En América Latina y el Caribe el trabajo en condiciones de informalidad es un problema persistente. Después de una década de crecimiento económico y reducción en las tasas de desempleo, aún hay 130 millones de personas ocupadas que tienen empleos informales, sin protección social ni derecho laborales. En la región sabemos que el 84% de los trabajadores por cuenta propia son informales, lo mismo que el 79% de los trabajadores domésticos, el 60% de los trabajadores en microempresas y el 33% de los trabajadores en el sector privado. Para enfrentar la informalidad se requiere un contexto económico favorable tanto como políticas articuladas que permitan enfrentar este fenómeno que es multidimensional y altamente heterogéneo.