Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Australia (Ratification: 2004)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas el 2 de septiembre de 2015.

Artículo 8 del Convenio. Legislación tipo sobre seguridad y salud en el trabajo (legislación WHS). La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que Safe Work Australia llevó a cabo una revisión de la legislación tipo en materia de seguridad y salud en el trabajo (legislación WHS) durante el período 2014-2015 a fin de determinar las formas de mejorarla, prestando especial atención a la reducción de la carga reglamentaria, y de que está previsto que se realice otra revisión en 2016-2017. También toma nota de las observaciones del ACTU según las cuales el compromiso de Safe Work Australia de reducir y erradicar la regulación excesiva e innecesaria redundará en una reducción de la protección de los trabajadores establecida en la legislación tipo y los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). El ACTU declara que nada indica que haya regulación excesiva que impida a un empleador ofrecer lugares de trabajo seguros y saludables visto que el número de enfermedades y lesiones profesionales es muy elevado. Además, la ACTU considera que varios de los cambios propuestos menoscabarán el acceso a una formación adecuada y reducirán la capacidad que tienen los representantes de los trabajadores de investigar determinados aspectos de la SST. Recordando que el objetivo de la política nacional en materia de SST, y de la legislación que le da efecto, debe ser el de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la forma en que se realizan consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores en el marco de la revisión de las leyes tipo en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que proporcione información sobre los resultados de esas consultas.

Artículo 9. Control de la aplicación de la legislación. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior relativa a las sanciones imponibles por negligencias graves o comportamientos imprudentes que causan la muerte o lesiones graves a un trabajador. La Comisión también toma nota de las observaciones del ACTU según las cuales es necesario mejorar considerablemente el control de la aplicación de las leyes y reglamentos en materia de SST. El ACTU declara que los inspectores no hacen aplicar las disposiciones existentes relativas a la elección y a la capacitación de los representantes de la salud y la seguridad y que los aspectos relativos a la salud psicológica se ignoran. En lo que se refiere a la Nueva Gales del Sur, el ACTU indica que de 2006-2007 a 2013-2014 los expedientes de infracción se redujeron significativamente, pasando de 726 a 69, y que el número de procesamientos por infracciones en materia de seguridad cayó de 300 a 41 en el mismo período. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para velar por la aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad y salud, así como información sobre las medidas adoptadas a este respecto en el Estado de Nueva Gales del Sur.

Artículos 13 y 19, f). Protección de los trabajadores que se han retirado de situaciones que representan un peligro grave e inminente. La Comisión notó anteriormente que si bien las leyes tipo en materia de SST daban pleno efecto a los artículos 13 y 19, f), del Convenio, éste no es el caso respecto de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, 2004 (Victoria), la Ley de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 1986 (Australia Meridional) y la Ley sobre la Explotación Petrolera en Alta Mar y el Almacenamiento de Gases de efecto Invernadero (OPGGS), 2006. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, en virtud de la Ley OPGGS, el trabajador está protegido contra el despido u otras medidas perjudiciales adoptadas por el empleador si ha dejado de trabajar o quiere dejar de realizar un trabajo siguiendo las indicaciones de un representante encargado de la seguridad y la salud. Además, con respecto a la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de 2004 (Victoria) y la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo (Australia Meridional), el Gobierno indica que un representante encargado de la salud y la seguridad puede ordenar que cesen los trabajos inseguros. En relación con el párrafo 151 de su Estudio General de 2009 sobre seguridad y salud en el trabajo, la Comisión recuerda que la protección de un trabajador que se ha alejado de una situación que, a su juicio, entrañaría un peligro inminente y grave para su vida o su salud no debería estar subordinada a la decisión de un responsable o representante encargado de la seguridad. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner la Ley de 2006 sobre la Explotación Petrolera en Alta Mar y el Almacenamiento de Gases de Efecto Invernadero de conformidad con el Convenio a este respecto, y que vele por que se adopten medidas en lo que respecta a la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de 2004 (Victoria) y la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo (Australia Meridional).

Artículo 21. Medidas que no impliquen ninguna carga financiera para los trabajadores. La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera información sobre la aplicación del artículo 21 del Convenio en los estados de Victoria, Australia Occidental y Australia Meridional. A este respecto, el Gobierno indica que Australia Meridional aplica actualmente la legislación tipo en materia de seguridad y salud en el trabajo, que da efecto al artículo 21. Sin embargo, en lo que respecta a Victoria y Australia Occidental la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, no se han adoptado más medidas a este efecto. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para velar por que en los estados de Victoria y Australia Occidental las medidas de seguridad y salud en el trabajo no impliquen ninguna carga financiera para los trabajadores.