Individual Case (CAS) - Discussion: 2005, Publication: 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Colombia (Ratification: 1976)

Un representante gubernamental de Colombia reconoció la valiosa cooperación y acompañamiento recibido de la OIT y, por su intermedio, a los países que han colaborado en el Programa de Cooperación. La cooperación internacional debe seguir siendo la mejor herramienta de la relación entre la OIT y Colombia, como lo demuestran los resultados del Programa Especial de Cooperación Técnica. Su país siempre ha analizado con respeto las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos para la adecuación progresiva de la legislación nacional a los convenios de la OIT ratificados por Colombia.

Respecto de la situación de violencia en el país, declaró que ésta data de hace ya varias décadas y que su Gobierno, que comparte la preocupación general por ella, tiene como meta su reducción. Lamentablemente todavía no ha llegado ese momento y no han podido superarla, pero sí pueden anunciar una tendencia decreciente permanente de la misma. En 2002, se registraron casi 29.000 homicidios; en 2004 hubo 20.000 lo que representa una disminución de un 30,61 por ciento. En el caso concreto de los sindicalistas, en 2002 se presentaron, lamentablemente 205 asesinatos, mientras que en 2004 el número de sindicalistas asesinados fue de 89: una disminución de 56,58 por ciento. Si la tendencia a la violencia continúa decreciendo, llegaremos al fin del presente año a 15.000 homicidios, lo cual significa una reducción de casi el 50 por ciento, en relación al año de inicio del actual Gobierno.

La misión de contactos directos, que visitó el país en 2000, expresó que el Estado colombiano no dirige en forma alguna una política de exterminio contra ningún sector de la sociedad. Son los grupos armados ilegales y el narcotráfico los responsables de los asesinatos, secuestros y amenazas contra sindicalistas, alcaldes, periodistas, líderes religiosos, concejales, indígenas, maestros, soldados, jueces, empresarios, comerciantes y distintas personalidades de la vida pública nacional. En algunos casos, aunque son mínimos, agentes vinculados al Estado, actuando en forma individual, han incurrido en abusos. Frente a ello el Gobierno ha impulsado el esclarecimiento de los hechos y las sanciones correspondientes. La muerte violenta de una sola persona resulta suficiente para no cejar en el empeño por fortalecer la acción del Estado para garantizar la vida de sus ciudadanos, incluyendo entre ellos de manera muy especial a los dirigentes sindicales y a los trabajadores sindicados.

Los esfuerzos del Gobierno por proteger a los grupos vulnerables no se agotan con la política de seguridad democrática sino que se extienden al Programa de Protección, a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. Más del 70 por ciento de los casi 40 millones de dólares provenientes del presupuesto nacional para el período 20022004 se destinaron a la protección de los dirigentes sindicales.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación para el período 2002-2004, en relación con las investigaciones actuales por delito de homicidio, donde la víctima estaba asociada a una organización sindical, se han cursado 36 medidas de aseguramiento con detención preventiva, 21 resoluciones de acusación, 4 sentencias condenatorias y 131 prácticas de pruebas, lo cual demuestra un progreso importante con respecto a los 10 años anteriores.

A lo anterior cabía agregar el esfuerzo desplegado por el Gobierno para responder, de manera cada vez más amplia, detallada y oportuna, a las denuncias formuladas ante el Comité de Libertad Sindical, como los mismos grupos sindicales lo han reconocido. Desde 1993 hasta 2003, sus acusaciones se refirieron casi exclusivamente a la muerte de sindicalistas. Hoy en día las nuevas acusaciones van orientadas a otro tipo de conductas, relacionadas con el ejercicio de los derechos sindicales, lo cual es un progreso.

Sería un enorme error, expresó el orador, desconocer esta problemática, así como sería un enorme error ignorar los esfuerzos y logros que, poco a poco, ha conseguido el país en esta materia. A este respecto, expresó que Colombia podría considerarse como un "país en progreso" y, aunque persisten algunos problemas, éstos están en vías de solución. Para ello se requiere que simultáneamente se conjuguen tres elementos, a saber, tiempo, recursos y voluntad política. La voluntad política el Gobierno la tiene.

En cuanto a la lucha contra la impunidad, anuncia que ya existen detenidos y que hay cuatro condenados. Recientemente se creó en su país un nuevo sistema acusatorio, con énfasis en la oralidad, el cual, unido al fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, permitirá mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones.

El representante gubernamental se refirió luego al proceso de ajuste legislativo, que toma tiempo, y a las diferencias entre la legislación nacional y el Convenio núm. 87. Indicó que el proceso de ajuste ha sido sostenido en el tiempo y ha merecido el reconocimiento de la Comisión de Expertos. A comienzos de la década de los noventa se llevó a cabo un elevado número de ajustes legislativos que merecieron el reconocimiento del país como un caso notable de progreso, según se menciona en el Estudio general de la Comisión de Expertos (1994). En el Informe de 2001, la Comisión tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por Colombia, las cuales permitieron superar diez comentarios formulados por la Comisión de Expertos. De ellos, actualmente subsisten tres, número que es inferior al promedio de los países citados en el Informe.

Señaló que, al respecto, se cuestiona la prohibición a las federaciones y confederaciones de declarar la huelga y que el Gobierno ha explicado que el sistema colombiano de libertad sindical, de asociación y de negociación colectiva se estructura en torno al sindicalismo de empresa, al cual se han otorgado todas las atribuciones inherentes a dicha libertad y los derechos derivados del Convenio núm. 87. El Estado considera que es un sistema perfectamente válido, que no atenta contra el Convenio núm. 87 y que permite mejores niveles de negociación y diálogo social. Así, Colombia no puede admitir que la citada limitación constituya un desconocimiento de la libertad sindical o del derecho de sindicación.

En segundo lugar, la Comisión ha formulado comentarios respecto de la prohibición de huelga en los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, así como la posibilidad de despedir a los dirigentes sindicales que hayan intervenido o participado en una huelga ilegal. Su Gobierno recuerda que el derecho de huelga está consagrado en la Constitución, con la sola excepción de los servicios públicos esenciales. Para el sistema jurídico colombiano, la noción de servicio público se refiere a los servicios que el Estado presta, directamente o a través de particulares, de forma regular o continua, para atender a las necesidades de la población en las cuales está implícito el interés general.

En lo que se refiere a la posibilidad, prevista en la ley, de despedir a los trabajadores que participan en ceses colectivos declarados ilegales, hizo hincapié en que la legislación prevé requisitos que deben cumplirse antes de llegar a la huelga. Cuando se habla de "huelga ilegal" no se está ante una limitación del derecho de huelga sino ante situaciones que, por no estar precedidas del cumplimiento de unos requisitos claramente establecidos, no pueden recibir el reconocimiento legal y no encajan, stricto sensu, en el concepto de huelga.

Añadió que todos los esfuerzos señalados deben ir acompañados de la generación de un mayor número de empleos. A ese respecto indicó que en los últimos años el crecimiento de la economía ha sido cercano al 4 por ciento, lo cual se ha traducido en la creación de más puestos de trabajo y en una disminución de la tasa de desempleo en los últimos dos años.

Destacó el papel desempeñado por la OIT en el fomento del diálogo social y expresó su reconocimiento a la Oficina por su contribución en esta esfera. Hizo un llamamiento a los líderes sindicales y empresariales para que todos juntos, se esfuercen por aprovechar los espacios constitucionales legales de que disponen, dejando de lado todas aquellas presiones, internas o externas, que pretenden polarizar la relación entre ellos. No es deseable, añadió, que múltiples organizaciones que no tienen la representatividad de los trabajadores estén desprestigiando a Colombia.

Para terminar, el orador declaró que el diálogo social debería convertirse en un instrumento importante a través del cual la OIT y los países que han manifestado preocupación por la situación de Colombia, podrían contribuir, en forma concreta, a sacar adelante la continuidad del Programa de Cooperación, aprobado por el Consejo de Administración en marzo de 2005. Por último, recordó que su país necesitaba tiempo y recursos para avanzar y esperaba que, motivada por los resultados alcanzados, la comunidad internacional, a través de la OIT brindara su ayuda.

