CEPAL y OIT recalcan importancia de transitar hacia un modelo más sostenible de desarrollo para generar nuevas oportunidades de empleo
En una publicación conjunta, los organismos proyectan, por ejemplo, que la transición hacia la sostenibilidad energética crearía más de un millón de empleos en América Latina y el Caribe hacia 2030.
América Latina y el Caribe es la región más biodiversa del mundo, pero está perdiendo su riqueza natural con el deterioro ambiental que provoca el actual estilo de desarrollo. De allí que resulta urgente una transición hacia un modelo más sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental como laboral, lo que permitiría acceder a nuevas oportunidades y mejoras en el empleo, señalan la CEPAL y la OIT en una nueva publicación conjunta.
En la edición N⁰ 19 de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (octubre 2018), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abordan cómo la urgentemente necesaria sostenibilidad ambiental, en especial la descarbonización del sector energético y la economía circular, puede afectar el mundo del empleo y los desafíos que esta situación presenta.
Por ejemplo, los organismos de las Naciones Unidas proyectan que la transición hacia la sostenibilidad energética crearía más de un millón de empleos en América Latina y el Caribe hacia 2030. De igual manera, la evolución hacia una economía circular -en la que se mejora la eficiencia y la vida útil de los materiales al promover la durabilidad y la capacidad de reparación, remanufactura, reutilización y reciclaje- generaría 4,8 millones de empleos netos en 2030, ya que la creación de empleo en sectores de reprocesamiento de acero, aluminio, madera y otros metales compensará con creces las pérdidas asociadas a la extracción de minerales y otras materias.
Sin embargo, las transiciones medioambientales también conllevan desafíos para el mundo laboral y necesidades para el desarrollo de las competencias adecuadas de la mano de obra, advierten CEPAL y OIT.
“Para lograr una transición con capacidad para crear empleo decente y que sea justa para todos, es clave la complementariedad de las políticas. Las políticas que apunten hacia la sostenibilidad medioambiental deben ir acompañadas de marcos jurídicos integrados y de políticas de protección social, de desarrollo de competencias y de igualdad de género, que promuevan el diálogo social”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y José Manuel Salazar, Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, en el prólogo del documento.
En el informe se explica que para impulsar una transición medioambiental que optimice la creación de empleo y el trabajo decente existen ya algunas normas, marcos jurídicos y políticas, tanto a nivel internacional como nacional. Por ejemplo, algunos convenios medioambientales multilaterales hacen mención directa a las normas internacionales del trabajo, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (2006) y el Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques (2009). El Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015), también incluye dimensiones clave del mundo del trabajo.
A nivel nacional, a partir de una muestra de siete países de América Latina y el Caribe, en seis de ellos los marcos jurídicos del sector energético hacen mención explícita al desarrollo de competencias y a la investigación y desarrollo. En cinco se hace referencia general al mundo del trabajo y en cuatro a la creación de empleo. Sin embargo, en ninguno de los países se menciona el diálogo social, que es un mecanismo para avanzar hacia una transición justa, indican CEPAL y OIT.
En materia coyuntural, el documento señala que después de siete semestres de aumentos interanuales de la tasa de desocupación urbana abierta de América Latina y el Caribe, en el primer semestre de 2018 se registró por primera vez una reducción, si bien muy pequeña, de 0,1 punto porcentual. Esto se debe en parte a que, desde el tercer trimestre de 2017, la tasa de ocupación urbana muestra aumentos interanuales de 0,2 puntos porcentuales y a inicios de 2018 su impacto en la tasa de desocupación se hizo notar por coincidir con una leve desaceleración del incremento de la tasa de participación, el cual sigue impulsado por una inserción laboral creciente de las mujeres.
De acuerdo con ambos organismos, la tasa de desocupación está por encima de las proyecciones realizadas a fines de 2017, debido a que el crecimiento económico de la región resultó menos dinámico de lo esperado (la proyección para 2018 bajó de 2,2% a fines de 2017 a 1,3% en octubre del año en curso). En este nuevo escenario se espera que, en el promedio de 2018, la tasa de desocupación urbana mostrará pocos cambios respecto a 2017, ubicándose nuevamente alrededor de 9,3%.
