Proyecto internacional MAP16

Trabajo infantil: un estudio de la OIT evaluó el impacto de la protección social en la niñez

Basada en datos de la EANNA 2016/17, la investigación señala que 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes que realizan actividades productivas carece de cobertura. Además, presenta un análisis de las políticas de seguridad de ingresos y sus impactos sobre el trabajo infantil.

Comunicado de prensa | 23 de diciembre de 2020
(Buenos Aires, OIT Argentina) – Las políticas públicas de transferencia de ingresos están contribuyendo a reducir el trabajo infantil en Argentina. Así se desprende de un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Protección social en la niñez y trabajo infantil”, presentado el 16 de diciembre durante un taller junto a representantes del gobierno, la academia y los sectores empresarial y sindical.

En Argentina, 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (el 13 por ciento) realiza al menos una actividad productiva, según los datos más recientes de la EANNA 2016/17. De ese total, casi 7 de cada 10 (el 67,5 por ciento) está cubierto por algún programa de seguridad de ingresos dirigidas a la niñez, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las asignaciones familiares.

“El estudio analizó el rol de las políticas de protección social como herramientas para prevenir y reducir el trabajo infantil, explorando particularmente las condicionalidades referidas a la asistencia escolar”, dijo Bárbara Perrot, coordinadora nacional del proyecto MAP16 y responsable técnica de la investigación, que evaluó el impacto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares contributivas en el trabajo de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con los resultados del estudio, los hogares que reciben la AUH presentan una menor tasa de trabajo infantil que aquellos que, aún con similares características, no acceden a ese beneficio.

A su vez, precisó Perrot, fue posible identificar las variables del impacto diferencial, según la condición y el tipo de actividad productiva que realizan los niños, niñas y adolescentes –dirigida al mercado, para autoconsumo o una actividad doméstica intensiva–, entre otros factores.

Para la coordinadora, si se analiza la cobertura en función de las características demográficas o socioeconómicas, puede evidenciarse que los programas de protección social como la AUH tienen una mayor cobertura entre los niños, niñas y adolescentes que trabajan en áreas rurales y en hogares con bajos niveles de educación, bajos ingresos y en los que están a cargo de mujeres.

“Aunque el impacto entre grupos con similares características socioeconómicas y demográficas es heterogéneo, los resultados muestran que la AUH parece reducir de manera significativa el trabajo infantil en el margen extensivo”, dijo Perrot. Asimismo, señaló, los resultados estadísticamente significativos muestran que la tasa de trabajo infantil se reduce aún más entre quienes tienen menos de 15 años.

Por otra parte, el estudio advierte diferencias por género. “El efecto de la AUH en la reducción del trabajo infantil es más notorio en los niños que en las niñas. Esto puede estar asociado al tipo de actividad productiva, ya que en general ellos realizan tareas para el mercado, mientras que las niñas realizan mayormente tareas domésticas”, explicó Perrot.

Para la coordinadora, esta investigación también destaca la necesidad de complementar las políticas de seguridad de ingresos con oferta de servicios públicos de educación y salud de calidad, que amplíen el acceso y cumplimiento de los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes en todo el país. “Más allá de la importante ampliación de la cobertura de la AUH que tuvo lugar este año, aún hay espacio para mejorar la extensión de la protección social a los grupos más vulnerables”, alentó.

El estudio, que estará disponible en febrero de 2021, fue realizado en el marco del proyecto internacional MAP16 (Measurement, awareness-raising and policy engagement to accelerate action against child labour and forced labour).

Financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), la iniciativa se propone construir y aplicar el conocimiento crítico necesario para informar las decisiones políticas que permitan combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como para apoyar medidas que aborden estos desafíos en países, regiones y sectores clave.