Los miembros empleadores agradecieron al representante gubernamental de Colombia la información comunicada. Subrayaron que el caso de Colombia ocurría en un contexto de guerra civil y de violencia omnipresente, afectando a la sociedad en su conjunto, incluyendo al Gobierno, las organizaciones de empleadores y los sindicatos. La Comisión de Expertos ha indicado en numerosas ocasiones que las organizaciones de empleadores y los sindicatos sólo podrían actuar con eficacia en un clima de paz y respeto de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, los problemas en Colombia están fuertemente arraigados en la sociedad. Estos problemas eran el punto de mira debido a que la financiación proporcionada por los carteles de la droga a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a los paramilitares era incluso más elevada que el presupuesto nacional. Por consiguiente, la Comisión se enfrenta a una situación paradojal: no podía haber libertad sindical en un clima de violencia. Sin embargo, esto no significaba que la libertad sindical pondría fin a la violencia. Incluso si las disposiciones de la legislación laboral cumpliera con los requisitos del Convenio núm. 87, esto no resolverá las cuestiones sociales que están en juego. Esto se aplica a las tres cuestiones relacionadas con la libertad sindical y el derecho de huelga, que son examinadas por la Comisión de la Conferencia. Sin embargo, los miembros empleadores hicieron hincapié en que la violencia en Colombia es inaceptable y socava el derecho de libertad sindical. Si se tiene como objetivo terminar con la violencia, es de suma importancia que las instituciones democráticas sean cada vez más fuertes y que el Gobierno continúe desplegando esfuerzos en este sentido.

En este contexto observaron que las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos están relacionadas sobre todo con el derecho de huelga y que no es necesario que sean examinadas en detalle, ya que la posición de los empleadores a este respecto es consabida y ya había sido claramente indicada en el contexto de la aplicación del Convenio núm. 87 por Guatemala.

Por último, opinaban que la Comisión debería elaborar las siguientes conclusiones sobre este caso: en primer lugar, es fundamental para la libertad sindical del país que el Gobierno haga todo lo que esté en sus manos por terminar con la violencia, en segundo lugar, el Programa de Cooperación Técnica con la OIT, que ha resultado ser muy positivo, debería continuar y mejorarse. Sin embargo, es necesario que se proporcione más información sobre los resultados concretos alcanzados a través del Programa de Cooperación Técnica, sobre el que formularán más comentarios en sus conclusiones sobre la discusión de este caso.

Los miembros trabajadores indicaron que en Colombia cerca del 5 por ciento de la población activa está actualmente afiliada a un sindicato y que menos del 1 por ciento de la misma está protegida por un convenio colectivo. Situaciones como ésa son el resultado de leyes, medidas y prácticas hostiles al derecho de sindicación. Los porcentajes señalados han caído vertiginosamente en años recientes, por los siguientes motivos: en primer lugar, las garantías legales que permiten el ejercicio de la libertad sindical y de la negociación colectiva no se armonizan aún con las disposiciones del Convenio núm. 87, tal como la Comisión de Expertos lo ha señalado con frecuencia; en segundo lugar, las decisiones de los tres poderes no tienen en cuenta las disposiciones del convenio en cuestión. Por último, en la práctica, un conjunto de factores hace que sea tremendamente difícil aplicar el Convenio.

Recordaron que la Comisión de Expertos había subrayado cuatro problemas en su Informe, a saber: la prohibición a las federaciones y confederaciones de declarar la huelga; la prohibición de la huelga en servicios que no son esenciales en el sentido estricto del término, como en el caso de los trabajadores de ECOPETROL; la facultad del Ministro de la Protección Social para someter el diferendo a fallo arbitral cuando una huelga se prolonga más allá de un cierto período; los procedimientos de inscripción de los sindicatos, y el ejercicio excesivo por las autoridades de su facultad de evaluar las inscripciones. Recordaron insistentemente al Gobierno que hiciera lo posible por concretar la propuesta formulada ante esta Comisión el año anterior que consiste en discutir el punto con la OIT con vistas a una solución. Ha pasado otro año y otra vez se está en la misma situación. Recordaron además que en sus conclusiones de 2004 la Comisión pidió al Gobierno informaciones, no respondidas por éste en su memoria.

Los miembros trabajadores recordaron en un principio las declaraciones de los trabajadores en la última reunión de la Comisión, según las cuales los derechos de los trabajadores, sobre todo los derechos sindicales, que garantiza la legislación nacional no se respetan cuando se producen fusiones, liquidaciones o reestructuraciones, tanto en los servicios públicos como en el sector privado. Las organizaciones sindicales por lo general son informadas de la reestructuración el mismo día en que ésta se produce; los trabajadores y los dirigentes sindicales son despedidos sin proceso y no se consulta previamente a los sindicatos. Las nuevas entidades, producto de la fusión o de la reestructuración, suelen emplear a las mismas personas pero al margen de los convenios colectivos, los cuales, además, no se renuevan y en un marco en el que la aplicación de las disposiciones del Convenio núm. 87 es imposible, en la medida en que la contratación se produce a través de agencias de empleo temporal o, como ocurre más frecuentemente, a través de cooperativas de trabajo asociado. Y sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un principio consagrado por la OIT y que figura en la Recomendación núm. 193, según la cual las cooperativas no pueden crearse o utilizarse con el objeto de sustraerse a la legislación del trabajo, establecer relaciones de trabajo encubiertas o violar los derechos de los trabajadores mediante el establecimiento de seudo cooperativas. Una gran cantidad de empresas e instituciones han experimentado estos cambios, entre ellas, Telecom, Bancafé, y otras empresas relacionadas con la seguridad social, incluidos los hospitales. La situación reviste mayor gravedad por cuanto no se trata de hechos aislados. La suma de estas prácticas permite afirmar que se trata de una voluntad de eliminar la libertad sindical y los derechos que ésta conlleva. Así pues, en forma planificada y como respuesta a los acuerdos firmados con el Banco Mundial y con el FMI se repite el mismo escenario: no se consulta a los sindicatos, se adoptan medidas de facto y se utiliza el poder para alcanzar este fin, desconociendo completamente los derechos sindicales.

Declararon que las políticas de flexibilidad en materia de derechos sociales en estos últimos años han tenido como resultado aumento brusco del desempleo y la economía informal. Para hacer frente a esta realidad, en su congreso, la CGT pidió autorización para afiliar directamente a los trabajadores, pero su demanda fue desestimada categóricamente. Hicieron hincapié en la agravación de la violencia y comunicaron que entre enero y abril de 2004 se habían señalado 174 casos de asesinato o amenazas de muerte a dirigentes sindicales, y se habían producido allanamientos de los locales sindicales, detenciones arbitrarias y secuestros. Dicha cifra pasó a 214 en 2005, durante el mismo período, cifra a la que debe añadirse la muerte de por lo menos tres nuevos dirigentes sindicales con lo que el número de asesinatos en lo que lleva del año se eleva a 19. Declararon que las detenciones arbitrarias de sindicalistas, en aumento, muestran que la actividad sindical se considera un delito y se observa la paradoja de que los asesinos de los sindicalistas siguen en libertad. Si bien existen programas de protección de los sindicalistas, éstos no contemplan la exigencia de identificar a los autores de las amenazas en su contra. Los trabajadores denunciaron el silencio del Gobierno colombiano sobre esos casos así como la ausencia de investigación y de sanciones a los autores de las amenazas. Igualmente, denunciaron el silencio del Gobierno respecto de los casos de sindicalistas asesinados, que no han sido aclarados ni sancionados.

