Interim Report - Report No 243, March 1986

Case No 1268 (Honduras) - Complaint date: 30-MAR-84 - Closed

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INTRODUCTION
A. Conclusiones de carácter general
B. Conclusiones sobre el caso núm. 1216
C. Conclusiones sobre el caso núm. 1271
D. Conclusiones sobre los casos núms. 1268 y 1307
Recomendación del Comité
ANEXO

419. El Comité de Libertad Sindical, en su reunión de mayo de 1985, al examinar los casos relativos a Honduras (casos núms. 1216 y 1271) solicitó del Gobierno que aceptara una misión de contactos directos habida cuenta de la gravedad de los alegatos y de la falta de informaciones suficientes en relación con el caso núm. 1216 (véase 239.o informe del Comité, párrafo 258), y con objeto de proceder a un examen completo de los distintos aspectos del caso núm. 1271 (véase 239.o informe, párrafo 275). Asimismo, en su reunión de noviembre de 1985, el Comité expresó la esperanza de que la misión de contactos directos podría obtener informaciones sobre el alegato que quedó pendiente en relación con el caso núm. 1307 (véase 241.er informe del Comité, párrafo 749). Por último, quedaba pendiente ante el Comité un alegato presentado en el marco del caso núm. 1268 (véase 234.o informe, párrafo 384).
420. Duante la 71.a reunión (Ginebra, 1985) de la Conferencia Internacional del Trabajo, el representante gubernamental de Honduras declaró que solicitaba formalmente que los contactos directos se llevaran a cabo a fin de aclarar la situación y armonizar la legislación del país con los Convenios núms. 87 y 98.
421. Posteriormente, el Gobierno de Honduras, por comunicación de 29 de noviembre de 1985, aceptó que la misión se llevara a cabo del 7 al 11 de enero de 1986.
422. El Director General de la OIT designó como representante para llevar a cabo esta misión al Sr. Andrés Aguilar ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y miembro de esta Comisión y del Comité de Derechos Humanos. La misión se realizó en Tegucigalpa en las fechas previstas. En el transcurso de la misión acompañaron al representante del Director General el Sr. Alberto Odero, miembro del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, y el Sr. Luis Zamudio, consejero regional para las normas.
423. La misión se entrevistó con el Excmo. Sr. Amado H. Núñez, Ministro de Trabajo y Asistencia Social, y con altos funcionarios del Ministerio, así como por representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores.
424. Honduras ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 425. El Comité desea, en primer lugar, agradecer al Sr. Andrés Aguilar que haya aceptado llevar a cabo la misión de contactos directos, así como su detallado informe sobre los casos en instancia, que ha permitido el examen de los mismos por parte del Comité. El Comité estima que el informe del representante del Director General muestra la utilidad de las misiones de este tipo en el esclarecimiento de las cuestiones planteadas en los alegatos de las organizaciones querellantes.
426. Habida cuenta de que el contenido de los alegatos y de las informaciones suministradas por el Gobierno, así como las informaciones obtenidas por el representante del Director General durante la misión figuran en el informe de misión (véase anexo), el Comité puede proceder directamente a la formulación de sus conclusiones sobre los distintos casos.

A. Conclusiones de carácter general

427. El Comité toma nota del informe del representante del Director General sobre la misión efectuada del 7 al 11 de enero de 1986 en Honduras. El Comité toma nota con interés de que el representante del Director General recibió todas las facilidades por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social para el cumplimiento de la misión. El Comité observa que las informaciones obtenidas durante la misión en relación con dos dirigentes sindicales desaparecidos mencionados en las quejas no aportan nuevos elementos.

B. Conclusiones sobre el caso núm. 1216

428. Cuando el Comité examinó este caso en su reunión de mayo de 1985 (véase 239.o informe, párrafos 243 a 258) quedaron pendientes dos cuestiones. Por una parte, el Comité había instado al Gobierno a que facilitara información sobre el asesinato alegado de Jacobo Hernández, dirigente sindical de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), y había llamado la atención sobre la necesidad de llevar a cabo investigaciones judiciales al respecto. Por otra parte, el Comité había instado al Gobierno a que facilitara información sobre las más recientes evoluciones del proceso relativo al asesinato de Dagoberto Padilla, Ismael Ulloa, Angel Alvarado y Carlos Alcides Mejía, y a los graves ataques contra la integridad física de que habían sido objeto Pedro Chavarría, Jacobo Núñez y Eulogio Figueroa, todos ellos dirigentes o sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera del Sula (SITRACOAGS). El Comité había subrayado la gravedad del alegato relativo a la implicación del gerente y los propietarios de la Compañía Agrícola y Ganadera del Sula en los mencionados asesinatos consumados o frustrados, y consideró que por ser competencia de la justicia penal debería ser objeto de una investigación criminal. Por consiguiente, instó al Gobierno a que facilitara información sobre tal investigación. Por último, con posterioridad al último examen del caso por el Comité, en su comunicación de 11 de octubre de 1985, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentó nuevos alegatos, relativos a la desaparición del Sr. José Manuel Guerrero, presidente del Sindicato de Trabajadores de las Minas "El Mochito", que, según la CIOSL, había sido detenido por militares de la 105.a Brigada de Infantería.
429. En lo que respecta a la muerte del dirigente sindical de ANACH, Sr. Jacobo Hernández, el Comité toma nota de que, según el informe de misión, el 28 de marzo de 1983 se inició juicio contra el Sr. Marco Tulio Pineda Torres (actualmente recluido en la penitenciaría central de Tegucigalpa) por el delito de homicidio consumado.
430. En relación con las muertes de cuatro dirigentes de SITRACOAGS y los graves ataques a la integridad física de que fueron objeto otros tres dirigentes de esta organización, el Comité toma nota de que, según el informe de misión, el correspondiente juicio por asesinato consumado o frustrado continúa en la etapa sumarial. El Comité toma nota asimismo de diferentes evoluciones que se han producido en el referido juicio: 1) se ha absuelto de responsabilidad criminal a los Sres. Alfredo Villeda Henríquez y Moisés Reyes Orellana, sobre los que en un principio se había dictado auto de prisión por asesinato consumado; 2) se ha dictado auto de prisión por asesinato frustrado en perjuicio de Pedro Chavarría, Jacobo Núñez y Eulogio Figueroa; 3) continúan prófugos de la justicia los Sres. Marco Antonio Molina y Fausto Isaúl Garcéa, quienes antes de fugarse de la prisión habían confesado ante la autoridad judicial su participación como autores en los asesinatos consumados, según puede comprobarse a la lectura de los documentos judiciales remitidos a la misión.
431. En cuanto a la implicación del gerente (Sr. Carlos González) y de los propietarios de la Compañía Agrícola y Ganadera del Sula (en particular el Sr. Jaime Echeverría), en los asesinatos en cuestión, el Comité toma nota de que la autoridad judicial puso en libertad a estas personas por no haber mérito para continuar en prisión.
432. Cuando se le presentan alegatos relativos a la muerte o a graves ataques a la integridad física de dirigentes sindicales o sindicalistas, el Comité siempre ha insistido en que se proceda a una investigación judicial con objeto de esclarecer plenamente los hechos, deslindar las responsabilidades correspondientes y sancionar a los culpables. En el presente caso, el Comité observa que los juicios se encuentran en marcha, y que se ha podido identificar a los dos presuntos autores de los correspondientes asesinatos consumados o frustrados, si bien éstos son prófugos de la justicia. En estas condiciones, el Comité expresa la esperanza de que los procesos en cuestión concluirán lo antes posible, y permitirán sancionar a los culpables, y pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados finales.
433. En lo que respecta a la desaparición del dirigente sindical Sr. José Manuel Guerrero, el Comité toma nota de la comunicación escrita remitida a la misión por el Ministro de Trabajo, en la que se indica que fuentes de absoluto crédito informaron a las autoridades de seguridad que el Sr. José Manuel Guerrero, presidente del sindicato obrero "El Mochito", se encontraba implicado en el tráfico de explosivos y otras actividades tendientes a socavar la tranquilidad de la nación, la paz y la democracia, por lo que el 2 de octubre de 1985 fue detenido. No obstante, dado que realizadas las investigaciones de rigor dieron como resultado su inocencia, fue inmediatamente puesto en libertad y continuó ejerciendo sus funciones sindicales; actualmente el Sr. Guerrero participa en política y fue elegido diputado en el Congreso por el Partido Nacional.
434. En estas condiciones, habida cuenta de que la detención del Sr. Guerrero se debió a una falsa delación implicándole en el tráfico de explosivos, y que fue liberado una vez comprobada su inocencia, el Comité señala a la atención del Gobierno que las medidas de arresto o detención de dirigentes sindicales o sindicalistas en condiciones como las del presente alegato, aparte de que pueden entorpecer gravemente el ejercicio de los derechos sindicales, y pueden crear un clima de intimidación y de temor que impida el desenvolvimiento normal de las actividades sindicales, cuando obedecen a razones sindicales son contrarias a los principios del Convenio núm. 87.

