Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Philippines (Ratification: 2005)

La Comisión toma nota de la información complementaria proporcionada por el Gobierno a la luz de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 338.ª reunión (junio de 2020). La Comisión procedió a examinar la aplicación del Convenio sobre la base de la información complementaria recibida del Gobierno este año, así como sobre la base de la información de que disponía en 2019.

Artículos 1, 1), 2, 1) y 25 del Convenio. Trata de personas. Medidas de aplicación de la ley y sanciones. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas adoptadas para fortalecer la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las actividades realizadas en el marco del Plan Nacional de Acción Estratégico para 2012-2016.

La Comisión toma nota de la indicación del Convenio en su memoria de que los grupos de trabajo contra la trata en todo el país han llevado a cabo un total de 136 cursos de formación y de desarrollo de las capacidades y de seminarios sobre la trata de personas y otros temas conexos, que contaron con 6 593 participantes. De ellos, 2 098 provenían del sector privado y de organizaciones no gubernamentales, mientras que 4 495 eran funcionarios. La Comisión toma nota asimismo de que, en su memoria complementaria, el Gobierno indica que, en 2019, los grupos de trabajo contra la trata llevaron a cabo actividades de formación sobre la trata de personas con fines de explotación laboral orientadas a 130 organismos gubernamentales. Además, el Consejo Interinstitucional contra la Trata (IACAT) ha organizado actividades de formación sobre cómo gestionar la trata de personas y la protección de las víctimas.

El Gobierno indica asimismo en su memoria de 2019 que la Oficina Nacional de Investigación (NBI) está en la fase final de redacción del Manual NBI y de los Procedimientos Operativos Estándar para los casos de trata de personas y de explotación sexual en línea de niños. Su objetivo es mejorar la eficiencia de las investigaciones y operaciones relacionadas con los casos de trata de personas y de explotación sexual en línea de niños. Además, en 2018, la NBI llevó a cabo 32 operaciones en todo el país que condujeron a la detención de 67 infractores y al rescate de 620 víctimas, 123 de las cuales eran menores de edad. Se registraron en total 201 casos de reclutamiento ilegal, 75 de los cuales (el 37 por ciento) se presentaron ante los tribunales. La Policía Nacional ha investigado 300 casos de trata de personas, lo que se ha traducido en el rescate de 1 039 víctimas y en la detención de 498 sospechosos. La Comisión toma nota además de que, en 2019, la NBI llevó a cabo 55 operaciones contra la trata, que condujeron al arresto de 234 infractores y al rescate de 504 víctimas. Además, la Policía Nacional investigó 153 casos de trata de personas, rescató a 729 víctimas y arrestó a 222 sospechosos. Según el Gobierno, el establecimiento de 24 Grupos de Trabajo contra la Trata en el país con 226 fiscales ha contribuido en gran medida al aumento del procesamiento de los casos de trata de personas. En 2019, el Grupo de Trabajo contra la Trata estuvo integrado por 236 fiscales, lo que mejoró el cumplimiento de la ley a nivel local, en particular en las operaciones de rescate, a fin de asegurar que los casos se notificaran y presentaran al fiscal local. La Comisión toma nota de que, en 2018, se condenó en total a 88 personas, en comparación con las 48 condenadas en 2017. En 2019, se impusieron 76 condenas para los casos de trata de personas, y se condenó a un total de 85 personas.

La Comisión toma nota de que se ha adoptado un Plan Nacional de Acción Estratégico contra la Trata de Personas 2017-2021 (Plan de Acción Estratégico). En relación con esto, el Gobierno indica en su memoria complementaria que el Plan de Acción Estratégico detalla los programas esenciales y los resultados previstos por ámbitos de resultados clave, que son los siguientes: i) prevención y sensibilización; ii) protección, recuperación, rehabilitación y reintegración; iii) procesamiento y cumplimiento de la ley, y iv) creación de alianzas y de redes. El IACAT es responsable de velar por la plena aplicación, cooperación y coordinación de la respuesta nacional contra la trata. Como parte de la puesta en práctica del Plan de Acción Estratégico, se crearon seis Grupos de Trabajo contra la trata, para interceptar las operaciones de presunta trata en puertos terrestres, aéreos y marítimos, lo que condujo a la interceptación de seis presuntos infractores en 2019 y al rescate de 1 002 víctimas. Además, se creó un Módulo de fortalecimiento de la capacidad para luchar contra la trata orientado a las unidades gubernamentales, con miras a fortalecer la capacidad para proporcionar una respuesta concreta al combatir la trata de personas. En muchas provincias, ciudades y municipios del país se crearon comités contra la trata de personas y contra la violencia hacia las mujeres. En el ámbito de la prevención y la sensibilización, se han elaborado materiales de comunicación educativos y de sensibilización sobre determinadas formas de trata.