Los miembros trabajadores informaron sobre las misiones de solidaridad sindical de la ORIT y de las federaciones profesionales internacionales que intentaron visitar Colombia, sin éxito, puesto que se les negó la entrada al país. En consecuencia, solicitaron al Gobierno explicaciones sobre ese punto. Otras misiones pudieron escuchar a las autoridades colombianas - entre ellas -, al Presidente de la República que manifestaron su apertura al diálogo pero que, paradójicamente, insistieron en la necesidad de contar con organizaciones sindicales más participativas y menos reivindicativas. Ahora bien, la esencia misma del sindicato es velar por la protección de los derechos de los trabajadores mediante la organización de sus actividades y la formulación de programas de acción, cuya base principal es la reivindicación. Por otra parte, expresaron su asombro al ver que las autoridades emiten opiniones sobre el tipo de movimiento sindical que desearían, lo que constituye una ingerencia en los asuntos internos de los sindicatos.

A modo de conclusión, los miembros trabajadores subrayaron la gravedad de la situación y la degradación constante de la libertad sindical y del derecho de sindicación en Colombia. A los comentarios de la Comisión de Expertos que señalaron la incompatibilidad de las leyes y de las prácticas nacionales con respecto a las disposiciones del Convenio, y sobre la persistencia de la violencia, se añaden hechos precisos que demuestran que los poderes del Estado hacen caso omiso del diálogo social y que en realidad no desean sindicatos o en todo caso desearían sindicatos sobre todo participativos. Una situación de este tipo es la antítesis del trabajo decente y la negación del derecho internacional y no puede sino aumentar el desempleo, el subempleo, la exclusión social, la pobreza y a la violencia. La violencia, en todas sus formas y sin desear justificarla, está anclada profundamente en la injusticia social. La libertad sindical es un pilar del trabajo decente y de la justicia social. Las leyes y las prácticas contrarias al trabajo decente y la justicia social sólo pueden sembrar la injusticia y alimentar el círculo vicioso de la violencia.

Un miembro trabajador de Colombia indicó que el sindicalismo en Colombia observaba con preocupación acciones gubernamentales y de los empleadores orientadas a restarle peso a la actividad normativa y a los órganos de control de la OIT. En relación con las violaciones de los derechos sindicales en Colombia informó que las tres centrales sindicales colombianas presentaron informaciones al Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Afirmó que aunque la Constitución de Colombia establece que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna, el aniquilamiento del sindicalismo colombiano continúa llevándose a cabo. Se refirió a distintos hechos que violan los derechos sindicales: 1) el despido de 3.400 trabajadores del Banco Cafetero para acabar con el sindicato y la negociación colectiva; 2) la declaración de ilegalidad de la huelga de los trabajadores de ECOPETROL y el posterior despido de 247 trabajadores; 3) el despido de los trabajadores de instituciones del Estado (por ejemplo, Telecom, Instituto de Seguros Sociales, hospitales, etc.) donde funcionan sindicatos y se han negociado convenios colectivos de trabajo, para volver a contratarlos mediante contratos temporales de prestación de servicios, administrativos, civiles, por cooperativas u otros.

En lo que respecta a la violación de los derechos humanos, los dirigentes sindicales y los sindicalistas de la CUT siguen sufriendo distintos tipos de agresiones. En el 2004 fueron asesinados 17 dirigentes y 71 afiliados; en el 2005, 2 dirigentes y 17 afiliados han sido asesinados. Esto demuestra la continuidad de una política de exterminio de los sindicalistas de la CUT. El sector que más ha sufrido los actos de violencia es el de la educación y luego en menor escala, los trabajadores de la salud, pero las amenazas de muerte aumentan para todos los sindicalistas tal como puede constatarse en las empresas municipales de Cali. Por último, señaló que la situación en Colombia continúa siendo muy grave y solicitó que se inste al Estado a sancionar los hechos que atentan contra la libertad y el derecho de asociación sindical y a que se tomen las medidas que sean necesarias para evitar las conductas antisindicales; se haga un llamamiento al Gobierno para que dé cumplimiento a las recomendaciones de los órganos de control de la OIT y en especial a las del Comité de Libertad Sindical; se inste al Gobierno a que fortalezca el programa de protección de los dirigentes sindicales colombianos; se invite a la OIT a que mantenga y mejore el Programa de Cooperación con Colombia. El orador solicitó también que la OIT lleve a cabo una visita a Colombia de manera tripartita lo más pronto posible. Finalmente solicitó que se incluya el caso de Colombia en un párrafo especial del Informe de la Comisión.

Otro miembro trabajador de Colombia declaró que desde hace años tanto la Comisión de Expertos como la de Normas, insisten ante el Gobierno para que tome medidas a fin de poner la legislación y la práctica laboral en plena conformidad con los convenios relativos a la libertad sindical. Las discrepancias se refieren a las siguientes disposiciones: la exclusión del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 417, inciso i) del Código Sustantivo del Trabajo (CST)); la prohibición de la huelga en sectores de servicios que no son esenciales (artículo 450 del CST); la facultad del Ministerio de la Protección Social de someter el diferendo a fallo arbitral cuando una huelga se prolongue más allá de un cierto período (artículo 448, párrafo 4, del CST); el despido de dirigentes sindicales que participen en la huelga (artículo 450 del CST); la declaración de ilegalidad de la huelga por la autoridad administrativa y no por autoridad judicial o independiente; la negación del derecho de negociación colectiva de los empleados públicos y por rama de actividad económica; y la obstrucción en el trámite del registro sindical.

Consideró que lo anterior evidencia la persistencia de las violaciones al derecho de libertad sindical a pesar de los reiterados compromisos del Gobierno de Colombia de tomar medidas para que los trabajadores gocen de los derechos de asociación y de negociación colectiva. Las argumentaciones políticas y jurídicas para justificar las limitaciones a la libertad sindical expresadas por el Gobierno y los empresarios relevan una práctica para aniquilar el sindicalismo en Colombia cuyo lema parece ser "relaciones laborales sin sindicato y sin negociación colectiva".

Manifestó que es evidente la limitación a la creación de los sindicatos. En la década del 90 había un promedio de 88 sindicatos nuevos por año, y de 104 en los años 2000 y 2001, 11 en 2003 y 6 en 2004. Se calcula una pérdida de afiliados a sindicatos en el sector público y privado de 40.000 afiliados en los dos años y medio de Gobierno del Sr. Uribe. Para una población activa, en 2004, de 18 millones, los beneficiados por contratación colectiva no superan los 80.000 por año. Los empresarios estimulan con prebendas la firma de pactos con los trabajadores no sindicados y el Gobierno simula la liquidación de empresas para eliminar el sindicato, la negociación colectiva y la garantía de fuero a los dirigentes sindicales y otro hecho que atenta a la sindicación y citó como ejemplo, la Caja Agraria, Telecom y asociadas Bancafé y Adpostal. La derogatoria directa por las autoridades administrativas de la autorización legal de funcionamiento de los sindicatos, por solicitud de los empresarios, es una práctica antisindical del Gobierno y de los empresarios que lo secundan.

La violación del derecho de huelga es otra práctica perversa del Estado colombiano, tal es el caso de la huelga de la organización sindical USO en la petrolera ECOPETROL cuyo propósito fue la defensa del patrimonio y de la soberanía nacional y que fue declarada ilegal por el Gobierno, lo que significó el despido de 248 trabajadores, entre ellos 26 dirigentes, y el desconocimiento del fallo del tribunal previamente acordado por las partes. En consecuencia, pidió que se incluya un párrafo especial en el Informe de la Comisión.

Otro miembro trabajador de Colombia expresó su decepción al constatar que las manifestaciones de buena voluntad del representante gubernamental están en desacuerdo con los hechos, y que la posibilidad de tener un horizonte claro para el desarrollo de las actividades sindicales en su país están cada vez más lejos. Hablar de libertad sindical en Colombia es hablar de algo exótico porque se niega este elemental derecho inherente a la democracia. Expresó que el ritual practicado desde hace más de 20 años por esta Comisión se ha vuelto recurrente sin que en términos prácticos se encuentren caminos que conduzcan a la solución del conflicto que afecta a una población económicamente activa de 22 millones de personas, de las cuales 4 millones no tiene empleo, 10 millones están en el sector informal y la gran mayoría no tiene un trabajo estable.

