el tribunal en que se tramita el correspondiente proceso penal. El Comité observa que dicha lista no contiene ninguno de los asesinatos cometidos en el curso del año 2001. Además, el cuadro analítico mencionado no aclara el seguimiento dado a dichos asesinatos. No se especifica si se efectuaron denuncias ni los tribunales en donde se tramitan. No hay tampoco ninguna reseña respecto de eventuales sentencias condenatorias. El Comité lamenta observar que, en definitiva, el contenido del cuadro sólo responde de manera incompleta a las reiteradas recomendaciones efectuadas por el Comité en su examen anterior del caso.
2. 338. El Comité deplora profundamente que el Gobierno no haya contestado a las recomendaciones del Comité ni enviado sus observaciones sobre los graves alegatos presentados por los querellantes, los cuales hacen referencia a un serio recrudecimiento de la violencia. En efecto, el Comité también lamenta profundamente y no puede sino concluir que, desde el último examen del caso, en marzo de 2001, no se ha mostrado ningún signo de mejora en lo que se refiere a la violencia contra el movimiento sindical, sus representantes y afiliados. Según lo manifestado por los querellantes, desde el comienzo del año 2001 hasta fines de diciembre del mismo año, se han registrado más de 120 asesinatos, diez tentativas de homicidio, más de 30 secuestros y desapariciones, un sinnúmero de amenazas de muerte, numerosas detenciones de sindicalistas y envíos de sindicalistas a zona de guerra. El Comité reitera una vez más que «la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona» y que «los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio» [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 46 y 47]. El Comité añade que el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos [véase Recopilación, op. cit., párrafo 51].
3. 339. El Comité urge una vez más al Gobierno en los términos más enérgicos: 1) a que inicie las investigaciones sobre todos los hechos de violencia mencionados, tanto los correspondientes al examen anterior del caso como a los actuales (asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y desapariciones, amenazas de muerte y detenciones); 2) a que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad sancionándose a todos los responsables de los innumerables actos de violencia y para que se obtengan de una vez resultados comprobables en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios; 3) a que envíe la información que se le ha solicitado, en especial en relación con las actividades y conclusiones a que ha llegado la subcomisión creada a fines de esclarecer las enormes divergencias en el número de dirigentes y trabajadores sindicalizados asesinados. El Comité subraya que la impunidad, ya sea perpetrada o permitida por el Gobierno u otros, en cuanto a violaciones muy generalizadas de los derechos sindicales fundamentales, constituye una clara y seria amenaza a los derechos sindicales fundamentales y a los fundamentos mismos de la democracia. El Comité urge firmemente al Gobierno a que envíe sus informaciones al respecto.
4. 340. Además, el Comité pide al Gobierno que envíe toda la información de que dispone sobre hechos que podrían contribuir a esclarecer los motivos de los actos de violencia, el contexto en el cual son cometidos y las personas involucradas en cada uno de los casos. Para ello, sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones -- por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. Dichas informaciones deberían referirse también a aquellas regiones en las que los hechos de violencia ocurren con mayor frecuencia, como en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y la Municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja. El Comité pide asimismo al Gobierno que envíen toda la información de que disponen y que permitiría explicar la impunidad de los actos de violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. El Comité recuerda una vez más al Gobierno su responsabilidad en la protección de los trabajadores contra los actos de violencia y por ende en una correcta evaluación tanto fáctica como analítica de cada uno de los crímenes cometidos. El Comité sugiere a los querellantes y al Gobierno que recurran a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación.
5. 341. El Comité toma nota de que el Gobierno no ha respondido de manera completa a los alegatos presentados por ASODEFENSA relativos a: a) la denegación de permisos sindicales; b) la prohibición de circulación de boletines, periódicos y folletos de contenido sindical, de fijar carteles, de reunirse en los auditorios de los lugares de trabajo, de hablar sobre temas sindicales; c) los despidos antisindicales, traslados y persecuciones por haberse afiliado a ASODEFENSA de los Sres. Delfirio Peñaloza Ruiz, Fernando Matiz Olaya, Alberi González García, Luis Abul Manrique, José Joaquín Moreno Durán y Jorge Eliécer Núñez Rodríguez, entre otros, y d) el desconocimiento del fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz. El Comité recuerda que la publicación y difusión de noticias e informaciones de interés sindical constituyen una actividad sindical lícita, y la aplicación de medidas de control de las publicaciones y de los medios de información puede significar una grave injerencia de las autoridades. El Comité recuerda asimismo que nadie debe ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas [véase Recopilación, op. cit., párrafos 161 y 696]. El Comité subraya que los permisos sindicales no deberían negarse arbitrariamente. El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para el respeto de estos principios y para garantizar a los trabajadores el derecho a publicar noticias e informaciones, fijar carteles y de reunirse y se respete el fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz . En lo que concierne a los demás alegatos relativos a actos de discriminación antisindical, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que de inmediato se inicien las investigaciones apropiadas y que envíe sus observaciones al respecto.
