Individual Case (CAS) - Discussion: 2010, Publication: 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritania (Ratification: 1961)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mauritania (Ratification: 2016)

Un representante gubernamental indicó que se han aplicado todas las recomendaciones formuladas por la misión de investigación que visitó el país en 2006, las cuales han hecho posibles importantes avances en numerosos ámbitos. En efecto, en 2007 se adoptó una ley que tipifica como delito el trabajo forzoso y lo reprime, y en todo el territorio se llevó a cabo una campaña de sensibilización. Además, se reforzaron las capacidades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se ha establecido un ambicioso programa de lucha contra las secuelas de la esclavitud.

A la adopción de la ley núm. 2007/48 sobre la incriminación y la represión de las prácticas esclavistas (en adelante, ley de 2007) le siguió un vasto programa de sensibilización que ha permitido la organización de seminarios y de encuentros sobre los objetivos y el contenido de la ley. Estos seminarios se destinaron al público, las autoridades administrativas territoriales, las autoridades judiciales, las fuerzas del orden, los ulemas y los notables. En este marco, en 2007 se realizó en todas las capitales del conjunto de las wilayas una campaña nacional de sensibilización en la que participaron todos los agentes afectados, incluidas las organizaciones de derechos humanos, los cargos electos y las autoridades judiciales. Además, en 2009 se realizaron talleres regionales en las wilayas de Brakna, la Assaba y el Gorgol.

Consciente de la interdependencia que existe entre la supervivencia de las prácticas esclavistas y la pobreza, el Gobierno viene aplicando desde marzo de 2009 un programa de erradicación de las secuelas de la esclavitud al que se ha dotado con un presupuesto de mil millones de ouguiyas con cargo al presupuesto del Estado. Este programa tiene como objeto la reducción de las desigualdades sociales y económicas y la mejora de los medios de existencia y de las condiciones de emancipación de las poblaciones afectadas por las prácticas tradicionales y las secuelas de la esclavitud. En este marco se han llevado a cabo más de mil actividades, que han beneficiado a más de 93.000 personas en 282 localidades.

El orador también dio informaciones sobre otro programa titulado «Prevención de conflictos y cohesión social en Mauritania», que se está aplicando en la actualidad y ya ha permitido identificar proyectos de desarrollo que se han de ejecutar en determinadas regiones así como la realización de talleres regionales, entre ellos un taller de formación destinado a mujeres dirigentes sobre la prevención y la gestión de conflictos.

En lo que respecta a la asistencia jurídica y judicial a los grupos vulnerables prevista en los artículos 12 y 15 de la ley de 2007, a la que el Gobierno presta especial interés, se ha puesto en marcha un proyecto financiado por el Fondo Japonés para el Desarrollo Social cuyo fin es reforzar la capacidad institucional de las organizaciones de derechos humanos con el fin de promover el acceso a la justicia de la población pobre. Por otro lado, las autoridades administrativas y judiciales han sido instruidas para que lleven estadísticas fiables de los casos de violación así como del seguimiento que les está reservado. Estas estadísticas serán comunicadas con la próxima memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio.

En conclusión, el orador indicó que la cuestión de las secuelas de la esclavitud constituye un eje importante de la política del Presidente y que se han impartido orientaciones precisas a este respecto al conjunto del Gobierno. A pesar de las dificultades políticas a las que ha hecho frente el país, el Gobierno está comprometido y resuelto a erradicar toda secuela de esclavitud y desearía recibir asistencia técnica de la OIT para conseguir este noble objetivo.

Los miembros trabajadores indicaron que este caso se había examinado por primera vez en 1982 y por última vez, en 2005, es decir, hace cinco años. La Comisión de Expertos dio cuenta de los progresos realizados en el plano legislativo, con la adopción de una ley en 2007 por la que se incriminan y reprimen las prácticas esclavistas. En efecto, esta ley constituye un paso importante en la lucha contra el trabajo forzoso en el país, pero ello no es suficiente.