El sindicalismo en su país se ve brutalmente afectado en dos direcciones: por un lado, la práctica constante de graves violaciones de los Convenios núms. 87, 98, 151 y 154, entre otros, afectando la estabilidad del sindicalismo mediante atentados, exilio obligado, amenazas e intimidaciones. Al respecto hizo referencia a donde se asesinó a tres dirigentes sindicales. Declaró que para los neoliberales y los defensores de la globalización capitalista el mejor sindicato es el que no existe.

Por otra parte, la imposición de cooperativas de trabajo social que se practica en los sectores privado y público, los contratos temporales, el sistema de contratistas, las nóminas paralelas de contratación civil y las constantes burlas de una relación capital-trabajo adecuada son situaciones que demuestran la urgencia de reactivar el Ministerio de Trabajo, actualmente fusionado con el Ministerio de Salud, con el nombre de Ministerio de la Protección Social, el cual se ha convertido en un nuevo atentado al sindicalismo. No se puede entender que en Colombia no exista un Ministerio de Trabajo que garantice unas correctas relaciones capital-trabajo. A modo de ejemplo, se han presentado situaciones en donde la propia Ministra de Comunicaciones convocaba a sus trabajadores en hoteles para presionarlos y para que aceptasen planes voluntarios de jubilación y así prescindir de la negociación colectiva.

Afirmó que su país necesita un Ministerio de Trabajo serio, dinámico, respetuoso de las normas internacionales y nacionales, con un fortalecimiento de los servicios de inspección del trabajo que impidan conductas irregulares en contra de los trabajadores.

Expresó su profunda preocupación por la libertad sindical y los trabajadores de Telecom, a quienes no solamente se les militarizó la empresa, sino que se los despidió, se liquidó el sindicato incluso se les ha negado el derecho a una pensión de jubilación a instancias de las directrices del Ministerio de Hacienda. Aproximadamente 2.000 trabajadores corren el riesgo de perder más de 25 años al servicio del Estado y, la nueva Telecom se niega a cumplir con los fallos emitidos por los jueces de su país que favorecen a los trabajadores, en especial a las madres que son cabeza de familia y a los discapacitados. Pidió el respeto del Código Sustantivo del Trabajo, de la Constitución de su país y de los convenios y recomendaciones de la OIT. Por último declaró que los trabajadores y sindicatos de su país piden ayuda para poder seguir existiendo.

La miembro gubernamental de Luxemburgo, interviniendo en nombre de los países de la Unión Europea (UE) y de los representantes gubernamentales de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Rumania, Serbia y Montenegro, Suiza, Turquía y Ucrania apoyó los esfuerzos desplegados por Colombia por alcanzar la justicia, el progreso social y la reconciliación nacional, como también su lucha contra la impunidad y por el respeto de los derechos humanos. En ese marco, se felicita de la reciente ratificación por Colombia del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). No obstante, la situación de los derechos sindicales en Colombia ha sido objeto de observaciones por parte de la Comisión de Expertos durante muchos años y su caso se ha presentado a la consideración de esta Comisión en varias ocasiones. También ha sido objeto de varias quejas que ha examinado el Comité de Libertad Sindical. Indicó además que aunque la UE reconocía los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Colombia respecto de la adopción de medidas de protección de la seguridad de los líderes sindicales y de los sindicalistas locales, le preocupaba profundamente la persistencia de un clima de elevada violencia e impunidad, violencia que no había desaparecido. Tal como lo indicó recientemente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los sindicalistas continuaban siendo objeto predilecto de tales actos. Manifestó que la UE condenaba enérgicamente los asesinatos y secuestros de sindicalistas y otros grupos vulnerables, perpetrados fundamentalmente en 2004 por grupos armados ilegales. La UE espera que el Gobierno asegure el derecho a la vida, vele por la seguridad de las personas y aborde la cuestión de la impunidad, que continúa siendo uno de los principales obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales. Hizo un llamamiento al Gobierno para que utilice plenamente los servicios de asesoramiento y asistencia técnica de la OIT, a fin de fortalecer su democracia y ampliar el imperio de la ley en el país, de conformidad con la intención expresada por los niveles superiores del Estado colombiano, durante anteriores reuniones del Consejo de Administración.

Por último, expresó que la UE lamentaba que la falta de progreso observado respecto de ciertas leyes estuviera perturbando el pleno ejercicio y desarrollo de la actividad sindical. La UE sigue preocupada, entre otras cuestiones, de la restricción del derecho de huelga en un gran número de sectores que no cabe considerar como servicios esenciales, pero que la ley colombiana considera como tales. Hizo hincapié en la importancia que revestía el diálogo social e instó al Gobierno de Colombia a que adopte resueltamente medidas conducentes a armonizar la legislación y la práctica nacionales con las exigencias del Convenio.

La miembro trabajadora de Francia se refirió a una entrevista que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2004 entre el Presidente de Colombia, Sr. Uribe, y una delegación sindical dirigida por los secretarios generales de la CIOSL y de la CMT, Sres. Guy Ryder y Willis Thys, y en la cual ella participó en nombre de su organización sindical, Fuerza Obrera. Con ocasión de este encuentro, el Presidente Uribe señaló que, en su opinión, el sindicalismo colombiano era demasiado "reivindicativo" y no era bastante "participativo", es decir que los sindicatos no adoptan una actitud "favorable a la empresa". Según el Presidente, el sindicalismo colombiano debe cambiar, en la medida en que los sindicatos tienen métodos arcaicos, que están condenados a desaparecer en este mundo moderno. A este respecto, la oradora señaló que la actitud del Presidente Uribe es grave. En efecto, el principio de la independencia respecto de los poderes públicos en la libre organización de los sindicatos es la base del Convenio núm. 87. pero, pareciera que el Sr. Uribe por el contrario, considera que es normal que un Presidente defina la naturaleza misma del sindicalismo en su propio país. No le parece que esta actitud constituya una violación al Convenio núm. 87.

Como prueba adicional, la oradora citó los pasajes siguientes de una carta enviada por el Presidente de Colombia al presidente de la empresa ECOPETROL: "Por la presente, le expreso a usted como presidente de ECOPETROL y a todos los dirigentes y empleados de la empresa, un agradecimiento caluroso y mis felicitaciones por haber llevado a cabo el proceso de negociación con la USO (...) El desarrollo de ese proceso, con el pleno apoyo a la ley y a las garantías constitucionales es un ejemplo para el país. En Colombia, tenemos necesidad de crear una cultura de sindicalismo participativo y no reivindicativo..."

La violación del Convenio núm. 87 por el Presidente mismo explica la situación existente actualmente en Colombia, en especial en lo que concierne a la adopción de las disposiciones legislativas y los procedimientos judiciales. En efecto, estos últimos están destinados sistemáticamente a poner término a un cierto tipo de sindicalismo, a saber, el sindicalismo llamado "reivindicativo". Es el caso de la política de promoción de un tipo especial de "cooperativas", las cuales no sólo no dan el poder a los trabajadores en el seno de la empresa sino que además éstos tienen la prohibición de sindicarse. También es el caso de la política de promoción del "contrato sindical" que tiene como objetivo transformar el sindicato en un prestatario de mano de obra temporal y en consecuencia de terminar rápidamente con su papel de representante de los trabajadores. Además, es el caso de todas las reformas económicas que han debilitado fuertemente o han puesto término al derecho a la negociación colectiva como es el caso de la reforma de las jubilaciones. Desgraciadamente, esta política ya ha dado sus frutos. Entre los años 2001 y 2004, la cantidad de sindicatos creados por año ha pasado de 140 a 6. Las cifras hablan por sí solas. Esta política de denigración de los sindicatos libres va acompañada de un vocabulario preciso en los discursos públicos del Presidente Uribe. En efecto, él busca en forma sistemática asociar los sindicatos libres, es decir "reivindicativos" a la rebelión y a la guerrilla.

