Individual Case (CAS) - Discussion: 2008, Publication: 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Colombia (Ratification: 1976)

Un representante gubernamental declaró que había venido desde Colombia con el ánimo de compartir con los empresarios, los trabajadores, los representantes de los Gobiernos y los funcionarios de la OIT, el espacio que brinda la Comisión de Normas de la Conferencia para discutir un caso que, como el de Colombia, es sin ninguna duda, un caso en progreso.

Hablar de un caso en progreso exige que realicemos un análisis objetivo que permita buscar mecanismos para avanzar en el tema que a todos nos debe interesar y unir: el mejoramiento de las condiciones laborales en Colombia. Este ejercicio exige recordar y confrontar el pasado, mirar y analizar el presente, y poder proyectar los esfuerzos que en el futuro se deben seguir realizando con el ánimo de mejorar la situación.

El representante gubernamental centró su intervención en la seguridad, la impunidad, los estándares laborales y un punto especial que es el de la presencia y el acompañamiento de la OIT. Son temas analizados desde la perspectiva del Acuerdo Tripartito, evaluado recientemente por la Misión de Alto Nivel que hace seis meses visitó el país.

Recordó que cada uno de los avances logrados en el marco del acuerdo debe entenderse como un triunfo de la concertación. También es bueno recordar que cada avance es una derrota para aquellos que lo único que quieren es radicalizar el problema. Declaró que su Gobierno y la OIT creen en el diálogo, entienden el acuerdo y el espacio que éste representa, como un mecanismo que permite identificar diferencias y construir soluciones, construir democracia y construir desarrollo. Consideró que el tripartismo es una alternativa real y concreta por la que hay que apostar.

En relación con la seguridad, indicó que en Colombia no se puede decir que haya existido o que exista una política focalizada y dirigida a exterminar el movimiento sindical colombiano. Lo que había era un problema generalizado de violencia al que se ha hecho frente en el marco del programa de seguridad democrática. El año pasado, cinco años después de implementar el programa, las 32.000 muertes violentas del año 2002 bajaron a 17.198, y los 196 asesinatos de personas vinculadas al movimiento sindical, se redujeron a 26, lo que representa una disminución del 86 por ciento. Este número, reiteró, sigue siendo muy alto, con la inmensa preocupación de que en los primeros meses de este año, se ha elevado el número de muertes en comparación con los mismos meses del año pasado.

El orador se refirió al programa de protección. En el año 2000, dos años antes de iniciarse el presente gobierno, la totalidad del programa de protección en el país tenía un presupuesto de 1,7 millones de dólares para sindicalistas, periodistas, líderes sociales y políticos. En 2007, el programa contó con 34 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento, cerca de 11 millones de dólares, se dedicaron al programa de protección de los sindicalistas.

El segundo tema que abordó, objetivo prioritario del Acuerdo Tripartito, es la lucha contra la impunidad y los avances que en este tema se han dado. Recordó que la Fiscalía General de la Nación creó una unidad especial dedicada, única y exclusivamente, a investigar los crímenes perpetrados contra alguna de las personas vinculadas con el movimiento sindical. Esta unidad, que inicialmente fue transitoria, se convirtió el año pasado en una unidad permanente dentro de la Fiscalía. Esta unidad especial, se vio reforzada el año pasado, cuando en esta misma asamblea de la OIT, se identificó como una necesidad importante la promoción de la creación de algunos juzgados especiales de descongestión, dedicados única y exclusivamente a juzgar los delitos mencionados. Como resultado de lo anterior, los magistrados crearon tres juzgados especiales de descongestión, que han permitido acelerar los resultados frente a la impunidad, como son: 44 sentencias condenatorias en 2007 y 11, en 2008, para un total de 103 sentencias durante este gobierno. Esta cifra, que para muchos será pequeña, debe ser contrastada con las 2 sentencias pronunciadas en los cinco años comprendidos entre 1996 y 2001, mientras que el último año y medio, se han pronunciado 55 sentencias; 177 personas han sido condenadas, de las cuales 117 están en la cárcel; y, de acuerdo con los jueces, rama independiente del poder público colombiano, 20 de las 105 sentencias acumuladas están relacionadas con la actividad sindical.

Ahora bien, los esfuerzos referidos a la seguridad y a la lucha contra la impunidad, se han visto reforzados recientemente con las recompensas que permiten identificar y capturar a los autores intelectuales y materiales de todos los crímenes en los que están involucrados personas vinculadas con el movimiento sindical. Estas recompensas a lo largo del presente año han dado importantes resultados para la captura de cinco presuntos responsables. Además, el Gobierno radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República para endurecer las penas a los asesinos de miembros del movimiento sindical.

En relación con los estándares laborales, mencionó que la semana pasada el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno, había aprobado un proyecto de ley que trasladaba a la justicia laboral la declaratoria de ilegalidad de los paros en el país. Este mismo proyecto de ley, menciona que la convocatoria a los tribunales de arbitramento debe ser realizada de común acuerdo por las partes.

El otro proyecto, que debe estar próximo a su aprobación por el Congreso, tiene que ver con las cooperativas de trabajo asociado. Sólo algunas de estas cooperativas vienen abusando, ante la falta de claridad en alguna de las normas legales, del sistema cooperativo. Este proyecto de ley, desarrollado conjuntamente con las asociaciones de cooperativas, fue presentado por iniciativa del Gobierno. Consideró que bajo ningún punto de vista se debe condenar el cooperativismo como alternativa de desarrollo.

Además, el Gobierno se ha comprometido ante el Congreso de la República a presentar, en el transcurso de los próximos seis meses, un proyecto de ley sobre los servicios públicos esenciales.

Recordó que, con posterioridad al Acuerdo Tripartito, el país también había aprobado una ley que incorpora la oralidad dentro del sistema laboral. Estas medidas, que ya se están implementando, permitirán acelerar los procesos para establecer y compensar derechos laborales, y agilizarán los procedimientos judiciales. En 2008, se inició la construcción de más de 100 nuevos juzgados laborales en el país.

Por último, señaló la decisión del Gobierno de fortalecer la unidad de inspección y vigilancia, encargada de hacer cumplir la legislación laboral. Esta medida es de gran importancia, puesto que la tasa anual de desempleo ha descendido del 20 por ciento en 2002 al 11 por ciento en 2007. La mayoría de estos trabajadores recibe los beneficios de la expansión de la protección de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales en Colombia. Por citar un ejemplo, en 2002 el 55 por ciento de los colombianos estaban cubiertos por el seguro de salud; hoy, cerca del 90 por ciento de los colombianos tienen el seguro de salud y la meta es la universalización para 2010. Por lo tanto, en el transcurso de los tres próximos años, se incrementará la planta de inspección en 207 funcionarios, con un crecimiento cercano al 30 por ciento.

Refiriéndose a la presencia de la OIT en Colombia, recordó que, desde noviembre de 2006, la OIT tiene una oficina en Colombia. A través de esta oficina, el Gobierno, con recursos propios, ha asegurado más de 4 millones de dólares para la implementación de proyectos de cooperación técnica en trabajo decente, que fueron concertados de forma tripartita.

El acompañamiento de la oficina de la OIT en Lima, Perú, al igual que la comunicación permanente y fluida que existe con la oficina central, han permitido que la OIT haya desempeñado un papel decisivo para facilitar los procesos constructivos de resolución de problemas, al igual que han ayudado a conseguir aliados nacionales e internacionales en la implementación de los proyectos en el ámbito nacional.

La Misión de Alto Nivel, que visitó Colombia en nombre del Director de la OIT, Sr. Juan Somavia, y bajo la orientación del Sr. Kari Tapiola y su equipo, permitió sentar las líneas de base para promover la identificación de una agenda tripartita, que ha comenzado a trabajarse en el seno de la Comisión de Concertación de Política Salarial y Laboral. Temas como el trabajo decente, la justicia laboral y el ejercicio de la libertad sindical, forman parte de la agenda tripartita. El representante gubernamental reiteró la voluntad de su Gobierno de avanzar.

Los miembros trabajadores señalaron que este procedimiento de examen especial no constituye un precedente. Asimismo, indicaron que cabe examinar más detenidamente ciertos temas abordados en la Comisión de Expertos en lo que respecta al Acuerdo Tripartito de 2006. En primer lugar, en relación con la militarización de la sociedad, comentaron que siguen produciéndose actos de violencia contra militantes y dirigentes sindicales. Entre 1986 y abril de 2008, 2.669 sindicalistas han sido asesinados, es decir, uno cada tres días. Este año, ya han sido asesinadas 26 personas, entre las que figuran siete miembros del personal docente y entre ellos, una mujer embarazada. Estos sindicalistas han sido asesinados debido a sus actividades sindicales. En la mayor parte de los casos, los autores de estas muertes han sido grupos paramilitares que consideran que el movimiento sindical tiene relación con las guerrillas o con los movimientos de extrema izquierda. El Gobierno ha realizado esfuerzos para proteger a los sindicalistas, pero no ha logrado que el número de asesinatos se reduzca de manera significativa. Según la Comisión de Expertos el número de personas protegidas también ha disminuido. Por consiguiente, cabe preguntarse cuándo se podrán ejercer las actividades sindicales con seguridad, sin necesidad de utilizar escolta ni vehículo blindado. De otra parte, los asesinatos de sindicalistas permanecen en un 96,8 por ciento impunes. Aunque recientemente se han realizado muchas investigaciones, la Comisión de Expertos considera que sólo una cantidad ínfima de ellas ha conducido a entablar acciones judiciales o a la imposición de condenas.