Desde hace muchos años, la Comisión de Expertos viene examinando la cuestión de las personas descendientes de antiguos esclavos, que están sometidas a condiciones de trabajo abarcadas por este Convenio, en la medida en que están obligadas a trabajar para un amo. La persistencia de este tipo de trabajo forzoso está, además, puesta en evidencia por los informes de diferentes ONG, como SOS Esclavos y la CNDH, que trabajan en esta cuestión. Estas informaciones muestran que el trabajo forzoso está muy extendido y es estructural en Mauritania, estando el fenómeno de la esclavitud profundamente arraigado en la historia del país y siendo parte integrante de la sociedad. La esclavitud existe en diferentes grupos de la población y bajo formas diferentes. En la actualidad, son miles los niños, los hombres y las mujeres que viven en Mauritania en condiciones inhumanas y es una obligación ocuparse de estas condiciones, por cuanto las mismas conciernen al Convenio. Por su nacimiento, los descendientes de esclavos que son campesinos, pastores y trabajadores domésticos conservan todavía un estatuto inferior. Dependen completamente de su amo para sobrevivir y carecen de la posibilidad de rechazar determinados trabajos. Llama, por tanto, la atención que el Gobierno considere que se trata sólo de secuelas de un antiguo sistema social o de casos aislados, y que afirme que la esclavitud desapareció en la sociedad mauritana.

La ley de 2007, constituye, en efecto, un avance positivo, que debe demostrar que al menos el Gobierno reconoce la existencia del problema. Existen leyes, pero también actos. Es, en consecuencia, importante que esta ley sea conocida no sólo por la población, en particular por las víctimas y las organizaciones que las defienden, sino también por las autoridades encargadas de garantizar su respeto con el fin de que puedan emprenderse, de manera efectiva, acciones judiciales, y de que puedan imponerse sanciones severas. La ley prevé, efectivamente, sanciones, pero nada indica que éstas se apliquen en los hechos. El Gobierno debe asimismo precisar si las víctimas tienen la posibilidad de dirigirse, libremente y sin peligro de represalias, a las autoridades policiales y judiciales, con el fin de hacer valer sus derechos y si esas autoridades realizan investigaciones rápidas, imparciales y eficaces.

Además de las disposiciones jurídicas y administrativas, es necesario que se adopten medidas económicas, sociales y educativas, con el fin de permitir que las víctimas adquieran la autonomía necesaria para su reinserción. Las organizaciones sindicales, las ONG y otras organizaciones interesadas deben participar en un plan de acción dirigido a erradicar esta forma de trabajo forzoso.

Los miembros trabajadores tomaron nota del plan nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud que se había establecido y solicitaron informaciones acerca de su puesta en práctica y de sus repercusiones. Como no se trata únicamente de secuelas de la esclavitud, sino de prácticas aún más extendidas y que afectan a miles de personas, el Gobierno debe establecer un plan de acción que comprenda una serie de compromisos concretos y un calendario bien definido, con el fin de armonizar su práctica con el Convenio. En este marco, se solicita al Gobierno que: 1) redoble sus esfuerzos en materia de sensibilización sobre la ley y acerca de la esclavitud; 2) instaure mecanismos que faciliten el acceso de las víctimas a la justicia y que les permitan salir de su situación de dependencia; 3) colabore con las organizaciones sindicales, las ONG y otras organizaciones sociales y de la sociedad civil interesadas; 4) establezca un plan de acción económica y social de lucha contra la pobreza y la esclavitud; y 5) comunique, en su próxima memoria, informaciones concretas sobre las medidas adoptadas en torno a la aplicación de los convenios.

Los miembros empleadores recordaron que es la sexta vez que la Comisión analiza este caso y que la última discusión tuvo lugar en 2005. Tomaron nota de la observación de la Comisión de Expertos, la cual resalta los siguientes elementos: en 2006, se llevó a cabo una misión de la OIT que pudo comprobar una evolución en el compromiso del Gobierno en combatir la esclavitud y sus secuelas; en 2007, se adoptó la ley núm. 2007/48 sobre la incriminación y la represión de las prácticas esclavistas. La ley define el concepto de esclavitud, tipifica el crimen de esclavitud sancionado por una pena de reclusión de 5 a 10 años, Crea también una serie de delitos conexos tales como la apropiación de los frutos del trabajo de una persona supuestamente esclava o la privación del acceso a la educación de los niños supuestamente esclavos. También son pasibles de una pena de reclusión y de multa los funcionarios públicos que no den seguimiento a las denuncias de prácticas esclavistas. Si la observación de la Comisión de Expertos considera que la adopción de esta ley constituye un primer paso, indica que el auténtico desafío consiste en su aplicación efectiva. El Gobierno informó de una campaña de sensibilización sobre el contenido de la ley, desarrollada en 2008 con la participación de autoridades públicas, religiosas, la CNDH y ONG. Sin embargo, a pesar de que el artículo 25 del Convenio exige que los Estados se aseguren de la eficacia de sus normas y apliquen sanciones penales eficaces a los casos de trabajo forzoso, el Gobierno no informa de las quejas presentadas por las víctimas ni del inicio de acciones judiciales. En 2008, una misión de asistencia técnica visitó Mauritania y examinó el seguimiento de las recomendaciones de la misión de investigación. Fue informada de que la CNDH había recibido algunas denuncias de esclavitud. Por otra parte, en su memoria, el Gobierno indicó que no había adoptado la estrategia nacional de lucha contra la esclavitud por falta de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea respecto de la financiación correspondiente. La Comisión de Expertos señaló finalmente que el Gobierno no dispone de datos fiables para evaluar la magnitud del fenómeno.