En el caso del asesinato de tres sindicalistas el 4 de agosto de 2004 por las fuerzas armadas en la región de Arauca, el Presidente Uribe señaló, en el encuentro del 16 de septiembre de 2004, que las víctimas eran miembros de la guerrilla. Pero, ocurrió que la Fiscalía General de la República reconoció que se trataba de sindicalistas. La voluntad presidencial de poner fin al sindicalismo libre explica el ambiente general de violencia con respecto a los sindicatos. Además, esta política es apoyada por los empresarios. A este respecto, la miembro trabajadora señaló que, con ocasión de una entrevista que también tuvo lugar el 16 de septiembre de 2004 con el Sr. Echevarría, vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales, este último tuvo el mismo discurso que el Presidente Uribe expresando que los sindicatos colombianos eran demasiado "reivindicativos" y no lo suficientemente "participativos". Estas declaraciones prueban que en Colombia el poder político y económico no acepta el diálogo social, salvo si los interlocutores son obedientes y discretos. No están dispuestos a dar vida a los principios de base de la democracia.

La intimidación de los sindicalistas colombianos es tan fuerte que va más allá de las fronteras de Colombia. Los sindicalistas que participaron también en el encuentro del 16 de septiembre de 2004 fueron identificados por el Gobierno y ahora están impedidos de efectuar libremente sus actividades sindicales internacionales. En efecto, el 3 de noviembre de 2004, los sindicalistas Víctor Baez, secretario general de las ITF Américas, y Cameron Duncan, secretario general de la UNI Américas, fueron rechazados en el aeropuerto de Bogotá. Por lo tanto, es posible concluir que figuran en una lista negra. Esta situación es grave e inquietante. La miembro trabajadora señaló que ella no ha regresado a Colombia desde septiembre de 2004 y ha manifestado su temor de regresar. Debido a su participación en el encuentro con el Presidente Uribe, supone que su nombre figura igualmente en una lista negra. La intimidación no tiene nada que ver con la guerra que tiene lugar en Colombia. El solo hecho de ser sindicalista libre, que apoya el sindicalismo libre en Colombia, la hace temer por su integridad.

Todos pueden tener su opinión sobre lo que son los sindicatos en su país. Quizás algunos desearían en su fuero interno que los sindicatos fuesen menos reivindicativos. No obstante, es evidente que la ingerencia de los poderes públicos en las actividades sindicales viola el Convenio núm. 87. La definición de lo que son los sindicatos es una tarea que corresponde sólo a los trabajadores. Toda visión contraria puede conducir, como es el caso de Colombia o como ha sido el caso en otras partes, a los peores abusos y atrocidades. A modo de conclusión, la miembro trabajadora instó urgentemente a la Comisión a que comunique este mensaje con la mayor claridad y firmeza al Gobierno de Colombia.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos dijo que en sus observaciones, la Comisión de Expertos había observado con gran preocupación el clima continuo de violencia en Colombia y la situación de impunidad que había provocado dicho clima, haciendo imposible ejercer libre y plenamente los derechos sindicales garantizados por el Convenio núm. 87. Su Gobierno compartió esta preocupación y subrayó que, si bien el número de asesinatos había disminuido, el nivel de violencia y de amenazas de violencia continuaba siendo muy alto, mientras que el número de condenas de los autores de estos hechos de violencia había disminuido de forma inaceptable.

Añadió que la libertad sindical es de suma importancia si Colombia desea avanzar con éxito hacia la paz, la justicia social, la reconciliación y la democracia. Si bien reconoce los pasos que el Gobierno ha realizado, hizo hincapié en que la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical han recordado a menudo que las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercer libre y significativamente sus actividades en un clima exento de violencia y de amenaza de violencia. Por consiguiente, instó al Gobierno para que aproveche plenamente el programa de cooperación técnica de la OIT destinado a Colombia a fin de reforzar las medidas de protección de los sindicalistas. Invitó al Gobierno a desplegar mayores esfuerzos con el fin de investigar y perseguir a los responsables de los actos de violencia que se han llevado tantas vidas. Por último, animó al Gobierno a continuar con las reformas jurídicas laborales recomendadas por la Comisión de Expertos para poner la legislación del país en plena conformidad con las disposiciones del Convenio.

El miembro trabajador de Chile se refirió a diferentes violaciones al Convenio núm. 87. La huelga iniciada en abril del 2004 por la Unión Sindical Obrera (USO) fue declarada ilegal por parte del Ministerio de Protección Social, por considerar la industria petrolera un servicio público esencial. La declaratoria de ilegalidad dio lugar al despido de 247 sindicalistas, basándose en el artículo 450 del Código del Trabajo. Para 106 de dichos trabajadores cuyo reintegro había sido ordenado por un tribunal de arbitraje voluntario se abrió un nuevo proceso. Se han iniciado además más de 1.000 procesos disciplinarios para sancionar a los trabajadores por el ejercicio del derecho de huelga. Se refirió igualmente al acto administrativo que impuso el cierre de Bancafé (Banco Cafetalero) y de los hospitales y clínicas de las empresas sociales del Estado. Insistió en que tal decisión arbitraria y sin consulta permitió destruir dos grandes organizaciones sindicales y se desconocieron derechos laborales y convenciones colectivas.

Declaró que prueba de la persecución antisindical fue el descubrimiento de la "operación dragón" en agosto del 2004 cuando un teniente coronel del ejército colombiano, cédula militar 7217167, fue detenido y fueron encontrados en su posesión documentos sobre las actividades del sindicato SINTRAEMCALI, así como también informaciones sobre la operación dragón que planeaba la ejecución extrajudicial del presidente del sindicato Luis Hernández Monroy, de la asesora jurídica Berenice Celeyta y del dirigente Alexander López entre otros. La operación planeaba igualmente la infiltración del sindicato y la creación de otro sindicato dominado por la empresa.

Indicó además que 270 campesinos pertenecientes a la federación campesina FENSUAGRO han sido encarcelados y concluyó declarando que las violaciones a la libertad sindical en Colombia han aumentado en su gravedad y afirmando el derecho de los trabajadores a fundar sus organizaciones, a elegir sus representantes, a definir sus planes de acción libremente y a conservar la vida.

El miembro gubernamental de Canadá agradeció al representante gubernamental de Colombia por el suministro de la información adicional. Sin embargo, señaló que a pesar de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la seguridad y de su reconocimiento en las Declaraciones de Londres y de Cartagena sobre la necesidad de proteger y de garantizar el derecho a la vida y a la libertad de expresión, la situación seguía siendo muy seria. Los sindicalistas continuaban desapareciendo y eran amenazados y asesinados. También se estaban enfrentando a otras formas de violencia, incluidos el acoso, el secuestro y el exilio forzoso, así como los registros ilegales y las detenciones arbitrarias. Lamentablemente los autores de estos delitos eran raras veces procesados y su Gobierno debería buscar resultados positivos en las medidas gubernamentales tomadas recientemente para poner fin a la impunidad. Instó al Gobierno a tomar medidas adicionales y concretas para poner término a la impunidad en el país, para garantizar el suministro de los recursos necesarios para la protección de los sindicalistas y para trabajar con la OIT mediante el programa de asistencia técnica para continuar un diálogo social constructivo como un medio de lograr la estabilidad social, el respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva.