C. Conclusiones sobre el caso núm. 1271

435. Cuando el Comité examinó el caso en su reunión de mayo de 1985 (véase 239.o informe, párrafos 259 a 275, aprobado por el Consejo de Administración en su 230.a reunión (mayo-junio de 1985)) quedaron pendientes dos cuestiones. La primera se refería a la alegada injerencia del Gobierno en los estatutos de una organización y en las elecciones de dirigentes sindicales mediante la adopción de una ley de 1983 que rige el estatuto de la organización de personal docente COLPROSUMAH. El Comité subrayó con firmeza que al ratificar el Convenio núm. 87, el Gobierno se había comprometido a otorgar a las organizaciones de trabajadores el derecho de elaborar sus propios estatutos y reglamentos administrativos y el de elegir libremente a sus representantes. En consecuencia, el Comité pidió al Gobierno que le indicara las medidas que pensaba adoptar con miras a derogar las disposiciones de la legislación nacional incompatibles con el Convenio y permitir a la organización en causa la elaboración de sus propios estatutos, de conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 87. La segunda cuestión que quedó pendiente se refería a la no readmisión en su empleo de cierto número de maestros, designados por sus nombres (un total de 31), despedidos a causa de una huelga en 1982. El Comité estimó que los despidos por motivos de huelga constituéan una grave discriminación en materia de empleo por el ejercicio de una actividad sindical lícita, y que era contraria al Convenio núm. 98, ratificado por Honduras, e insistió ante el Gobierno para que indicara las medidas que piense adoptar para conseguir la readmisión en su empleo de los maestros despedidos.
436. Por otra parte, la organización querellante, en su comunicación de 19 de diciembre de 1985, presentó nuevos alegatos en los que señalaba que el 17 de diciembre fue detenido el Sr. Ambrosio Sabio, anterior presidente del COLPROSUMAH. Según parece, añadía el querellante, la detención tuvo lugar a petición del grupo rival formado por el Gobierno en esa organización.
437. En lo que respecta a la ley de 1983 que rige el estatuto del Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), el Comité toma nota de que el Ministro de Trabajo informó a la misión de que sería muy difícil que se tomaran medidas para derogar dicha ley. El Comité toma nota asimismo de que según el Gobierno la ley de 1983 fue adoptada por el Congreso Nacional a petición de la junta directiva de COLPROSUMAH reconocida por las autoridades. El Comité observa en este sentido que según el Gobierno, el COLPROSUMAH no es una organización sindical sino un colegio profesional de docentes. Una ley de 1964 regía ya el estatuto del COLPROSUMAH antes de que se adoptara la ley de 1983, y nada obsta, según el Gobierno, a que los docentes formen sindicatos.
438. Con independencia de que el COLPROSUMAH sea un colegio profesional, el Comité desea recordar que en su reunión de mayo de 1985 (véase 226.o informe, párrafo 342) concluyó que el COLPROSUMAH era una organización que debería disfrutar de las garantías del Convenio núm. 87, ya que tenía por objeto el fomento y la defensa de los intereses de los trabajadores docentes (véase 226. o informe, caso núm. 1166 (Honduras), párrafo 342). Por otra parte, en las elecciones de 1982 para la junta directiva que fue posteriormente reconocida por las autoridades, el Comité había apreciado implícitamente la existencia de injerencias contrarias a los principios del Convenio núm. 87 (véase 230.o informe, caso núm. 1166 (Honduras), párrafo 111).
439. En lo que respecta a los 31 maestros que continuarían destituidos a raíz de la huelga de 1982, el Comité toma nota de las detalladas informaciones facilitadas por el Gobierno, de las que se deduce que un cierto número de los maestros que mencionaba la organización querellante se encontrarían ejerciendo la docencia pública, y que el resto han abandonado la docencia para desempeñarse en otros cargos no docentes o actividades de carácter político, o bien han estado fuera del servicio por causas sancionables legalmente sin relación con la referida huelga. El Comité observa que la junta directiva del COLPROSUMAH no reconocida por las autoridades señaló a la misión que el problema de los maestros destituidos no había sido resuelto: una de las personas entrevistadas por la misión (Sr. Marcelino Borjas) declaró que continuaba despedido y que otros ejercéan la docencia al servicio de la actividad privada.
440. Como quiera que la junta del COLPROSUMAH no reconocida se comprometió durante la misión a enviar a la OIT una relación exacta sobre la situación de los destituidos, el Comité aplaza el examen de este alegato en espera de esta información.
441. En lo que respecta a la detención del Sr. Ambrosio Sabio (ex presidente del COLPROSUMAH), el Comité toma nota de que, según el Gobierno, se encuentra en etapa de sumario el juicio emprendido en 1983 contra el Sr. Sabio por los delitos de falsificación de documentos privados, usurpación de funciones y estafa continuada en perjuicio del COLPROSUMAH. El Comité toma nota asimismo de que, según el Gobierno, habiendo sido detenido el Sr. Sabio el 18 de diciembre de 1985 fue puesto en libertad provisional el 4 de enero de 1986 al haberse decretado la nulidad de ciertas diligencias y no arrojar los autos mérito suficiente para decretar auto de prisión.
442. El Comité toma nota por otra parte de las declaraciones del Sr. Sabio a la misión y, en particular, de que: la acusación contra él data de 1983 y ya en ese año el Juzgado Primero de lo Criminal no encontró méritos para su captura; su detención se produjo días después de que se celebrara el Congreso Ordinario del COLPROSUMAH convocado por la junta no reconocida para el 10 de diciembre de 1985; desde 1983, cuatro jueces se ocuparon del asunto sin pronunciar orden de captura por no existir mérito alguno; cuando se produce una brevísima suplencia en diciembre de 1985 dicha orden es inexplicablemente emitida por un juez que es el mismo que en total irrespeto de la legalidad vigente certificó en noviembre de 1982 que la elección de la junta directiva oficialista del COLPROSUMAH se había realizado de manera regular.
443. En estas condiciones, observando que el Sr. Sabio fue puesto en libertad 17 días después de su detención por considerarse que no había méritos para su auto de prisión, el Comité concluye que las medidas privativas de libertad del Sr. Sabio tuvieron carácter antisindical. Por consiguiente, al tiempo que lamenta la detención del Sr. Sabio, el Comité señala a la atención del Gobierno que las medidas de arresto o detención de dirigentes sindicales o sindicalistas en razón de su condición o de sus actividades como tales son contrarias a los principios del Convenio núm. 87.

D. Conclusiones sobre los casos núms. 1268 y 1307

444. El Comité había pedido al Gobierno que informara sobre las investigaciones en curso para dar con el paradero de los dirigentes sindicales Sres. Rolando Vindel González (véase 234.o informe, caso núm. 1268, párrafo 384) y Gustavo Morales (véase 241.er informe, caso núm. 1307, párrafo 749).
445. El Comité toma nota de que según se indica en el informe de misión, las investigaciones emprendidas continúan en curso, pero que todavía no se ha podido dar con el paradero de estos dirigentes. En estas condiciones, al tiempo que expresa su preocupación observando el largo período transcurrido desde la desaparición de estos dirigentes, pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de las investigaciones en curso para dar con su paradero.

Recomendación del Comité

446. En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las conclusiones siguientes:
- a) El Comité toma nota del informe del representante del Director General sobre la misión efectuada del 7 al 11 de enero de 1986 en Honduras. El Comité toma nota con interés de que el representante del Director General recibió todas las facilidades por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social para el cumplimiento de la misión.
- b) En lo que respecta al asesinato de un dirigente de ANACH, al asesinato de cuatro dirigentes de SITRACOAGS y a los graves ataques a la integridad física de que fueron objeto otros tres dirigentes de esta organización, el Comité observa que los correspondientes juicios se encuentran en marcha, y que se ha podido identificar a los dos presuntos autores, si bien éstos son prófugos de la justicia. El Comité expresa la esperanza de que los procesos en curso concluirán lo antes posible y permitirán sancionar a los culpables, y pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados finales.
- c) En lo que respecta a los 31 maestros que continuarían destituidos a raíz de la huelga de 1982, el Comité toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno, pero aplaza el examen de este alegato en espera de las informaciones que, durante la misión de contactos directos, se comprometió a enviar la junta directiva no reconocida del COLPROSUMAH, sobre la situación actual de los maestros destituidos.
- d) En lo que respecta a la detención de dos dirigentes sindicales actualmente en libertad (Sres. José Manuel Guerrero y Ambrosio Sabio), el Comité señala a la atención del Gobierno que las medidas de arresto o detención de dirigentes sindicales o sindicalistas en razón de su condición o de sus actividades como tales son contrarias a los principios del Convenio núm. 87.
- e) El Comité expresa su preocupación observando el largo período transcurrido desde la desaparición de los dirigentes sindicales Sres. Rolando Vindel y Gustavo Morales, y pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de las investigaciones en curso para dar con su paradero.

