Elizabeth se levanta a las 4.00 de la mañana todos los días a trabajar como vendedora de pañuelos desechables en las calles de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Sale muy de madrugada con su mamá que es lustradora de zapatos. Tiene apenas nueve años e iba a clases hasta que su escuela fue cerrada el año pasado a causa de la pandemia. Ahora, por las condiciones económicas de la familia, trabaja para contribuir de alguna manera a sus escasos ingresos. “Mi hija no está estudiando ahora porque no tiene manera de seguir las clases virtuales. El único teléfono que tengo es muy viejo sin contar con que el internet es muy caro y funciona mal”, dice su mamá algo desconsolada.

Elizabeth forma parte de los más de ocho millones de niños y niñas que trabajan en América Latina y el Caribe, donde aumentó el número de hogares con pocos ingresos o pérdida de empleo debido a la covid-19, y que han recurrido al trabajo infantil como mecanismo de supervivencia. A pesar de la disminución de éste en la región en 2,3 millones entre 2016 y 2020, se estima que la crisis provocada por la pandemia podría revertir esta tendencia positiva. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta práctica podría aumentar hasta en 326.000 niños, niñas y adolescentes más.

El trabajo infantil perjudica a los niños y niñas física y mentalmente, compromete su educación, restringiendo sus derechos y limitando sus oportunidades futuras. De acuerdo con el último reporte de Unicef, son 100 millones el número de ellos que aún no reciben clases presenciales. Miles podrían estar en riesgo de no regresar a clases debido a la falta de recursos familiares y de programas de apoyo por parte del Estado que ayuden a estos hogares para que no tengan que recurrir al empleo de sus hijos e hijas.

La combinación de la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza y el cierre de escuelas es una tormenta perfecta para la proliferación de este tipo de explotación. Abandonar la escuela y entrar prematuramente en el mercado laboral reduce las posibilidades de conseguir mejores trabajos en el futuro, perpetuando la trampa de la pobreza. Aunque reconocemos que ha habido avances en las últimas dos décadas en la región, las cifras de explotación de menores de edad siguen siendo demasiado altas, y la crisis social y económica provocada por la pandemia podría causar un retroceso dramático si no se actúa pronto.

¿Cuándo volverá Elisabeth al colegio? Quizás dentro de unos meses. Quizás nunca. Lo que sí sabemos es que cuanto más tiempo dure el cierre de las escuelas, más riesgo corren los niños y niñas más vulnerables de abandonar sus estudios. Ahora es el momento de que los gobiernos aumenten el gasto en servicios públicos y sobre todo en protección social. Hay que garantizar el acceso universal a una educación gratuita y de buena calidad, y que se reabran los centros escolares de forma segura, con las medidas de seguridad y salud que permitan proteger tanto a sus alumnos y sus familias como a los docentes. En tiempo de pandemia, las escuelas deben ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir.

También es indispensable asegurar el trabajo decente para los adultos y los jóvenes en edad legal de trabajar y prestar atención al trabajo infantil en la agricultura. Igualmente, es necesario promulgar leyes que protejan mejor a la infancia, mejorar los sistemas de inspección laboral, aplicar eficazmente sistemas integrales de protección o fortalecerlos allí donde sea necesario.

En estos tiempos de crisis, todos los gobiernos de América Latina y el Caribe están bajo presión para cortar la inversión en educación. Sin embargo, ahora no es el momento de ahorrar. Al contrario, es el momento de invertir en las escuelas para impulsar la recuperación económica de toda la región asegurando mejores oportunidades para los niños, niñas y adolescentes.