La miembro trabajadora de Venezuela manifestó que desde hace muchos años se trata el caso de Colombia y que cada año la situación es más grave para los trabajadores de ese país. Este año, debe tomarse nota de violaciones muy graves. Por ejemplo en la empresa ECOPETROL se despidieron 247 sindicalistas por oponerse a la política de privatización y flexibilización de la empresa, se cerró la empresa Telecom, se realizaron despidos masivos en el Banco Cafetero y se cerraron la Administración Postal y las empresas audiovisuales. Estas medidas se adoptaron con la manifiesta intención de flexibilizar y desregularizar el empleo, imponiendo las figuras de cooperativas de trabajadores con el objetivo de dar por terminados los convenios colectivos y liquidar los sindicatos. Se refirió también a los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. Indicó que desde el 1.o de enero de 2005 hasta el mes de abril han sido asesinados 16 trabajadores sindicalizados, 123 sindicalizados han sido víctimas de amenazas de muerte, 12 han sufrido ataques contra su vida, 4 han sido secuestrados, 40 han sido detenidos arbitrariamente y 6 han tenido que desplazarse forzadamente. Los hechos de violencia hacen disminuir la tasa de afiliación a los sindicatos, dado que los trabajadores tienen temor a constituir sindicatos o afiliarse a los mismos. También hizo referencia a un plan para eliminar a dirigentes sindicales de SINTRAEMCALI por haber denunciado la política de flexibilización y desregulación que se pretende imponer en las empresas del sector. Por último, indicó que debe solicitarse al Gobierno que garantice los derechos de organización, negociación colectiva y huelga y que acabe con el clima de violencia contra los dirigentes sindicales y sindicalistas. Además, debe pedirse al Gobierno que tome las medidas necesarias para reformar la legislación y ponerla en conformidad con los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva.

El miembro empleador de Colombia declaró que pedía intervenir debido a una alusión del miembro trabajador de Francia, en la que se interpretaba mal la exposición que hizo ante un grupo de sindicalistas que visitó el país en septiembre de 2004 y deseaba que fuera la propia Comisión de Normas que directamente lo escuchara. Declaró que Colombia vive una situación muy difícil, una situación generalizada de violencia desde hace mucho tiempo y que los empresarios colombianos querían de manera constructiva y positiva construir una sociedad incluyente. El sector empresarial contribuye a esto incluso proporcionando recursos adicionales. Por ejemplo el 3,34 por ciento de los beneficios efectivos de las ventas se destinan a beneficios de carácter social. Los empleadores promovieron las cajas de compensación familiar. Hay indicadores en lo económico, social, político y de combate al narcotráfico que reflejan que hay salida dentro de la institucionalidad. Es allí donde el sector privado quiere que los recursos se administren de manera eficiente y transparente. Las políticas de los últimos tiempos para reajustar entidades públicas han sido apoyadas por los empleadores. Declaró que el mismo formaba parte de la directiva del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y que dicha directiva era de carácter tripartito. Indicó que dicha entidad pierde al año 250 millones de dólares y que le consta que hubo diálogo para encontrar soluciones en el seno de la directiva. La posición del sindicato había sido intransigente y se había negado a cualquier modificación. Hay que pensar que en una entidad pública no sólo se piensa en los trabajadores sino también en los varios millones de afiliados que la misma tiene. Con relación a la alusión a las pensiones, declaró que no había fondos y que se estima que actualmente 12,5 por ciento del presupuesto va a las pensiones. Es decir, el sistema de reparto colapsó. Afirmó que, en consecuencia, no hay una política particular contra los trabajadores del Instituto de Pensiones sino una necesidad de reajustar el Estado. Indicó que se habían modificado de diversas maneras 50 empresas del Estado que esto respondía a un programa de renovación del sector público en el cual se había invitado a empleadores y trabajadores a participar pero, afirmó, los trabajadores nunca habían asistido a esas reuniones. Declaró que la comisión de concertación debe funcionar cada mes y que es un espacio para el diálogo que sin embargo no se utiliza pues hay una actitud de los sindicatos confrontativa y no constructiva. Afirmó que tanto la ANDI como el mismo querían que, mediante el diálogo social y la cooperación técnica se construyera una sociedad con mejor redistribución. En un periódico de Colombia aparecieron declaraciones de ANDI sobre el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio (TLC). La Asociación Nacional de Industriales manifestó que con el TLC o sin TLC se debe avanzar en la modificación del régimen de cooperativas, la definición legal del concepto de servicios públicos esenciales y en la modificación del régimen colectivo del trabajo en temas que están presentando usos abusivos del derecho.

El miembro gubernamental de Perú destacó los esfuerzos que viene realizando el Gobierno de Colombia para reducir la violencia y felicitó a los miembros de los gobiernos que han reconocido este hecho y en particular a la representante gubernamental que hizo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea. Declaró que su país también atravesó un proceso de violencia interna producto de movimientos terroristas y es consciente que estas acciones violentan a diversos sectores sociales y entre ellos al movimiento sindical. Declaró que hay que evitar excesos en la lucha contra los movimientos violentos y también solicitó que este foro reconozca el esfuerzo realizado por el Gobierno y por el pueblo de Colombia, pidiendo a la comunidad internacional que siga apoyando este proceso de particular interés para la seguridad de los países de la región. Esperó que el Gobierno, empleadores y trabajadores a través del diálogo social y con el apoyo técnico de la OIT puedan generar un espacio para el diálogo tripartito como se viene realizando en su país. Para terminar, subrayó que con violencia no puede haber una verdadera democracia y sin democracia no hay un verdadero respeto de los derechos laborales.

El miembro trabajador del Reino Unido invitó a poner fin a la politización que debilita la autoridad de la Comisión de la Conferencia. Reafirmó que la campaña exhaustiva para terminar con el movimiento sindical en Colombia era sumamente grave, con 94 asesinatos más de sindicalistas que en 2004, lo que representa muchas más muertes que en todo el resto del mundo. Desde 2002, el número total de violaciones de los derechos humanos de sindicalistas, en forma de asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados han aumentado en un 65 por ciento, en tanto que las violaciones de esos derechos contra mujeres sindicalistas aumentó en un 800 por ciento. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión de la Conferencia siguen diciendo que la situación ha mejorado. Añadió que los sindicalistas eran incluso acosados cuando viajaban fuera de Colombia y que el régimen actual rechazaba la aplicación de la recomendación de Naciones Unidas que exige poner fin a la retención de expedientes sobre sindicalistas por parte de los servicios de inteligencia militares.

Afirmó que era increíble que un gobierno pueda detener arbitrariamente a docenas de sindicalistas cada año y que, sin embargo, no pueda acabar con la impunidad que las fuerzas del Estado y sus aliados paramilitares utilizan para asesinar a sindicalistas. Además, los sindicalistas detenidos eran acusados por lo general de rebelión y, a pesar de ser puestos en libertad por falta de pruebas la simple existencia de ser acusados los incluía en la lista de ejecuciones de los paramilitares. En el Consejo de Administración, el Grupo de Empleadores dijo en el caso de Myanmar con respecto al incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Convenio núm. 29 que la impunidad imperante era una indicación de graves violaciones implicando la existencia de trabajo forzoso, y que cualquier Estado que careciera de medios para castigar dichos crímenes violaba los principios defendidos por la OIT. Queda claro que los mismos principios deberían aplicarse a los casos de asesinato en Colombia. Declaró que las delegaciones del movimiento sindical en su país visitaron Colombia con regularidad y que el Vicepresidente les proporcionó una lista de 13 casos en los que se declaraba que los autores habían sido sentenciados y encarcelados. Sin embargo, incluso en estos 13 casos, del total de 791 asesinatos de sindicalistas entre 1999 y 2002, en al menos tres casos la información proporcionada había sido inexacta o "escaso" respecta de la verdad. En efecto, el representante gubernamental se ha referido sólo a cuatro condenas. Teniendo en cuenta los tres casos específicos, subrayó la falta de coherencia en la información proporcionada por el gobierno y se comprometió a proporcionar a la Oficina los documentos pertinentes. Declaró que sólo podía concluir que el Gobierno pretendía que la cuestión de la impunidad había sido examinada y no había proporcionado información precisa. Además, hizo referencia a un supuesto acuerdo tripartito mencionado por el Gobierno de Colombia durante el último debate del Consejo de Administración como prueba de los progresos alcanzados con respecto al diálogo social, que, en realidad, había sido rechazado por los sindicatos. Asimismo, recibió información de que el Gobierno había reintegrado al Tesoro Nacional 83.000 dólares no utilizados del fondo especial de la OIT, sin informar al Consejo de Administración. Expresó su preocupación porque la Comisión de la Conferencia no pudiera tomar las decisiones apropiadas con respecto al caso de Colombia, no sólo por los intereses políticos y económicos desatados, sino también por la falta de información verídica y exacta. Sin embargo, los órganos de control de la OIT deben esperar que los Estados Miembros proporcionen información fidedigna, siendo ésta la razón por la cual era necesario enviar una misión tripartita de alto nivel a Colombia.