Los miembros empleadores indicaron que valoran las informaciones aportadas por el Gobierno sobre sus esfuerzos para dar cumplimiento al Convenio. Sin embargo, el flagelo del trabajo forzoso continúa instalado en el país, desconociéndose su magnitud por falta de datos confiables. El país ha realizado progresos en materia legislativa desde la aprobación de un primer decreto de abolición de la esclavitud en 1905 hasta el Código del Trabajo de 2004 que prohíbe todas las formas de trabajo forzoso. Por tanto, el problema no es normativo sino de aplicación práctica de la legislación nacional pertinente por parte de las autoridades del Estado. Es entonces importante que el Gobierno informe acerca de la jurisdicción competente para recibir denuncias, del número de denuncias registradas y de las sanciones impuestas. Finalmente, los miembros empleadores invitaron al Gobierno a continuar solicitando la asistencia técnica de la OIT y otros donantes a fin de superar las dificultades en la aplicación del Convenio núm. 29.

Un miembro trabajador de Mauritania declaró que la esclavitud existe y persiste en todas sus formas en Mauritania con la complicidad de los dirigentes políticos. Acosos, intimidaciones, discriminación en el empleo se han convertido en prácticas comunes por parte de las autoridades administrativas, policiales y judiciales que coordinan sus acciones para imponer un sistema feudal esclavista. En 2007, el Gobierno adoptó una ley incriminando y reprimiendo las prácticas esclavistas y una amplia campaña de sensibilización fue llevada a cabo. Sin embargo, se interrumpieron estas acciones y medidas en la práctica. A raíz de la adopción de la ley de 2007, muchos esclavos deseosos de liberarse de sus amos habían solicitado ayuda. Con este fin, varias misiones de la CNDH, de SOS esclavos y de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) habían sido llevadas a cabo. Los casos concretos existen y han sido debidamente documentados en los informes de estas organizaciones. En conclusión, el orador subrayó que, a pesar de la ausencia de estructuras de recepción y asistencia material para su reinserción y pese a la ausencia de auténtica voluntad política para terminar con la esclavitud, los esclavos siguen sin embargo manifestando su deseo de liberarse de sus amos.

Otro miembro trabajador de Mauritania recordó la ley incriminando y reprimiendo las prácticas esclavistas adoptada en 2007 así como la campaña de sensibilización que ha recorrido el país para explicar su contenido e insistir en su carácter obligatorio. Como lo recordó la Comisión de Expertos, las prácticas relacionadas con la esclavitud siguen vinculadas a costumbres de larga data. La lucha en contra de estas prácticas necesitará tiempo. Campañas seguidas y generalizadas deben llevarse a cabo en todos los ámbitos sociales para arraigar la igualdad en la conciencia de todos los ciudadanos. El orador expresó por otra parte su preocupación por los recientes cambios experimentados en la composición de la CNDH que ya no incluye a los miembros de las ONG independientes del Gobierno y a los sindicatos más representativos. Indicó además que la semana pasada, un programa radiofónico sobre la esclavitud había sido censurado. En su opinión, el Estado no sólo tiene la responsabilidad de hacer aplicar la ley, le corresponde también hacer participar a los ciudadanos y a las víctimas en cualquier política de lucha contra la esclavitud. Es necesario aprovechar todos los medios de comunicación, tales como la televisión y la radio. Finalmente los socios para el desarrollo deben apoyar a Mauritania en la aplicación de programas de desarrollo participativo que permitirán a las víctimas de la esclavitud conseguir su libertad.

