Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Spain (Ratification: 1970)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en la memoria para el período que termina en junio de 2012. Además, la Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la respuesta del Gobierno recibida en noviembre de 2012. El Gobierno indica que el año 2011 comenzó con una suave recuperación de la economía que tuvo su reflejo en un comportamiento algo más favorable del mercado del trabajo. A partir del tercer trimestre de 2011, el proceso se detuvo: el empleo desciende en 2011 en un 2 por ciento. En el primer trimestre de 2012, la tasa de actividad se sitúa en un 74,9 por ciento, la de ocupación en un 59,6 por ciento y la de paro en un 24,4 por ciento de la población activa (el paro aumentó en más de 4 puntos porcentuales respecto sobre igual período del año 2011). En 2011, se destruyeron 351 900 empleos. A finales de 2011, había casi cinco millones de desocupados (y un poco más de 18 millones de personas ocupadas para una población activa de 23 millones de personas). El Gobierno sostiene que la reforma laboral aprobada mediante el real decreto-ley núm. 2/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado del trabajo (tramitado como ley núm. 3/2012, de 6 de julio) ha creado un marco regulador de las relaciones laborales más favorables a la creación y al mantenimiento de empleo. El Gobierno manifiesta que se facilita a las empresas que acudan preferentemente a las medidas de flexibilidad frente a la opción del despido y fomenta la empleabilidad y la contratación estable, especialmente de los jóvenes. En relación con el impacto de la ley núm. 35/2010, de 17 de septiembre, el Gobierno indica que, desde 2006 hasta 2010, la proporción de trabajadores temporales se había reducido unos nueve puntos porcentuales. Sin embargo, la tasa de temporalidad volvía a situarse en un 25,3 por ciento en 2011. La UGT estima que la reducción del déficit fiscal ha pasado a ser el principal objetivo de política económica para Europa y destaca que dicho objetivo ha impedido la recuperación de la economía y del empleo. Las medidas de ajuste han recaído fundamentalmente en los trabajadores y las familias. La actual recesión económica pone en evidencia las debilidades del mercado productivo español. Según la UGT, la solución no se encontraría en modificar la estructura del mercado del trabajo, sino en encontrar un equilibrio diferente entre los distintos sectores económicos, favorecer la recuperación de la demanda nacional y el nivel de empleo e inversión del sector público. En su comunicación, la CC.OO. también pone de relieve que el 80 por ciento de empleo destruido entre el primer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2012 se concentra en los hombres, en particular entre los jóvenes de menos de 25 años. La construcción es el sector más afectado. La Comisión toma nota de que para conocer los efectos de la reforma del mercado del trabajo ejecutada desde febrero 2012 y cuantificar su impacto macroeconómico, el Gobierno cuenta con utilizar una simulación que ha previsto un ajuste en salarios y horas de trabajo en lugar de caídas en el empleo. El impacto positivo esperado a largo plazo de la reforma laboral de 2012 es una elevación de 4,5 puntos porcentuales en el nivel de PIB potencial. La elevación correspondiente del empleo se traducirá en una reducción permanente del componente estructural de la tasa de paro de unos 3,2 puntos porcentuales. El Gobierno admite que, de persistir las condiciones crediticias y el nivel de endeudamiento de las empresas, sólo se percibirá a partir de 2014 el impacto de la reforma laboral sobre el número de personas empleadas. Habida cuenta de la prelación de los objetivos de la política económica señalada por las organizaciones sindicales, y de la degradación del empleo que se ha producido desde la observación formulada en 2010, la Comisión invita al Gobierno a indicar en su próxima memoria de qué manera se aplica el artículo 2 del Convenio, es decir, si se procede regularmente a un examen de las medidas y las políticas adoptadas de manera de poder alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 1. La Comisión recuerda que, a tenor de las disposiciones del artículo 1 del Convenio, se deberá formular y llevar a cabo como un objetivo de mayor importancia una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno menciona en su memoria los distintos acuerdos tripartitos que se celebraron en 2011 y en enero de 2012. Las centrales sindicales denuncian la falta de diálogo social y el no respeto de los acuerdos alcanzados en el marco del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, suscrito el 25 de enero de 2012. La Comisión recuerda nuevamente que el diálogo social es esencial en circunstancias normales, y más aún en tiempos de crisis. La Comisión invita al Gobierno a indicar en su próxima memoria de qué manera se han tenido en cuenta la experiencia y las opiniones de los interlocutores sociales al formular y ejecutar las medidas de política de empleo. Sírvase también precisar en qué medida se han realizado consultas con representantes de las personas afectadas por las medidas adoptadas, en particular con los jóvenes, que permitan apreciar la aplicación efectiva del artículo 3 del Convenio.