La Comisión observa asimismo que, según el Informe resumido del UNICEF sobre el análisis de la situación de los niños en Filipinas, la trata nacional y transfronteriza de mujeres y niños con fines de explotación sexual continúa (en 2015 se prestó asistencia a 1 465 víctimas de trata) y el turismo sexual está aumentando (página 24). Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que siga tomando medidas con miras a fortalecer la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para luchar contra la trata de personas e identificar a las víctimas de trata, y que suministre información estadística sobre el número de procedimientos legales iniciados, de condenas pronunciadas y de sanciones impuestas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga indicando las medidas que se han tomado para poner en práctica el Plan Nacional de Acción Estratégico contra la Trata de Personas 2017-2021, y los resultados obtenidos a este respecto.

Complicidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en actividades relacionadas con la trata de personas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria complementaria, según la cual el IACAT aplica una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de complicidad por los funcionarios públicos en los casos de trata. Así pues, se investigan exhaustivamente las acusaciones contra los funcionarios públicos. En 2019, la mayoría de las acusaciones de complicidad gubernamental en los casos de trata de personas conllevaban actividades ilícitas en los puntos de entrada y de salida del país. Se adoptaron varias medidas para combatir la involucración de los funcionarios públicos en prácticas corruptas, en particular: i) investigaciones de presunta trata de redes de personas en los aeropuertos, de funcionarios de inmigración respecto de los cuales se determinó que habían facilitado la trata de personas, y de la Oficina Consular Regional en Cobato, donde de emitían la mayoría de los pasaportes fraudulentos, y ii) la vigilancia del personal en la Oficina de Inmigración durante las inspecciones de los pasajeros que abandonaban el país.

El Gobierno indica que, entre 2009 y 2020, se ha condenado a cinco funcionarios por casos relacionados con la trata de personas, incluidos tres policías. Todos ellos han sido condenados a cadena perpetua. El Gobierno indica además que el IACAT está elaborando una guía para investigar y solucionar los casos de corrupción relacionados con la trata de personas. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para asegurar que los agentes del orden cómplices sean sometidos a investigaciones exhaustivas y enjuiciados, y que se impongan sanciones adecuadas y disuasorias. Pide al Gobierno que continúe suministrando información sobre el número de casos registrados y procesados, y sobre las sanciones impuestas.

Protección y asistencia a las víctimas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el Departamento de Trabajadores Sociales y de Desarrollo (DSWD) lleva a cabo desde 2011 el Programa de Recuperación y Reintegración de Personas Víctimas de Trata (RRPTP). El RRPTP es un programa integral que asegura la prestación de servicios adecuados de recuperación y reintegración a las personas víctimas de trata. Al adoptar un enfoque multisectorial, proporciona un conjunto completo de servicios que aumentarán las necesidades psicosociales, sociales y económicas de las víctimas. También crea más conciencia y desarrolla las competencias de las familias y las comunidades a las que regresarán finalmente las personas víctimas de trata. Mejora asimismo los sistemas y mecanismos comunitarios que aseguran la recuperación de las víctimas supervivientes, e impide que otros familiares y miembros de la comunidad sean víctimas de trata. Según el DSWD, en 2018, el RRPTP sirvió y asistió a 2 318 personas víctimas de trata, de las cuales 1 732 (el 75 por ciento) eran mujeres, mientras que 611 (el 26 por ciento) eran menores. El Gobierno indica asimismo en su memoria complementaria que, en 2019, el RRPTP atendió y prestó asistencia a 2 041 víctimas de trata. Además, en 2019 se proporcionó asistencia financiera a 27 víctimas a través del Programa del Departamento de Justicia de Indemnización a las Víctimas. Un total de 291 víctimas-testigos recibieron asimismo asistencia en el marco del Programa Coordinador Víctimas-Testigos, que se trata de un proyecto experimental encaminado a fomentar la cooperación durante la investigación, el procesamiento y el enjuiciamiento de las personas involucradas en casos de trata. El Gobierno añade que el Centro de Operaciones del IACAT (OpCen) actúa como un centro de referencia para la protección y asistencia a las víctimas, incluidas remisiones a los servicios de reintegración. En 2019, OpCen ofreció asistencia en materia de transporte y seguridad a 171 víctimas de trata de personas.