En lo que concierne a los obstáculos a las actividades sindicales, éstos no sólo se derivan del clima de violencia, sino también de la legislación y de las prácticas contrarias al Convenio. A este respecto, la Comisión de Expertos se refiere a: i) la utilización de diversas modalidades de trabajo contractual, como las llamadas cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios y los contratos civiles o comerciales, que, al disfrazar la relación laboral, privan a los trabajadores de todos sus derechos sindicales. Sin embargo, la Comisión recordó que cuando estos trabajadores realizan tareas subordinadas en el marco de las actividades de la entidad, deben ser considerados como asalariados y disfrutar de derechos sindicales; ii) la negativa arbitraria a inscribir nuevas organizaciones, nuevos estatutos o los cambios en la junta directiva de las organizaciones. Aunque el Gobierno ha comunicado la entrada en vigor, en 2007, de una nueva resolución, la Comisión de Expertos considera que las autoridades administrativas todavía tienen poderes excesivos y discrecionales que son contrarios al artículo 2 del Convenio, y iii) a que las federaciones, confederaciones y los funcionarios no pueden ir a la huelga en una serie de servicios que no son considerados esenciales, lo cual va unido a la posibilidad de despedir a los dirigentes sindicales que hayan participado en huelgas consideradas ilegales y a la posibilidad que tiene el Ministerio de Trabajo de someter los conflictos al arbitraje. A este respecto, el Gobierno ha adoptado una nueva ley que regula el derecho de huelga. Esta ley sólo tiene en cuenta una de las nueve recomendaciones de la OIT y permite al Presidente de la República poner fin a una huelga. Finalmente, resulta imposible realizar negociaciones colectivas, ya que, por una parte, los sindicatos de funcionarios no pueden presentar listas de reivindicaciones, ni firmar convenios colectivos de trabajo — prohibición que incluye a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado — y, por otra parte, en el sector privado los acuerdos colectivos se utilizan para debilitar la posición de las organizaciones sindicales y limitar su capacidad de firmar convenios colectivos.

Los miembros trabajadores concluyeron diciendo que Colombia continúa violando de forma clara y flagrante el Convenio núm. 87. El Acuerdo Tripartito, firmado en 2006, todavía no ha dado frutos. Se han utilizado muchos medios para proteger a los sindicalistas, pero los procedimientos judiciales y las condenas de los asesinos de sindicalistas siguen siendo claramente insuficientes. En lo que respecta a los derechos fundamentales, todavía no hay progresos significativos. En la práctica, debería fortalecerse el diálogo social y potenciarse las negociaciones colectivas en los sectores público y privado. Ello indicaría que se están realizando progresos. Los miembros trabajadores observaron que la representación permanente de la OIT y los programas de cooperación técnica han iniciado sus actividades recientemente. La presión internacional ha resultado beneficiosa, pero los resultados obtenidos siguen siendo insuficientes. Por último, señalaron que esta presión debería incrementarse y que esta discusión persigue ese objetivo.

Los miembros empleadores agradecieron al Ministro de Protección Social de Colombia por su presencia voluntaria y por fuera de la lista de casos individuales subrayaron su agradecimiento por la buena voluntad manifestada por parte de su Gobierno ante esta Comisión. Al recordar la larga historia de la supervisión por parte de esta Comisión con respecto a la aplicación de las normas sobre libertad sindical en Colombia, los miembros empleadores observaron que, durante los últimos cinco años, habían acontecido muchos hechos positivos aunque el Gobierno reconoce que todavía queda mucho por hacer. En febrero de 2000, se envió a Colombia una misión de contactos directos. En 2001 el Consejo de Administración nombró a un representante especial del Director General que presentó tres informes ante el Consejo de Administración en un año. En 2003, el Consejo de Administración autorizó un programa muy costoso de cooperación técnica financiado por la OIT, que duró hasta 2006. En la Conferencia de junio de 2005, Colombia acordó aceptar una visita tripartita de alto nivel compuesta por el Presidente del Comité de Libertad Sindical y dos Vicepresidentes de la Comisión de Aplicación de Normas. La visita tripartita de alto nivel tuvo pleno acceso y transparencia durante sus reuniones, incluso con el Presidente de Colombia. El 1.º de junio de 2006, un histórico Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia fue firmado durante la Conferencia Internacional del Trabajo para reforzar la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de sus organizaciones y de sus dirigentes sindicales, especialmente en lo que concierne al respeto de la vida humana, la libertad sindical, de asociación y de expresión, la negociación colectiva, la libre empresa para los empleadores, así como la promoción del trabajo decente. A fin de facilitar la puesta en práctica de dicho Acuerdo, la Oficina estableció una Representación Permanente en Colombia y se estableció un programa de cooperación técnica de 5.000.000 de dólares financiado por el Gobierno de Colombia. Durante la reunión de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo, se decidió crear una misión de alto nivel para identificar las nuevas necesidades, a efectos de garantizar la efectiva aplicación del Acuerdo y del Programa de Cooperación Técnica en Colombia. La Misión de Alto Nivel que se envió a Bogotá del 25 al 28 de noviembre de 2007 preparó un informe muy positivo que no encontró oposición en el Consejo de Administración.

Las principales cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos en este caso hacen referencia a la situación de violencia e impunidad y a ciertas cuestiones jurídicas y legislativas con un fondo de varias décadas de continua guerra civil. Desde 2001, el nivel de violencia contra los sindicalistas ha disminuido sustancialmente, así como el porcentaje total de homicidios. Cabe señalar que el blanco no eran sólo sindicalistas sino también profesores, jueces y otras personalidades importantes de la sociedad. Sin embargo, debemos preocuparnos por el aumento de la violencia contra los sindicatos en 2008. La Comisión de Expertos tomó nota de que el presupuesto destinado a la protección había aumentado más de una cuarta parte, siendo el movimiento sindical el único beneficiario y que las centrales sindicales de Colombia reconocen los esfuerzos cada vez mayores del Fiscal General por garantizar las acciones judiciales y las condenas. El Gobierno como medida urgente debería continuar con sus esfuerzos de asegurar el trabajo sistemático de los fiscales y jueces. Los miembros empleadores abrigaron la esperanza de que estas medidas conllevarán mejoras para hacer frente a la situación de impunidad.

En cuanto a las cuestiones jurídicas planteadas por la Comisión de Expertos, cabe resaltar el uso inadecuado de las cooperativas, una cuestión de la que ya se ha ocupado la visita tripartita de alto nivel realizada a Colombia en 2005. Tal y como señaló la Comisión de Expertos, los trabajadores en dichas circunstancias deben ser tratados como asalariados a tiempo fijo con los mismos términos y condiciones de empleo y disponer de los requisitos necesarios para afiliarse a sindicatos. Los miembros empleadores tomaron nota del decreto propuesto en 2007, cuyo objetivo es garantizar una uniformidad sobre esta cuestión tal y como mencionó el Gobierno, y solicitaron su promulgación de manera rápida.

En lo que respecta a los comentarios realizados por la Comisión de Expertos sobre los obstáculos encontrados durante el registro de los sindicatos y sus actividades, cabe entender que dado el actual clima de agitación el Gobierno quiera garantizar que las funciones de los sindicatos se limiten a las actividades sindicales habituales; sin embargo, el artículo 2 del Convenio núm. 87 exige claramente que las organizaciones de trabajadores y empleadores puedan constituirse sin autorización previa. Además, teniendo en cuenta que el Convenio núm. 87 no prevé expresamente el derecho a la huelga, se debería tomar nota de la legislación que se está examinando y que permitirá a las partes crear su propio proceso de resolución de conflictos en lugar del procedimiento actual obligatorio de arbitraje. Además, se deben asignar más recursos a los tribunales de justicia y del trabajo así como al fortalecimiento de los servicios de inspección del trabajo. Por último, se deben adoptar medidas activas para resolver las otras cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos. Los miembros empleadores concluyeron agradeciendo al Gobierno por su comparecencia voluntaria y abrigaron la esperanza de que el Gobierno continuará con sus esfuerzos por mejorar la situación tal y como lo viene haciendo en el pasado.

El miembro gubernamental de Eslovenia, haciendo uso de la palabra en nombre de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, y de los de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islandia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Moldova, Noruega y Turquía, dio la bienvenida al Ministro de Protección Social de Colombia y expresó su pleno apoyo y reconocimiento a la OIT y a su oficina permanente en Colombia por la ayuda que prestan al país en sus esfuerzos por garantizar el respeto de los Convenios núms. 87 y 98 a través del Programa de Cooperación Técnica para Colombia.

Aunque deben reconocerse los esfuerzos que realiza el Gobierno para mejorar la situación, el nivel de violencia todavía es demasiado elevado y el asesinato de sindicalistas resulta muy preocupante. Sin embargo, la voluntad de los interlocutores sociales de cooperar para establecer mecanismos para una implementación eficaz del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia en Colombia resulta esperanzadora.

También deberían acogerse con beneplácito las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Colombia para luchar contra la impunidad. Sin embargo, debe hacerse hincapié una vez más en la recomendación de la Misión de Alto Nivel, ya que deben examinarse todos los casos de violencia contra sindicalistas y evitar nuevos retrasos. Por consiguiente, instó encarecidamente al Gobierno a acelerar la lucha contra la elevada tasa de impunidad.

Señaló que debería apoyarse el Programa de Protección de los Sindicalistas y también instar al Gobierno a garantizar que todos los sindicalistas que lo pidan puedan disfrutar de medidas adecuadas de protección que les infundan confianza. Por último, invitó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para emendar las disposiciones legislativas, tales como el Código del Trabajo, a fin de ponerlas de conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98. El orador pidió que el Gobierno continúe cooperando con la OIT, en particular, solicitando la asistencia técnica de la Oficina.

Para concluir, dijo que el sistema de control de la OIT, que es único en el mundo, debería recibir apoyo y que el procedimiento utilizado este año no debería considerarse como un precedente para la labor futura de la Comisión.

Un miembro trabajador de Colombia declaró que, cuando el 1.º de junio de 2006, el Gobierno, los trabajadores y los empleadores de su país firmaron el Acuerdo Tripartito por la Libertad de Asociación y la Democracia, el movimiento sindical tenía la convicción de que, a instancias de ese nuevo instrumento, se pudiera construir un camino orientado a poner fin al clima de violencia y de ausencia de libertad sindical que reina desde hace más de un cuarto de siglo. Desafortunadamente, el clima de violencia antisindical se mantiene, con graves repercusiones, no sólo para el sindicalismo, sino también para todo el espectro democrático y el estado social de derecho en el que se sustenta el ordenamiento constitucional de Colombia.