El miembro empleador de Mauritania indicó que se habían logrado notables mejoras, tal como quedaban plasmadas en la organización de campañas de sensibilización así como la adopción y la puesta en práctica de la ley de 2007, en el respeto de las disposiciones del Convenio. Estos progresos son también ilustrados por los logros significativos de la Comisión de Derechos Humanos y concretados por la adopción de numerosos proyectos de lucha contra la precariedad y la pobreza. En vez de estar citada ante esta Comisión, Mauritania merece ser alentada y técnicamente apoyada para seguir desarrollando sus acciones dirigidas a aplicar el Convenio.

El miembro trabajador de Colombia recordó que Mauritania había ratificado el Convenio en 1961 y que la esclavitud quedó prohibida en ese país con la incorporación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional. Mencionó sin embargo su preocupación por la ausencia de aplicación de la legislación en la práctica, demostrada por las denuncias presentadas por la Liga de Derechos Humanos de Mauritania y por el mantenimiento en situación de esclavitud de muchas personas. La Ley de Mauritania, a pesar de ciertas deficiencias, da al Gobierno las herramientas suficientes para erradicar la esclavitud de una vez por todas. La persistencia de la esclavitud constituye lamentablemente un fenómeno extendido a muchos países mediante la servidumbre por deudas, la prostitución, el alquiler de niños u otras formas cada vez más inaceptables. Tomó nota de las campañas de sensibilización mencionadas por el Gobierno pero expresó su preocupación por la manifestación del Gobierno, incluida en su memoria, de que no se ha definido una estrategia nacional de lucha contra la esclavitud en un momento en el que es más indispensable que nunca un compromiso firme para la eliminación de las prácticas de trabajo forzoso.

El representante gubernamental declaró que Mauritania se considera como un Estado de Derecho y precisó que han sido incluidos en la ley de 2007 mecanismos para asegurar su aplicación. Las disposiciones de esta ley sancionan de manera clara a las autoridades que no adoptan medidas ante casos de violación. Adicionalmente, las ONG y los sindicatos disponen del derecho de denuncia y gozan de la gratuidad de los procedimientos judiciales. Las ONG y los sindicatos son miembros de derecho de la CNDH y del Consejo económico y social. En este sentido, participan plenamente en todas las acciones de estas instituciones. A modo de conclusión, si bien la estrategia nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud no ha sido adoptada todavía por dificultades de financiación, conviene reiterar que el Gobierno ha iniciado recientemente dos grandes programas cuyo contenido ha sido anteriormente presentado. El orador concluyó subrayando que los sindicatos son invitados a unirse al Gobierno en esta lucha por la dignidad humana.

Los miembros trabajadores subrayaron que el Consejo Económico y Social, al que se refirió el miembro gubernamental, no está en funcionamiento y que las ONG independientes no están representadas. Las informaciones facilitadas por el Gobierno tratan de elementos anteriores al golpe de Estado y el presente Gobierno no se ha comprometido todavía en la vía del progreso. Se han registrado algunos progresos en el plano legislativo en 2007, sin embargo, es la práctica la que plantea problemas. El Gobierno debe establecer un plan de acción, que establezca compromisos así como un calendario preciso, para que éste pueda demostrar su firme voluntad de acabar con la práctica de la esclavitud. En este sentido, debe adoptar las medidas necesarias para: 1) redoblar sus esfuerzos en materia de sensibilización respecto de la ley, en particular en lo que concierne a los grupos vulnerables de la población; 2) establecer mecanismos que permitan a las víctimas hacer valer sus derechos y salir de esta situación de dependencia; 3) colaborar en este marco con las organizaciones sindicales, las ONG y otras organizaciones que se ocupan de estas personas; 4) crear un plan de acción económico y social para luchar contra la pobreza y la esclavitud; y 5) facilitar informaciones concretas sobre los esfuerzos desplegados en la próxima memoria sobre la aplicación del Convenio.