El Gobierno indica también que, en junio de 2018, se creó un Centro de Cuidado Residencial para Hombres Víctimas de Trata en Mindanao, en colaboración con la Unidad Gubernamental Local de la Ciudad de Tagum. Tiene por objeto prestar servicios para la recuperación, rehabilitación y reintegración de las víctimas de trata. En 2018, había 44 centros residenciales de cuidado establecidos en el país para las víctimas de trata: 24 para los niños; 13 para las mujeres; uno para los hombres, cuatro para las personas de edad y dos centros de procesamiento. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas para asegurar que se brinden protección y asistencia adecuadas a las víctimas de trata, y que suministre información estadística sobre el número de víctimas identificadas, así como sobre el número de personas que se han beneficiado de los servicios del RRPTP.

Artículos 1, 1) y 2, 1). Situación vulnerable de los trabajadores migrantes en relación con la imposición de trabajo forzoso. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el Departamento de Relaciones Exteriores, el Departamento de Salud, el Departamento de Trabajo y Empleo, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo, el Departamento del Interior y de la Administración Local, el Aeropuerto Internacional de Manila, la Administración de Filipinas de Empleo en el Extranjero, y la Oficina de la Lotería Filipina de Beneficencia, emitieron el Memorando conjunto núm. 2017-0001 de fecha 16 de junio de 2017, titulado «Procedimientos y directrices de política integradas en la puesta en práctica del programa interinstitucional de repatriación médica (IMRAP) para filipinos en el extranjero». Este Programa pretende establecer un sistema integrado y un flujo de procesos en la repatriación médica entre los organismos gubernamentales adecuados y las partes interesadas. Además, el Gobierno indica que la Administración de Empleo en el Extranjero de Filipinas (POEA) proporciona a los solicitantes de asilo extranjeros un Seminario de Orientación Previa al Empleo (PEOS), por ejemplo, sobre los métodos legales de contratación, los procedimientos y los requisitos en materia de documentación al solicitar puestos de trabajo, y los servicios gubernamentales disponibles para los solicitantes de empleo en el extranjero y los trabajadores contratados. Para 2018, la POEA llevó a cabo PEOS comunitarios que contaron con la participación de 30 517 personas, de las cuales 9 935 eran hombres, 10 848 eran mujeres, y 9 736 eran de sexo no especificado. La POEA también ha creado alianzas con 50 unidades gubernamentales locales una organización no gubernamental, y ha llevado a cabo 48 seminarios en todo el país sobre la lucha contra el reclutamiento ilegal y la trata de personas, en los que han participado 1 695 hombres y 1 544 mujeres. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria complementaria, según la cual antes de la salida de los trabajadores filipinos al extranjero, el Departamento de Trabajo y de Empleo se cerciora de que estén debidamente documentados. También se organizan seminarios de orientación previos a la salida y posteriores a la llegada.

A fin de luchar contra la vulnerabilidad de los trabajadores filipinos en el extranjero, en particular las trabajadoras domésticas, el Gobierno indica que ha concluido acuerdos de trabajo bilaterales con los países de destino, y entabla un diálogo periódico con ellos para asegurar que se protejan los derechos y se vele por el bienestar de los trabajadores. Además, las Oficinas de Trabajo en el Extranjero de Filipinas (POLO) intervinieron en 40 países para ayudar a los trabajadores a afrontar problemas y preocupaciones relacionados con sus condiciones de trabajo y su bienestar, en particular el alojamiento, la asistencia para la repatriación y otros servicios de bienestar. De julio de 2016 a mayo de 2020, un total de 3 506 000 trabajadores filipinos en el extranjero recibieron asistencia in situ de las POLO. Además, el Gobierno indica que el Centro de Control de los Trabajadores Filipinos en el Extranjero (OCC) del Departamento de Trabajo y Empleo vela por que se responda sin dilación a todas las preocupaciones de los trabajadores. El OCC hace las veces de centro de remisión y acción para todas las preguntas de los trabajadores migrantes y está abierto las 24 horas los siete días a la semana. El Gobierno indica que, de 2018 a 2020, se cancelaron un gran número de licencias de agencias de contratación privadas debido a violaciones de las leyes sobre la contratación, y se condenó a algunos reclutadores.

Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que vele por que los trabajadores migrantes estén plenamente protegidos contra las prácticas y condiciones abusivas que equivalen a la imposición de trabajo forzoso. La Comisión pide asimismo al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los servicios previos a la partida orientados a los trabajadores migrantes, indicando asimismo el número de trabajadores migrantes víctimas de prácticas de trabajo forzoso y la asistencia recibida en tales casos. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique el número de reclutadores condenados por prácticas ilegales y las sanciones impuestas a este respecto.