No se puede desconocer que, como fruto del Acuerdo Tripartito, se constituyó una unidad especial de la Fiscalía para luchar contra la impunidad (que es la mejor aliada de quienes asesinan a sindicalistas), que permitió que se fueran obteniendo algunos resultados, a pesar del largo camino que queda por recorrer. Al mismo tiempo, cabe expresar con suma preocupación que, en lo que va de este año 2008, la cifra de 26 sindicalistas fallecidos en cinco meses, es demasiado alta para tan escaso lapso de tiempo. Es por ello que solicitan al Gobierno la adopción de medidas que pongan freno a tal genocidio.

Hay que tener en cuenta, con carácter de urgencia, que una contribución determinante para desalentar las agresiones al sindicalismo está dada por la eliminación de las conductas antisindicales por parte del Gobierno y de los empleadores, creándose unas condiciones que conduzcan a que la clase trabajadora se pueda organizar libremente sin temor a la pérdida de vidas o de empleo. Tampoco hay que olvidar que en muchos países el sindicalismo ha venido desempeñando un papel determinante en la lucha contra regímenes dictatoriales y que el retorno a la democracia se debió al sacrificio, a la entrega y al altruismo de miles de compañeros que, desde las filas de los sindicatos, no dudaron en ofrendar hasta su propia vida para que la democracia tuviera su espacio.

Si bien el orador hizo un llamamiento al Gobierno y a los empleadores de Colombia hacia una apuesta por la libertad, la paz y la democracia, con una reafirmación de lo que representa la OIT como escenario fundamental y punto de encuentro, señaló que también ha de tenerse en cuenta que los conflictos se solucionan en la medida en que haya en el país una voluntad política de los distintos actores. La mejor manera de desalentar a los enemigos del sindicalismo es propiciando un verdadero clima de libertad sindical y un acceso a la negociación colectiva e impidiendo que los contratos basura sean el común denominador en la contratación de trabajadores.

La mayor preocupación del movimiento sindical radica no sólo en el temor a perder la vida, sino más bien en la incertidumbre que ha traído consigo la desaparición del trabajo decente, un asunto que en la actualidad constituye una orientación de la OIT y que forma parte del ideario de los trabajadores. Desafortunadamente, hoy se sufre el fenómeno de deslaborización en las relaciones capitaltrabajo y el común denominador es que se trate de relaciones de trabajo entabladas a través de terceros, mediante la detestable modalidad del sistema de contratistas, empresas temporales, contratación civil, órdenes de prestación de servicios, contratos de cortísima duración y últimamente el flagelo que significa el sistema de cooperativas de trabajo asociado, que representan la peor de las agresiones al sindicalismo, puesto que quienes son contratados bajo esta modalidad, no tienen ninguna posibilidad de sindicalizarse y mucho menos de acceder a la negociación colectiva. Por consiguiente, el orador agregó que no le parece correcto que el Gobierno haya incluido en la delegación de Colombia a la Conferencia a voceros de esas cooperativas, dado que éstas no pueden representar a los trabajadores y, mucho menos, al sindicalismo.

De persistir este clima de violencia, de conductas antisindicales y de ausencia de libertad sindical, el futuro no se presenta nada promisorio. Es por ello que el orador propuso al Gobierno y a los empresarios de su país que se dé vía libre al Acuerdo Tripartito, puesto que sólo así se sentarán las bases de un nuevo país. Solicitó asimismo a la comunidad internacional todo su apoyo para que los Convenios y las recomendaciones de la OIT no sean letra muerta.

Por último, al resaltar que una democracia sin sindicatos es una caricatura de democracia, el orador manifestó que las bajas tasas de sindicalización, la disminución del número de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, la muerte de sindicalistas, la negativa del Ministerio de reconocer a las nuevas organizaciones, el aumento de la informalidad, el empobrecimiento de los campesinos, el trabajo de más de dos millones de niños, el desplazamiento forzado, el desempleo y la exclusión social, constituyen el detonante de una bomba social que aún se está a tiempo de contener.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos agradeció al Gobierno de Colombia su presentación. La situación de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos en Colombia es una cuestión que viene de lejos, y algunas veces ha sido una grave preocupación para esta Comisión y los distintos órganos de control de la OIT. La discusión brinda una oportunidad para evaluar el compromiso en curso del Gobierno por el Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, y los importantes logros que se han realizado hasta ahora en la aplicación de este Acuerdo. El Gobierno de Colombia, gracias en gran parte a su cooperación con la OIT, ha demostrado que puede cambiar completamente la larga historia de violencia e inestabilidad del país y modernizar, así como fortalecer su sistema jurídico. Sus esfuerzos incluyen la protección de individuos que corren un alto riesgo, y concretamente los sindicalistas; la investigación y la persecución de los responsables de esta violencia; el fortalecimiento del Poder Judicial; y la armonización de la legislación con las normas de la OIT. Existe un claro enfoque para que las instituciones del Gobierno estén al alcance de los colombianos, con el objetivo de que Colombia construya con paso seguro una democracia cada vez más estable, pacífica, global y próspera. Los logros del Gobierno hasta la fecha han sido reconocidos y acogidos con beneplácito, tanto por la Comisión de Expertos como por la Misión de Alto Nivel. La oradora manifestó su confianza en que estos esfuerzos continuarán desplegándose.

A pesar de los impresionantes logros, se debe reconocer que todavía queda mucho por hacer para enfrentarse a esta situación tan difícil. Todos desean una Colombia segura y pacífica. Para conseguirlo, el Gobierno debe seguir trabajando con sus interlocutores tripartitos y la OIT para abordar todas las cuestiones que la Comisión de Expertos ha subrayado en sus observaciones. Estas incluyen medidas encaminadas a socavar la violencia y la impunidad, y a cumplir con un número de cuestiones jurídicas y prácticas relacionadas con los derechos y las actividades de los sindicatos. Tal y como ha observado la Misión de Alto Nivel, un diálogo continuo y abierto, así como la supervisión a través de la Comisión Nacional sobre Salarios y Políticas de Empleo de Colombia, brindan los medios idóneos para tratar, de manera operativa, la amplia agenda del Acuerdo Tripartito, además de establecer un vínculo de confianza cada vez mayor entre las partes. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos observó recientemente que la historia de Colombia es un buen ejemplo de lo que un gobierno debe hacer. La oradora expresó su confianza en que el Gobierno de Colombia continuará beneficiándose plenamente de la asistencia técnica de la OIT para seguir haciendo las cosas bien hechas. Instó a todos los interlocutores del Acuerdo Tripartito a que permanecieran incólumes ante sus compromisos, a pesar de que sus puntos de vista pudieran divergir alguna vez. Colombia ha dado grandes pasos y, gracias a este compromiso, la comunidad internacional podrá contemplar logros más importantes en un futuro muy cercano.

Otro miembro trabajador de Colombia declaró que las organizaciones sindicales, los empresarios y el Gobierno de Colombia habían firmado un Acuerdo Tripartito Por el Derecho de Asociación y la Democracia». Su desarrollo aún no ha tenido resultados prácticos en la mejora de las libertades y de los derechos fundamentales del trabajo. Sólo puede mostrar la instalación de una representación permanente, el inicio de unos programas de cooperación y unos resultados incipientes de la Fiscalía y del Poder Judicial en el esclarecimiento de hechos de violencia contra los sindicalistas y en la comparecencia de los criminales ante la justicia.

Las centrales sindicales presentaron una agenda para hacer viable el cumplimiento del conjunto de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT para que el país armonice su legislación y su práctica con las normas internacionales del trabajo. Sin embargo, la falta de voluntad de los empresarios y del Gobierno, impidieron el desarrollo de esta agenda y el cumplimiento del Acuerdo.

La Misión de Alto Nivel de noviembre de 2007, reiteró que para que «cualquier acuerdo tripartito funcione de manera eficaz, es necesario que todas las partes en el mismo mantengan su compromiso con respecto a su aplicación, por muy diferentes que sean sus puntos de vista sobre temas específicos». Esto implica que las partes reconozcan que la base de las discusiones debe ser las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de los órganos de control. Es de destacar el informe de la Misión, que insiste en «la importancia de un diálogo constante y una supervisión permanente de la aplicación del Acuerdo Tripartito», para organizar e impulsar un diálogo social útil y efectivo.

La OIT no puede permitir el incumplimiento de los compromisos, puesto que en Colombia sigue predominando un déficit de trabajo decente, limitaciones a las libertades sindicales, asesinatos, impunidad y la ausencia de un diálogo social eficaz. Además, menos de una tercera parte de los trabajadores cuenta con algún grado de protección social y laboral, y tan sólo cinco de cada cien trabajadores están afiliados a sindicatos. En los últimos cinco años, el Ministerio de la Protección Social denegó el registro sindical a 236 nuevas organizaciones sindicales y sólo uno de cada 100 trabajadores estaba cubierto por un convenio colectivo. El Gobierno ilegalizó la mitad de los ceses de actividades, vulnerándose, así, el derecho de huelga.

Destacó que, en lo que va de año, 26 sindicalistas fueron asesinados y cuatro desaparecidos forzadamente, lo que significa un aumento del 71,4 por ciento respecto del mismo período de 2007. En los últimos 22 años, fueron 2669 los sindicalistas asesinados y 193 los sindicalistas desaparecidos, habiendo sancionado el Estado a los responsables materiales sólo en 86 casos.

Señaló a la atención de la Comisión que la actitud de los empresarios y del Gobierno desconoce y lesiona los mecanismos que se fueron construyendo, erosionándose la naturaleza tripartita y dialogante de sus métodos de trabajo. Es por ello que cuando se solicita al Gobierno y a los empresarios explicaciones en cuanto a sus planteamientos, se está promoviendo el diálogo y el intercambio de opiniones.

El orador solicitó a la Comisión de la Conferencia la adopción de unas conclusiones y de un párrafo especial que insten al Gobierno y a los empresarios a poner en práctica, de forma inmediata, las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, para adecuar la legislación y la práctica a los Convenios núms. 87 y 98 en materia de derechos y libertades sindicales.

Al poner de relieve que en Colombia el sindicalismo está herido de muerte y que su vida depende de la solidaridad internacional y del acompañamiento que desde la OIT se le brinde, el orador instó a que se impidiera el aniquilamiento del movimiento sindical colombiano, propugnando el cese de la violencia contra los sindicatos y el cumplimiento de los convenios de la OIT.

El miembro gubernamental del Canadá declaró que su Gobierno había estado siguiendo con mucho interés la implementación del Acuerdo Tripartito firmado en 2006. Encomió a la Oficina y al Gobierno de Colombia por el compromiso de alto nivel que han logrado con miras a hacer avanzar el Acuerdo. Señaló que el proceso de implementación de este Acuerdo es delicado y difícil. Asimismo, indicó que el proceso tiene que llevarse a cabo de forma urgente, debido a que los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos siguen recibiendo amenazas y algunas veces son asesinados. Señaló que el punto señalado por la Misión de Alto Nivel de la OIT respecto a que el Acuerdo está en manos del Gobierno, los trabajadores y los empleadores de Colombia, es de gran importancia; la OIT desempeña una función relevante, pero, al final, son las partes las que tienen que garantizar el éxito del Acuerdo.

Su Gobierno acogió con beneplácito que, en 2006, Colombia crease una unidad especial de la Fiscalía General encargada de investigar los actos violentos contra sindicalistas e iniciar procedimientos al respecto. Instó al Gobierno a incrementar sus esfuerzos para acabar con estos actos de violencia. Concluyó diciendo que su Gobierno se compromete a apoyar a Colombia en el fortalecimiento de su legislación del trabajo, para ayudar a los trabajadores y promover un diálogo abierto entre los interlocutores sociales.

Otro miembro trabajador de Colombia manifestó que la negación de las libertades sindicales está motivada por una cultura y una política antisindicales de los empleadores y del Gobierno, que violentan el derecho de sindicalización con contratos civiles, seudocooperativas de trabajo asociado, tercerización, órdenes de trabajo y contratos de prestación de servicios (que son una fórmula fraudulenta de trabajo), de uso mayoritario en las entidades públicas y que no sólo precarizan el trabajo, sino que también niegan el derecho de asociación sindical y la negociación colectiva.

La resolución núm. 0626, de 22 de febrero de 2008, del Ministerio de Protección Social, no sólo obstaculiza el registro de nuevos sindicatos, sino que deja libre al criterio de funcionarios de tercer nivel las decisiones en materia de registro sindical, con implicaciones negativas y sin una adecuación a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.

No es nada estimulante para los sindicatos que la negociación se encuentre en un estado crítico, por los pocos convenios colectivos que se suscriben en el país y por la baja cobertura de beneficiados. Además, las prácticas de los empleadores públicos y privados, tienen su origen en la modalidad de «pactos colectivos», que es un sistema de adhesión individual que imponen los empleadores a los trabajadores, cuando se organiza un nuevo sindicato, para reducir su capacidad de negociación.

El Gobierno sigue interviniendo el ejercicio del derecho de huelga y la nueva reglamentación no lo garantiza plenamente. El único cambio introducido por la nueva ley es que la ilegalidad debe ser calificada por el juez de primera instancia y que se cuenta con un recurso de apelación. Sin embargo, continúa la prohibición de que federaciones y confederaciones ejerzan el derecho de huelga, permaneciendo las demás restricciones advertidas por los órganos de control de la OIT.

La violencia antisindical continúa, habiéndose contabilizado en los primeros cinco meses de 2008 al menos 26 asesinatos de sindicalistas y la desaparición de seis. Denunció la práctica del Gobierno de calificar el móvil de los asesinatos antes de iniciar la respectiva investigación, porque ello induce a sentencias erradas. Transcurridos dos años de la firma del Acuerdo Tripartito, éste no se ha cumplido; sólo se advierte un incipiente inicio en el terreno de las investigaciones de la Fiscalía. La impunidad continúa en el 98 por ciento de los casos y no se identifica a los autores intelectuales.

Manteniendo el sindicalismo colombiano su vocación de diálogo social con una permanente demanda de que éste sea eficaz, útil y con equidad, y a efectos de impulsar este diálogo, la Comisión de la Conferencia debe adoptar un párrafo especial.

Por último, el orador señaló que el Acuerdo Tripartito debe ir más allá, dada la crisis social que se vive en Colombia y con tal objetivo, debe reforzarse la representación permanente de la OIT en Bogotá, para así construir la conclusión de un pacto social que regule empleos decentes con contratación directa entre trabajadores y empleadores, y que elimine la intermediación y todas las formas que disfrazan la relación de trabajo, todo lo cual deberá generar el libre ejercicio de la sindicalización.

La miembro trabajadora de Australia, que hizo uso de la palabra en nombre de los sindicatos australianos y de la región de Asia-Pacífico, tomó nota de que las inquietudes manifestadas respecto del nivel de violencia en Colombia — que fundamentalmente incide en la vida de los trabajadores y de los sindicalistas —, también eran aplicables a países de su propia región, como Filipinas y Camboya, entre otros.

En Colombia, las relaciones laborales y el derecho del trabajo se caracterizan por un estado de pertinaz incumplimiento, especialmente en lo referente a las disposiciones que atañen a la negociación colectiva, de las que están excluidos los trabajadores del sector público, los trabajadores de la economía informal, aquellos que tienen un empleo precario y los trabajadores considerados «independientes ». De hecho, la mayoría de los trabajadores sencillamente no están comprendidos en las disposiciones relativas a la negociación colectiva. Aparte de la violencia y de la intimidación generalizadas, el Gobierno y los empleadores son partícipes, de otras maneras, en la creación de un entorno en el que se niegan o se socavan gravemente los derechos de los trabajadores. En esencia, el problema está relacionado con el desequilibrio de poder entre el empleador y el trabajador individual, y sólo puede solucionarse mediante una libertad sindical efectiva, una auténtica negociación colectiva y un sistema maduro de relaciones laborales.

Durante los últimos diez años, Australia ha sido testigo del intento de su anterior Gobierno de socavar la función de los sindicatos y de vaciar de contenido las disposiciones relativas a la negociación colectiva, tanto en la legislación como en el discurso público. El anterior Gobierno también había utilizado un lenguaje peyorativo para dar a entender que los líderes sindicales no eran representativos, actuaban en interés propio o incluso eran «antiaustralianos ». Los sindicatos y los trabajadores habían sufrido un duro revés en este ambiente en el que cada vez se hacía más difícil hacer valer los derechos en el lugar de trabajo y emprender acciones colectivas, incluidas las negociaciones con los empleadores y la gestión de los conflictos laborales. Esta situación, sin embargo, no era nada en comparación con lo que viene sucediendo en Colombia en los últimos años, en los que la atribución de la etiqueta de «terroristas» a los sindicalistas contribuyó directamente a crear un ambiente de amenazas y violencia. En Australia, los sindicalistas nunca temieron por su vida como consecuencia de las palabras con las que pudiera referirse a ellos el Gobierno; ni tampoco los empleadores razonables se sintieron atemorizados al tratar con ellos.

El Gobierno de Colombia aplica políticas antisindicales y contrarias a los trabajadores con el fin de materializar su idea de lo que es una economía liberalizada, proempresarial y promultinacional. La situación en Colombia no sólo entraña el flagrante asesinato de sindicalistas, sino también la muerte del sindicalismo en sí mismo. Es preciso realizar esfuerzos importantes para crear una cultura de negociación, contrarrestar la cultura del conflicto y la violencia, y establecer auténticas relaciones sociales que gobiernen los lugares de trabajo y se reflejen en la legislación. Todo ello contribuiría al establecimiento de la paz y la solución de los conflictos.

La oradora afirmó que en la aplicación de la negociación colectiva persistían problemas graves, un aspecto de los cuales era la falta de disposiciones legislativas y de promoción. Además, hay barreras legislativas y prácticas que impiden la mera existencia de los sindicatos y sus posibilidades de desempeñar sus actividades con libertad. En la práctica, esto es evidentemente una estrategia de los empleadores ya sea para impedir la creación de sindicatos nuevos o bien para debilitar los que ya existen. Muchos trabajadores han perdido sus derechos laborales y la cobertura sindical no llega al 5 por ciento. La mitad de los trabajadores sindicados pertenece al sector público y, nuevamente, a la mitad de ellos se les niega el derecho a la negociación colectiva, por lo que ésta tiene uno de los índices más bajos de todo el mundo: sólo el uno por ciento de los trabajadores de Colombia puede recurrir a la negociación colectiva.

Según las federaciones sindicales colombianas, el número de trabajadores amparados por convenios de negociación colectiva se está reduciendo. En 2007 se negociaron 463 convenios colectivos, uno más que en 2006. Los contratos sindicales representan apenas el uno por ciento de los trabajadores: 177.000 de una población total de 18 millones de trabajadores. Al mismo tiempo, sin embargo, el número de trabajadores cubiertos por «pactos colectivos » aumentó el 184 por ciento. Los «pactos colectivos» con trabajadores no sindicados se utilizan para debilitar la posición de los sindicatos. Estos acuerdos, que la empresa impone a los trabajadores por conducto de mediadores nombrados por ella misma, en la práctica son un instrumento para presionar a los trabajadores a que renuncien a su afiliación sindical, o al menos para debilitar la eficacia de los verdaderos sindicatos. La oradora destacó que el año anterior uno de sus colegas había visitado una empresa de cultivo de flores que utilizaba «pactos colectivos». Durante las conversaciones que mantuvo en presencia del empleador con dos trabajadores, éstos fueron incapaces de indicar en sus respuestas las condiciones de trabajo que supuestamente habían negociado. La oradora añadió que en muchos lugares de trabajo los empleadores fomentaban una actitud antisindical y simplemente se negaban a tratar con los sindicatos, y afirmó que tenía la impresión de que en cierto modo en Colombia la relación laboral se había «deslaborizado». Es preciso poner fin a los «pactos» o acuerdos colectivos que los empleadores imponen como alternativa a los convenios colectivos.