ANEXO

Informe del Sr. Andrés Aguilar sobre la misión de contactos
directos
realizada en Honduras
(7-11 de enero de 1986)
I. Introducción
El Comité de Libertad Sindical, en su reunión de mayo de 1985,
al examinar
los casos relativos a Honduras (casos núms. 1216 y 1271)
solicitó del Gobierno
que aceptara una misión de contactos directos habida cuenta
de la gravedad de
los alegatos y de la falta de informaciones suficientes en
relación con el
caso núm. 1216 (véase 239.o informe del Comité, párrafo 258),
y con objeto de
proceder a un examen completo de los distintos aspectos del
caso núm. 1271
(véase 239.o informe, párrafo 275). Asimismo, en su reunión de
noviembre de
1985, el Comité expresó la esperanza de que la misión de
contactos directos
podría obtrener informaciones sobre el alegato que quedó
pendiente en relación
con el caso núm. 1307 (véase 241.er informe del Comité,
párrafo 749). Por
último, quedaba pendiente ante el Comité un alegato
presentado en el marco del
caso núm. 1268 (véase 234.o informe, párrafo 384).
Durante la 71.a reunión (Ginebra, 1985) de la Conferencia
Internacional del
Trabajo, el representante gubernamental de Honduras declaró
que solicitaba
formalmente que los contactos directos se llevaran a cabo a fin
de aclarar la
situación y armonizar la legislación del país con los convenios
núms. 87 y 98.
Posteriormente, el Gobierno de Honduras, por comunicación
de 29 de noviembre
de 1985, aceptó que la misión se llevara a cabo del 7 al 11 de
enero de 1986.
El Director General de la OIT me designó como representante
para llevar a
cabo esta misión que se realizó en Tegucigalpa en las fechas
previstas. En el
transcurso de la misión me acompañaron el Sr. Alberto Odero,
miembro del
Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas
Internacionales del
Trabajo, y el Sr. Luis Zamudio, consejero regional para las
normas.
Durante la misión fuimos recibidos por el Exmo. Sr. Amado H.
Nuñez ,
Ministro de Trabajo y Asistencia Social, y por altos funcionarios
del
Ministerio, así como por representantes de las organizaciones
de empleadores y
trabajadores. La lista de todos los entrevistados figura al final de
este
informe. Deseo dejar constancia de que he recibido todas las
facilidades por
parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo para el
cumplimiento de la
misión, por lo cual les estoy sumamente agradecido. También
agradezco a todas
las personas entrevistadas por las informaciones que me han
proporcionado.
II. Casos pendientes ante el Comité de Libertad Sindical
Caso núm. 1216
Esta queja fue presentada por la Confederación Internacional
de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Federación
Internacional de los
Trabajadores de las Plantaciones, Agrícolas y Similares
(FITPAS) en una
comunicación conjunta de 15 de junio de 1983. FITPAS envió
informaciones
complementarias por comunicaciones de 5 y 25 de julio y 12 de
agosto de 1983.
El Gobierno respondió por comunicaciones de 5 de julio y 8 de
agosto de 1983,
y 30 de abril de 1984. El Comité examinó el caso por primera
vez en su
reunión de mayo de 1984 y presentó un informe provisional
(véase 234.o
informe, párrafos 571 a 584, aprobado por el Consejo de
Administración en su
226.a reunión (mayo-junio de 1984)).
Posteriormente, el Gobierno envió información parcial sobre los
alegatos que
quedaron pendientes en comunicaciones de 12 de junio, 24 de
agosto y 31 de
octubre de 1984. El Comité volvió a examinar el caso y a
presentar un informe
provisional en su reunión de mayo de 1985 (véase 239.o
informe del Comité,
párrafos 243 a 258, aprobado por el Consejo de Administración
en su 230.a
reunión (mayo-junio de 1985)). Más tarde, la CIOSL presentó
nuevos alegatos
en una comunicación de 11 de octubre de 1985.
Examen anterior del caso.
Los querellantes alegaron que el 29 de marzo de 1983, entre
las 20 y 21
horas, en el lugar conocido como aldea El Bálsamo, entre la
ciudad de El
Progreso y Santa Rita de Yoro, fueron asesinados los siguientes
dirigentes y
sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Compañía
Agrícola y Ganadera
del Sula, SITRACOAGS, afiliada a la FITPAS de Honduras:
Dagoberto Padilla
Escoto (presidente), Ismael Ulloa (secretario de actas de la
subseccional
Finca 9 de Guanchias), Angel Alvarado (secretario general de la
subseccional
Finca 9) y Carlos Alcides Mejía (miembro de base del sindicato).
Por otra
parte resultaron gravemente heridos Pedro Chavarría (secretario
de actas y
educación), Jacobo Núñez (vicepresidente del Comité de
disciplina), y Eulogio
Figueroa (vicepresidente de la subseccional Finca 9). Los
querellantes
señalaban que los asesinatos ocurrieron tres horas y media
después de
concluida una asamblea de trabajadores que se realizó en la
Finca 11.
Según los querellantes, los hechos se produjeron de la siguiente
forma: cerca
de las 17 horas, terminada la asamblea algunos dirigentes se
dirigieron a sus
respectivos campos en un vehículo tipo "jeep" marca "Toyota",
propiedad del
sindicato. Cuando se disponían a retornar a El Progreso, en
Finca 9, fueron
interceptados por dos hombres vestidos de uniforme militar, de
color verde
olivo, quienes portaban un rifle "Falk" y una escopeta. Los
supuestos
militares solicitaron a los sindicalistas que los trasladaran a la
localidad
de Santa Rita, a lo cual accedieron. Todos juntos se
dispusieron a viajar en
el vehículo mencionado. Al salir de los caminos de las fincas
bananeras y
llegar al camino pavimentado, uno de los uniformados se dirigió
a Dagoberto
Padilla, quien conducía, para que detuviera el vehículo en la
aldea "El
Bálsamo". Fue allí que sin mediar palabras, el uniformado que
portaba la
escopeta disparó contra el Sr. Padilla, quien cayó muerto sobre
el pavimento.
Ya en el suelo y sin vida le disparó por segunda vez. Acto
seguido el
uniformado que portaba el rifle "Falk" disparó ráfagas contra el
resto de los
sindicalistas, descargando todos sus proyectiles.
Resultaron así muertos cuatro sindicalistas y tres gravemente
heridos. Los
querellantes indicaron que, posteriormente, se había logrado
establecer que
los dos supuestos militares asesinos, eran en realidad vigilantes
de las
fincas bananeras que actuaron por orden directa del yardero de
la oficina del
gerente, previo pago de 4 000 lempiras (moneda nacional) para
cada uno, y que
a la vez este último recibió instrucciones del jefe del resguardo
en esas
fincas autorizado por el gerente y los propietarios que se
apellidan
Echeverri.
Los querellantes alegaron asimismo que diferentes sindicatos
reaccionaron
públicamente frente a este horrible hecho. De manera especial
lo hizo la
Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANACH, al
publicar un comunicado
conminando a las autoridades civiles y militares para el pronto
esclarecimiento y captura de los responsables. Dos días
después, el dirigente
sindical del Consejo Directivo de la ANACH, compañero Jacobo
Hernández, fue
asesinado en la ciudad de Danli, aproximadamente a las 19
horas por un
desconocido que disparó a corta distancia sin mediar
provocación alguna. Este
dirigente estaba participando en la solución de un conflicto
producido por
tierras que se encuentran no cultivadas.
Los querellantes alegaron por último que a principios de julio se
produjo
una fuga de prisioneros de la cárcel de El Progreso-Yoro,
encontrándose entre
ellos, Fausto Garcéa Rivera y Marco Antonio Molina, dos de los
autores
materiales de la masacre perpetrada el 29 de marzo de 1983.
El Gobierno informó que en el Juzgado de Paz de lo Criminal
de dicha ciudad
con fecha 30 de marzo de 1983 se instruyó proceso contra
Marco Antonio Molina
Martínez, Fausto Garcéa Rivera, Alfredo Villeda Henréquez y
Moisés Reyes
Orellana, por el delito de asesinato consumado en perjuicio de
Dagoberto
Padilla Escoto, Ismael Ulloa, Angel Alvarado y Carlos Alcides
Mejía, y,
asesinato frustrado en Pedro Chavarría, Jacobo Núñez y
Eulogio Figueroa,
juicio que se continúa sustanciando en el Juzgado de Paz. El
proceso en
mención se encuentra en la etapa sumarial, motivo por el cual
no se puede dar
más informes sobre dicho juicio.
En una comunicación posterior, de 12 de junio de 1984, el
Gobierno adjuntaba
una nota, de 17 de mayo de 1984, del Tribunal Supremo en la
que se señalaba
que el juez de primera instancia había pedido un aplazamiento
de la vista en
el proceso por asesinato de tres de los acusados y que, aunque
otros dos
acusados habían escapado de la prisión, el proceso contra
ellos se hallaba en
la fase sumarial. En una comunicación de 24 de agosto de
1984, el Gobierno
indicaba que estaba a la espera de nuevas informaciones del
Tribunal Supremo
acerca de si sigue la vista del caso por asesinato o ésta ha
finalizado ya. El
Gobierno indicó asimismo que había pedido al Tribunal Supremo
que le
suministre información sobre el alegado asesinato del dirigente
sindicalista
de ANACH, Jacobo Hernández, en abril de 1983.
El Comité formuló las recomendaciones siguientes:
a) En lo referente a los asesinatos y graves heridas de 8