6. 342. En lo que respecta a la negativa a brindar protección a las sedes sindicales, a los dirigentes y a sus familias contra las amenazas de violencia y muerte de que son objeto, alegadas por ASODEFENSA y ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité recuerda que «un clima de violencia, de presiones y de amenazas de toda índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el libre ejercicio y el pleno disfrute de los derechos y libertades consagrados en los Convenios núms. 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible obligación de fomentar y mantener un clima social donde impere el respeto a la ley, como único medio para garantizar el respeto y la protección de la vida» [véase Recopilación, op. cit., párrafo 62]. El Comité pide por lo tanto al Gobierno que rápidamente adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad material de las sedes sindicales y física de los dirigentes y sus familias. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
7. 343. En cuanto a las objeciones de ASODEFENSA al decreto-ley núm. 1792 del 14 de septiembre de 2000, según las cuales: 1) se limita y constriñe el libre ejercicio del derecho de asociación sindical, al eliminar la ley núm. 200 de 1995 que consagraba dicho derecho y 2) el artículo 8 de dicho decreto generaliza la prohibición del derecho de huelga del personal civil de las fuerzas armadas, el Comité observa que el texto de dicho decreto no hace referencia al derecho de asociación ni en el sentido de prohibirlo ni de permitirlo. El Comité recuerda, sin embargo, que el personal civil del Ministerio de Defensa debería gozar del derecho de constituir organizaciones sindicales y de afiliarse a las mismas, así como de protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical, en los mismos términos que el resto de los dirigentes y militantes sindicales del país. En lo que respecta a la prohibición general del ejercicio del derecho de huelga, el Comité recuerda que el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) [véase Recopilación, op. cit., párrafo 526]. El Comité estima por lo tanto que el personal civil del Ministerio de Defensa que no ejerce funciones de autoridad (manufactureros, personal de maestranza, personal de restaurante, entre otros) debería gozar del derecho de huelga al menos en las zonas donde no haya conflicto armado. En consecuencia, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas legislativas necesarias para poner el decreto-ley núm. 1792 en conformidad con los principios de la libertad sindical.

Recomendación del Comité

1. 344. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) observando que desde el último examen del caso no ha habido signos de progreso en lo que respecta a la situación de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité urge una vez más al Gobierno en los términos más enérgicos:
2. 1) a que inicie las investigaciones sobre todos los hechos de violencia mencionados, tanto los correspondientes al examen anterior del caso como a los actuales (asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y desapariciones, amenazas de muerte y detenciones);
3. 2) a que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad sancionándose a todos los responsables de los innumerables actos de violencia y para que se obtengan de una vez resultados comprobables en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios;
   • b) el Comité lamenta profundamente que el Gobierno no haya enviado las informaciones que había solicitado en relación con las actividades y conclusiones a que ha llegado la subcomisión creada a fines de esclarecer las enormes divergencias en el número de dirigentes y trabajadores sindicalizados asesinados. El Comité urge firmemente al Gobierno a que envíe sus informaciones al respecto;
   • c) en cuanto a los alegatos presentados por ASODEFENSA relativos a: a) la denegación de permisos sindicales; b) la prohibición de circulación de boletines, periódicos y folletos de contenido sindical, de fijar carteles, de reunirse en los auditorios de los lugares de trabajo, de hablar sobre temas sindicales; c) los despidos antisindicales, traslados y persecuciones por haberse afiliado a ASODEFENSA de los Sres. Delfirio Peñaloza Ruiz, Fernando Matiz Olaya, Alberi González García, Luis Abul Manrique, José Joaquín Moreno Durán y Jorge Eliécer Núñez Rodríguez, entre otros, y d) el desconocimiento del fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los permisos sindicales no sean denegados arbitrariamente, que se garantice a los trabajadores el derecho a publicar noticias e informaciones, fijar carteles y de reunirse, se respete el fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz y que envíe sus observaciones al respecto;
   • d) en lo que concierne a los demás alegatos relativos a actos de discriminación antisindical alegados por ASODEFENSA, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que de inmediato se inicien las investigaciones apropiadas y que envíe sus observaciones al respecto;
   • e) en lo que respecta a la negativa a brindar protección a las sedes sindicales, a los dirigentes y a sus familias contra las amenazas de violencia y muerte de que son objeto, alegadas por ASODEFENSA, el Comité pide al Gobierno que rápidamente adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad material de las sedes sindicales y física de los dirigentes y sus familias y que envíe sus observaciones al respecto;
   • f) en cuanto a las objeciones de ASODEFENSA al decreto-ley núm. 1792 del 14 de septiembre de 2000, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas legislativas necesarias para poner al decreto-ley núm. 1792 en conformidad con los principios de la libertad sindical, y
   • g) el Comité pide al Gobierno que envíe toda la información de que dispone sobre hechos que podrían contribuir a esclarecer los motivos de los actos de violencia, el contexto en el cual son cometidos y las personas involucradas en cada uno de los casos. Para ello, sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones -- por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. Dichas informaciones deberían referirse también a aquellas regiones en las que los hechos de violencia ocurren con mayor frecuencia, como en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y la Municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja. El Comité pide asimismo al Gobierno que envíe toda la información de que disponen y que permitiría explicar la impunidad de los actos de violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. El Comité recuerda una vez más al Gobierno su responsabilidad en la protección de los trabajadores contra los actos de violencia y por ende en una correcta evaluación tanto fáctica como analítica de cada uno de los crímenes cometidos. El Comité sugiere a los querellantes y al Gobierno que recurran a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación.