Movimiento Sindical

Recuperación de la crisis causada por la COVID-19: ¿qué políticas se necesitan?

¿Qué riesgos y qué oportunidades conlleva para los trabajadores la crisis provocada por la pandemia de COVID-19? Catelene Passchier, Presidenta del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, comparte su opinión sobre las políticas necesarias para la recuperación de la pandemia de COVID-19. Asimismo, pide una mayor regulación del trabajo digital y la mejora del diálogo social y el tripartismo de cara a una mayor justicia social y trabajo decente para todos.

Noticia | 29 de mayo de 2020
Contacto: Mamadou Kaba SOUARE, souare@ilo.org

ACTRAV INFO: ¿Cómo evaluaría usted el impacto de la pandemia de Covid-19 en los trabajadores y sus organizaciones y ¿qué políticas clave deberían aplicarse para salir de la crisis provocada por la pandemia?

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) debía iniciar su labor esta semana. El orden del día incluía cuestiones cuyo debate habría sido muy importante, especialmente en el contexto actual de la Covid-19. Temas como la protección social y las desigualdades en el trabajo, o también sobre la importante labor desempeñada por la Comisión de Aplicación de Normas. Debemos ahora asegurarnos de que estas cuestiones tengan un lugar prominente en el programa de la CIT del año próximo, y de que los riesgos y desafíos planteados por la pandemia sean tenidos en cuenta en la labor futura.

Esta crisis ha afectado profundamente a todo el mundo. Sin embargo, quienes más han sufrido han sido los trabajadores de la salud y del sector de los cuidados, así como quienes trabajan en servicios esenciales o en la distribución, la producción de alimentos y el transporte. Son ellos también quiénes han asumido los mayores riesgos, puesto que muy a menudo no gozan de la protección suficiente en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esta cuestión tiene una extrema importancia y la OIT debería abordarla de forma prioritaria.

Al mismo tiempo, millones de trabajadores en la escala más baja de nuestros mercados laborales, con empleos precarios o en la economía informal, se han visto afectados por el confinamiento. Estas personas pagan un precio muy alto, pierden el empleo y los medios de subsistencia, y carecen de la protección adecuada de seguridad social. Muchos de ellos quedan en una situación de pobreza y en la incapacidad de alimentar a sus familias. Por lo tanto, se necesita más que nunca una protección social universal. Urge hacer un esfuerzo mundial y coordinado para aplicar dicha protección social universal, que haya una inversión importante para financiarla, especialmente dirigida a los países y regiones más pobres, de modo que puedan proporcionar un apoyo concreto a sus poblaciones.

Quisiera subrayar que esta crisis encierra una prominente dimensión de género. En esta crisis hay una mayoría de “heroínas”, pues las mujeres cubren un mayor número de empleos en el sector de la salud y los servicios esenciales. En muchos casos son inmigrantes. Y, sin embargo, muchas de ellas siguen obteniendo salarios y condiciones de trabajo deficientes, al tiempo que han visto crecer la carga de trabajo no remunerado durante la crisis. En la economía informal y en la escala más baja de las cadenas mundiales de suministro, muy golpeadas por la crisis, como la industria de la confección, son principalmente mujeres quienes pierden el empleo, sin acceso a ningún tipo de protección social. Si a esto le sumamos la cantidad de informes que estamos recibiendo del mundo entero sobre el aumento de la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas a raíz de la crisis, queda claro que, para afrontar las consecuencias de la crisis y recuperarnos, las políticas que se adopten deben incluir un enfoque sólido e integrador de las cuestiones de género.

Los efectos de la actual crisis son devastadores para millones de trabajadores. Y son igualmente sombrías las perspectivas de alcanzar una recuperación justa y rápida, sabiendo, además, que la crisis agrava aún más las desigualdades existentes. Sin embargo, cada vez son más los sindicatos de diversos países y regiones que defienden los derechos y la protección de los trabajadores y reivindican un lugar en la mesa para debatir las medidas de alivio y los planes de recuperación. La OIT está bien situada para recordar a la comunidad internacional que la justicia social, el diálogo social y el respeto de los derechos de los trabajadores deben desempeñar un papel primordial en cualquier plan que se establezca para afrontar la crisis actual y recuperarse de la misma.

El Grupo de los Trabajadores de la OIT, en su mensaje de solidaridad del 1 de mayo , llamaba a gobiernos y empleadores a tratar sin demora una serie de puntos.

Un tema fundamental, sin duda, es la necesidad de afianzar el sector público. Con la crisis se ha puesto de manifiesto que décadas de austeridad y de políticas neoliberales han llevado a que los servicios públicos y el sector público no puedan responder adecuadamente a la crisis. Es hora de mejorar los servicios públicos y el sector público; de invertir masivamente para asegurar que las personas tengan acceso universal a atención sanitaria, abastecimiento de agua, saneamiento, alimentos y vivienda; de garantizar que haya personal suficiente y se respeten los derechos de los trabajadores, incluido el de un salario decente.

Vemos ahora, además, cuán vulnerable es el modelo mundial de producción y comercio, así como la falta de trabajos debidamente remunerados en las cadenas mundiales de suministro. Se trata de un tema incluido en la agenda de la OIT desde el año 2016 y debemos abordarlo ahora desde un nuevo y firme compromiso tripartito, velando por que los gobiernos y las empresas asuman la responsabilidad de sus cadenas de suministro más allá de las fronteras nacionales.

La cuarta edición del Observatorio de la OIT sobre la Covid-19 revela datos sobre los jóvenes trabajadores. El análisis realizado advierte del surgimiento de una “generación confinada” que quedará marcada por el virus. Si bien hay razones para llamar la atención sobre el gran número de jóvenes que realizan “trabajos informales”, el análisis no distingue claramente entre informalidad y precariedad. Los sindicatos del mundo entero saben que, incluso antes de la crisis, había muchos jóvenes estancados en todo tipo de empleos precarios, como el trabajo a pedido, el empleo temporal, el trabajo por medio de agencia, el trabajo no declarado o el autoempleo encubierto. El debate de la OIT en lo que respecta a las denominadas “formas atípicas de empleo” ha estado demasiado tiempo paralizado. Es el momento de actuar y hacer un seguimiento efectivo de los “pisos de protección laboral”, cuestión abordada en la Declaración del Centenario y orientada a la protección universal de los trabajadores, con independencia de su situación laboral.

Una de las dimensiones a menudo olvidadas de esta crisis es el impacto en los trabajadores migrantes. Muchos de ellos trabajan en sectores y servicios vitales para que nuestras sociedades sigan funcionando adecuadamente y, sin embargo, por la precariedad de sus contratos de trabajo o por la propia situación de inmigración, quedan sin la debida protección frente al virus. Nos llegan informes de todo el mundo sobre trabajadores migrantes que se ven obligados a trabajar en circunstancias inseguras, en empleos y sectores que no pueden considerarse en absoluto “vitales”; informes sobre el “envío” especial de migrantes para satisfacer con carácter urgente necesidades estacionales en la agricultura. A estos trabajadores los suelen alojar en espacios comunales superpoblados y antihigiénicos, y los llevan al trabajo en pequeños autobuses, por lo que son un blanco fácil para el coronavirus. En algunos países, por ejemplo, ha habido brotes importantes de la enfermedad en el sector de la producción de carne, lo que ha puesto el problema en conocimiento del público. Ahora bien, casi toda la atención está puesta en cómo equilibrar los intereses económicos y los riesgos para la salud pública, sin considerar siquiera los derechos humanos de los migrantes, incluida la protección de su salud y seguridad. La pandemia ha hecho necesaria una repatriación forzosa, quedando los migrantes varados en las fronteras sin ningún tipo de apoyo. La OIT debe abordar esta problemática con urgencia, sobre la base del mandato centenario, claramente reafirmado, de un futuro laboral centrado en el ser humano, un futuro donde el trabajo no sea tratado como una mercancía..

ACTRAV INFO: Algunos sindicatos quieren que se reconozca la Covid-19 como una enfermedad profesional. ¿Qué piensa al respecto?