Los miembros empleadores observaron que el fenómeno del trabajo forzoso parece persistir en el país. Recordaron que el Convenio núm. 29 es uno de los ocho convenios fundamentales de la OIT y que constituye por lo tanto un aspecto clave del Trabajo Decente. En virtud del artículo primero del Convenio, el Estado que lo ratifique debe suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso en cualquiera de sus formas. En el caso de Mauritania, las dificultades no son de orden normativo sino de aplicación efectiva de la legislación. Por ello, es necesario establecer un plan nacional de lucha contra la esclavitud y de ayuda a sus víctimas. Se requiere fortalecer la inspección de trabajo para mejorar los controles, tanto en la economía formal como en la informal. Es también necesario llevar a cabo una nueva campaña de sensibilización. Subrayaron a continuación que ante la información contradictoria sobre la magnitud de las prácticas de trabajo forzoso, es fundamental poder contar con datos fidedignos que describan con precisión los alcances del fenómeno del trabajo forzoso en el país. El Gobierno debe igualmente proporcionar una información completa sobre la jurisdicción competente para recibir las denuncias, los procedimientos y las sanciones impuestas.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión recordó que había discutido el presente caso en varias ocasiones y que una misión de investigación visitó Mauritania en 2006, a petición de la Comisión de la Conferencia.

La Comisión observó que la Comisión de Expertos había tomado nota de algunos acontecimientos positivos que demuestran el compromiso del Gobierno por combatir la esclavitud y sus vestigios, y en particular la adopción de la ley núm. 2007/48, que criminaliza y penaliza las prácticas asimiladas a la esclavitud y la campaña de sensibilización emprendida tras la adopción de la ley. Las preocupaciones de la Comisión de Expertos se relacionan principalmente con la aplicación efectiva de la ley en la práctica, incluida la falta de información que indique si las víctimas pueden hacer valer sus derechos.

La Comisión tomó nota de la información, incluidos datos estadísticos, facilitada por el representante del Gobierno sobre el programa para la erradicación de las secuelas de la esclavitud, que ha comenzado en marzo de 2009 y cuyo objetivo es reducir las desigualdades económicas y sociales mejorando los medios de existencia y las condiciones para la emancipación de las categorías de la población afectadas por la esclavitud y sus secuelas. La Comisión también tomó nota de la información sobre las actividades de sensibilización emprendidas y las medidas de ayuda legal y judicial a favor de los grupos sociales vulnerables. Tomó nota además de que el Gobierno ha solicitado asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión es consciente de que la esclavitud y sus diferentes manifestaciones tienen diversas causas cuyos orígenes eran el peso de la tradición, la cultura y las creencias, que se agravan por la situación económica. Considerando que se trataba de una cuestión que es necesario que sea abordada en primer lugar por la sociedad mauritana en su conjunto, la Comisión exhortó al Gobierno a que asuma un papel central en aumentar la sensibilización de la población y de las autoridades en relación con esta cuestión y adopte, en un futuro muy próximo, un plan nacional para combatir la esclavitud en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil independientes activas en este ámbito.

La Comisión expresó su preocupación por la ausencia de información relativa a casos sometidos a la justicia. Al igual que la Comisión de Expertos, consideró que ello tiende a mostrar que las víctimas siguen encontrando problemas para ser oídas y afirmar sus derechos. La Comisión instó al Gobierno a que adopte todas las medidas apropiadas para velar por que en la práctica las víctimas estén en condiciones de recurrir a la policía y a las autoridades judiciales para afirmar sus derechos y que se llevaran a cabo investigaciones rápidas, efectivas e imparciales. La Comisión pidió al Gobierno que aporte informaciones sobre el número de quejas formuladas a las autoridades competentes o a la ONG, la manera en que las autoridades tratan esas quejas y los procedimientos judiciales iniciados.

Al tiempo que consideró que las medidas adoptadas para combatir la pobreza constituyen un importante elemento de la estrategia para superar la esclavitud, la Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno tenga en cuenta el hecho de que es necesario que los programas aplicados tengan el objetivo de asegurar la independencia económica de quienes eran víctimas de la esclavitud y de incluir medidas de apoyo y de reinserción para las víctimas. La Comisión pidió al Gobierno que adopte medidas para mejorar la situación económica de las categorías más vulnerables de la población de modo que puedan escapar del círculo vicioso de la dependencia. La Comisión pidió al Gobierno que, en su próxima memoria sobre la aplicación del Convenio, facilite información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluyendo información cuantitativa y cualitativa fiable sobre las características de la esclavitud y sus secuelas en Mauritania, y particularmente sobre la población y las zonas geográficas afectadas.

Por último, observando que el Gobierno había reafirmado su compromiso con la erradicación de la esclavitud y sus secuelas, la Comisión expresó la esperanza de que la Comisión de Expertos pueda tomar nota de los progresos alcanzados en su próximo examen del caso y a tal fin pidió a la Oficina que facilite toda la asistencia técnica apropiada que el Gobierno ha solicitado.