Instó a la Comisión a adoptar conclusiones que reflejen el continuo deterioro de la situación y las continúas violaciones de los Convenios núms. 87 y 98 que estaban acabando con el movimiento sindicalista colombiano. Si la Comisión no lo hace, estará alentando este fracaso, represión mayor, en vez de cumplir con su función esencial de defender el derecho fundamental de todos los trabajadores de afiliarse y crear sindicatos de su propia elección para defender sus intereses, incluyendo el recurso a la libre negociación colectiva.

El miembro gubernamental de Brasil declaró que su Gobierno sigue con atención el desarrollo de la situación relativa a la libertad sindical en Colombia y en ese sentido tomaba nota de la exposición del representante gubernamental de Colombia. Su gobierno considera que la Comisión debe apoyar las medidas que están siendo tomadas con el objeto de estimular y fortalecer el diálogo social en Colombia y tomar en cuenta los resultados alcanzados por el Programa de Cooperación Técnica entre la OIT y el Gobierno colombiano. Espera que el Gobierno colombiano dé seguimiento a las medidas que han sido propuestas para mejorar las relaciones laborales en ese país.

La miembro gubernamental de México expresó su agradecimiento al representante gubernamental de Colombia por las informaciones proporcionadas que demuestran con hechos una actitud constructiva y de cooperación del Gobierno de Colombia para garantizar el ejercicio de los derechos sindicales estipulados en el Convenio núm. 87. Los resultados presentados podrán no estar a la altura de las expectativas de la Comisión pero debemos reconocer que constituyen avances graduales. La situación dificulta el castigo de responsables de hechos violentos contra sindicalistas y la violencia afecta a todos los sectores de la sociedad. Alentó al Gobierno, empleadores y trabajadores colombianos a fortalecer el diálogo y la cooperación para seguir aplicando el Programa Especial de Cooperación Técnica.

La miembro gubernamental de China indicó que la información proporcionada por el representante gubernamental de Colombia permite deducir que el país realiza esfuerzos por proteger los derechos sindicales. Se han tomado medidas a esos efectos y se progresa en esa línea. No obstante, pese a un avance gradual en pos de la resolución del problema, hay consenso entre todas las partes en el sentido de que aún queda mucho por hacer. Hizo notar que la OIT y el Gobierno colombiano están colaborando y espera que a través de esa colaboración se consiga resolver el problema. Hizo un llamamiento a todas las partes para que adopten medidas concretas que impulsen la aplicación del Convenio en Colombia y consigan resolver las importantes cuestiones que están en juego.

Un representante gubernamental consideró que sus comentarios a las intervenciones anteriores se podían dividir en tres partes: 1) había acuerdos importantes; 2) había diferencias de información y 3) había diferencias de opinión. En cuanto a los acuerdos consideraba que tanto los empleadores, los trabajadores, gran parte de los gobiernos y el Gobierno de Colombia coincidían en que el Programa de Cooperación Técnica de la OIT ha venido trabajando y debemos seguir adelante con el mismo. Afirmó que, si estamos de acuerdo debemos concretar esa decisión del Consejo de Administración de marzo de 2005 y buscar los recursos necesarios. Señaló que había acuerdo en el hecho de que tanto los gobiernos, como los empleadores y los trabajadores se habían referido a la violencia, e indicó que la violencia se debe a los hechos de los grupos subversivos y al narcotráfico que han puesto al país en esa situación. También estaban de acuerdo en que un solo muerto es inaceptable. Estaban de acuerdo en que esa violencia inaceptable, e incomprendida por su complejidad, dificulta la actividad sindical y agregó que también es difícil para los empleadores que corren riesgos de ser secuestrados y asesinados. Hay una violencia generalizada y es necesario que el contexto de la situación laboral se comprenda en esa situación y estaban asimismo de acuerdo en la lucha contra la impunidad.

En cuanto al segundo punto, las diferencias de información, recordó que se había afirmado que Bancafé era sólida, pero que eso era un error puesto que el Gobierno le habrá inyectado 612 millones de dólares de los cuales 55 millones iban a la amortización del pasivo pensional. Estaban en desacuerdo en cuanto a las cifras puesto que los trabajadores decían que aumentó el desempleo en tanto que el Gobierno ha señalado que en 2001 el desempleo era del 20 por ciento y que el mes pasado había descendido al 12 por ciento. Las cifras del Gobierno demuestran que hay una clara disminución del desempleo. Además mencionó otros indicadores y dijo que ofrecía los datos proporcionados por el Gobierno a los trabajadores para que los examinaran y que esos datos habían sido establecidos por entidades independientes. Tampoco había acuerdo en que el número de convenciones colectivas de trabajo hubiera disminuido, como dijeron los trabajadores puesto que en 2000 se celebraron 491 convenciones colectivas, en 2001 se celebraron 433 y en 2004 también más de 400 o sea que el promedio es el mismo. No había acuerdo en cuanto a la salud puesto que se afirmó que el sistema de salud no funciona, sin embargo el año pasado fue el de mayor crecimiento de la cobertura de salud para la población necesitada. Sentía que se hubiera dicho que la justicia es raramente imparcial, indicó que había un número importante de jueces sindicalizados y no podía aceptar que se dijera que se dejan manipular. En cuanto a Telecom, indicó que el Gobierno no tenía con qué respaldarla, que Telecom no tenía capital suficiente. Recordó que muchos países europeos debieron privatizar empresas públicas y que el Presidente de Colombia no tomó la decisión de liquidar a Telecom sino que tomó la decisión de mantener la empresa pero con eficiencia. Se había dicho que se habían echado a los empleados pero no se dijo que se habían destinado 70 millones de dólares en carácter de indemnización y otras prestaciones. Se dijo que no había crédito para los campesinos, sin embargo el monto disponible para microcrédito aumentó a 2,1 billones de dólares. Se dijo que el Gobierno había prohibido el acceso de sindicalistas, pero el Sr. Carlos Rodríguez aquí presente no dijo que lo llamó desde el aeropuerto debido a dificultades y que luego de un par de horas pudieron pasar y que fueron recibidos por el Gobierno e incluso se les amplió el permiso a 30 días. Un grupo de trabajadores decidió volver a sus países pero esta decisión fue voluntaria. En cuanto a la muerte de sindicalistas, informó que los trabajadores no habían mencionado que la investigación de Arauca pasó de la justicia militar a la civil.

Indicó por último que no podía aceptar que un auditorio tripartito pusiera adjetivos calificativos a las intervenciones y se dijera que Uribe era fascista y mentiroso o que el Estado asesina, esto no debe ser aceptable para la OIT ni para empleadores y trabajadores. Las discusiones debían ser eminentemente técnicas y manifestó su preocupación por las intervenciones cargadas de odio e interés político. Declaró que no iba a contestar a dichas acusaciones sino que las rechazaba.

