IMPACTO DEL COVID-19 EN ARGENTINA
Nuevo informe de la OIT: el trabajo doméstico es uno de los sectores más vulnerables ante la crisis
Alrededor de 1,4 millones de trabajadoras domésticas del país están más expuestas a los riesgos sanitarios y laborales de la pandemia. El nuevo informe de la OIT Argentina pone la lupa sobre este sector, analiza las medidas implementadas y plantea la necesidad de mayor institucionalidad y formalización.
(Buenos Aires, OIT Argentina) – Ellas están en la trinchera de la pandemia. Su rol es fundamental para preservar la salud de las familias y las comunidades. Pero son, también, uno de los grupos más afectados por la crisis del coronavirus. Por su perfil sociodemográfico y las condiciones en las que se desempeñan, las trabajadoras domésticas, en especial las que realizan tareas de atención y cuidado de personas en los hogares –declaradas como actividades esenciales–, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, más expuestas al impacto económico y sanitario del COVID-19.
Así lo afirma un nuevo informe técnico de la OIT en el país: El COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina, sobre los efectos de la crisis en ese sector, que ocupa aproximadamente a 1,4 millones de trabajadoras, de acuerdo con la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS). Esta fuerza de trabajo representa el 5,6 por ciento del empleo, el 17,4 por ciento de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las mujeres asalariadas del país. Sin embargo, existe una alta tasa de informalidad en este segmento: 3 de 4 trabajadoras no está registrada y, por lo tanto, no accede a derechos laborales ni protección social.
“Estas cifras muestran la relevancia de esta ocupación para el empleo femenino, así como la feminización del sector: prácticamente la totalidad de quienes desarrollan esta actividad son mujeres”, dijo Elva López Mourelo, especialista en mercados de trabajo inclusivos de la OIT Argentina y autora del informe.
Con frecuencia, se trata de mujeres jefas de hogares monoparentales, con presencia de niñas y niños y con un amplio número de integrantes. Además, la mayoría tiene entre 35 y 54 años y, a pesar de que el 44 por ciento son jefas de hogar, sus salarios son en general más bajos que el promedio del país.
“El trabajo doméstico es una salida laboral para muchas mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en una edad avanzada, después de un largo periodo sin realizar actividades remuneradas”, explicó López Mourelo, quien agregó: “Independientemente de la tarea que realicen, todas las trabajadoras domésticas enfrentan el riesgo de perder su empleo ante las dificultades de sus empleadores para pagar sus salarios”.
Más de 7 de cada 10 trabajadoras domésticas en Argentina realiza tareas generales como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina, entre otras. Estas trabajadoras, especialmente aquellas que trabajan por horas, pueden ver incumplido su derecho a permanecer en su domicilio, con goce de sueldo, durante el periodo de cuarentena obligatoria. A su vez, 1 de cada 4 realiza tareas de asistencia y cuidado de personas, declarada actividad esencial. En estos casos, es probable que se vean obligadas a realizar un mayor número de horas ante el cierre de escuelas y otros espacios de cuidado. Además, puede aumentar su exposición al contagio y a otros riesgos laborales, tanto en los hogares donde trabajan como en el traslado desde y hacia sus casas.
En este contexto, la situación de alta vulnerabilidad de este sector se explica por diversas razones: además de la pérdida de empleo y las dificultades en el cobro de sus salarios (el número de trabajadoras que tiene cuenta bancaria todavía es muy bajo), se suman la sobrecarga, jornadas más extensas y la mayor exposición a riesgos en el lugar de trabajo, donde pueden llegar a atender a personas enfermas, muchas veces sin las medidas de prevención adecuadas o sin los materiales de higiene necesarios.
El confinamiento, además, intensificó otra problemática. La mayor vulnerabilidad y peligrosidad de las violencias y el acoso contra las mujeres durante el confinamiento, también expone a las trabajadoras domésticas a un mayor riesgo de violencia, ya sea directa –por parte del empleador– o indirecta –al ser testigo de episodios de violencia en el hogar. En ese sentido, no deben desatenderse los esfuerzos para ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral en el mundo del trabajo, tal como anunció el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
Asimismo, la alta incidencia de la informalidad en el sector impide que la mayoría de las trabajadoras cuenten con seguro e indemnización por desempleo, cobertura por riesgos en el trabajo, licencias por enfermedad u obra social que les permita estar cubiertas ante todas estas contingencias.
En acción: las respuestas para el sector
El nuevo informe de la OIT también detalla las medidas implementadas por el gobierno que afectan directamente al sector y, a su vez, analiza su cercanía con las recomendaciones para brindar una respuesta integral a las trabajadoras domésticas en este contexto.
“Argentina es uno de los países que reaccionó más rápido en respuesta a los efectos económicos y en materia de empleo provocados por la crisis sanitaria del COVID-19”, dijo López Mourelo y repasó algunas de las medidas más destacadas. Así, se refirió a los refuerzos en los planes sociales y asignaciones –como el pago de un bono extraordinario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo–, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que incluyeron tanto a trabajadoras registradas como informales, y el aumento salarial establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, advirtió que ese incremento no fue el resultado de un acuerdo entre las partes en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Al respecto, aseguró que “es necesario adoptar acciones coordinadas, resultado del diálogo social, para sostener el empleo y los ingresos de un colectivo especialmente vulnerable”.
Más allá de esas y otras medidas, la especialista de la OIT consideró que “la falta de información que tienen las trabajadoras sobre sus derechos dificulta una cobertura totalmente efectiva”, por lo cual agregó que “otras medidas son necesarias para garantizar una respuesta integral y efectiva a todas las vulnerabilidades que enfrentan estas trabajadoras”.
En ese sentido, la nota técnica de la OIT reúne algunas recomendaciones para aminorar el impacto del coronavirus sobre el trabajo doméstico, siguiendo un enfoque multidimensional. Así, el informe destaca la necesidad de aplicar medidas que favorezcan la retención del empleo, extender el acceso a derechos laborales a las trabajadoras domésticas, expandir las licencias por enfermedad o licencias para el cuidado con goce de sueldo, establecer medidas de seguridad y salud para garantizar lugares de trabajo seguros y mejorar el acceso universal a servicios de salud. Allí hay, también, otra brecha: en Argentina, casi 950.000 trabajadoras no cuentan con acceso a una obra social.
Más institucionalidad para un menor impacto
¿Cómo hubiera sido el impacto de esta crisis si las trabajadoras domésticas estuviesen registradas? Para López Mourelo, cuando se supere la pandemia, la reflexión sobre este punto pondrá en evidencia la importancia de formalizar el sector para proteger a todas las personas. En esa línea, el nuevo informe de la OIT explica que, a pesar de la valoración positiva de la respuesta argentina ante la crisis, es necesario fortalecer el marco institucional para lograr la formalización del sector.
Si bien se establecieron derechos fundamentales con la Ley 26.844 –que desde 2013 regula al sector–, “la alta informalidad deja muy expuestas a las trabajadoras ante la discrecionalidad de sus empleadores, especialmente con respecto a ciertos cumplimientos básicos como el respeto del deber de cuarentena”, sostuvo la especialista. Así, destacó que “Argentina no cuenta con mecanismos sistemáticos y bien establecidos de control del cumplimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas como, por ejemplo, a través de la inspección del trabajo”.
En 2014, Argentina ratificó el convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189). De este modo, el país se comprometió a adoptar medidas apropiadas para asegurar que las trabajadoras domésticas disfruten de condiciones igual de favorables que el resto de trabajadores con respecto a la protección de la seguridad social y el acceso a un entorno de trabajo seguro y saludable, así como las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias y los períodos de descanso diarios y semanales.
Así lo afirma un nuevo informe técnico de la OIT en el país: El COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina, sobre los efectos de la crisis en ese sector, que ocupa aproximadamente a 1,4 millones de trabajadoras, de acuerdo con la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS). Esta fuerza de trabajo representa el 5,6 por ciento del empleo, el 17,4 por ciento de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las mujeres asalariadas del país. Sin embargo, existe una alta tasa de informalidad en este segmento: 3 de 4 trabajadoras no está registrada y, por lo tanto, no accede a derechos laborales ni protección social.
“Estas cifras muestran la relevancia de esta ocupación para el empleo femenino, así como la feminización del sector: prácticamente la totalidad de quienes desarrollan esta actividad son mujeres”, dijo Elva López Mourelo, especialista en mercados de trabajo inclusivos de la OIT Argentina y autora del informe.
Con frecuencia, se trata de mujeres jefas de hogares monoparentales, con presencia de niñas y niños y con un amplio número de integrantes. Además, la mayoría tiene entre 35 y 54 años y, a pesar de que el 44 por ciento son jefas de hogar, sus salarios son en general más bajos que el promedio del país.
“El trabajo doméstico es una salida laboral para muchas mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en una edad avanzada, después de un largo periodo sin realizar actividades remuneradas”, explicó López Mourelo, quien agregó: “Independientemente de la tarea que realicen, todas las trabajadoras domésticas enfrentan el riesgo de perder su empleo ante las dificultades de sus empleadores para pagar sus salarios”.
Más de 7 de cada 10 trabajadoras domésticas en Argentina realiza tareas generales como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina, entre otras. Estas trabajadoras, especialmente aquellas que trabajan por horas, pueden ver incumplido su derecho a permanecer en su domicilio, con goce de sueldo, durante el periodo de cuarentena obligatoria. A su vez, 1 de cada 4 realiza tareas de asistencia y cuidado de personas, declarada actividad esencial. En estos casos, es probable que se vean obligadas a realizar un mayor número de horas ante el cierre de escuelas y otros espacios de cuidado. Además, puede aumentar su exposición al contagio y a otros riesgos laborales, tanto en los hogares donde trabajan como en el traslado desde y hacia sus casas.