En 2006, en el sector público sólo hubo 11 negociaciones colectivas: 7 relacionadas con los trabajadores municipales y 2 con empleados de departamentos. Según las estadísticas del ministerio, sólo el 2,74 por ciento de las municipalidades había entablado una negociación colectiva, lo que demuestra su marginalidad en el sector público. Otro problema, añadió, era la ausencia de un sistema fiable para recopilar las estadísticas laborales. En lo que respecta a la negociación colectiva, faltan datos fidedignos sobre el número de convenios colectivos, el tipo de convenio, el tipo de empresa, la índole del sindicato y la duración del convenio. A consecuencia de la poca prioridad que se concede a la administración del trabajo, los sistemas administrativos y de recopilación de datos son muy precarios. Es preciso fortalecerlos, dado que es difícil construir un sistema sólido de relaciones laborales si no se presta atención a las realidades existentes y no se dispone de medios para medir los cambios o los avances, aun cuando exista la voluntad de facilitar mejoras.

Es necesario garantizar el derecho a la negociación colectiva en toda la administración pública y acabar con las «cooperativas de trabajo asociado», que esencialmente proveen fuerza laboral desprotegida bajo contratos de servicios. Estas cooperativas niegan a los trabajadores sus derechos laborales y su derecho de sindicación. La libertad de sindicación de todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, constituye la base de cualquier sistema maduro y eficaz de relaciones laborales; el Gobierno tiene la responsabilidad de dar aplicación al Convenio núm. 87 y de crear el marco legislativo y político para desarrollar verdaderas relaciones laborales. La oradora agradeció la comparecencia del Gobierno ante la Comisión. Exhortó a éste a esforzarse al máximo para asegurar el respeto de la libertad sindical, e imploró tanto al Gobierno como a los empleadores que colaboren con espíritu constructivo con los sindicatos independientes y democráticos de Colombia.

El miembro trabajador de Swazilandia observó que, así como cada moneda tiene cara y cruz, el Gobierno también tiene dos caras. Por una parte, el buen gobierno que promueve un diálogo social amplio e incondicional. Por otro lado, un gobierno malo que se ceba del abuso de poder, del totalitarismo, de la autosuficiencia, de la arrogancia y del egocentrismo. Este último está normalmente marcado por la intolerancia, la violencia e impunidad que penalizan a la víctima y protege a los autores.

Recordó al Gobierno que había ratificado voluntariamente el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), por lo que estaba obligado a cumplir con sus disposiciones en la ley y en la práctica. El diálogo social reúne a todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales tripartitos, a comprometerse colectivamente en la formulación de la política económica y social nacional para lograr la paz, la justicia y el progreso social. Lamentó que el Gobierno no haya cumplido con la aplicación del Convenio núm. 144 y, lo que es peor, haya socavado el Acuerdo Tripartito del que era parte — incluso después de los numerosos recordatorios realizados por las distintas organizaciones del trabajo. Recordó que el objetivo de realizar consultas en virtud del Convenio núm. 144 no es simplemente la difusión de información a los interlocutores sociales. Más bien, las consultas implican un diálogo encaminado a considerar las contribuciones de las otras partes interesadas, y su resultado debe reflejar debidamente las aportaciones de los interlocutores sociales. Si la comunicación se produce sólo del Gobierno a los interlocutores sociales, ésta no constituirá un verdadero diálogo sino más bien un monólogo. La falta de diálogo trae solamente problemas y, de hecho, no resulta sorprendente que en Colombia impere la intolerancia y la violencia.

Instó al Gobierno a que fuera un ejemplo en la promulgación del diálogo social. Si el diálogo social no se respeta a nivel nacional — como queda reflejado en la indiferencia del Gobierno por cumplir con el Convenio núm. 144 y el Acuerdo Tripartito del que es parte —, será imposible tener un convenio colectivo de trabajo a nivel de empresa.

Afirmó que el Gobierno sigue sin cumplir de manera clara y crónica con los convenios que ha ratificado. Además, ha tratado las preocupaciones de los interlocutores sociales con intolerancia y total indiferencia. Recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, la libertad sindical sólo puede llevarse a cabo si los derechos humanos fundamentales, y en particular aquellos relacionados con la vida del ser humano y con la seguridad de la persona, son plenamente respetados y garantizados. Concluyó instando a que las conclusiones del presente caso sean incluidas en un párrafo especial.

El miembro trabajador de Argentina manifestó que el caso Colombia es uno de los capítulos más desgraciados y lamentables de la OIT. El aniquilamiento del movimiento sindical obedece a un plan sistemático represivo dirigido contra los trabajadores en su conjunto; con el miedo, las amenazas y el terror se pretende terminar con los derechos de este grupo social. Cabe preguntarse por el papel del Estado para garantizar las libertades públicas, teniendo en cuenta que éstas, según los órganos de control de la OIT, son precondición necesaria para la vigencia de la libertad sindical.

El Comité de Libertad Sindical sostiene que los casos conocidos en relación con Colombia se refieren no sólo a amenazas, secuestros o asesinatos, sino también a despidos masivos antisindicales, injerencias indebidas en la autonomía de los sindicatos, declaración de ilegalidad de huelgas e incumplimiento de convenios colectivos, incluida la negativa a negociar colectivamente. La responsabilidad exclusiva de esta crítica situación recae sobre el Gobierno y los empresarios colombianos, que no acatan ni ponen en práctica las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical para velar por la efectiva aplicación de los Convenios. Hay que actuar con premura para evitar que la situación se extienda a otros países de América Latina, donde soplan nuevos vientos, y hay gobiernos comprometidos con la erradicación del hambre, la pobreza y la desocupación.

El paulatino deterioro de la libertad sindical y la negociación colectiva en Colombia ha reducido al mínimo los índices de sindicalización y de negociación, lo que ha llevado al Comité de Libertad Sindical a indicar en su informe que el ejercicio de las libertades sindicales está casi totalmente bloqueado. La Central Sindical de Trabajadores de las Américas y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur apoyan incondicionalmente la lucha de los trabajadores y las organizaciones sindicales del país. Aquellos que hoy están siendo juzgados y son culpables deben ser condenados. La OIT debe seguir con sus tareas para poner en práctica, sin hipocresías, los derechos fundamentales y las normas y principios que las sustentan y que llevarán paz, democracia y justicia social a Colombia.

La miembro trabajadora de Francia retomó la cuestión del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia en Colombia, que, cuando se firmó, el 1.º de junio de 2006, generó grandes esperanzas de conseguir una verdadera mejora de la situación de los sindicalistas en Colombia y un auténtico compromiso de las autoridades. Actualmente, la esperanza se ha convertido en decepción y frustración, ya que, debido a su implementación carente de eficacia, el Acuerdo no ha producido los efectos previstos. La lista de atropellos contra las libertades fundamentales, el derecho a la vida y el derecho de huelga sigue siendo demasiado larga y la ingerencia en las actividades de los sindicatos sigue siendo demasiado frecuente. La implementación del Acuerdo Tripartito que se basa en los Convenios núms. 87 y 98, sólo puede concebirse si se respetan y promueven estos dos instrumentos. Sin embargo, los 26 asesinatos de sindicalistas que se han producido desde el inicio de este año, demuestran que las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los sindicalistas y luchar contra la impunidad resultan ampliamente insuficientes y hasta irrisorias. Señaló que se han producido 26 muertes que deberían haberse evitado.

El Acuerdo en cuestión, no es sólo una declaración unilateral, sino el fruto de un compromiso entre los trabajadores, los empleadores y el Gobierno. Por consiguiente, tiene que implementarse de forma concertada, tripartita y de buena fe en el marco de un diálogo social auténtico, que presupone la posibilidad de constituir organizaciones sindicales libres e independientes que puedan presentar sus reivindicaciones y establecer relaciones de fuerza, utilizando, por ejemplo, la huelga, para defender los derechos de los trabajadores, sin sufrir ingerencias, ni temer por su seguridad. La existencia de estas organizaciones es una garantía de cohesión y paz social, y no debe depender de la voluntad de un gobierno. Un sindicalismo libre, cuyos derechos y prerrogativas se respeten, contribuye al reforzamiento de la democracia, la transparencia y el estado de derecho.

Los mandantes de la OIT, cuya presencia en Bogotá representa un elemento fundamental del Acuerdo Tripartito, son responsables de garantizar la supresión de este texto, participando activamente y de buena fe en el diálogo indispensable para que no se convierta en letra muerta, ni pierda su sentido. La oradora concluyó señalando que los representantes de los trabajadores habían expresado claramente su deseo de colaborar en este proceso.