En la Declaración del Centenario adoptada el año pasado dimos los primeros pasos hacia el reconocimiento de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores como un derecho fundamental. Esto cobra ahora más sentido que nunca: necesitamos mayor ambición y compromiso para ratificar normas pertinentes, así como un nivel más alto para la supervisión y aplicación que requieren las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST). Al mismo tiempo, hay que hacer un seguimiento oportuno de las recomendaciones del MEN (Mecanismo de Examen de las Normas) e ir señalando las lagunas importantes que hubiera en el conjunto de instrumentos de la OIT en materia de SST. Con esta crisis se ha hecho patente la necesidad de proteger a los trabajadores contra las repercusiones de los virus. Así pues, la prioridad debe ser incluir en el programa de la Conferencia de la OIT un proyecto de convenio sobre la protección de los trabajadores frente a riesgos biológicos. No obstante, ya desde hoy, se pueden y deben dar pasos a nivel nacional e internacional hacia el reconocimiento de la Covid-19 como enfermedad profesional, de manera que se garantice a los trabajadores una protección adecuada de su salud, su trabajo y sus ingresos.

ACTRAV INFO: ¿Qué lecciones se pueden extraer del aumento del teletrabajo? ¿Cuáles son las lagunas en materia de protección y reglamentación si contamos con que el teletrabajo se irá practicando cada vez más en el futuro?


Las políticas de confinamiento han tenido un gran impacto, cada vez mayor, en el uso de nuevas tecnologías en prácticas laborales como el teletrabajo. Esta dinámica ha evidenciado la falta general de un marco reglamentario, dando lugar a nuevos riesgos y a la falta de protección de la salud y la seguridad, a horarios de trabajo excesivos y a condiciones de trabajo precarias, lo que se ha visto agravado por el aumento del uso de plataformas como intermediarias. Cabe esperar que esta evolución continúe o incluso se acentúe, por lo que es evidente que la OIT debe actuar en este ámbito, tal y como se mencionó en la Declaración del Centenario.

ACTRAV INFO: Por último, ¿cómo podemos mejorar el papel de la OIT y del sistema multilateral para atenuar el impacto de la Covid-19?


Muchas personas han hablado últimamente, y con razón, del papel central de la OIT en el sistema multilateral. El mundo entero va a estar muy necesitado de liderazgo en asuntos sociales y económicos, un papel que la OIT debe asumir con una autoridad convincente. La OIT sólo puede desempeñar este papel si todas las partes sienten esa misma urgencia, y convienen en que no se puede volver a la situación anterior, que es necesario un compromiso conjunto en torno a un futuro que sea más sostenible en términos sociales, económicos y ambientales.

Es el momento de recordar que la justicia social y la lucha contra las desigualdades deben ser la prioridad máxima, que los gobiernos deben desempeñar un papel central en la lucha contra la crisis de empleo y sus consecuencias: el hambre y el malestar social. Se trata de un peligro inminente en vista de los millones y millones de trabajadores de la economía formal e informal que están perdiendo el empleo, los millones de PYMES que están cesando su actividad. Tal vez sea una situación cercana a la que se vivía en 1919, cuando los gobiernos, las empresas y los sindicatos comprendieron a fondo que sólo con la justicia social y el diálogo social como principios rectores podría darse una recuperación adecuada tras la vasta destrucción de la Primera Guerra Mundial. En el preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919 se declaraba de forma clara y rotunda que: “... existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales; es urgente mejorar dichas condiciones.”

En la Declaración de Filadelfia, reafirmada el año pasado en la Declaración del Centenario, se pide a la OIT que garantice la coherencia de las políticas en el sistema multilateral. Esto significa examinar y considerar todas las políticas y medidas económicas y financieras internacionales a la luz del objetivo fundamental de lograr la justicia social. Esto no es fácil en un mundo en el que el multilateralismo se ve cada vez más desafiado. Sin embargo, dado el amplio apoyo tripartito con el que cuenta este mensaje clave en la Declaración del Centenario, es deber de la OIT desempeñar un papel esencial a la hora de orientar a sus mandantes y al resto del mundo a través de la crisis causada por el coronavirus, hacia un futuro laboral más justo y sostenible.
En todas partes los sindicatos reclaman un nuevo contrato social. Es el momento de mostrarle al mundo que, para recuperarse de una crisis tan devastadora como la causada por la Covid-19, son fundamentales el diálogo social y el tripartismo. Sería estupendo que la cooperación tripartita a nivel de la OIT pudiera mostrar el camino a seguir, que la OIT se situara en el centro de la recuperación de la pandemia de Covid-19 con vistas a lograr un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible y hacer que nuestras sociedades sean más resilientes.