dirigentes y
afiliados sindicales de SITRACOAGS y ANACH, en marzo y abril
de 1983, el
Comité lamenta observar que el proceso por asesinato se
hallaba aún en la fase
sumarial en mayo de 1984 y que no se ha facilitado ninguna
información
concreta sobre las investigaciones en relación con el asesinato
del dirigente
sindical de ANACH.
b) El Comité llama a la atención del Gobierno la importancia
que siempre ha
atribuido a la realización de una investigación judicial, rápida e
independiente en aquellos casos en que se hayan producido
muertes y ataques a
la integridad física de sindicalistas, con miras a clarificar los
hechos,
identificar a las personas responsables y proceder a su
enjuiciamiento. Insta
al Gobierno a que le facilite información sobre las más recientes
evoluciones
del proceso y a que en su caso le envíe el texto de la sentencia
que se haya
dictado.
c) El Comité subraya la gravedad del alegato relativo a la
implicación del
gerente y los propietarios de la Compañía Agrícola Ganadera
del Sula en los
asesinatos consumados o frustrados, y considera que por ser
competencia de la
justicia penal debería ser objeto de una investigación criminal.
Insta al
Gobierno a que facilite información sobre tal investigación.
d) El Comité insta al Gobierno a que facilite información sobre
el
asesinato alegado del dirigente sindical de la ANACH, Jacobo
Hernández. (El
Comité en sus conclusiones, llamó la atención asimismo sobre la
necesidad de
llevar a cabo investigaciones judiciales, rápidas e
independientes al
respecto.)
Nuevos alegatos.
En su comunicación de 11 de octubre de 1985, la
Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres alega la desaparición del
Sr. José Manuel
Guerrero, presidente del Sindicato de Trabajadores de las Minas
"El Mochito",
que había sido detenido por militares de la 105.a Brigada de
Infantería. Según
la CIOSL, a pesar de que numerosos testigos presenciaron la
detención de este
dirigente, las autoridades hondureñas niegan este hecho.
Informaciones obtenidas durante la misión.
En relación con el caso núm. 1216, el Ministro de Trabajo
informó a la misión
que los juicios por homicidio consumado, asesinato consumado
y asesinato
frustrado de dirigentes sindicales y sindicalistas se encontraba
todavía en la
etapa sumarial.
El Ministro de Trabajo facilitó a la misión informes emitidos por el
juzgado
de letras sobre los referidos juicios en los que se señala que el
28 de marzo
de 1983 se inició juicio contra el Sr. Marco Tulio Pineda Torres
por el delito
de homicidio consumado en la persona de Jacobo Hernández
(dirigente de ANACH),
y que dicho reo se encuentra recluédo en la penitenciaría
central de
Tegucigalpa. Asimismo, según indica el juzgado de letras, en el
juicio por
asesinato consumado o frustrado contra dirigentes y afiliados de
SITRACOAGS se
dictó auto de prisión por asesinato consumado en perjuicio de
los miembros del
cuerpo de seguridad de la Compañía Agrícola Ganadera de
Sula, Marco Antonio
Molina, Fausto Isaúl Garcéa (ambos prófugos de la justicia),
Alfredo Villeda
Henriquez y Moisés Reyes Orellana (ambos posteriormente
absueltos de
responsabilidad criminal). Se dictó asimismo auto de prisión por
asesinato
frustrado en perjuicio de Pedro Chavarría, Jacobo Nuñez y
Eulogio Figueroa
El juzgado de letras facilita también el nombre de una serie de
personas que
fueron puestas en libertad por no haber mérito para continuar en
prisión,
entre las que se encuentran el Sr. Jaime Echeverría, uno de los
propietarios
de la Compañía Agrícola Ganadera de Sula y Carlos González,
gerente de la
misma compañía. Cuando la misión se entrevistó con los
dirigentes de la
Confederación de Trabajadores Hondureños (en cuya
estructura están encuadrados
SITRACOAGS y ANACH), éstos declararon que no disponían
de informaciones
precisas sobre los asesinatos en cuestión.
Por otra parte, el Ministro del Trabajo remitió una comunicación
escrita en
la que se señala que fuentes de absoluto crédito informaron a
las autoridades
de seguridad que el Sr. José Manuel Guerrero, presidente del
sindicato obrero
"El Mochito", se encontraba implicado en el tráfico de
explosivos y otras
actividades tendientes a socavar la tranquilidad de la nación, la
paz y la
democracia, por lo que el 2 de octubre de 1985 fue detenido.
No obstante,
dado que realizadas las investigaciones de rigor dieron como
resultado su
inocencia, fue inmediatamente puesto en libertad y continuó
ejerciendo sus
funciones sindicales. Actualmente el Sr. Guerrero participa en
política y fue
elegido diputado en el Congreso por el Partido Nacional.
Caso núm. 1271
La queja de la Confederación Mundial de Organizaciones de
Profesionales de la
Enseñanza fue presentada en una comunicación de 23 de
marzo de 1984. En su
reunión de febrero de 1985 el Comité, habiendo observado que
el Gobierno, a
pesar de varios llamamientos, no había remitido todavía las
informaciones y
observaciones que le habían sido solicitadas, le dirigió un
llamamiento
urgente instándole encarecidamente a que enviara
urgentemente sus
observaciones. El Comité señaló asimismo a la atención del
Gobierno que, de
conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 17
de su 127.o
informe, aprobado por el Consejo de Administración, podría
presentar en su
próxima reunión un informe sobre el fondo del caso, aunque las
observaciones
del Gobierno no se hubiesen recibido en esa fecha (238.o
informe del Comité,
párrafo 20). No habiendo el Gobierno remitido informaciones ni
observaciones
sobre este caso, en la fecha esperada, el Comité lo examinó en
su reunión de
mayo de 1985. (Véase 239.o informe, párrafos 259 a 275,
aprobado por el
Consejo de Administración en su 230.a reunión (mayo-junio de
1985).)
En nombre del Colegio Profesional de Superación Magisterial
Hondureño
(COLPROSUMAH), organización sindical que le está afiliada, la
Confederación
Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza
(CMOPE) presentaba
una queja contra el Gobierno de Honduras por violación de la
libertad
sindical. Según la CMOPE, se trata de un caso de injerencia
gubernamental en
el derecho de las organizaciones a elaborar sus propios
reglamentos y a elegir
sus propios representantes, violado por medidas legislativas, y
en el derecho
de la organización más representativa a elegir sus propios
representantes en
los organismos consultivos, violado por el retiro de tal
representación a los
auténticos representantes del personal docente de Honduras y
la concesión del
mismo a un grupo disidente establecido con el apoyo del
Gobierno, respaldado
en su acción por la policía y los militares.
De una forma más precisa, la CMOPE explicaba que el 26 de
septiembre de 1983
el Gobierno adoptó el decreto núm. 170-83 conteniendo una
nueva ley sobre el
Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño
(COLPROSUMAH) y
derogando la ley anterior de 11 de diciembre de 1964 que
regulaba la materia.
Esta nueva ley, publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre
de 1983, fue
elaborada sin la participación de COLPROSUMAH. Se
establecen en ella nuevas
normas para la elección de la Junta Central Ejecutiva, las cuales
estipulan
que los miembros de dicha Junta no pueden ser reelegidos
hasta que hayan
transcurrido dos períodos de dos años (artículos 25 y 26 de la
ley). Según la
CMOPE, la nueva disposición en materia de elecciones fue
promulgada con el
único fin de perjudicar a COLPROSUMAH, que representa
verdaderamente al
personal docente hondureño, y de favorecer al grupo de
maestros que se
apoderaron de la organización con el apoyo del Gobierno.
La CMOPE precisaba que la aprobación de la nueva
legislación y el cambio de
los representantes sindicales en los diferentes organismos
consultivos debían
analizarse a la luz de los acontecimientos ocurridos en
1982-1983, que fueron
motivo de una queja ante el Comité de Libertad Sindical (caso
núm. 1166,
relativo al despido de maestros, al allanamiento de los locales
sindicales y a
la confiscación de los bienes de COLPROSUMAH).
La CMOPE recordaba que, en el caso en cuestión, el Gobierno
había adoptado
medidas represivas tras una huelga y una manifestación,
despidiendo a 300
maestros, 31 de los cuales permanecen todavía sin empleo, y
sometiendo las
escuelas a control militar. Además, el Gobierno había
respaldado a un grupo
disidente en el seno de COLPROSUMAH, compuesto por 25
personas, que, tras
intentar sabotear la reunión anual celebrada en diciembre de
1982, había
celebrado una reunión anual paralela en la que eligió otra Junta
Ejecutiva, la
cual fue reconocida por las autoridades. Por otra parte, durante
la reunión
anual de COLPROSUMAH, elementos del Departamento
Nacional de Investigación,
acompañados de fuerzas de la seguridad pública, se habían
posesionado de la
sede de COLPROSUMAH y habían impedido a sus funcionarios
la entrada en las
dependencias. Poco tiempo después, un representante de la
Corte Suprema de
Justicia había remitido al grupo disidente todos los bienes e
inmuebles de
COLPROSUMAH.