El miembro trabajador de Brasil expresó su solidaridad con el movimiento sindical colombiano. Si en una sociedad democrática, es natural que el capital y el trabajo entren en conflicto, lo que no es natural es que esta lucha provoque muertos. Numerosos gobiernos no entienden la índole de este conflicto y la visión que algunos representantes gubernamentales ofrecieron de la situación de Colombia es preocupante. Por ejemplo, la intervención de la miembro gubernamental de los Estados Unidos no demostró ninguna preocupación por las muertes. Parecería que el Gobierno de los Estados Unidos cree que Colombia es un paraíso y que no está ocurriendo nada malo allí. Sobre todo, se debe admitir la existencia del problema. No es útil negarlo. En Colombia, algunos recurren a la violencia y asesinan a sindicalistas para demostrar que la democracia puede funcionar sin sindicatos; que afiliarse a un sindicato no es la solución para los problemas de los trabajadores; y que los trabajadores perderán todas las batallas contra los empleadores y el Gobierno. Ahora bien, la democracia no se limita a la elección del Presidente de la República a través del sufragio universal. En una democracia, el derecho a la vida, el derecho a sindicarse y el diálogo social son fundamentales. Sin embargo, en Colombia no existe el diálogo social. Creíamos que había algunos avances en relación con la democracia en América Latina, pero no en Colombia, en donde los asesinatos son un ataque a la democracia. Al fin de cuentas, el respeto del derecho a la vida y la existencia de instituciones fuertes son una condición previa para una democracia eficaz. Es necesario reforzar el diálogo en América Latina. En Brasil, por ejemplo, el diálogo social se ha desarrollado por medio de foros tripartitos. Este se debe restablecer y reforzar la democracia y las organizaciones sindicales para poner fin a los asesinatos. Si se quiere conseguir este objetivo, es indispensable que los autores de estos asesinatos sean buscados, llevados ante la justicia y condenados. Se debe dar ejemplo, demostrar que el clima ha cambiado y dejar de hacer creer que los sindicalistas están vinculados con la guerrilla para desacreditarlos, proporcionando, así, argumentos a los paramilitares. ¡Pongamos fin a los asesinatos! ¡Démosle valor a la vida!

La miembro gubernamental de México observó que la Comisión de Expertos señala en su informe que la situación general sigue siendo difícil. No obstante, también reconoció que ha habido avances, como, por ejemplo, en lo concerniente a garantizar la protección de los dirigentes y afiliados y de las sedes sindicales; el presupuesto consagrado al programa de protección creado en 1997 se ha ido incrementando y el Gobierno se ha esforzado en llevar adelante las investigaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas. El Gobierno colombiano ha reafirmado su compromiso en relación con el Acuerdo Tripartito, cuya finalidad es promover el trabajo decente y reforzar la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de las organizaciones y de los dirigentes sindicales en lo relativo al respeto de la vida humana, la libertad sindical, la libertad de asociación y de expresión, la negociación colectiva y la libertad de empresa.

El resultado de la Misión de Alto Nivel realizada en noviembre de 2007 no consta en el informe de la Comisión de Expertos porque se presentó con posterioridad a la reunión de la misma. Sin embargo, en su informe, el Director General menciona la satisfacción de la Misión por el compromiso del Gobierno y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la aplicación del Acuerdo y en la asignación de 4,7 millones de dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Colombia para el logro de los objetivos del mismo; también hace referencia a propuestas legislativas en materia laboral presentadas recientemente en el Congreso.

Para finalizar, la oradora señaló que el Gobierno de México reconoce los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Colombia y que, como muestran los informes mencionados, si bien es cierto que todavía hay tareas pendientes, no es menos cierto que también hay voluntad política, resultados concretos y una gran disposición para continuar trabajando conjuntamente con la OIT.

El miembro trabajador del Reino Unido señaló que, a pesar de lamentar los 2.669 asesinatos de colegas sindicalistas, el contexto de esta discusión no puede limitarse a la cuestión de la violencia. Los órganos de control de la OIT han demostrado que, aunque no existiese violencia en Colombia, el Gobierno de este país seguiría siendo el más antisindical y proempleador de América Latina. La violencia debatida no repercute en el hecho de que el Gobierno no ponga de conformidad con el Convenio la legislación que limita el registro sindical y la negociación colectiva, o su promoción de los pactos colectivos. La violencia se ha convertido en una cortina de humo para el programa neoliberal del Gobierno y su desprecio por el diálogo social. Pero el Estado es también directa e indirectamente cómplice de violencia antisindical.

Recordó que el 6 de febrero y el 6 de marzo de 2008 se realizaron protestas, en Colombia y en todo el mundo, para pedir el fin de la violencia de todo tipo (de los paramilitares, las FARC o del Estado), y la inmediata liberación de todos los rehenes. Carlos Rodríguez, Miguel Morantes, y otros colegas de la delegación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) participaron en las protestas de Londres, en las que también se pidió que el Reino Unido dejara de prestar ayuda militar y el fortalecimiento de la ayuda humanitaria. Hizo hincapié en que la necesidad de cambiar el apoyo militar por apoyo al mandato de la OIT, así como al diálogo social y al desarrollo equitativo es todavía más urgente debido a que cada vez son más los políticos relacionados con el Presidente Uribe que están siendo investigados por sus vínculos con los paramilitares, que son los que en general practican la violencia antisindical. Indicó que más de 60 políticos están siendo investigados, incluidos el primo del Presidente, importantes figuras del servicio de seguridad, cuatro gobernadores provinciales, y numerosos diputados y senadores. De éstos, la mitad está en prisión y siete han sido condenados. Además, el paramilitar Salvatore Mancuso indicó la participación del vicepresidente, de un ex ministro de defensa y tres generales del ejército, entre otros. Añadió que la masacre de Jamundí puso de manifiesto la complicidad del ejército con los paramilitares narcotraficantes. En este caso, los soldados del Batallón de Alta Montaña asesinaron a los miembros del cuerpo de élite antinarcóticos de la policía, que había sido formado por estadounidenses, cuando iban a detener a un grupo de traficantes de drogas; estos escándalos parapolíticos refuerzan el convencimiento de que los militares tendrían que dejar de apoyar al régimen.

Estuvo totalmente de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido respecto a que el hecho de que ciertas personas pertenecientes al Gobierno colombiano desprestigien a sindicalistas realizando anuncios públicos en los que se les acusa de ser terroristas, constituye un incumplimiento flagrante del Convenio. Señaló que estas declaraciones son una invitación a que los paramilitares pongan en su punto de mira a los acusados. Algunos de los 26 sindicalistas asesinados este año — entre los que se cuentan siete maestros sindicalistas —, lo fueron como consecuencia de la manifestación por la paz que tuvo lugar el 6 de febrero, después de la cual José Obdulio Gaviria, asistente del Presidente Uribe, señaló que las protestas previstas para marzo habían sido convocadas por las FARC. La falsedad de esta aseveración se puso de manifiesto por el hecho de que en las manifestaciones, que fueron apoyadas por los sindicatos, el Partido Liberal y el Polo Democrático, se condenó toda la violencia y se pidió la liberación de los rehenes en poder de las FARC. Otros ejemplos de parapolítica son los escándalos producidos en la Universidad de Córdoba y la Operación Dragón, en Cali. Ambos hechos han sido examinados por el Comité de Libertad Sindical, y el orador instó a todos los miembros de la Comisión a que examinaran esas conclusiones y el escándalo que se reveló, a fin de decidir cómo reaccionar ante las reclamaciones indebidamente optimistas del Gobierno.

El orador indicó que los modestos progresos realizados para acabar con la aún enorme impunidad son especialmente el resultado de la presión internacional y también de la labor de la Comisión. Aunque los progresos son escasos y consisten en muchos casos en la condena de ciertos acusados en ausencia, pero nunca de los verdaderos autores intelectuales de los delitos, ponen de relieve la necesidad de un fortalecimiento y de una mayor independencia del poder judicial. Señaló que se debe continuar ejerciendo presión y seguir examinando regularmente este caso. Declaró que unas relaciones laborales maduras basadas en leyes que estén de conformidad con las normas de la OIT, no sólo son positivas en sí mismas, sino que también demuestran que las diferencias de intereses pueden resolverse a través de negociaciones pacíficas. Solicitó que en las conclusiones de este caso, se incluyera la reiteración de la solicitud de que el Gobierno deje de desprestigiar públicamente a los sindicalistas, así como de un compromiso para reforzar el apoyo de la Oficina de la OIT en Bogotá al diálogo social, las relaciones laborales maduras y la lucha contra la impunidad.

El miembro trabajador de España declaró que, además de los niveles intolerables de violencia antisindical alcanzados en Colombia, el país padece otros problemas que dificultan e impiden el ejercicio de la libertad sindical; entre ellos, el problema del registro sindical, que limita la actividad sindical, y de la degradación de la relación de trabajo a causa del uso abusivo de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas precarias de trabajo.

La autoridad administrativa tiene poderes discrecionales para denegar el registro sindical si estima que la organización puede dedicarse a actividades que sobrepasan el marco de las actividades sindicales normales; el Ministerio de Protección Social también puede denegarlo, como ocurrió recientemente con el Sindicato Nacional del Transporte, por ausencia de un vínculo laboral de los trabajadores con la rama de actividad económica de la organización. Las organizaciones sindicales deberían tener autonomía suficiente para poder organizarse a su mejor conveniencia y sin necesidad de autorización previa.

A pesar de que la Comisión de Expertos lleva ya muchos años señalando el abuso por parte de Colombia de varias figuras contractuales para eludir la legislación laboral e impedir el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, se siguen utilizando las cooperativas para encubrir la relación de trabajo. Es un claro fraude a la ley que las condiciones laborales de los socios cooperativistas sean peores que las de las empresas a las que prestan servicios. Algunas empresas despiden a sus trabajadores para después promocionar con ellos una cooperativa de trabajo asociado. El Gobierno tampoco aplica el criterio del Comité de Libertad Sindical en relación con el artículo 2 del Convenio núm. 87, según el cual tanto los trabajadores dependientes como los autónomos tienen derecho a crear sindicatos y a afiliarse a los mismos. Una relación laboral que niega los derechos fundamentales de los trabajadores es una versión actualizada de la servidumbre secular.

El orador propuso, por todo lo expuesto, la adopción de un párrafo especial, instando al Gobierno de Colombia a adecuar su legislación a los Convenios núms. 87 y 98.

El miembro empleador de Colombia señaló que si bien en 1998, cuando se solicitó la designación de una Comisión de Encuesta para examinar la aplicación del Convenio en Colombia, se podía haber admitido que Colombia no era un país viable, hoy en día no se puede negar que Colombia es un país distinto, en el que existe la participación de los interlocutores sociales y en el que el sistema judicial funciona.

