Sector rural y desarrollo local en América Latina y el Caribe

En las zonas rurales de América Latina y el Caribe (ALC) viven más de 123 millones de personas, de las cuales 50 millones trabajan, con lo cual, el empleo rural sostiene a una de cada cinco personas que trabajan en la región. Las tasas de pobreza (45.7 por ciento) y pobreza extrema (21,7 por ciento) en las zonas rurales son dos y tres veces mayores que en las zonas urbanas (CEPAL, 2019).

El efecto catastrófico que ha tenido la COVID-19 sobre el empleo, las horas de trabajo y los ingresos laborales en el mundo se repite en ALC. Durante los tres primeros trimestres del 2020, la reducción estimada de las horas de trabajo fue del orden del 20,9 por ciento, mientras que los ingresos por trabajo se contrajeron en 19,3 por ciento. Los grupos más afectados han sido aquellos que por el tipo de trabajo que desempeñan no pueden realizar teletrabajo. En este ámbito se encuentran:

Mujeres: quienes además de sufrir caídas en el empleo tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar
Trabajadores informales: afectados por la prohibición de circulación y la menor capacidad de los hogares de contratar trabajadores
Trabajadores jóvenes: que recién se insertan al mercado laboral por la falta de generación de nuevos empleos
Trabajadores rurales: los de menor calificación en general en empleos más informales y de necesidad de proximidad física
• Los sectores relacionados con el comercio, manufactura, construcción y servicios (turismo y entretenimiento)
• Las micro y pequeñas empresas (MYPES).

La crisis ha puesto en evidencia un dualismo económico y social resultado de una falla colectiva (público-privada). Además, ha acentuado las deficiencias productivas de la región, que se caracteriza por tener economías con niveles medio-bajos de productividad, altos niveles de informalidad y grandes dificultades para generar trabajo decente.

Las zonas rurales no se escapan de esta difícil realidad. El 76,2 por ciento de los ocupados rurales se encuentran en condiciones de informalidad laboral. En 2019, 85,7 por ciento de los trabajadores ocupados en el sector agrícola eran informales y 65,8 en el sector no agrícola.

Esta situación configura enormes desafíos, entre los que podemos destacar:

• Extensión de la seguridad social a las poblaciones rurales que se adapten a la estacionalidad, el trabajo temporal, la mayor presencia de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares.
• Políticas públicas orientadas a entornos rurales con enfoques innovadores que consideren las necesidades, narrativas y desafíos de los trabajadores y las unidades productivas.
• Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y articulación público-privada para impulsar políticas públicas para la promoción del trabajo decente en las áreas rurales.
• La transformación productiva de las unidades económicas a través de políticas de desarrollo productivo. Para promover la inserción de las unidades económicas en cadenas de valor formales y para fomentar una agricultura familiar moderna.

No todo es sombrío y complejo para las áreas rurales de ALC. La región cuenta con enormes posibilidades para generar empleo formal y trabajo decente en sectores económicos vinculados con la economía rural. En particular, actividades como la agricultura y ganadería, forestal, pesca y acuicultura, ecoturismo, turismo agro-gastronómico, tienen el potencial de crecimiento y de desarrollo. Los procesos de recuperación frente a la crisis deberían apuntar no solo a una “nueva normalidad”, sino a una “normalidad mejor”:

• Con mayor desarrollo empresarial, formalidad, equidad, diálogo social
• Con una mejor institucionalidad para promover y garantizar un desarrollo social y económico inclusivo
• Con una transformación productiva para cerrar las brechas y dualidades en materia de productividad, condiciones de trabajo, formalización, innovación, financiación, digitalización, empleabilidad, articulación productiva, etc.

La nueva normalidad va a requerir crear una institucionalidad con capacidad para promover coordinación y cooperación público-privada a nivel sectorial y territorial, a través de la promoción de diálogo social y de instrumentos de gestión pública innovadores. Finalmente, la OIT manifiesta su compromiso de apoyar a sus mandantes tripartitos en la formulación de políticas, estrategias y programas a través de un enfoque integrado para promover el trabajo decente y productivo en la economía rural, y de esta forma, apoyar a los Estados Miembros a avanzar en la consecución de las metas 1.2, 2.3 y 8.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).