241 millones de personas no tienen ningún tipo de protección social en la región

Los datos sobre América Latina y el Caribe contenidos en el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 de la OIT fueron presentados este lunes en México. En el caso de las poblaciones vulnerables, la desprotección total afecta a 61% de las personas.

Noticia | 4 de diciembre de 2017
México – En los países de América Latina y el Caribe el 38,6 por ciento de la población, equivalente a 241 millones de personas, no cuentan con ningún tipo de protección social, mientras que el 61,2 por ciento restante con frecuencia accede a prestaciones cuya protección efectiva es muy baja, se destacó al difundir los resultados regionales de un informe mundial de la OIT este lunes en la capital mexicana.

En la presentación del Informe Mundial sobre Protección Social 2017-2019 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se destacó que en estas circunstancias todavía son grandes los retos de América Latina y el Caribe para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los relativos al combate a la pobreza y pobreza extrema.

Las limitaciones estructurales de las economías nacionales y a la gran incidencia de la informalidad laboral, lo que resulta en que trabajadores rurales, independientes, de las microempresas y trabajadoras domésticas estén excluidos de la protección social o tengan una cobertura efectiva muy baja, destacaron los especialistas en protección  social de OIT Helmut Schwarzer y Fabio Duran durante su presentación.

El Informe detalla que en esta región más de una tercera parte del total de niñas y niños de 0 a 14 años carece de cobertura (33,8 por ciento). En este rubro, sólo se alcanzan tasas de cobertura efectiva superiores al 90 por ciento en Brasil y Chile.

En el otro extremo se encuentra la cobertura de las personas adultas mayores (alrededor de 70 por ciento): en 22 países de la región, al menos el 50 por ciento de los adultos mayores perciben efectivamente pensiones para el retiro por edad. Sin embargo, en México sólo 25,2 por ciento de dicha población recibe este beneficio, en Perú menos de una quinta parte (19 por ciento) y en Haití solo 1 de cada 100 adultos mayores percibe una pensión.

De las mujeres que trabajan, 68 por ciento perciben prestaciones monetarias de maternidad, lo que coloca al continente americano por encima de la media mundial (41 por ciento). Sin embargo, los resultados por país latinoamericano son muy desiguales: mientras que en Uruguay 100 por ciento de las mujeres que trabajan están protegidas, más del 85 por ciento en Guatemala y Paraguay no perciben estas prestaciones.

La cobertura en protección social para las personas con discapacidad también varía considerablemente en cada país de la región. Mientras que en Brasil, Chile y Uruguay más del 90 por ciento de las personas con discapacidad grave perciben prestaciones por discapacidad, en Bolivia, Colombia, Guatemala y Perú menos del 6 por ciento de las personas con discapacidad perciben dichas prestaciones.

El nivel del gasto total en protección social, excluida la salud, se sitúa aproximadamente en el 16 por ciento del PIB en América Latina y el Caribe. Brasil y Cuba figuran entre los países que presentan mayores niveles de cobertura y de gasto en protección social. Sin embargo, algunos países de ingreso más alto y mediano, como Bahamas, Granada y Guatemala, dedican menos del 5 por ciento del PIB al gasto en protección social.

En Chile, la distribución del gasto en protección social es equilibrada respecto a los distintos beneficios. Por su parte, en Brasil y Uruguay dicho gasto está enfocado sobre todo a los adultos (aproximadamente 50 por ciento del total), y en países como Belice, Bolivia, Cuba, Paraguay y República Dominicana, el gasto en el rubro está dirigido mayormente a la protección social a las personas en edad de trabajar.

En la región, el gasto dedicado a la protección social de la infancia representa únicamente una décima parte de lo que se gasta en la protección social de adultos mayores, aunque las personas menores de edad representan 25 por ciento de la población total y los adultos mayores sólo el 7,55 por ciento.

El nivel de esfuerzo a realizar en América Latina y el Caribe para alcanzar los ODS en 2030 dependerá del país y de la subregión de que se trate. Sin embargo, el Informe de la OIT sugiere que la región en general atienda de forma prioritaria, entre otros asuntos:
•    El aumento de la formalización de la economía, extendiendo la seguridad social a trabajadores rurales, independientes, migrantes y trabajadoras domésticas, principalmente.
•    La ampliación de la cobertura efectiva de la protección social de la infancia y otros grupos vulnerables, atacando las deficiencias en el acceso a las transferencias monetarias.
•    La extensión de la cobertura legal y efectiva de los sistemas de protección social contra el desempleo.
•    El acceso efectivo de la población a los servicios de salud.
•    La reducción de la fragmentación y la segmentación interna de los regímenes de protección social, mejorando la coordinación de las políticas del rubro y en relación con otras políticas sociales.
•    La aplicación de mecanismos eficaces para adaptar las políticas de protección social a los cambios tecnológicos, demográficos y climáticos.

La OIT recomienda la reducción de los subsidios y la ampliación del espacio fiscal como fuentes de financiación para extender el gasto y la cobertura de la protección social, articulando soluciones óptimas por medio del diálogo social. Asimismo, sostiene que los recortes del gasto público en el sector social son evitables, incluso en los periodos de ajuste de la política económica.

El Informe Mundial sobre Protección Social 2017-2019: la protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tercero en su tipo, cuenta con un anexo estadístico actualizado y significativamente relevante para monitorear el avance de los países en el logro de los ODS.