Invitó en nombre de su Gobierno a que los empleadores y los trabajadores entendieran que la situación del pueblo colombiano era difícil, pero en progreso. Había algunos resultados alentadores que permitían, no afirmar que se ha solucionado el problema pero sí que se está trabajando permanentemente en ello. Recordó que durante la mañana del mismo día mantuvo una reunión con el Presidente del Comité de Libertad Sindical y que lo había invitado a ir a Colombia y a reunirse con diferentes sectores de la sociedad colombiana y con todos los actores que tienen que ver con el tema impunidad. Subrayó que se deben reconocer los problemas y los logros. Que había que tener cuidado pues existía el riesgo de que, buscando un castigo para Colombia se tomen decisiones que fueran utilizadas políticamente y que no generen beneficios para el pueblo de Colombia. Pidió que siguiera el Programa de Cooperación Técnica para fortalecer el diálogo social y para que los ayudaran a disminuir la violencia.

El representante gubernamental (Viceministro de Protección Social) puso de relieve la importancia de la colaboración y la cooperación de todas las instancias de la Organización con el Gobierno de Colombia. Su Gobierno había invitado al Presidente del Comité de Libertad Sindical para que se reúna con las autoridades del poder ejecutivo, jueces, y otros órganos de control, con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, que tengan contacto con la opinión pública. Su Gobierno se encuentra dispuesto a dar toda la información necesaria para esclarecer y encontrar una solución a los problemas. Es necesario colaborar para lograr la mayor transparencia.

Su Gobierno se expresa conforme con extender la invitación de visitar el país a los voceros de los trabajadores y de los empleadores, si ello puede contribuir a que se conozca mejor la realidad y se encuentren soluciones.

Los miembros trabajadores tomaron nota de las propuestas del Gobierno de visitar Colombia para tener un conocimiento más directo de la real situación del país. Los problemas van más allá de lo enunciado por la Comisión de Expertos en su observación, tal como atestiguan los obstáculos encontrados por las organizaciones de trabajadores en cuanto tratan de hacer respetar los derechos más elementales de sus afiliados.

Los miembros trabajadores han sugerido que la Comisión de la Conferencia se pronuncie por enviar una misión tripartita de alto nivel a Colombia, entre cuyos miembros figurarían los dos Vicepresidentes de la Comisión de la Conferencia. La misión tendría como doble mandato velar por la aplicación del Convenio núm. 87 y fomentar la cooperación técnica con el país.

Los miembros empleadores observaron que la violencia es un problema central en este difícil caso y que para resolverlo es esencial poner fin a la violencia. El Gobierno enfrenta dificultades para solucionar los problemas de manera exhaustiva.

Los miembros empleadores tomaron nota de la propuesta del representante gubernamental de invitar al Presidente del Comité de Libertad Sindical y a los Vicepresidentes de la Comisión a visitar el país, lo cual es un paso positivo a ser elogiado. Los miembros empleadores advirtieron, sin embargo, la diferencia entre el mandato y propósito del Comité de Libertad Sindical y los de la Comisión. El mandato de la Comisión se encuentra limitado a la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica. El Comité de Libertad Sindical tiene un mandato más amplio que no se limita a los términos del Convenio.

Los miembros empleadores concluyeron observando que la visita incluiría contactos con los interlocutores sociales y los órganos de control, y que pondría énfasis en la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica con particular interés en el Programa especial de Cooperación Técnica para Colombia.

La Comisión tomó nota de las informaciones verbales del Ministro de la Protección Social, y del debate que tuvo lugar a continuación. La Comisión observó con gran preocupación que los problemas pendientes son sumamente graves y se refieren en particular a asesinatos de dirigentes sindicales y afiliados, a otros actos de violencia contra sindicalistas y a la situación de impunidad de que benefician los autores. La Comisión observó que los actos de violencia también alcanzan a otros sectores y grupos incluidos los empleadores en particular a través de secuestros. La Comisión tomó nota de que el Comité de Libertad Sindical ha examinado quejas graves relativas a asesinatos y actos de violencia contra sindicalistas. La Comisión condenó una vez más en los términos más enérgicos todos estos actos de violencia en el contexto de la dramática situación de violencia que experimenta el país, y señaló al Gobierno que tiene la obligación de hacer, con carácter urgente, todo lo necesario para que cese la violencia y garantizar la seguridad de las personas.

La Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales el número de asesinatos de los sindicalistas y actos de violencia ha disminuido y las autoridades han adoptado medidas de protección de los sindicalistas y de las sedes sindicales. La Comisión tomó nota también de las informaciones contenidas en el informe de la Fiscalía General sobre acusaciones, detenciones y sentencias en relación con homicidios así como sobre el nuevo sistema acusatorio para dar mayor efectividad a las investigaciones en el marco de la lucha contra la impunidad.

La Comisión recordó que las organizaciones de trabajadores y empleadores sólo pueden ejercer libre y significativamente sus actividades en un clima exento de violencia e instó una vez más al Gobierno a que garantice el derecho a la vida y a la seguridad, y a que refuerce con toda urgencia las instituciones necesarias para poner término a la inadmisible situación de impunidad que constituye un gran obstáculo para el ejercicio de los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión pidió que se reforzaran las medidas de protección para los sindicalistas y el Programa de Cooperación Técnica de la OIT. La Comisión constató de manera más general, que en el país reina un clima que pone en peligro el ejercicio de las actividades sindicales y de otros derechos humanos, y que esta situación es inaceptable. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había invitado al Presidente del Comité de Libertad Sindical a reunirse en Colombia con los actores sociales y las autoridades competentes.

En lo que respecta a las reformas legales solicitadas, la Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno sobre las cuestiones de carácter legal planteadas por la Comisión de Expertos. La Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales se precisa tiempo para avanzar en el proceso de ajuste de la legislación laboral y la concertación laboral tripartita.

La Comisión tomó nota de las informaciones y alegatos de los miembros trabajadores relativos a la falta de respeto de los derechos sindicales en el contexto de numerosas reestructuraciones, privatizaciones o fusiones, particularmente en el sector público entre otros; con despidos masivos; y sobre otros despidos antisindicales; sobre el recurso a cooperativas que encubren relaciones de empleo y privan a los trabajadores de la libertad sindical y de la negociación colectiva; sobre el recurso creciente a pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados y sobre la lentitud, complejidad, mal funcionamiento y parcialidad de los procesos judiciales. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones a la Comisión de Expertos sobre los puntos mencionados.

La Comisión pidió al Gobierno que envíe una memoria detallada a la Comisión de Expertos para que ésta pueda examinar en su próxima reunión la evolución de la situación, inclusive la respuesta a los comentarios presentados por organizaciones sindicales relativos a los actos de violencia y a trabas en el registro de los sindicatos y a las disposiciones mencionadas por la Comisión de Expertos. La Comisión pidió al Gobierno que informe sobre el número de casos de asesinatos que habían terminado en las instancias judiciales y en los que se ha podido determinar los responsables y sancionar a los culpables a efectos de que disminuya la grave situación de impunidad.

La Comisión expresó la firme esperanza de que en un futuro muy próximo se podrán constatar progresos tangibles, en particular para superar todos los obstáculos al pleno ejercicio de la libertad sindical, con el fin de que las organizaciones sindicales puedan ejercer los derechos garantizados por el Convenio en un clima de plena seguridad, exento de amenazas y temor. La Comisión subrayó la importancia de que estos objetivos se lleven a cabo a través del diálogo social y la concertación, y recuerda que la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición. La Comisión pide al Gobierno y a los actores sociales que reactiven el diálogo social sin demora. La Comisión urgió al Gobierno a tomar medidas en este sentido urgentemente.

La Comisión, tomando nota de que el Gobierno extendió su invitación al Presidente del Comité de Libertad Sindical y a los Vicepresidentes empleador y trabajador de la Comisión de Aplicación de Normas, decidió enviar una visita tripartita de alto nivel, dirigida por el Presidente del Comité de Libertad Sindical, acompañado por los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores de la Comisión. La visita que deberá realizarse incluiría reuniones con el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, órganos de Colombia competentes en materia de investigación y supervisión, y daría particular énfasis a todas las cuestiones relativas a la aplicación del Convenio núm. 87 en la ley y en la práctica, y al Programa especial de la OIT sobre Cooperación Técnica en Colombia.