En este contexto, las políticas de mercado laboral y de protección social seguirán siendo cruciales para la protección del bienestar de la población, recalcan CEPAL y OIT.
En la edición N⁰ 19 de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (octubre 2018), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abordan cómo la urgentemente necesaria sostenibilidad ambiental, en especial la descarbonización del sector energético y la economía circular, puede afectar el mundo del empleo y los desafíos que esta situación presenta.
Por ejemplo, los organismos de las Naciones Unidas proyectan que la transición hacia la sostenibilidad energética crearía más de un millón de empleos en América Latina y el Caribe hacia 2030. De igual manera, la evolución hacia una economía circular -en la que se mejora la eficiencia y la vida útil de los materiales al promover la durabilidad y la capacidad de reparación, remanufactura, reutilización y reciclaje- generaría 4,8 millones de empleos netos en 2030, ya que la creación de empleo en sectores de reprocesamiento de acero, aluminio, madera y otros metales compensará con creces las pérdidas asociadas a la extracción de minerales y otras materias.
Sin embargo, las transiciones medioambientales también conllevan desafíos para el mundo laboral y necesidades para el desarrollo de las competencias adecuadas de la mano de obra, advierten CEPAL y OIT.
“Para lograr una transición con capacidad para crear empleo decente y que sea justa para todos, es clave la complementariedad de las políticas. Las políticas que apunten hacia la sostenibilidad medioambiental deben ir acompañadas de marcos jurídicos integrados y de políticas de protección social, de desarrollo de competencias y de igualdad de género, que promuevan el diálogo social”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y José Manuel Salazar, Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, en el prólogo del documento.
En el informe se explica que para impulsar una transición medioambiental que optimice la creación de empleo y el trabajo decente existen ya algunas normas, marcos jurídicos y políticas, tanto a nivel internacional como nacional. Por ejemplo, algunos convenios medioambientales multilaterales hacen mención directa a las normas internacionales del trabajo, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (2006) y el Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques (2009). El Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015), también incluye dimensiones clave del mundo del trabajo.
A nivel nacional, a partir de una muestra de siete países de América Latina y el Caribe, en seis de ellos los marcos jurídicos del sector energético hacen mención explícita al desarrollo de competencias y a la investigación y desarrollo. En cinco se hace referencia general al mundo del trabajo y en cuatro a la creación de empleo. Sin embargo, en ninguno de los países se menciona el diálogo social, que es un mecanismo para avanzar hacia una transición justa, indican CEPAL y OIT.
En materia coyuntural, el documento señala que después de siete semestres de aumentos interanuales de la tasa de desocupación urbana abierta de América Latina y el Caribe, en el primer semestre de 2018 se registró por primera vez una reducción, si bien muy pequeña, de 0,1 punto porcentual. Esto se debe en parte a que, desde el tercer trimestre de 2017, la tasa de ocupación urbana muestra aumentos interanuales de 0,2 puntos porcentuales y a inicios de 2018 su impacto en la tasa de desocupación se hizo notar por coincidir con una leve desaceleración del incremento de la tasa de participación, el cual sigue impulsado por una inserción laboral creciente de las mujeres.
De acuerdo con ambos organismos, la tasa de desocupación está por encima de las proyecciones realizadas a fines de 2017, debido a que el crecimiento económico de la región resultó menos dinámico de lo esperado (la proyección para 2018 bajó de 2,2% a fines de 2017 a 1,3% en octubre del año en curso). En este nuevo escenario se espera que, en el promedio de 2018, la tasa de desocupación urbana mostrará pocos cambios respecto a 2017, ubicándose nuevamente alrededor de 9,3%.
En este contexto, las políticas de mercado laboral y de protección social seguirán siendo cruciales para la protección del bienestar de la población, recalcan CEPAL y OIT.