Subrayó que en 2006, al firmarse el Acuerdo Tripartito existía la convicción de que Colombia podía cambiar y ha cambiado. El orador señaló que las mejoras producidas se pueden observar en el informe de la Misión de Alto Nivel que visitó el país en noviembre de 2007 y llamó la atención en particular sobre los párrafos 6, 7, 8, 14 y 23 del mismo. En efecto, el Acuerdo Tripartito ha dado frutos evidentes, que se pueden percibir en el Programa de Cooperación Técnica que se lleva a cabo en el país. Dicho programa tiene cuatro vertientes, una de las cuales es el diálogo social.

Otros avances considerables son la reunión periódica llevada a cabo entre los trabajadores, los empleadores y el Gobierno en el marco de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas laborales y salariales y el programa desarrollado con los jueces y fiscales.

Todo esto demuestra que el Acuerdo Tripartito es dinámico, y que tiene aún mayores posibilidades de desarrollo y acción. Subrayó la participación activa de la Oficina del Representante especial de la OIT en las actividades mencionadas.

En lo que respecta al avance en la lucha contra la impunidad subrayó que con fondos europeos se lleva a cabo un programa mediante el cual la Fiscalía General de la Nación, junto con las centrales sindicales, trabajan en conjunto para poder determinar cuáles son las víctimas sindicales de la violencia. El orador puso de relieve que las actuales estadísticas suministradas por la Fiscalía General de la Nación permiten asegurar la transparencia de las investigaciones y de los resultados que éstas presentan.

Señaló en particular que de las 105 sentencias pronunciadas por las autoridades judiciales, en virtud de las cuales hay actualmente 177 condenados, según las estadísticas mencionadas, se ha comprobado que en 20 casos, el motivo detrás de los actos violentos era la violencia antisindical; un caso se debió a un accidente; un a las actividades políticas de la víctima, uno al narcotráfico, cinco a factores diversos, 14 por hurto; en uno se responsabilizó a los escuadrones urbanos, en dos, los motivos fueron la colaboración de las víctimas con los paramilitares, en 27 por la colaboración con la guerrilla, en uno por sus nexos militares, en nueve por motivos personales, en 14 por motivos que no pudieron ser dilucidados y en dos por violencia de las FARC. Por otra parte, si bien admitió un aumento reciente de la violencia, estimó que la justicia responde y que las instituciones del Estado funcionan.

En este sentido, afirmó que en virtud de la política de seguridad democrática se han iniciado acciones contra la guerrilla y contra los paramilitares. Catorce jefes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, fueron extraditados a los Estados Unidos por no cumplir con las disposiciones previstas en la mencionada ley. Además, recientemente se han efectuado golpes certeros a la guerrilla, lo que les permite aumentar el desarrollo de sus actividades como empleadores.

El orador puso de relieve la amplia participación de la oposición en la actividad política colombiana. En este sentido, varias gobernaciones y departamentos están a cargo de representantes de la oposición y de miembros del movimiento sindical. Estos también cuentan con bancas en el Congreso.

El miembro empleador describió a continuación los considerables avances realizados por la economía colombiana en los últimos años. El aumento al doble del PIB del ingreso per cápita, la triplicación de las exportaciones e importaciones y la reducción de la inflación y del déficit fiscal. También se refirió a los avances en materia legislativa y reiteró el compromiso de los empleadores para aunar esfuerzos tendientes a modificar la legislación y ponerla en conformidad con las disposiciones del Convenio.

En relación con los procesos judiciales iniciados a numerosos miembros del Congreso acusados de posibles vínculos con los paramilitares, añadió que también se iniciaron recientemente investigaciones relativas al posible vínculo de algunos miembros con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto demuestra que la justicia se está fortaleciendo, que ya no se acepta la utilización de la política como un medio de aplicar los objetivos de los grupos armados. Además, se han adoptado medidas para fortalecer a las fuerzas armadas, las cuales tienen presencia en todos los pueblos del país.

En respuesta a los comentarios formulados por el miembro trabajador de Australia, señaló que el sector empresarial organizado realizó una reciente encuesta dentro de un grupo de empresas afiliadas con ventas que representan el 20 por ciento del PIB, y cuyo resultado muestra que el 21,6 por ciento de dichas empresas tienen sindicatos de empresas y el 29,3 por ciento cuentan con sindicatos de industria. Esto está por encima del promedio nacional y de otros países.

En cuanto a la cuestión del registro sindical, señaló que después de la adopción de la ley núm. 584 sobre el tema, la Corte Constitucional emitió una sentencia que permitió la existencia de más de un sindicato por empresa. Ello dio lugar a abusos, ya que muchos sindicalistas eran miembros de varios sindicatos con el fin de obtener el fuero sindical y así tener estabilidad laboral. No se trata entonces de mala voluntad del Gobierno o de los empresarios, sino de poner fin a una práctica abusiva.

En materia de contratación, señaló que las cuestiones planteadas son similares a las existentes en el resto del mundo. También en el seno de la OIT se ha estado discutiendo respecto de las diversas formas de contratación y de las diversas formas de utilización de empleo disfrazado u oculto. Pero subrayó que la contratación directa e indefinida no es en la actualidad la única vía existente.

Concluyó señalando que de acuerdo con la información presentada, Colombia ha dado avances y mejoras concretas para ser consideradas como un caso de progreso.

El miembro trabajador de los Estados Unidos dio las gracias al Gobierno colombiano por haberse presentado ante la Comisión y declaró que no existe ninguna razón legítima que justifique que en la reunión del último año se vetase el caso. Este obstruccionismo socava la razón de ser de la Comisión de la Conferencia. En su opinión, el veto ha sido aprovechado por el Gobierno de Colombia y los defensores del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos, que han afirmado que Colombia ya no es objeto del escrutinio de la OIT, debido a su cumplimiento de las normas internacionales del trabajo fundamentales. Señaló que, si en la presente reunión se produce una distorsión similar ésta se denunciará y corregirá públicamente.

Indicó que una noción convencional que promueven el Gobierno y los defensores del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos es que los recursos financieros empleados para combatir la violencia antisindical y la impunidad han producido resultados y han conducido a un descenso de los asesinatos entre 2006 y 2007. Incluso, aunque a título argumentativo se acepte esta perspectiva artificial, puede llegarse a la conclusión de que no es necesario asesinar a sindicalistas para destruir el movimiento sindical colombiano, porque el sindicalismo ya ha sido objeto de represión. Teniendo en cuenta los trágicos acontecimientos que se han producido en lo que va de 2008, el orador rechazó esta perspectiva. Tal como admitió el Gobierno, en 2008 ya han sido asesinados 26 activistas sindicales, lo que representa un 71 por ciento de aumento respecto al mismo período de 2007. Indicó que incluso un movimiento sindical que ha sido objeto de represión representa una gran amenaza para las poderosas fuerzas antisindicales.

Tal como se señaló en el informe de la Comisión de Expertos y tal como declaró el Gobierno, se han gastado millones de dólares en medidas especiales de protección, para la subunidad especial de la Fiscalía General y tres jueces especiales cuyo mandato se limita a seis meses, tal como lo descubrió para su mala sorpresa el Juez Sánchez. Señaló que, sin embargo, ningún programa especial de protección no tendrá jamás éxito, a menos que se ponga término a la impunidad que hoy cobija a más del 97 por ciento de todos los asesinatos cometidos desde 1986, pues los autores intelectuales y materiales de la violencia antisindical se encuentran libres y se reorganizan, incluso si se acepta que detrás de la Ley de Justicia y Paz hay las mejores intenciones originales. Por otra parte, las declaraciones de las más altas esferas del Gobierno colombiano sólo alimentan la bestia de la impunidad, como por ejemplo la del Vicepresidente Santos, estigmatizando como guerrilleros los tres sindicalistas asesinados en 2004 por el Ejército colombiano.

El orador indicó que el Gobierno había hecho hincapié en las 80 condenas que se habían pronunciado desde 2001, pero cabe señalar que existe un retraso en el examen de los más de 2.200 casos de asesinatos de sindicalistas producidos desde 1991. Asimismo, las condenas pronunciadas hasta ahora, sólo conciernen a 59 casos, y sólo 22, a los más de 400 asesinatos de activistas sindicales que se han producido desde que la actual administración entró en funciones. De estas 22, 18 se encuentran aún en los juzgados pendientes de apelación o anulación. De los 187 casos prioritarios acordados por el Gobierno y el movimiento sindical en 2006, menos de 10 han desembocado en condenas completas y definitivas. A este paso, serían necesarios 36 años para superar la impunidad en lo que respecta a estos casos. Según la Fiscalía General, el 45 por ciento de las personas condenadas no estaban ni siquiera detenidas. Por último, señaló que, aunque se invierta mucho dinero para el personal de la Fiscalía y los guardaespaldas, los asesinatos continuarán si no existe la voluntad política y la capacidad judicial de erradicar la impunidad.

El representante gubernamental de Colombia indicó que su Gobierno había aceptado voluntariamente este ejercicio, con el objetivo de encontrar mecanismos que ayudaran a mejorar la situación, y considera que las intervenciones que tienen por objeto condenar o absolver, perturban un proceso constructivo. Declaró que las muertes significan un dolor para todos y que, a pesar de los avances significativos, debía seguirse trabajando contra la impunidad. El orador señaló que su Gobierno cuenta con el apoyo del 86 por ciento de la población y se refirió al hecho de que cada mes y medio el Presidente de la República se reúne con los trabajadores y empleadores y con los representantes de la OIT en el país para analizar los planteamientos de la OIT. El representante gubernamental preguntó cuántos de los representantes de los trabajadores aquí presentes tienen la oportunidad de reunirse con el Presidente de su país cada mes y medio. Insistió en que el sistema judicial funciona, prueba de ello la autonomía de la justicia en el caso de los congresistas que han sido detenidos. Se refirió a la necesidad de mantener los esfuerzos que se han hecho en el ámbito legislativo con persistencia y voluntad y afirmó que sin optimismo ni fatalismo su Gobierno mantenía la decisión de continuar mejorando la situación.