Desempleo de larga duración. Empleo juvenil. El Gobierno indica que el balance de los resultados concernientes al colectivo de los parados de larga duración en 2011, en consonancia con el deterioro de la situación, ha sido negativo. En el primer trimestre de 2012, el paro de larga duración afectaba a 2 822 500 de desocupados, 200 000 personas más que el trimestre anterior. La incidencia del paro de larga duración es algo más alta entre los adultos que entre los jóvenes. La situación de los jóvenes siguió la tendencia general habiendo aumentado la desocupación de los jóvenes. El Gobierno enumera las acciones de mejora de la empleabilidad juvenil y los distintos contratos disponibles para contratar jóvenes. UGT expresa que los desempleados de muy larga duración superan a los que ya llevan entre uno y dos años sin empleo. A su juicio, la reforma laboral de 2012 empeorará la situación de los jóvenes al generar más precariedad y más desprotección. En igual sentido, CC.OO. indica que los diplomados universitarios han desplazado en el mercado del trabajo a los graduados en formación profesional contribuyendo al desprestigio de los estudios de formación profesional. Muchos jóvenes han pasado más tiempo estudiando sin haberse podido incorporar en el mercado del trabajo. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre el impacto de las medidas tomadas para facilitar el regreso al mercado del trabajo de los desempleados de larga duración. La Comisión espera que las informaciones que transmita el Gobierno permitan examinar la calidad del empleo logrado por los jóvenes que se han beneficiado de los contratos especiales y de las medidas previstas para favorecer el empleo juvenil, en particular por aquellos jóvenes con poca formación.

Políticas integradas del mercado del trabajo. El Gobierno indica que la normativa laboral se aplica con carácter general y, por tanto, no existen distinciones en función de áreas geográficas salvo mecanismos específicos aplicables únicamente en determinadas comunidades autónomas como son Andalucía y Extremadura, que cuentan con mayores tasas de desempleo y a las que se aplican medidas específicas vinculadas al sector agrario. Por su parte, CC.OO. manifiesta que la crisis ha exacerbado las diferencias laborales entre regiones. La tasa de desempleo alcanzó un nivel alarmante que supera, en el primer trimestre de 2012, el 30 por ciento, en Andalucía, Canarias y Extremadura; mientras que en el País Vasco y Navarra se registran tasas del 13 al 17 por ciento gracias a una mayor presencia de la industria, y al menor impacto de la burbuja inmobiliaria y el estatus fiscal. Además, UGT manifiesta que las comunidades autónomas con menor renta y elevados niveles de desempleo, registran mayores niveles de temporalidad (Andalucía, Extremadura y Murcia). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya informaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas para reducir las disparidades regionales a fin de alcanzar un mayor equilibrio en el mercado del trabajo.

Políticas de educación y formación profesional. El Gobierno indica que mediante la ley orgánica núm. 4/2011, de 11 de marzo, se complementó la Ley de Economía Sostenible que había sido objeto de comentarios en la observación formulada en 2010. La Comisión toma nota de las otras informaciones transmitidas por el Gobierno sobre el impacto que han tenido las medidas adoptadas en cumplimento del Plan Nacional de Reformas de 2011 y las nuevas medidas introducidas en 2012. CC.OO. sugiere que se evalúe el impacto positivo de los programas de cooperación con las comunidades autónomas cuyo objetivo era reducir el abandono escolar y aumentar la oferta de formación profesional. CC.OO. recuerda que se encuentra pendiente la renovación del acuerdo tripartito sobre formación profesional y lamenta que se hayan introducido unilateralmente modificaciones en el modelo de formación mediante la reforma laboral de febrero de 2012. La Comisión recuerda la estrecha relación, que estableció en el Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo, entre alcanzar el pleno empleo y el trabajo decente y la adopción de políticas innovadoras de educación y formación para quienes busquen empleo. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria agregue informaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo. La Comisión invita al Gobierno a que, en la memoria que debe presentar en 2013 sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), agregue informaciones que permitan apreciar la manera en que se han redoblado los esfuerzos, con la colaboración de los interlocutores sociales, para asegurase de que los sistemas de orientación y de formación cubren las necesidades de aprendizaje y formación profesional de las grupos más vulnerables y de las regiones más afectadas por la crisis.

[Se invita al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2014.]