La CMOPE añadía que, tras el establecimiento del grupo
disidente, que, según
su organización afiliada no goza de la confianza del personal
docente
hondureño, los legítimos representantes de COLPROSUMAH
fueron privados de su
representación en diferentes organismos consultivos e
instituciones en los
cuales estaban anteriormente representados. La legislación que
rige
COLPROSUMAH prevé la cooperación entre las autoridades
educativas y
COLPROSUMAH en cuestiones relativas a la enseñanza
(artículo 6, f), de la
nueva ley).
Según la CMOPE, ello confirma los alegatos ya formulados en
el caso núm.
1166, de que el grupo reconocido está estrechamente
vinculado al Gobierno, así
como la falsedad de la afirmación del Gobierno acerca de los
acontecimientos
que llevaron a la elección de la Junta Ejecutiva de
COLPROSUMAH. La CMOPE
recordaba que el Gobierno declaraba que "son hechos que
competen
exclusivamente a esta organización" y que "la participación del
Gobierno no
puede tener más alcance que los permitidos por las leyes del
país" (230.o
informe, párrafo 109). Al modificar la representación del
personal docente en
los diferentes organismos públicos, el Gobierno se había
inmiscuido claramente
en los asuntos internos de esta organización, afirma la CMOPE.
La organización querellante concluía indicando que el grupo
disidente ocupaba
todavía los locales de COLPROSUMAH y disponía de sus
bienes, entre los cuales
figuran las cotizaciones de afiliación. Además, el Gobierno ha
intentado
prohibir la celebración de una asamblea del Frente de Unidad
Magisterial
Hondureño, y hubo también injerencia gubernamental en las
actividades del
Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
(COPEMH) y del Primer
Colegio de Maestros (PRICPHMA), como lo corroboran los
recortes de periódicos
adjuntos a la comunicación de la CMOPE.
Por último, la organización querellante adjuntaba una lista de
los maestros
despedidos que, a pesar de las afirmaciones del Gobierno, no
han sido
readmitidos en sus empleos. Se trata de Omar Edgardo Rivera,
Herminio Alcerro
Cálix, Sócrates Saúl Coello, Orlando Turcios, Juan Ramón
Miralda, Santos
Gabino Carbajal, Adalid Romero, Galel Cárdenas, Jorge Gálvez,
Venancio Ocampo,
Marco Tulio Mejía, Luis Alonso Canales, Alba de Mejía,
Francisco Marcelino
Borjas, Odavia Chinchilla, Margarita Escobar, Maribel Gómez
Robleda, Felix
Chinchilla, Isabel Traperos, Manlio Ernesto Ayae, Armando
Acosta, Justo Pastor
Bonilla, Eloísa Escoto de Berrios, Edil Adonay Carranza, Miguel
Angel Berrios,
Wilberto Mendez, Isidro Rivas, Ramón Zavala, Marco Aurelio
Pinto, Marco
Antonio Vallecillo, Iván Díaz Panchamé.
El Comité presentó un informe provisional al Consejo de
Administración con
las recomendaciones siguientes:
a) El Comité reprueba que, a pesar del tiempo transcurrido
desde la
presentación de la queja y los numerosos llamamientos que se le
han dirigido,
el Gobierno no haya comunicado sus observaciones sobre este
caso.
b) Con respecto a la injerencia del Gobierno en los estatutos
de una
organización y en las elecciones de dirigentes sindicales
mediante la adopción
de una ley de 1983 que rige el estatuto del COLPROSUMAH,
organización de
personal docente afiliada a la confederación querellante, el
Comité subraya
con firmeza que al ratificar el Convenio núm. 87, el Gobierno se
ha
comprometido a otorgar a las organizaciones de trabajadores el
derecho de
elaborar sus propios estatutos y reglamentos administrativos y el
de elegir
libremente a sus representantes. En consecuencia, el Comité
pide al Gobierno
que le indique las medidas que piensa adoptar con miras a
derogar las
disposiciones de la legislación nacional incompatibles con el
Convenio y
permitir a la organización en causa la elaboración de sus propios
estatutos,
de conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 87.
c) Con respecto a la no readmisión en su empleo de cierto
número de
maestros, designados por sus nombres, despedidos a causa de
una huelga en
1982, el Comité estima que los despidos por motivos de huelga
constituyen una
grave discriminación en materia de empleo por el ejercicio de
una actividad
sindical lícita, y que es contraria al Convenio núm. 98, ratificado
por
Honduras, e insiste ante el Gobierno para que le indique las
medidas que
piense adoptar para conseguir la readmisión en su empleo de
los maestros
despedidos.
d) El Comité ruega al Gobierno que acepte una misión de
contactos directos
en el país con objeto de plroceder a un examen completo de los
distintos
aspectos del caso.
Nuevos alegatos.
En su comunicación de 17 de mayo de 1985, CMOPE señala
que en el sistema
hondureño los jueces del Tribunal Supremo son elegidos por el
poder
legislativo, y que la Asamblea Nacional ha destituido al Tribunal
Supremo por
motivos de corrupción y mala administración de justicia. No
obstante, el
Presidente de la República rehusó aceptar esta decisión de la
Asamblea y
ordenó la detención del nuevo Presidente del Tribunal Supremo.
La CMOPE
precisa que en los debates de la Asamblea Nacional se hizo
también referencia
a las decisiones del Tribunal Supremo con respecto a
COLPROSUMAH.
En su comunicación de 19 de diciembre de 1985, la CMOPE
alega que el 17 de
diciembre fue detenido el Sr. Ambrosio Sabio, anterior presidente
del
COLPROSUMAH. Swgún parece, prosigue el querellante, la
detención tuvo lugar a
petición del grupo rival formado por el Gobierno en esa
organización.
Respuesta del Gobierno.
El Gobierno declara en su comunicación de 28 de noviembre
de 1985 que el
Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño
(COLPROSUMAH) no
constituye ningún sindicato regido por el Código de Trabajo. Se
trata de una
organización profesional organizada de acuerdo a su propia ley,
habiendo
seguido para su creación, un procedimiento diferente al de
creación de
organizaciones sindicales. Los colegios profesionales adquieren
su
personalidad jurídica cuando el Congreso Nacional aprueba su
ley respectiva.
Este derecho de los profesionales, está reconocido en la
Constitución de la
República y en la Ley Orgánica de colegios profesionales. Es el
soberano
Congreso Nacional el que tiene facultades de emitir, reformar y
derogar la
ley. Fue éste, como un acto soberano, a petición del
COLPROSUMAH, el que
reformó la ley Orgánica de este colegio. Los sindicatos son
creados por los
trabajadores siguiendo lo dispuesto en el Código Laboral sobre
este asunto,
cuya personalidad jurídica es otorgada por el Poder Ejecutivo al
aprobar sus
estatutos. En pocas palabras, los colegios profesionales y las
organizaciones
sindicales, tienen un sistema jurídico diferente y el Gobierno
considera que a
los primeros no les es aplicable el Convenio núm. 87. Al
respecto, la
Constitución de la República en su artículo 177 dispone: "Se
reconoce la
colegiación profesional obligatoria. La ley reglamentará su
organización y
funcionamiento".
El Gobierno añade que los problemas del COLPROSUMAH se
deben a una lucha
interna de dos sectores con principios ideológicos diferentes. El
sector
querellante ha pretendido hasta juzgar las actuaciones de la
Corte Suprema de
Justicia. Aprovechando la crisis política que ha vivido
Honduras, debido al
enfrentamiento entre los Poderes del Estado, elevó a la
Comisión creada por el
Congreso Nacional, para investigar la administración de la
justicia, una
exposición de cargos contra dicho alto tribunal, para que el
Poder Legislativo
cambiara (sin tener facultades para hacerlo), a los magistrados
de la Corte,
todo por el hecho de que ésta falló en su contra el recurso de
amparo
interpuesto con relación a la elección de la Junta Directiva del
Colegio, el
cual perdieron los recurrentes.
En cuanto a la recomendación del Comité en que reprueba la
falta de
observaciones del Gobierno sobre ese caso, el Gobierno
informa que dio
contestación al respecto en comunicaciones de 1983 (que el
Gobierno transmite
en anexo).
Por otra parte, el Gobierno envéa un informe del Ministro de
Educación
Pública sobre los alegatos de la organización querellante, en el
que en
particular se indica lo siguiente:
- El Gobierno de Honduras no ha violado en ningún momento,
la libertad
sindical ni mucho menos ha tenido injerencia en el derecho de
las
organizaciones a elaborar sus propios reglammentos y a elegir
sus
representantes legítimos. En el caso del Colegio Profesional
Superación
Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), de conformidad al
artículo 177 de la
Constitución de la República vigente, es una organización
garantizada por la
ley de colegiación profesional obligatoria, cuya organización y
funcionamiento
están regulados por la misma. El COLPROSUMAH goza de
personería jurídica,
otorgada al aprobarse su ley orgánica por decreto núm. 214 del
11 de diciembre
de 1964, el cual fue derogado por el decreto núm. 170-83,
emitido por el
Congreso Nacional el 27 de septiembre de 1983, mismo que
ratifica su
personalidad jurídica. El reglamento interno del
COLPROSUMAH fue aprobado por
el II congreso de Asamblea Nacional Extraordinaria del