El representante gubernamental, en respuesta a la intervención del miembro trabajador de los Estados Unidos, rechazó la afirmación según la cual se reprime al sindicalismo colombiano. Aceptar tal afirmación es, en su opinión, desconocer el esfuerzo que vienen desarrollando en Colombia líderes sindicales comprometidos como Carlos Rodríguez, Apecides Alvis y Julio Roberto Gómez. El representante gubernamental dijo que juntos han recorrido el país y han participado en negociaciones a pesar de las diferencias ideológicas. Citó un boletín de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) que llevaba por título: «Se empieza a resquebrajar la impunidad». Se preguntó si la misma vehemencia se había manifestado en el pasado cuando eran ministros de trabajo algunos sindicalistas y le parece que plantear la confrontación es ignorar que la impunidad se ha venido acumulando desde los años ochenta. En relación con el Tratado de Libre Comercio, precisó que el mismo había sido un tema de campaña electoral del Gobierno y que la población había votado por él. Considera que no deben descartarse las alternativas que permitan al sindicalismo revitalizarse en el marco de una economía globalizada y que las diferencias ideológicas son incluso deseables frente a algunas cuestiones como, por ejemplo, la del Tratado de Libre Comercio. Por último, señaló que su Gobierno había cursado una invitación a la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) para participar en la Comisión nacional de concertación.

Los miembros empleadores señalaron que el Gobierno de Colombia se había presentado voluntariamente ante la Comisión. Indicaron que no examinaban un caso, sino que estaban dialogando y que la opinión generalizada era que un párrafo especial sería inapropiado. Los Miembros Empleadores utilizan un enfoque basado en los principios para abordar las observaciones de la Comisión de Expertos sobre el Convenio núm. 87 en lo que respecta a Colombia. Durante 25 años de discusiones en la Comisión de la Conferencia, se han conseguido pocos progresos, pero, desde 2005, se han logrado importantes avances gracias a la creación de la Oficina de la OIT en Bogotá, la reducción de la violencia, un aumento de la financiación para la protección de los sindicalistas, el Poder Judicial, los Tribunales y la Inspección del Trabajo. El diálogo continuo es un reflejo de estos progresos.

El panorama muestra resultados dispares. Se han realizado progresos en circunstancias difíciles, pero, al mismo tiempo, y tal como reconoció el Gobierno, queda mucho por hacer. Se ha logrado un consenso respecto a que el Acuerdo Tripartito de 2006 tiene que ser plenamente implementado. Asimismo, se ha alcanzado un consenso respecto a que se tienen que abordar con más determinación las cuestiones de la impunidad, las cooperativas y otras cuestiones relacionadas con la legislación del trabajo. Señalaron que el Gobierno ha indicado que se producirán más acontecimientos positivos. Para concluir, señaló que la presencia del Gobierno en la sala ha mejorado el entendimiento con la Comisión y la comunidad global y ha servido para aclarar las medidas necesarias para seguir avanzando.

Los miembros trabajadores concluyeron subrayando que todos los elementos tratados en las intervenciones realizadas por los diferentes miembros trabajadores son válidos. Por otro lado, dos clarificaciones deben realizarse a las declaraciones del representante gubernamental. Ante todo, los miembros trabajadores no han indicado en cuatro o cinco ocasiones que se habían realizado progresos, sino que han reconocido que se lograron progresos modestos en el funcionamiento de los tribunales. Por otra parte, en lo que respecta a la discusión del Tratado de Libre Comercio, el Gobierno colombiano invitó al Movimiento Sindical Internacional y no a la AFL-CIO.

Los miembros trabajadores insistieron en que esta Comisión solicite al Gobierno explicaciones sobre las razones por las que incumple de manera persistente los Convenios núms. 87 y 98 en el derecho y en la práctica; invite, en un párrafo especial de su informe, al Gobierno a aplicar inmediatamente las recomendaciones formuladas por los órganos de control; modifique la legislación para que el derecho a la huelga se reconozca y garantice a todos los trabajadores, para poner fin a las interferencias y a la injerencia en las actividades de los sindicatos, y reconocer y garantizar los derechos de sindicación y negociación a todos los trabajadores, sea cual sea su sector de actividad (privado o público) o su tipo de contrato; en cuanto a la impunidad, no debe escatimar esfuerzos a través del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, y autorizar a los expertos internacionales para que se aseguren de que las investigaciones realizadas tengan como objetivo identificar a los autores de estos crímenes, a los responsables y al papel eventual de las Instituciones del Estado.

El Consejo de Administración deberá adoptar las medidas necesarias para reforzar la Oficina de Representación Permanente en Colombia, con la presencia de expertos en las cuestiones relativas al Acuerdo Tripartito, con el objetivo de fomentar un diálogo social eficaz y útil para aplicar las recomendaciones de los órganos de control y para reconocer y garantizar los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores. También deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el seguimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.

Por último, la Comisión de Expertos deberá solicitar al Gobierno que cumpla con los plazos establecidos de envío de memorias y presentarlas tal y como exige el Consejo de Administración. Durante el examen de la aplicación del Convenio, la Comisión de Expertos deberá tener en cuenta las observaciones que las organizaciones sindicales colombianas envían sistemáticamente.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información oral suministrada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión recordó las acciones emprendidas por el Gobierno y los interlocutores sociales tendientes a lograr una mayor aplicación del Convenio desde la última ocasión en la que había examinado la aplicación del mismo, en 2005. En particular, la Comisión recordó la visita de una Visita Tripartita de Alto Nivel al país en octubre de 2005 por invitación del Gobierno y sus recomendaciones; el Acuerdo colombiano Tripartito para el Derecho de Asociación y la Democracia de junio de 2006; el establecimiento de una Oficina de Representación de la OIT en Colombia, y la Misión de Alto Nivel de la OIT de noviembre de 2007 y su informe. La Comisión consideró que tales iniciativas representan pasos importantes iniciales para mantener en el centro del diálogo y el debate nacionales las cuestiones relacionadas con la aplicación de este Convenio. Confió firmemente que se tomarán nuevas e importantes medidas, en el marco del respeto del Acuerdo Tripartito, para lograr una rápida y plena aplicación de las disposiciones de este Convenio fundamental.

La Comisión tomó nota de que los comentarios de la Comisión de Expertos se refieren a continuos actos de violencia contra sindicalistas y a una situación de impunidad persistente; no obstante, se han observado esfuerzos significativos por parte del Gobierno para reforzar el programa de protección especial. La Comisión de Expertos también toma nota de los esfuerzos realizados por la Fiscalía General para asegurar los progresos en la investigación de graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en contra de sindicalistas, así como la designación de tres jueces especialmente dedicados a examinar casos de violencia contra sindicalistas. La Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno relacionadas con el aumento significativo de los fondos presupuestados para la protección de sindicalistas y la continua disminución de muertes violentas en el país, incluidas las de sindicalistas.

Al tiempo que tomó debida nota de estas informaciones, la Comisión expresó su preocupación en relación con el aumento de actos de violencia contra sindicalistas durante la primera mitad del año 2008. En vista de los compromisos antes mencionados asumidos por el Gobierno, la Comisión lo instó a que adopte nuevas acciones para reforzar las medidas de protección disponibles y garantizar una mayor eficacia y rapidez de las investigaciones de asesinatos de sindicalistas y la identificación de todos sus instigadores. Tales medidas deberán incluir un aumento de los recursos necesarios para combatir la impunidad, incluido el nombramiento de jueces adicionales especialmente dedicados a resolver los casos de violencia contra sindicalistas. Todas estas medidas son elementos esenciales para asegurar que el movimiento sindical pueda finalmente desarrollarse y afirmarse en un clima libre de violencia.

Con respecto a las cuestiones pendientes de aplicación práctica y legislativa, la Comisión observó que la Comisión de Expertos, al tiempo que toma nota con interés de algunas medidas adoptadas por el Gobierno para poner su legislación en conformidad con el Convenio, considera que otras varias cuestiones todavía necesitan ser resueltas. La Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales el diálogo continúa a efectos de adoptar una legislación relacionada con los servicios públicos esenciales y con las cooperativas, y que se han adoptado medidas importantes para reforzar la inspección del trabajo.

La Comisión observó que las cuestiones relativas a las divergencias legislativas con las disposiciones del Convenio han sido objeto de comentarios por parte de la Comisión de Expertos durante numerosos años y que los esfuerzos realizados hasta el momento no han dado frutos. Confió en que el Gobierno continuará solicitando la asistencia de la Oficina para tratar todas las dificultades pendientes y que se adoptarán las medidas necesarias en un futuro muy cercano para asegurar la plena y efectiva aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica. En particular, la Comisión esperó firmemente que se adoptarán sin demora disposiciones legislativas para asegurar que los contratos de servicio o de otro tipo y las cooperativas u otras medidas no sean utilizados como medio para menoscabar los derechos sindicales y la negociación colectiva. Solicitó también al Gobierno que asegure que todos los trabajadores, incluidos aquellos del sector público, puedan formar las organizaciones que estimen convenientes, sin autorización previa, y afiliarse a las mismas de conformidad con el Convenio. A este respecto la Comisión solicitó al Gobierno que no utilice discrecionalmente su autoridad para denegar el registro sindical.

La Comisión subrayó una vez más la importancia del diálogo social amplio y significativo para alcanzar una solución sostenible para estas graves cuestiones. La Comisión consideró que el fortalecimiento de la representación de la OIT en Colombia es necesario para facilitar una efectiva implementación del Acuerdo Tripartito. La Comisión pidió al Gobierno que envíe una memoria detallada, en consulta con los interlocutores sociales, sobre todas las cuestiones mencionadas para que sea examinada en la próxima reunión de la Comisión de Expertos.