En este contexto, la situación de alta vulnerabilidad de este sector se explica por diversas razones: además de la pérdida de empleo y las dificultades en el cobro de sus salarios (el número de trabajadoras que tiene cuenta bancaria todavía es muy bajo), se suman la sobrecarga, jornadas más extensas y la mayor exposición a riesgos en el lugar de trabajo, donde pueden llegar a atender a personas enfermas, muchas veces sin las medidas de prevención adecuadas o sin los materiales de higiene necesarios.
El confinamiento, además, intensificó otra problemática. La mayor vulnerabilidad y peligrosidad de las violencias y el acoso contra las mujeres durante el confinamiento, también expone a las trabajadoras domésticas a un mayor riesgo de violencia, ya sea directa –por parte del empleador– o indirecta –al ser testigo de episodios de violencia en el hogar. En ese sentido, no deben desatenderse los esfuerzos para ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral en el mundo del trabajo, tal como anunció el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
Asimismo, la alta incidencia de la informalidad en el sector impide que la mayoría de las trabajadoras cuenten con seguro e indemnización por desempleo, cobertura por riesgos en el trabajo, licencias por enfermedad u obra social que les permita estar cubiertas ante todas estas contingencias.
En acción: las respuestas para el sector
El nuevo informe de la OIT también detalla las medidas implementadas por el gobierno que afectan directamente al sector y, a su vez, analiza su cercanía con las recomendaciones para brindar una respuesta integral a las trabajadoras domésticas en este contexto.
“Argentina es uno de los países que reaccionó más rápido en respuesta a los efectos económicos y en materia de empleo provocados por la crisis sanitaria del COVID-19”, dijo López Mourelo y repasó algunas de las medidas más destacadas. Así, se refirió a los refuerzos en los planes sociales y asignaciones –como el pago de un bono extraordinario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo–, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que incluyeron tanto a trabajadoras registradas como informales, y el aumento salarial establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, advirtió que ese incremento no fue el resultado de un acuerdo entre las partes en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Al respecto, aseguró que “es necesario adoptar acciones coordinadas, resultado del diálogo social, para sostener el empleo y los ingresos de un colectivo especialmente vulnerable”.
Más allá de esas y otras medidas, la especialista de la OIT consideró que “la falta de información que tienen las trabajadoras sobre sus derechos dificulta una cobertura totalmente efectiva”, por lo cual agregó que “otras medidas son necesarias para garantizar una respuesta integral y efectiva a todas las vulnerabilidades que enfrentan estas trabajadoras”.
En ese sentido, la nota técnica de la OIT reúne algunas recomendaciones para aminorar el impacto del coronavirus sobre el trabajo doméstico, siguiendo un enfoque multidimensional. Así, el informe destaca la necesidad de aplicar medidas que favorezcan la retención del empleo, extender el acceso a derechos laborales a las trabajadoras domésticas, expandir las licencias por enfermedad o licencias para el cuidado con goce de sueldo, establecer medidas de seguridad y salud para garantizar lugares de trabajo seguros y mejorar el acceso universal a servicios de salud. Allí hay, también, otra brecha: en Argentina, casi 950.000 trabajadoras no cuentan con acceso a una obra social.
Más institucionalidad para un menor impacto
¿Cómo hubiera sido el impacto de esta crisis si las trabajadoras domésticas estuviesen registradas? Para López Mourelo, cuando se supere la pandemia, la reflexión sobre este punto pondrá en evidencia la importancia de formalizar el sector para proteger a todas las personas. En esa línea, el nuevo informe de la OIT explica que, a pesar de la valoración positiva de la respuesta argentina ante la crisis, es necesario fortalecer el marco institucional para lograr la formalización del sector.
Si bien se establecieron derechos fundamentales con la Ley 26.844 –que desde 2013 regula al sector–, “la alta informalidad deja muy expuestas a las trabajadoras ante la discrecionalidad de sus empleadores, especialmente con respecto a ciertos cumplimientos básicos como el respeto del deber de cuarentena”, sostuvo la especialista. Así, destacó que “Argentina no cuenta con mecanismos sistemáticos y bien establecidos de control del cumplimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas como, por ejemplo, a través de la inspección del trabajo”.
En 2014, Argentina ratificó el convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189). De este modo, el país se comprometió a adoptar medidas apropiadas para asegurar que las trabajadoras domésticas disfruten de condiciones igual de favorables que el resto de trabajadores con respecto a la protección de la seguridad social y el acceso a un entorno de trabajo seguro y saludable, así como las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias y los períodos de descanso diarios y semanales.