COLPROSUMAH, el 11 de
diciembre de 1983 y vigente al aprobarse por el congreso
ordinario celebrado
del 10 al 13 de diciembre de 1983. Este reglamento derogó el
aprobado por el
4.o congreso ordinario del 15 de diciembre de 1965 y las
reformas hechas el 14
de diciembre de 1966, 17 de diciembre de 1967 y las de 1972.
El reglamento
antes mencionado desarrolla el decreto núm. 170-83 y reglas
específicas para
el funcionamiento del COLPROSUMAH. Este extremo prueba la
no injerencia del
Gobierno de Honduras en el derecho de los colegios
profesionales a elaborar
sus propios reglamentos y elegir a sus representantes. Para
prueba de ello,
pueden solicitarse las certificaciones de los puntos de acta de
los congresos
del COLPROSUMAH en los cuales se aprobaron sus
reglamentos y reformas.
- En el COLPROSUMAH, como en cualquier otra
organización gremial,
profesional o sindical, que funcione en un país donde la
democracia es un
propósito permanennte de todos los sectores poblacionales para
su
perfeccionamiento, es natural que en su interior se presenten
distintas
tendencias y/o corrientes. De ahí que, a nadie debiera extrañar
que una de
esas corrientes esté en la conducción del COLPROSUMAH y la
que hasta 1982
estuviera en el poder de dicha organización hoy se encuentre
en un plano de
disidente, utilizando todos los medios a su alcance para
recuperar la
dirección de este colegio profesional.
- De conformidad al artículo 272 de la Constitución de la
República
(vigente), las Fuerzas Armadas, han sido instituidas, entre otras,
para
mantener y garantizar el orden público, el cual han sabido lograr
cuando las
circunstancias lo han exigido, sin que en el caso particular del
COLPROSUMAH,
se hayan lesionado las garantías individuales o colectivas de
los docentes.
- Es verdadera la afirmación de que el Congreso Nacional
(Poder
Legislativo) de la República de Honduras emitió el decreto núm.
170-83 que
deroga el 214, sustituyen la antigua ley por una innovada. El
anteproyecto de
esta ley fue propuesto por la Junta central ejecutiva, legalmente
reconocida,
en base al estudio que la corriente del COLPROSUMAH que
hoy de encuentra como
disidente dejara preparado. Luego, tal como corresponde, por
su iniciativa de
la ley (artículo 213 constitucional) el proyecto fue presentado al
soberano
Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, por conducto de la
Secretaría de
Estado en el despacho de Educación Pública. También es
cierto que el decreto
núm. 170-83, establece que los miembros de la Junta central
ejecutiva del
COLPROSUMAH no podrán ser reelegidos en ningún cargo ni
para otro del mismo
organismo, sino hasta después de transcurridos dos períodos.
Esta norma no
tiene otro espíritu que el de permitir la alternabilidad en la
dirección del
COLPROSUMAH y evitar el continuismo de quienes se dedican
a vivir de las
organizaciones gremiales en perjuicio de los intereses de éstas y
de sus
miembros. Este principio, además, limita la posibilidad de
imponer
candidatos, pero asegura la oportunidad para los líderes
auténticos de poder
regresar periódicamente a la conducción del COLPROSUMAH.
- En consecuencia, no se ha tenido la intención de perjudicar
al
COLPROSUMAH ni de hecho ni de derecho y dicha
organización continúa teniendo
la representación auténtica del personal docente hondureño.
- El artículo 25 de la ley del COLPROSUMAH (decreto núm.
170-83) no es una
norma que regule los períodos para el ejercicio de los miembros
de la Junta
central ejecutiva ni prohíbe la reelección. El artículo en
mención,
textualmente dice: "Se consideran causas justificadas de
remoción de los
miembros de la Junta central ejecutiva las que establezcan el
reglamento de la
presente ley". El reglamento aludido no fue aprobado por el
Poder Legislativo
sino por el propio Congreso o Asamblea Nacional del
COLPROSUMAH. Es el
artículo 24 de la ley antes mencionada, el que establece un
período de dos
años de duración para desempeñarse como miembros de la
Junta central
Ejecutiva, y no encontramos que tal disposición sea perjudicial
para el
COLPROSUMAH, salvo mejor criterio que la organización
querellante pudiera
exponer para demostrar su afirmación.
- La nueva legislación está en vigencia y es aceptada por los
organismos
legalmente establecidos en el COLPROSUMAH y por los
docentes responsables de
las autoridades que han elegido en estos organismos, tanto de
nivel nacional
como de sus propias bases. En tales elecciones y decisiones, el
Gobierno de la
República, no tiene ninguna participación o representación ni
con carácter de
observación. Los cambios en las representaciones del
COLPROSUMAH, no las
decide el Gobierno, sino que los organismos que lo administran.
Además de un
representantes propietario y uno suplente que el
COLPROSUMAH tiene legal y
funcionalmente acreditado ante el directorio del INPREMA,
también los tiene
antes las comisiones nacionales y departamentales de
concursos, las cuales son
responsables de calificar los candidatos a ocupar los puestos
vacantes que se
presentan en la docencia nacional. El COLPROSUMAH,
también debiera tener un
representante propietario y otro suplente, acreditados ante las
comisiones
nacionales y departamentales de evaluación de los docentes,
pero no los nombra
porque tales organismos no son funcionales debido a que la
misma organización
se ha opuesto reiteradamente a que sus miembros y los
docentes en general sean
objeto de la evaluación a que se refiere la ley de escalafón del
Magisterio.
- Sin embargo, de conformidad a la estructura legal y
administrativa del
Gobierno de Honduras, ninguno de los organismos antes
mencionados tiene
carácter consultivo, sino que son los propios cuadros directivos
del
COLPROSUMAH como el resto de colegios profesionales de
docentes, quienes
tienen el carácter consultivo y de colaboración en la realización
de la
función educativa del Poder Ejecutivo, por conducto de la
Secretaría de Estado
en el Despacho de Educación Pública. Pero debe agregarse
que, tanto los
representantes como los líderes de los colegios profesionales de
docentes,
tienen una alta beligerancia en el planteamiento de peticiones y
búsqueda de
soluciones a los problemas de sus afiliados y de la educación
nacional.
- Conséderese que los cambios en los representantes del
COLPROSUMAH no
dependen de la nueva legislación, sino de las decisiones
internas de dicho
colegio profesional que, dada su funcionalidad actual, no
debiera analizarse
con efecto retroactivo, teniendo como razón fundamental la
exposición objetiva
que más adelante se hace sobre una acusación inapropiada
relativa al despido
de maestros, allanamiento de propiedad y confiscación de
bienes.
- En 1982, el Gobierno de Honduras, por conducto de la
Secretaría de
Estado en el Despacho de Educación Pública, sostuvo pláticas
con los
representantes del Frente de Unidad Magisterial Hondureño
(FUMH), del cual era
integrante el COLPROSUMAH, las cuales fueron interrumpidas
por dicho frente al
llevar a los docentes a una huelga innecesaria, por no haberse
agotado los
medios pacíficos de la negociación, situación que daba lugar a
declarar dicha
huelga como ilegal. Aun asé, el Gobierno estuvo interesado en
resolver las
peticiones de los huelguistas, siendo recibidos sus dirigentes por
el propio
Presidente de la República, quien propueso soluciones
alternativas a los
líderes del FMUH y que no aceptaron al mantener una posición
de extrema
intransigencia.
- La CMOPE expresa a título de recordatorio que, el Gobierno
despidió a
300 maestros, pero la lista exhibida únicamente registra 30
docentes. A este
respecto se debe aclarar que algunos de los docentes incluídos
en la lista han
estado fuera del servicio por razones que no son imputables al
Gobierno ni a
los colegios magisteriales, por tratarse de personas cuyos
problemas se
originaron por otras causas sancionables legalmente que no
viene al caso
describir, porque de conformidad al derecho que les asiste han
prescrito. Sin
embargo, para fines de descargo sobre informaciones y alegatos
de la
organización querellante, la situación de trabajo de los docentes
en listados
es la siguiente:
Sócrates Saúl Coello, maestro auxiliar de la escuela "San
Francisco" de El
Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro,
nombrado por acuerdo
núm. 3.000 E.P. del 7 de julio de 1982.
Santos Gabino Carbajal, representante del colegio de
profesores de
educación media, ante el Instituto Nacional de Previsión del
Magistrado
Hondureño.
Adalid Romero, catedrático del Instituto "San Franciso" de
Tegucigalpa,
D.C . departamento de Francisco Morazán.
Galel Cárdenas Amador, catedrático de la escuela superior
del profesorado
"Francisco Morazán", de Tegucigalpa, D.C., departamento de
Francisco Morazán.
Jorge Gálvez, subdirector de la escuela "Alma Rodas de
Fiallos" de
Villanueva, Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco
Morazán.
Venancio Ocampo, subdirector de la escuela "Simón
Bolívar", núm. 2 de
Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco Morazán y
catedrático del
