Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Algeria (Ratification: 1969)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Participación de los interlocutores sociales. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que en el marco de la aplicación de la Política nacional para la promoción del empleo, las autoridades públicas están deseosas de continuar la aplicación de los elementos fundamentales del plan de acción de promoción del empleo y lucha contra el desempleo adoptado en 2008. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas en abril de 2014, la población activa era de 11 716 000 personas, y se estimaba que la tasa de participación de la población de 15 y más años alcanzaba el 41,5 por ciento, mientras que la tasa de empleo era del 37,5 por ciento en el ámbito nacional (el 60,5 por ciento en el caso de los hombres y del 14 por ciento en el de las mujeres). En ese mismo período, había 1 151 000 personas desempleadas, y la tasa de desempleo en el ámbito nacional era del 9,8 por ciento. La Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos y las dificultades encontradas para alcanzar los objetivos del plan de acción para la promoción del empleo y la lucha contra el desempleo, incluyendo informaciones cuantitativas actualizadas sobre los resultados de las medidas aplicadas para estimular el crecimiento del desarrollo económico, elevar el nivel de vida, atender los requerimientos de la mano de obra y resolver el problema del desempleo y el subempleo (artículo 1, párrafo 1). Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a comunicar datos actualizados sobre la población activa y su distribución, la naturaleza, el alcance y las tendencias del subempleo y del desempleo, desglosadas por edad, sexo y región. Además, la Comisión invita al Gobierno a proporcionar informaciones precisas sobre la contribución de los interlocutores sociales a la formulación de un nuevo plan de acción para el empleo, indicando de qué manera se ha tenido en cuenta la opinión de los trabajadores del sector rural y de la economía informal para lograr su plena cooperación en la formulación de las políticas del empleo y obtener el apoyo necesario para la ejecución de las medidas adoptadas en la materia.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.