Instituto "Froylán Turcios", ubicado en la misma ciudad y
departamento.
Marco Tulio Mejía, se desempeñó como subsecretario de
Estado en el
Despacho de Educación Pública (puesto de confianza) desde
el 1.o de febrero de
1982 hasta 1984. De esta posición pasó a trabajar con la
misión de Honduras
de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos de
América (USAID), donde se desempeña hasta la fecha,
después de haber
renunciado al cargo público que ocupaba en el Gobierno de la
República.
Alba de Mejía, desde algunos años anteriores a 1982,
laboraba en el
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El Gobierno
no tiene ninguna
acción directa en la administración del IHSS por tratarse de una
institución
autónoma administrada al más alto nivel por un directorio.
Isabel Traperos, miembro de la Comisión Nacional de
Reforma Educativa,
Dirección General de Planeamiento y Reforma Educativa,
Ministerio de Educación
Pública.
Manlio Ernesto Ayes, catedrático del Instituto "Froylán
Turcios" (privado)
de la ciudad de Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco
Morazán.
Justo Pastor Bonilla, maestro auxiliar (de grado) de la escuela
"Centro
América" de Tegucigalpa, D.C., departamento de Francisco
Morazán, puesto en el
que se desempeñó hasta el día de su muerte acaecida en el
año 1984.
Eloísa Escoto de Berríos, maestra auxiliar (de grado) de la
escuela
"Miriam Gallardo" de la ciudad de Danlé, departamento de El
Paraíso, nombrada
por acuerdo núm. 2745 del 22 de julio de 1983.
Román Zavala, no ejerce la docencia porque está dedicado
a la explotación
de actividades agrícolas y comerciales, además no participó en
la huelga
magisterial de 1982.
Marco Aurelio Pinto, director del "Liceo Militar del Norte", de
la ciudad
de San Pedro Sula, departamento de Cortés. No participó en la
huelga
magisterial de 1982, año que se desempeñaba como supervisor
departamental
(Inspector Superintendente de Educación Primaria).
Iván Díaz Pachamé, subdirector de la escuela "José Trinidad
Reyes" de la
Aldea de Toyos, municipio de El Negrito, departamento de Yoro.
- El Gobierno de la República entiende que, la Junta central
Ejecutiva
del COLPROSUMAH legalmente constituéda, en ningún
momento allanó propiedad
alguna ni se apropió de bienes que no le correspondían. Tanto
el edificio
como el equipo administrativo pertenecen al COLPROSUMAH
como institución
creada de conformidad con la ley, y no persona en particular.
Lo expresado en
el reclamo deja la impresión de que los bienes en cuestión
pertenecen a los
señores que ejercieron en su oportunidad la dirección del
COLPROSUMAH y hay
que dejar claramente establecido que, el hecho de tomar
posesión de su cargo
para el cual se ha sido electo por la voluntad mayoritaria de sus
afiliados y
hacer uso de los bienes de la organización, en ningún momento
puede
considerarse como allanamiento ni usurpación como pretende
afirmar la parte
reclamante.
- Dada la insistencia de la organización querellante en afirmar,
pero sin
objetividad alguna, que el gobierno no readmitió a los maestros
despedidos, se
acompaña la transcripción de los acuerdos de nombramiento de
todos aquellos
docentes que trabajan bajo la jurisdicción de la secretaría de
Educación
Pública, excluyendo el caso de quienes han abandonado la
docencia para
desempeñarse en otros cargos no docentes o actividades de
carácter político.
- El Gobierno de Honduras reitera que la ley (estatuto) del
COLPROSUMAH
fue elaborado por las propias autoridades de esta organizacéón
magisterial y
aprobada por el soberano Congreso Nacional, en aplicación de
las normas y
procedimientos que establece la Constitución de la república y
la ley de
colegiación profesional obligatoria que no son incompatibles con
el artículo 3
del Convenio núm. 87 por tratarse de una organización
profesional no regulada
por el Código de Trabajo.
Informaciones obtenidas durante la misión
El Ministro de Trabajo indicó a la misión que ya había
transmitido a la OIT
la respuesta del Gobierno sobre los alegatos de este caso. Sin
embargo,
subrayó que COLPROSUMAH no es una organización sindical
sino un colegio
profesional de maestros y que nada impedía a esta categoría
de trabajadores la
formación de organizaciones sindicales.
Indicó que sería muy difícil dar curso a la recomendación del
Comité de
Libertad Sindical en el sentido de que se tomaran medidas para
derogar la ley
de 1983 que rige el estatuto del COLPROSUMAH.
Refiriéndose a la detención del Sr. Ambrosio Sabio, ex
presidente del
COLPROSUMAH y miembro de la junta directiva no reconocida
por las autoridades,
el Ministerio del Trabajo declaró que, según había informado el
Juzgado de
Letras, mediante acusación interpuesta por la profesora María
Soleida Núñez
(fiscal de la junta directiva central de COLPROSUMAH), el
Juzgado de Letras
con fecha 24 de febrero de 1983, procedió a instruir las primeras
diligencias
entre otros contra Ambrosio Sabio por los delitos de falsificación
de
documentos privados, usurpación de funciones y estafa
continuada en perjuicio
del COLPROSUMAH. El 18 de diciembre de 1985, la Dirección
Nacional de
Investigaciones puso a la orden del Juzgado de Letras al Sr.
Ambrosio Sabio.
No obstante, habiéndose decretado la nulidad de ciertas
diligencias y no
arrojar los autos mérito suficiente para decretar auto de prisión,
se ordenó
la libertad provisional del Sr. Sabio el 4 de enero de 1986,
encontrándose
actualmente el juicio en la etapa de sumario.
La misión se entrevistó igualmente con las dos juntas directivas
de
COLPROSUMAH. Ambas explicaron con substanciales
diferencias los
acontecimientos que en noviembre de 1982 dieron lugar al
nombramiento de las
dos juntas directivas y postularon su respectiva legitimidad.
Al haber sido examinada ya por el Comité de Libertad Sindical
esta cuestión
no se consignan en este informe las explicaciones y puntos de
vista expresados
por ambas juntas directivas.
En lo que respecta a los asuntos pendientes ante el Comité de
Libertad
Sindical, la junta directiva reconocida señaló que la ley de 1983,
que rige el
estatuto del COLPROSUMAH fue adoptada a petición suya y
que el problema de los
educadores destituidos a raíz de la huelga de 1982 estaba ya
solucionado.
La junta directiva no reconocida manifestó su oposición a las
modificaciones
operadas en virtud de la ley de 1983 y señaló que el problema
de los maestros
destituidos todavía no había sido resuelto. Respondiendo a un
comentario de la
misión en el sentido de que según informaciones de fuente
gubernamental en
todo caso 15 de los maestros destituidos realizaban en la
actualidad funciones
docentes, la junta directiva se comprometió a enviar a la OIT
una relación
exacta sobre la situación de los destituidos. A este respecto,
uno de los
miembros de la junta, el Sr. Marcelino Borjas, declaró que él
continuaba
destituido y que otros ejercéan la docencia al servicio de la
educación
privada.
Por otra parte, el Sr. Ambrosio Sabio explicó de que modo se
produjo su
detención y subrayó los siguientes aspectos: 1) la acusación
contra él data
de 1983 y ya en ese año el Juzgado Primero de lo Criminal no
encontró méritos
para su captura; 2) su detención se produjo días después de
que se celebrara
el Congreso Ordinario del COLPROSUMAH convocado por la
junta no reconocida
para el 10 de diciembre de 1985; 3) la acusación de que había
girado cheques
sin fondos carece de sentido ya que los cheques que firmó
estaban respaldados
por las cotizaciones pertenecientes al COLPROSUMAH; 4) su
auto de prisión fue
decretado por un juez que ejerció interinamente el cargo y que,
según el Sr.
Sabio, es el mismo que en total irrespeto de la legalidad vigente
certificó en
noviembre de 1982 que la elección de la junta directiva
oficialista del
COLPROSUMAH se había realizado de manera regular. Desde
1983, cuatro jueces
se ocuparon del asunto sin pronunciar orden de captura por no
existir mérito
alguno. Cuando se produce una brevísima suplencia en
diciembre de 1985 dicha
orden es inexplicablemente emitida.
La misión no dispone de elementos suficientes para
pronunciarse sobre la
mayor representatividad de una u otra de las juntas directivas
del
COLPROSUMAH. La cuestión de legitimidad de una u otra es
extremadamente
complicada y por otra parte no correspondía ser examinada por
la misión en la
medida en que el Comité de Libertad Sindical se pronunció al
respecto en su
día. En cualquier caso es de interés señalar que la junta no
reconocida,
invocando su legitimidad, se opondría a participar en un nuevo
congreso
electivo bajo los auspicios de la junta directiva reconocida. La
actitud
combativa de la junta no reconocida se puso especialmente de
manifiesto con
las manifestaciones de protesta que organizó con motivo de la
detención del
dirigente Ambrosio Sabio en diciembre de 1985.
Casos núms. 1268 y 1307
El caso núm. 1268, en el que es querellante la Confederación
Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres, fue examinado por el Comité
en su 234.
informe (mayo de 1984) (véanse párrafos 372 a 384) y se refiere
a la
desaparición del dirigente sindical Rolando Vindel González. El
caso núm.
1307, en el que es querellante la Federación Sindical Mundial,
fue examinado
por el Comité en su 241.er informe (noviembre de 1985) (véanse
párrafos 741 a
749) y se refiere a la desaparición del dirigente sindical Gustavo
Morales. En
ambos casos, el Comité pidió al Gobierno que le mantuviera
informado de las
investigaciones en curso para dar con el paradero de estos
dirigentes
sindicales.
El Ministro de Trabajo informó que las investigaciones
emprendidas sobre
estos dirigentes continúan en curso, pero que todavía no se
había podido dar
con su paradero.
III. Comentarios de la Comisión de Expertos sobre la aplicación
del Convenio
núm. 87
En su observación de 1985 sobre la aplicación del Convenio
núm. 87 por
Honduras, la Comisión de Expertos tomó nota de que el
Gobierno reiteraba sus
declaraciones en el sentido de que el proyecto de Código de
Trabajo que se
estaba elaborando y que actualmente ha sido presentado al
Congreso, debería
armonizar la legislación y las normas internacionales de los
convenios
ratificados por Honduras. A este respecto, después de recordar
los puntos a
que se referían sus comentarios, la Comisión de Expertos
expresó la esperanza
de que una legislación conforme a las disposiciones del
Convenio se adoptará
en un futuro próximo y que el Gobierno comunicará todo
progreso registrado en
estas materias.
La misión señaló al Ministro de Trabajo que el proyecto de
Código del Trabajo
que se encontraba ante el Congreso Nacional, y que databa de
1981, comportaba
importantes mejoras que daban curso a los comentarios
formulados por la
Comisión de Expertos. En efecto, el proyecto no priva del
derecho de
sindicación a los trabajadores de las pequeñas explotaciones
agrícolas, como
prevé el artículo 2 del Código del Trabajo; no prohíbe la
existencia, en el
seno de una misma empresa, de varios sindicatos, como prevé
el artículo 472
del Código; no exige que los dirigentes sindicales hayan ejercido
la profesión
u oficio representado por el sindicato durante seis meses como
mínimo, como
prevé el artículo 510 del Código; no prohíbe expresamente el
ejercicio del
derecho de huelga a las federaciones y confederaciones, como
lo hace el
artículo 537 del Código; no exige a los dirigentes de las
federaciones y
confederaciones que hayan ejercido la profesión u oficio
representado por el
sindicato durante más de un año, como prevé el artículo 541;
no exige la
mayoría de dos tercios para declarar la huelga, como prevén los
artículos 495
y 563; no exige un preaviso de seis meses para realizar la
huelga en un
servicio público, como prevé el artículo 558; no confiere al
Ministro de
Trabajo y Asistencia Social la facultad de poner término a un
conflicto entre
un empleador y sus empleados en los servicios de refinería,
transporte y
distribución de petróleo, como prevé el artículo 555.2 del
Código. Por último,
el artículo 568 del proyecto dispone expresamente que todas
las disposiciones
contrarias quedan abrogadas.
No obstante se indicó al Ministro que el proyecto presentaba
ciertas
incompatibilidades con los principios contenidos en el Convenio
núm. 87. En
particular habría que modificar las siguientes disposiciones:
- el artículo 295 a) del proyecto, que prohíbe a los sindicatos
intervenir
en asuntos políticos. Al pronunciarse sobre disposiciones
similares, la
Comisión ha estimado que los sindicatos deberían poder
manifestar públicamente
su opinión sobre las cuestiones de política económica y social
que interesan a
sus afiliados;
- los artículos 297 y 298 del proyecto, leédos conjuntamente,
que permiten
al Ministerio del Trabajo suspender los mandatos sindicales en
caso de fraude
de bienes de un sindicato. La Comisión de Expertos ha
considerado siempre que
la suspensión de dirigentes sindicales en caso de violación de la
ley o de los
estatutos sólo es admisible cuando dicha violación ha sido
probada en el curso
de un procedimiento judicial y la suspensión es objeto de una
decisión
judicial;
- el artículo 289 II que prohíbe a los extranjeros formar parte
de las
juntas directivas sindicales. Esta disposición debería ser un
poco más
flexible, de manera que después de un período razonable de
residencia en el
país de acogida los trabajadores migrantes pudieran ser
elegidos como
dirigentes; - el artículo 289 IV que prohíbe a los dirigentes
destituidos de
sus funciones sindicales formar parte de la directiva sindical.
Esta
disposición sólo debería referirse a las destituciones
pronunciadas por
razones que comprometan la integridad del interesado;
- el artículo 350 contiene una lista demasiado extensa de
servicios y
actividades esenciales; el artículo 351 permite al Ministerio del
Trabajo
someter los conflictos en los servicios públicos o en las
actividades
esenciales al juicio de un tribunal de trabajo; y el artículo 354
permite al
poder ejecutivo en caso de suspensión de los servicios
esenciales asumir la
dirección y admistración de tales servicios durante el tiempo
indispensable
con objeto de evitar perjuicios a la comunidad. La Comisión de
Expertos en
situaciones similares ha admitido que puedan imponerse
limitaciones al
ejercicio del derecho de huelga en los servicios esenciales a
condición de
que se trate de servicios esenciales en el sentido estricto del
término, es
decir, los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la
vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
población.
El Ministro respondió que a pesar de que el proyecto se
encontraba en el
Congreso Nacional ningún sector había tenido interés en
activar su tramitación
y que él personalmente pensaba que era más apropiado
proceder por la véa de
las reformas parciales.
El sector empresarial indicó a la misión que su falta de interés
por dicho
proyecto se debéa a que no se les había consultado en la
etapa de su
elaboración. Las organizaciones sindicales entrevistadas en su
mayoría sabían
de la existencia del proyecto de Código pero no tenían un
conocimiento preciso
de su contenido.
Cabe formular dos consideraciones finales. En primer lugar,
todos los
sectores entrevistados coincidieron en la necesidad de
modificar el Código de
Trabajo vigente. En segundo lugar, el nuevo Gobierno iniciará
sus funciones
el 27 de enero de 1986, por lo que quizá sería útil que el nuevo
Gobierno y
las organizaciones de empleadores y trabajadores en un
contexto tripartito
expresaran su opinión sobre el proyecto de Código de Trabajo
de 1981, sobre el
que hasta ahora no parece haber habido las consultas
apropiadas.
(Firmado) Andrés Aguilar.
Lista de personas entrevistadas
Ministerio de Trabajo y Asistencia Social:
- Exmo. Sr. Amado H. Núñez, Ministro de Trabajo y Asistencia
Social.
- Haroldo López Herrera, Subsecretario del Trabajo.
- Mercedes Sevilla, Jefa de Relaciones Internacionales.
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP):
- Joaquín Luna Mejía, secretario ejecutivo.
Asociación Nacional de Industrias de Honduras (ANDI):
- Dorcas de González, secretaria ejecutiva.
Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa:
- Saúl Carrasco, secretario ejecutivo.
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH):
- José Israel Paredes, tesorero de la CTH.
- María Verónica Núñez, secretaria de actas de la CTH.
- Juan Estaban Carbajal, vicepresidente de FECESITLIH.
- Altagracia Fuentes, tesorera de FECESITLIH.
- Micaela Duron, secretaria de asuntos femeninos de
FECESITLIH.
- Erasmo Flores, secretario de cooperativas de la CTH.
Central General de Trabajadores (CGT):
- Felicito Avila Ordoñez, secretario general.
- Oscar Armando Escalante, secretario general adjunto.
- Julio César Umanzor, secretario de actas.
- Ventur Alvarez Molina, miembro del Tribunal de Honor.
- Antonio Hernández, miembro del Tribunal de Honor.
Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH):
- Héctor Hernández, presidente.
- Ramón Varela, fiscal.
Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño
(COLPROSUMAH, junta
directiva reconocida):
- Roberto López Tinoco, presidente.
- Margarita Elvir de Lanza, secretaria general.
- Idalia Argentina Portillo de Zelaya, secretaria del interior.
- Mauricio Espinal Osorto, secretario de finanzas.
- Froilan Antonio Medina Cáceres, secretario de publicidad.
- Oscar Rigoberto López, secretario de conflictos gremiales y
profesionales.
- Julián Portillo, fiscal.
- Rolando Espinal Galo, secretario de asuntos culturales y
pedagógicos.
- Emigdio Pineda, secretario del exterior.
Colegio Profesional de Superación Magisterial Hondureño
(COLPROSUMAH, junta
directiva no reconocida):
- Rosario Avila de Domínguez, presidenta de la junta central
ejecutiva.
- Carlos Zuñiga, ex presidente de la junta central ejecutiva.
- Ambrosio Sabio, ex presidente de la junta central ejecutiva.
- Marcelino Borjas, ex presidente de la seccional núm. 1.
- Reinaldo Erazo, ex presidente de la seccional núm. 1.
- Carlos Mauricio López, ex secretario general de la junta
central
ejecutiva.